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  • Sheinbaum cuestiona intervención de la Corte en reformas constitucionales y critica aceptación de recursos de partidos políticos

    Sheinbaum cuestiona intervención de la Corte en reformas constitucionales y critica aceptación de recursos de partidos políticos

    En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó duramente la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien busca invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular. Sheinbaum subrayó que los partidos políticos carecen de personalidad jurídica para presentar recursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre asuntos constitucionales y sostuvo que la Corte no tiene autoridad para legislar sobre reformas constitucionales, ya que este poder recae exclusivamente en el Congreso y las legislaturas estatales.

    Un aspecto central de sus declaraciones fue su lectura del artículo 135 de la Constitución, en el cual se establece que cualquier reforma constitucional debe ser aprobada por una mayoría calificada de ambas cámaras del Congreso y contar con el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales. “La única autoridad para modificar la Constitución reside en el Congreso y en los congresos locales, siguiendo el procedimiento correspondiente. En ningún momento la Corte puede legislar sobre la Carta Magna”, recalcó Sheinbaum, señalando que la propuesta del ministro Alcántara Carrancá es un intento de rebasar el marco legal.

    La presidenta también destacó que, aunque la SCJN puede revisar la legalidad del procedimiento de una reforma, no tiene potestad para invalidar el contenido de una reforma constitucional aprobada legítimamente. Según Sheinbaum, la intención de la propuesta del ministro no es cuestionar el procedimiento, sino intervenir en los contenidos, invalidando la elección de jueces y magistrados que la reforma estableció.

    Corte aceptó recursos sin atribuciones de partidos políticos, denuncia Sheinbaum

    Sheinbaum criticó que el ministro González Alcántara Carrancá aceptara recursos interpuestos por partidos políticos en torno a la reforma constitucional, a pesar de que estos carecen de la facultad para hacerlo. “La ley es clara en este aspecto: un partido político no tiene personalidad jurídica para impugnar reformas constitucionales en la Corte”, señaló. Esta aceptación, argumentó, abre la puerta a una intervención que, según ella, pone en riesgo la legitimidad del proceso constitucional.

    Con estos señalamientos, Sheinbaum subraya la importancia de respetar el proceso de reforma constitucional tal y como lo estipula la Carta Magna, recordando que el cambio en la elección de jueces y magistrados fue resultado de un consenso legislativo amplio y no debe ser alterado por la SCJN.

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  • Presenta renuncia ante el senado el ministro Jorge Mario Pardo y se rehusa a participar en el proceso electoral

    Presenta renuncia ante el senado el ministro Jorge Mario Pardo y se rehusa a participar en el proceso electoral

    La reciente renuncia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado controversia y suspicacia entre sectores políticos y ciudadanos. En su carta de renuncia dirigida al Senado, Pardo Rebolledo aludió a una “congruencia personal” y a su larga trayectoria judicial de 40 años para justificar su salida, misma que espera se haga efectiva en agosto del próximo año. Sin embargo, la renuncia de Pardo Rebolledo, sumada a la de su colega el Ministro Alfredo Ortiz Mena horas antes, se enmarca en un contexto de desacuerdos con la Reforma Judicial, lo cual plantea serias dudas sobre los verdaderos motivos detrás de estas decisiones.

    ¿Decoro o Conveniencia?

    Aunque en su carta Pardo Rebolledo subrayó que su renuncia “no es un acto de claudicación”, el contexto en que ocurre parece sugerir lo contrario. Su salida, junto a la de Ortiz Mena y otros ministros que planean dejar el cargo antes del fin de su mandato, ha levantado cuestionamientos sobre si estas decisiones responden a un rechazo oportunista a las nuevas disposiciones de la Reforma Judicial, las cuales proponen un modelo de designación de ministros mediante voto popular.

