La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el amparo de la Suprema Corte que favoreció a Lorenzo Córdova, ex consejero del INE. Este amparo excluye comentarios sobre racismo en los libros de texto.
Sheinbaum afirmó que la Corte cierra su ciclo con un acto racista. Además, cuestionó la protección dada a Córdova, un servidor público que se burló de un representante indígena.
La mandataria resaltó la importancia de erradicar el racismo y clasismo en México. También criticó a la Corte por no abordar temas como la evasión de impuestos.
Durante su conferencia, Sheinbaum presentó el audio de Córdova mofándose del habla de un indígena. Aseguró que la Corte debe recordar su responsabilidad en la defensa de la democracia.
La decisión de la jueza Martha Patricia Rodríguez de absolver a Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, “La Mojón”, refleja la crisis de justicia en México. Esta liberación, a pesar de los graves cargos de homicidio y asociación delictuosa, muestra una preocupante falta de compromiso con la lucha contra el narcotráfico.
Bajo la dirección de Norma Piña, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fallado en abordar la creciente impunidad en el sistema. La absolución de una figura clave del Cártel del Noreste, sobrina de notorias figuras criminales, plantea serias dudas sobre la integridad del poder judicial.
La juez Rodríguez y Piña parecen ignorar el clamor social por justicia. Con decisiones que favorecen la impunidad, envían un mensaje claro: las élites criminales operan sin miedo a las consecuencias.
Es momento de que la SCJN y sus magistrados asuman un liderazgo real. Deben comprometerse a luchar contra la corrupción y la impunidad. La justicia no puede ser un lujo para unos pocos. La liberación de “La Mojón” es un recordatorio doloroso de que el camino hacia la justicia en México aún es largo y lleno de obstáculos.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Instituto Nacional Electoral (INE) entregar constancias de mayoría a 12 candidatos que fueron declarados inelegibles por no alcanzar el promedio académico mínimo de 9, según la metodología del órgano electoral. Esta decisión señala que el INE aplicó un criterio distinto al establecido por los comités de evaluación, excediéndose legal y constitucionalmente.
Sin embargo, el tribunal ratificó la inelegibilidad de tres candidatos más que no alcanzaron el promedio mínimo de 8 en licenciatura, un requisito indispensable para el proceso electoral. En esos casos, se evaluará si los candidatos en segundo lugar cumplen con los requisitos para asumir el cargo.
Esta resolución se suma a la emitida la semana pasada, cuando el TEPJF ordenó al INE entregar constancias a 15 candidatos que habían perdido sus derechos por razones similares. Durante una sesión de casi cinco horas, la presidenta del tribunal, Mónica Soto, subrayó que “no se pueden cambiar las reglas después de jugado el juego”, en defensa del principio de certeza electoral.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández abrió el último periodo de sesiones de la actual SCJN. Este periodo, que durará menos de un mes, marca un momento crucial.
Durante la breve sesión del 4 de agosto, Piña se limitó a lo protocolario. Mientras tanto, el ministro Javier Laynez Potisek presentó un informe sobre mil 359 asuntos recibidos.
Aunque se formaron 274 expedientes, muchos siguen sin resolución. La falta de acción en casos importantes plantea dudas sobre la eficacia de la actual integración.
La Comisión de Receso dictó cinco acuerdos, pero algunos temas, como el caso de Acapulco, muestran la necesidad de una mayor atención.
Con solo dos sesiones más antes del cambio de ministros, Piña tiene poco tiempo para dejar un legado sólido. La ciudadanía espera un cierre que refleje un compromiso real con la justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para su última sesión bajo la presidencia de Norma Piña, donde el próximo 12 de agosto se debatirá un tema clave: la posible eliminación o limitación de la prisión preventiva oficiosa, una figura que ha sido fuertemente cuestionada por organismos nacionales e internacionales.
De acuerdo con una investigación de La Silla Rota, los proyectos 20 y 21, de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ana Margarita Ríos Farjat, proponen declarar inconstitucional la ampliación de delitos con prisión automática aprobada en 2021. El argumento central es que contraviene los derechos humanos y normaliza una medida extrema, afectando la presunción de inocencia.
Además, uno de los proyectos responde directamente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, que considera esta figura contraria a estándares internacionales. La propuesta implica que el Poder Judicial de la Federación debe acatar dicho fallo.
Actualmente, el artículo 19 constitucional establece la prisión preventiva oficiosa para delitos graves como delincuencia organizada, feminicidio, robo violento y corrupción, entre otros. Tras la reforma de 2021, se ampliaron a 45 delitos, decisión hoy en tela de juicio por su impacto en la justicia penal.
La discusión se dará en un contexto de cierre institucional: el 31 de agosto concluye el periodo de la actual Corte. La nueva integración será presidida por Hugo Aguilar, e incluirá a figuras como María Estela Ríos, Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías, junto con las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes permanecen.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los criterios de paridad emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) que limitaron el triunfo de mujeres en recientes elecciones judiciales, pese a haber obtenido más votos, de acuerdo con información de La Jornada.
Con tres votos a favor —de las magistradas Mónica Soto, Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez— y dos en contra, el TEPJF anuló el acuerdo que otorgó cargos a hombres por el principio de alternancia, a pesar de que las mujeres candidatas impugnantes lograron mayoría en las urnas.
El fallo responde a los casos en los que, en elecciones para Magistraturas de Circuito en la CDMX y Jalisco, el INE adjudicó cargos a varones, aunque las mujeres obtuvieron mayor votación.