    Lejos de presentarse como un acto de congruencia o compromiso con la democracia, las dimisiones recientes han sido interpretadas por algunos líderes como intentos por abandonar el cargo antes de enfrentar las posibles consecuencias de la reforma. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, sostuvo que estas renuncias podrían tener una intención financiera, pues permitirían a los ministros retirarse con cuantiosas liquidaciones, lo que él llamó “irse con las alforjas llenas”. Además, señaló que la renuncia masiva podría estar relacionada con un esfuerzo coordinado de resistencia en contra de los cambios constitucionales.

    Ortiz Mena y Pardo Rebolledo: ¿Defensores de la Justicia o Adversarios de la Reforma?

    La renuncia del Ministro Ortiz Mena, anunciada casi al mismo tiempo que la de Pardo Rebolledo, fue particularmente polémica. Recientemente, Ortiz Mena viajó a Harvard, donde cuestionó públicamente los alcances de la Reforma Judicial, y en su carta de dimisión dejó entrever su rechazo al proceso de elección popular. La ironía de este acto, interpretado como una burla al principio democrático, no pasó desapercibida, pues él mismo admitió que no se considera “un candidato” para un puesto que depende del “apoyo popular”.

    Tanto Ortiz Mena como Pardo Rebolledo justificaron su renuncia en una supuesta integridad y apego a los valores constitucionales. No obstante, para el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, esta estrategia podría convertirse en un revés. La decisión final sobre la aceptación de estas renuncias está en manos del Senado, el cual podría optar por no validarlas, lo que dejaría a los ministros sin el retiro económico que actualmente está en riesgo debido a la reforma.

    Un Futuro Judicial Bajo Lupa

    La coyuntura actual en la SCJN evidencia una división profunda entre quienes defienden la supuesta independencia del Poder Judicial y aquellos que sostienen que la Reforma Judicial es necesaria para democratizar y transparentar la impartición de justicia. Los ministros que aún no han presentado su renuncia, como Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, mantienen sus posiciones, mientras que otros, como Luis María Aguilar Morales, concluirán su periodo en noviembre, lo que deja abierta la posibilidad de un cambio estructural sin precedentes en la Corte.

    Con la controversia en pleno auge, los próximos pasos del Senado determinarán si los ministros renunciantes podrán seguir adelante con sus planes o si enfrentarán un proceso de revaloración de sus renuncias y de los beneficios asociados. En tanto, la percepción pública de estos eventos continúa polarizándose, alimentando una narrativa en la que el oportunismo y la conveniencia parecen superar cualquier compromiso de servicio público.

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  • Magistrados y jueces confirman en su intento de “mañanera” que 8 ministros de la Suprema Corte ya alistan sus renuncias

    Magistrados y jueces confirman en su intento de “mañanera” que 8 ministros de la Suprema Corte ya alistan sus renuncias

    Hace unos momentos se confirmó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Gutiérrez Ortiz Mena, presentó al Senado de la República su carta de renuncia al que debería ser el máximo tribunal de justicia del país, confirmando con ello que no desea participar en el proceso democrático judicial que se celebrará el año entrante.

    Ahora, magistrados federales confirmaron la renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluyendo a la presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña Hernández. La decisión fue anunciada durante el intento de réplica de la “mañanera” que realizan desde hace un par de días, donde también se indicó que los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán planean dimitir en protesta por la promulgada Reforma al Poder Judicial.

    Según las declaraciones de los magistrados, “esta decisión, más que ahondar en la crisis, pretende poner fin a la crisis constitucional que vive el país”. Se espera que las renuncias se formalicen y sean efectivas hasta el 31 de agosto de 2025, permitiendo que los ministros salientes no figuren en la boleta electoral de junio de ese año, cuando la ciudadanía podrá votar por jueces, magistrados y ministros del país.

    En cumplimiento de la ley, la fecha límite para que los ministros declinen su participación en el proceso electoral es el 30 de octubre de 2024. De acuerdo con el magistrado Juan José Olvera López, “en unas horas más se hará el evento público de la renuncia de los ocho ministros”. Sin embargo, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, recientemente adscritas a la Corte y conocidas por el pueblo por defender sus intereses, no dejarán sus cargos.

    Olvera López subrayó que la salida de los ministros busca despejar el camino para que “el pueblo decida” en el proceso de elección de 2025, insistiendo en que se trata de un acto de compromiso hacia la ciudadanía, “no estamos velando por nuestros intereses personales”. Asimismo, el magistrado resaltó la importancia de preservar los espacios judiciales ocupados por jueces locales y federales, quienes deben demostrar “capacitación a través de la carrera judicial”.

    Con la presentación de estas renuncias, los magistrados indicaron que la medida es “muestra de querer poner fin” a la crisis que enfrenta actualmente el Poder Judicial.

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  • A través de una carta y sabiendo que nunca sería electo por el pueblo, el ministro Ortíz Mena presenta su renuncia a la SCJN

    A través de una carta y sabiendo que nunca sería electo por el pueblo, el ministro Ortíz Mena presenta su renuncia a la SCJN

    El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena anunció su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decisión que notificó al Senado de la República a través de una carta donde expresó sus razones. La dimisión tendrá efecto el 31 de agosto de 2025.

    En su carta, Gutiérrez Ortiz Mena explicó que la reciente reforma constitucional, que acorta su mandato y abre la posibilidad de elegir a los ministros mediante voto popular, lo puso ante dos opciones: someterse al proceso de elección o presentar su renuncia. El ministro comentó que, aunque su trayectoria lo califica para la judicatura, no se considera adecuado para un cargo dependiente del apoyo popular.

    “He decidido presentar mi renuncia”, mencionó el ministro, indicando que lo hace en el plazo establecido en el séptimo transitorio de la reforma. Señaló que, aunque podría argumentar una causa grave para justificar una renuncia fuera del tiempo estipulado, no tiene dicha causa y respeta la norma. Aclaró también que hasta el 31 de agosto de 2025 continuará cumpliendo sus responsabilidades con integridad.

    La renuncia de Gutiérrez Ortiz Mena ocurre en medio de rumores sobre la salida de otros seis ministros de la SCJN: Norma Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá. De confirmarse, sus dimisiones también surtirían efecto en agosto de 2025. La postura de los ministros ha sido renuente y de resistencia respecto a la reforma judicial que impulsa la elección por voto popular de los jueces y magistrados del país., que además busca sanear al máximo tribunal para el servicio del pueblo.

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  • Claudia Sheinbaum cuestiona motivos de renuncia de ministros de la Corte y defiende legalidad en reforma judicial ante oposición

    Claudia Sheinbaum cuestiona motivos de renuncia de ministros de la Corte y defiende legalidad en reforma judicial ante oposición

    En respuesta a una pregunta del periodista Manuel Pedrero, titular del programa Sin Máscaras, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus dudas sobre la posible renuncia de siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una decisión que podría tomarse el 29 de octubre. La presidenta sugirió que esta renuncia, de concretarse, respondería al interés de los ministros por asegurar sus haberes de retiro, un beneficio económico considerable contemplado en la normativa de la reciente reforma judicial.

    Sheinbaum explicó que, según el artículo séptimo transitorio de la reforma, quienes permanezcan en sus puestos hasta concluir el mandato y no participen en la elección extraordinaria de 2025, perderían el derecho a los haberes de retiro, salvo que renuncien antes de la fecha límite. “Si no presentan ahora su renuncia, ya no tendrían los haberes de retiro”, señaló, subrayando que este beneficio implica una suma considerable que los ministros podrían asegurar solo si deciden retirarse antes de tiempo.

    Además, la mandataria federal reiteró sus reservas sobre la acción de inconstitucionalidad que se ha promovido en torno a la elección de jueces y ministros. Según Sheinbaum, el recurso, impulsado por partidos de la oposición, no tendría validez, ya que quienes lo promovieron carecen de personalidad jurídica para impugnar la reforma. La presidenta subrayó que este tipo de acciones legales requieren representación legítima y, en su opinión, esta condición no se cumple en este caso.

    “Vamos a esperar el resultado de la votación, porque los ministros y ministras de la Corte conocen lo que estoy diciendo, todos los profesionales del Derecho saben que esta propuesta no es correcta”, indicó Sheinbaum, sugiriendo que la Corte tiene el conocimiento necesario para resolver adecuadamente el tema y desestimarlo de ser necesario.