La magistrada presidenta Mónica Soto argumentó que el principio de paridad busca garantizar al menos un 50% de representación femenina, pero no implica un techo. “Es un piso, no una limitante. No impide que todas las ganadoras sean mujeres si así lo decide la ciudadanía”, sostuvo.
Añadió que aplicar la alternancia en contra de mujeres con mayoría de votos contradice el objetivo de la paridad: ampliar el acceso femenino al poder, no restringirlo.
El magistrado Felipe de la Mata votó en contra de la revocación, asegurando que la paridad ya está asegurada en el Poder Judicial con las reglas vigentes. Incluso consideró que el sistema está “copeteado” con un 60% de mujeres.
Soto rebatió con firmeza: “No se puede justificar quitarle el triunfo a una mujer con el argumento de que ya hay muchas”, subrayó.
Con esta resolución, el TEPJF reafirma que la paridad de género no puede usarse para anular el derecho de las mujeres al triunfo electoral cuando la voluntad ciudadana las favorece.
El Instituto Nacional Electoral (INE) permitirá a los más de 160 jueces sancionados en la elección judicial pagar sus multas en parcialidades, tras detectar irregularidades en sus reportes de ingresos y gastos, así como por el uso de acordeones físicos y digitales durante la jornada electoral.
De acuerdo con información de Excélsior, las sanciones impuestas suman más de 24 millones de pesos, incluyendo 6.3 millones por acordeones, 10 millones por fallas en campañas federales y 8 millones en elecciones locales. El INE notificará al SAT para que los sancionados soliciten beneficios fiscales y paguen sus deudas en abonos.
Cada multado podrá decidir el orden y forma de pago, según su capacidad económica. Las sanciones fueron individualizadas porque las candidaturas se financiaron con recursos propios, no públicos. Las principales faltas detectadas incluyen egresos no comprobados, ingresos prohibidos y aportaciones irregulares.
El INE contabilizó más de 8 mil fallas solo en el proceso federal y aplicó más de 10 millones de pesos en sanciones. El monto máximo por uso de acordeones no puede exceder el 10% del tope de gastos de cada cargo.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) canceló el registro de cinco candidatos que habían ganado cargos en Ciudad de México, Tlaxcala, Chihuahua, San Luis Potosí y Quintana Roo, por no entregar sus informes de ingresos y gastos de campaña.
En total, fueron más de 7,700 candidaturas locales que declararon ingresos por alrededor de 900 millones de pesos, mientras que las multas por irregularidades alcanzaron los 8 millones de pesos. Se detectaron 37 casos federales y 86 locales con omisión total de dichos informes, de acuerdo con información recopilada por La Jornada.
Las entidades con más sanciones fueron Chihuahua y Estado de México, concentrando el 35.9% del total de multas.
Los candidatos afectados con la cancelación de su triunfo son: Jesús Ruiz Ramírez (Tlaxcala), Herelia Viridiana Valdez Valenzuela (Chihuahua), Alejandra Silvia Cordero Navarrete (CDMX), Verónica Pilar Castillo Nieto (San Luis Potosí) e Iván Manuel Ayuso Osorio (Quintana Roo).
La consejera Carla Humphrey criticó la eficacia del sistema de multas, señalando que deben tener un efecto real para prevenir incumplimientos. “Si las sanciones no representan un costo económico, político o reputacional, la legalidad pierde fuerza y la reincidencia se normaliza”, advirtió.
Humphrey también señaló que la modalidad actual incentiva la simulación al declarar menos gastos y operar más, pagando multas bajas o incluso en efectivo, lo que afecta la transparencia electoral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo 5 de agosto un juicio de inconformidad contra la elección de dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentará un proyecto sobre la impugnación interpuesta por Iván Bravo Olivas, ex representante del PAN en Durango y ex juez penal, quien solicitó la anulación de la elección en el distrito 4 de esa entidad.
Aunque Bravo Olivas no fue candidato a magistrado del TEPJF, busca anular la designación. Paralelamente, la ministra presidenta Norma Piña Hernández admitió otra impugnación presentada por la asociación Poder Ciudadano contra los magistrados Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho, caso asignado al ministro Alberto Pérez Dayán.
Ambas impugnaciones deben resolverse antes del 31 de agosto, fecha límite para que los nuevos magistrados rindan protesta ante el Senado. Sin embargo, la SCJN podría declarar improcedente la impugnación de Bravo Olivas, pues la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIE) limita este recurso únicamente a candidatos participantes, y en este caso, la impugnación fue inicialmente promovida por Gabriela Lorena Sterling Ávalos.
Este proceso es clave para definir la integración del TEPJF, el máximo órgano electoral que resuelve controversias en México, y marca un momento decisivo en la revisión de nombramientos judiciales vinculados a la esfera política y electoral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo 5 de agosto, en su penúltima sesión con la actual integración, el primer juicio de inconformidad electoral vinculado con la elección de magistrados de la Sala Superior del TEPJF.
El caso fue promovido por Iván Bravo Olivas, exjuez penal y exrepresentante del PAN en Durango, quien pidió la nulidad del proceso electoral en ese estado. Argumenta irregularidades en las actas de cómputo, la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría, de acuerdo con información recopilada por La Jornada.
El proyecto, aún no público, fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, pero la impugnación podría ser desechada por falta de legitimación, ya que Bravo no formó parte de la lista oficial de candidaturas.
Además, la Corte tiene pendiente otro recurso promovido por la asociación Poder Ciudadano, que impugna la elección de Gilberto de Guzmán Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho como magistrados de la Sala Superior. Este caso fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán.
Ambos asuntos deberán resolverse antes del 31 de agosto, ya que las y los magistrados electos deberán rendir protesta ante el Senado el 1 de septiembre.