    En cuanto al contexto del fallo, el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá considera que algunas disposiciones de la reforma pueden vulnerar los principios de independencia judicial y división de poderes. Sin embargo, la propuesta se enfoca en invalidar la elección de jueces y magistrados, sin afectar la elección de ministros que está prevista para el 1 de junio de 2025.

    La posición de Sheinbaum refuerza el compromiso del Ejecutivo con la reforma judicial y deja en claro la importancia de preservar el proceso legislativo sin intervenciones externas que pudieran, según ella, distorsionar su propósito.

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  • Javier Laynez rechaza reforma de supremacía constitucional y lamenta que ya no podrá interponerse a las decisiones del legislativo

    Javier Laynez rechaza reforma de supremacía constitucional y lamenta que ya no podrá interponerse a las decisiones del legislativo

    A pocas horas de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retome el análisis de la reforma de supremacía constitucional promovida por Morena, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, reiteró su postura en contra de la propuesta. Esta reforma busca reforzar la capacidad del Poder Legislativo para modificar la Constitución y evitar que el Poder Judicial bloquee tales cambios mediante amparos o acciones de inconstitucionalidad.

    Laynez argumentó que la reforma, que incluiría un artículo transitorio para aplicar las nuevas disposiciones incluso en casos en curso, sería “retroactiva” e inconstitucional. Sin embargo, los legisladores de Morena defienden la medida como un ejercicio legítimo de sus facultades para evitar que el Poder Judicial intervenga en asuntos que responden al interés colectivo y al desarrollo institucional del país.

    En declaraciones para Radio Fórmula, Laynez describió la reforma como un “obstáculo” para la Corte en su función de análisis, afirmando que esto afectaría no solo al Poder Judicial, sino también a los derechos ciudadanos. Sin embargo, la postura de Laynez refleja la resistencia de ciertos sectores del Poder Judicial que buscan mantener intacta su capacidad de intervenir en decisiones del Congreso, especialmente aquellas que tocan intereses particulares y privilegios en el ámbito judicial.

    Esta reforma, denominada de supremacía constitucional, responde a un contexto en el que el Poder Legislativo busca garantizar la supremacía de la Constitución sin interferencias del Poder Judicial, un principio que ha sido obstaculizado por ministros que, como Laynez, ven en ello una pérdida de su poder. Al respecto, voces del Congreso sostienen que la reforma es una medida justa y necesaria para reforzar el equilibrio de poderes, donde el Legislativo actúe en función de su mandato popular.

    Además, el ministro Laynez advirtió que esta reforma permitiría al Congreso aprobar cambios sin que el Poder Judicial pueda obstaculizarlos, una preocupación que parece reflejar más el temor a perder privilegios que un riesgo real para los ciudadanos. Para algunos analistas, esta defensa a ultranza de la intervención judicial sobre el trabajo legislativo expone cómo ciertos actores dentro del Poder Judicial buscan proteger su propio control, incluso por encima de la voluntad popular expresada en el Legislativo.

    El proceso sigue en curso, y la votación en el Congreso marcará un momento decisivo sobre la autonomía del Legislativo para llevar a cabo reformas constitucionales y consolidar una auténtica supremacía constitucional. La reforma podría sentar un precedente que obligue a la Corte a respetar las decisiones del Congreso sin condicionamientos, algo que Laynez y otros ministros ven con recelo.

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    Sheinbaum condena criminalización de menor en Querétaro por aborto espontáneo tras violación
  • Don parásito del Estado: Salinas Pliego critica la existencia del gobierno, pero en redes le recuerdan que su fortuna la hizo gracias a las privatizaciones del PRI

    Don parásito del Estado: Salinas Pliego critica la existencia del gobierno, pero en redes le recuerdan que su fortuna la hizo gracias a las privatizaciones del PRI

    Desde hace varias horas el magnate y deudor fiscal, Ricardo Salinas Pliego, se ha colocado en el ojo del huracán debido a que empresarios de los Estados Unidos acusan que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de impedir que pague los adeudos que tiene en la nación americana, involucrando al Gobierno de México en sus irregulares negocios.

    Ante esto, la comunidad de redes sociales ha sido dura con el dueño de Televisión Azteca, el cual irónicamente en sus redes sociales se queja de la existencia del Estado, aún cuando su fortuna la logró gracias a las privatizaciones durante la administración del priista neoliberal, Carlos Salinas de Gortari.

    Para que el deudor de impuestos comprenda un poco de la importancia del Estado, algunos proponen que le quiten la concesión de espectro radio eléctrico, le dejen de condonar impuestos y que acaben los amparos contra sus deudas.

    En el mismo tono, algunos exigen directamente que se ponga un alto al empresario y que el Estado mexicano le quite de una vez por todas las concesiones de sus canales de televisión junto a sus tiendas y bancos, los cuales no están exentos de la crisis que vive el magnate.

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    Desde los foros de Latinus, la jueza Nancy Salas amenaza que la Presidenta “podría ir 9 años a prisión”
  • Consejería Jurídica pide a la Suprema Corte actuar contra jueza que suspendió reforma judicial

    Consejería Jurídica pide a la Suprema Corte actuar contra jueza que suspendió reforma judicial

    La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que inicie un proceso contra la jueza federal Nancy Juárez, luego de que esta ordenara suspender la publicación de la Reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La solicitud de Godoy, hecha pública a través de un documento difundido por la periodista Azucena Uresti, subraya que la decisión de la jueza no tiene sustento legal y representa una interferencia indebida en el proceso constitucional.

    Choque de competencias: jueza versus constituyente

    La Consejería Jurídica argumenta que el Poder Judicial carece de facultades para detener o invalidar una reforma constitucional, lo que convierte la suspensión ordenada por la jueza Juárez en una “extralimitación de sus competencias”. Según Godoy, la única entidad con autoridad para modificar la Constitución es el Constituyente Permanente, formado por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales. En este sentido, la intervención judicial es vista como un ataque directo a la soberanía legislativa.

    La polémica surgió cuando la jueza Juárez bloqueó la publicación de una reforma promovida por el Ejecutivo Federal que propone cambios profundos en el Poder Judicial. Entre estos cambios destacan la reestructuración del proceso de selección de jueces y magistrados, una medida que, según el gobierno, busca mayor transparencia y eficacia en el sistema judicial. La suspensión de esta reforma ha generado un conflicto institucional, ya que para el Ejecutivo, esta acción judicial es un precedente peligroso que permitiría que jueces interfieran en procesos legislativos clave.

    Consecuencias institucionales

    En su oficio dirigido a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, la Consejera Jurídica insta a que se tomen medidas urgentes para evitar que jueces de distrito sigan bloqueando la aplicación de reformas constitucionales. Godoy destaca la importancia de limitar este tipo de resoluciones, que considera fuera del ámbito de competencia del Poder Judicial. Asimismo, solicita activar el Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Poder Judicial para investigar si la jueza Juárez cometió alguna falta administrativa con su decisión.

    Peligros del precedente judicial

    Godoy advirtió que permitir este tipo de resoluciones judiciales podría sentar un precedente peligroso, en el que jueces de distrito puedan intervenir en la implementación de reformas aprobadas legítimamente por el Congreso. Según la Consejería Jurídica, esta práctica podría desvirtuar el equilibrio de poderes en México, interfiriendo con la labor del Constituyente Permanente, que tiene la exclusividad en la aprobación y modificación de la Carta Magna.

    Finalmente, la Consejería Jurídica hizo un llamado a la SCJN y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que implementen mecanismos que garanticen que los jueces se abstengan de tomar decisiones que paralicen reformas constitucionales. Esta acción busca evitar futuras suspensiones y mantener la autonomía del proceso legislativo frente a injerencias judiciales que puedan afectar la estabilidad institucional del país.

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    Cuba y Bolivia se suman como socios del BRICS en un movimiento que busca fortalecer la cooperación global
  • Trabajadores del Poder Judicial retienen a consejeros del CJF tras fin del paro laboral

    Trabajadores del Poder Judicial retienen a consejeros del CJF tras fin del paro laboral

    Ayer por la noche, un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) cerró con cadenas las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en protesta por la decisión de levantar el paro de labores. La ministra presidenta del CJF, Norma Piña, junto a varios consejeros y colaboradores, se encuentran retenidos en el edificio.

    El incidente se originó tras una sesión del pleno del CJF, donde se resolvió terminar el paro y ordenar la reanudación de actividades en todos los tribunales y juzgados a partir del 24 de octubre. Esta medida también incluía sanciones salariales para quienes se negaran a regresar. La decisión, aprobada con cuatro votos a favor y tres en contra, generó un fuerte malestar entre los trabajadores, quienes exigieron explicaciones a los consejeros. La situación escaló cuando los manifestantes impidieron la salida de los consejeros, reclamando transparencia en la toma de decisiones.

    Consejeros a favor y en contra de la medida

    Los consejeros Bernardo Bátiz y Verónica de Gyvés se pronunciaron a favor de la suspensión del paro y la implementación de sanciones. Sin embargo, la Ministra Presidenta Norma Piña, Lilia Mónica López y José Alfonso Montalvo votaron en contra, argumentando la necesidad de más diálogo. La tensión aumentó dentro del edificio cuando algunos empleados encararon a sus compañeros por la decisión de encadenar los accesos.

    Manifestantes exigen explicaciones públicas

    En videos que circulan en redes sociales se observa cómo un grupo de manifestantes, algunos encapuchados, cerraron las entradas del CJF. Mientras tanto, los trabajadores han advertido que mantendrán las protestas hasta obtener respuestas claras.

    El conflicto se originó a raíz de una reforma judicial recientemente aprobada, que propone, entre otros cambios, la elección popular de jueces y magistrados. Esta iniciativa ha generado un amplio rechazo dentro del Poder Judicial, ya que los trabajadores temen perder sus carreras judiciales conseguidas con nepotismo y favortitismo. Ante la decisión del CJF de reanudar las actividades, se anticipa una escalada en las manifestaciones del personal judicial en todo el país.

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    Diputados aprueban reforma para fortalecer acceso a la vivienda digna y asequible
  • SCJN niega amparo a Mario Aburto que le daría libertad tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, ex candidato presidencial

    SCJN niega amparo a Mario Aburto que le daría libertad tras el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, ex candidato presidencial

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido mantener en prisión a Mario Aburto, quien se declaró culpable del asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Esta resolución se produce tras la votación en contra de un amparo que buscaba su liberación al cumplirse 30 años del crimen.

    El caso, que había generado un empate en la sala el 25 de septiembre, fue revisado por la ministra Lenia Batres. Ella propuso una reposición del procedimiento judicial, lo que implica que se deben convocar a juicio a los familiares de Colosio como víctimas del delito. La Primera Sala, con un voto mayoritario de tres miembros a favor del proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara, determinó que no se otorgaría el amparo solicitado por Aburto.

    Mario Aburto, condenado inicialmente a 45 años de cárcel, podría haber obtenido su libertad debido a un posible error en la jurisdicción bajo la que fue juzgado. Se argumentó que debió ser procesado según el Código Penal de Baja California vigente en 1994, lo que podría haber reducido su pena máxima a 30 años. Sin embargo, la decisión de la SCJN revoca cualquier posibilidad de liberación inmediata.

    El asesinato de Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, donde fue abatido por Aburto con un disparo en la cabeza y otro en el estómago. A lo largo de los años, este caso ha estado rodeado de controversias y teorías sobre posibles conspiraciones políticas. En un acto reciente, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del fallecido político y actual senador con licencia, reflexionó sobre el legado de su padre y expresó su deseo de igualdad y oportunidades para todos los mexicanos.

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    Adán Augusto López se burla de PAN y su falta de poder para frenar reformas constitucionales que benefician al pueblo