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  • El litio es del pueblo: La SCJN desestima amparo de empresa privada contra la Ley Minera de AMLO

    El litio es del pueblo: La SCJN desestima amparo de empresa privada contra la Ley Minera de AMLO

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó un amparo promovido por la empresa Grupo Bararal, que buscaba impugnar la reforma a la Ley Minera de abril de 2022 para explotación de litio, por lo que la máxima Corte del país confirmó que la exclusividad para explotación de este mineral es exclusiva del Estado mexicano.

    El proyecto para desestimar este amparo que data del 2022, fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y aprobado por unanimidad en la Segunda Sala de la SCJN.

    La resolución apoyó su argumento en la supremacía constitucional en la que refiere que aunque se concediera el amparo respecto a los artículos de la Ley Minera, una reforma constitucional posterior prohíbe las concesiones relacionadas con el litio. Con este argumento, estimó que incluso una eventual concesión del amparo no tendría efecto, ya que la norma constitucional impide la existencia de concesiones sobre este mineral específico.

    Grupo Bararal, titular de la concesión minera 246359 para el lote ‘San Pedro’ en la comunidad de Satevó, en Chihuahua, refiere que la reforma de 2022 afectaba su título de concesión vigente hasta 2068, que les permitía la exploración y explotación de diversos minerales.

    Por su parte, la SCJN determinó que dicha modificación a la Constitución mexicana establece que no se otorgarán concesiones en el caso del litio, reafirmando la exclusividad del Estado en su explotación.

    La reforma sobre la nacionalización del litio, impulsada por el ahora ex presidente López Obrador, marcó un hito histórico en la defensa de los recursos estratégicos del pueblo mexicano, el cual tendrá la máxima facultad para su explotación en benefició del país.

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  • Ministras y ministros se resisten a acatar la Austeridad Republicana

    Ministras y ministros se resisten a acatar la Austeridad Republicana

    Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) insisten en querer darse vida de reyes haciendo absurdos cargos a las espaldas del Pueblo de México. Están pidiendo un excesivo presupuesto para el año 2025, de 85 mil 25 millones de pesos

    El Poder Judicial se vuelve a mostrar reacio a acatar el principio de Austeridad Republicana implementado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en beneficio del Pueblo de México. 

    Por esta razón las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Presupuesto enviaron hoy una invitación a las ministras y ministros para que se presenten al Palacio de San Lázaro y expliquen para qué necesitan semejante cantidad de dinero. 

    La subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, explicó a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que de los 9.3 billones de pesos propuestos como gasto total para el año 2025, 30 por ciento será destinado a cubrir el costo financiero de la deuda y las participaciones a las entidades federativas, entre otros.

    La disciplina presupuestal es la instrucción precisa y contundente dada por la presidenta. El gasto se debe ajustar a lo planteado y hoy ya autorizado en la Ley de Ingresos del 2025”, les recordó Gómez Castro. 

    Ante las cifras y principalmente en concordancia con el momento histórico que vivimos, en el que se pone siempre primero a los que menos tienen, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que casi el 85 por ciento del gasto para los órganos autónomos es destinado íntegramente al INE y al Poder Judicial, entonces, ¿para qué necesitan más dinero?.

    Que vengan “para una explicación más clara y profunda de los gastos y la solicitud de presupuesto que han presentado”, invitó Ramírez Cuéllar.

  • Claudia Sheinbaum exige justicia fiscal: llama al Poder Judicial a resolver casos de adeudos de Grupo Salinas

    Claudia Sheinbaum exige justicia fiscal: llama al Poder Judicial a resolver casos de adeudos de Grupo Salinas

    Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un llamado contundente al Poder Judicial para que resuelva los casos pendientes relacionados con adeudos fiscales, subrayando que nadie debe estar por encima de la ley. Aunque no mencionó nombres, sus declaraciones se dan en el contexto de los más de 63 mil millones de pesos que Grupo Salinas, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

    “Cuando hablamos del Estado de derecho, hay quien lo usa como discurso, pero es para todos y para todas. Todos tenemos que pagar impuestos”, destacó la mandataria en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

    El tema surgió tras la histórica caída del valor de las acciones de Grupo Elektra en la Bolsa Mexicana de Valores, que perdió casi 80% de su valor en un día, seguida del anuncio de la empresa de deslistarse del mercado bursátil.

    Sheinbaum Pardo enfatizó la necesidad de que los jueces y magistrados hagan su trabajo y no permitan que los casos fiscales permanezcan estancados. “Los empresarios, las empresarias, el gobierno y los ciudadanos tienen que cumplir. Más que nada, este es un llamado a la Corte y a los jueces para que resuelvan”, añadió.

    El gobierno de Sheinbaum ha subrayado su compromiso con la justicia tributaria, destacando que todos los sectores de la sociedad, sin excepciones, deben cumplir con sus obligaciones fiscales, reiterando una vez más que los grandes capitales también deberán cumplir con sus obligaciones fiscales, los cuales ayudarán al desarrollo del pueblo de México.

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  • Dejan plantada a Piña: la presidenta de la SCJN lamentó que ninguno de sus antiguos “fans” acudiera a su último llamado

    Dejan plantada a Piña: la presidenta de la SCJN lamentó que ninguno de sus antiguos “fans” acudiera a su último llamado

    La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, se quedó prácticamente sola durante la inauguración de la XIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ). 

    Con el telón de fondo de la exitosa convocatoria de la 4T para registrarse en el proceso de selección de candidaturas para la Elección Judicial, los que antes se apiñaban por un saludo de Norma Piña, hoy brillaron por su ausencia en el evento que se llevó a cabo en el Centro Cultural del México Contemporáneo

    El hecho de que muchos de los Magistrados y Jueces integrantes de esta Asociación que en años anteriores nos acompañaban y buscaban la foto, ahora es patente su ausencia, naturaleza humana”, chilló la ministra Piña. 

    Los únicos que sí acompañaron a la desolda, derrotada y triste Piña, fueron los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek, así como la y el consejero de la Judicatura Federal: Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez.

    La ministra presidenta, advirtió que ella y los pocos amigos que le quedan en el Poder Judicial, son víctimas de una narrativa que ha convertido la mentira en verdad, dijo, y que la Reforma por la que han perdido sus privilegios es parte de la “post verdad” que se vive actualmente en México. Luego no le quedó más que aceptar la real y contundente verdad y aceptó que habrá una Elección Judicial el próximo año. 

    Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consiste en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad y constitucionalidad, un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, por el bien de la sociedad a la que servimos, y que sea mejor que el que ahora tenemos”, deseó Piña.

    En fin, ya es más que obvio que el incipiente liderazgo que ostentaba Norma Piña, se ha diluido por completo. No supo defender sus privilegios, pero sobre todo no supo pasarse al lado correcto de la historia, acompañando al pueblo de México en su proceso transformador.

  • Segunda sala de la SCJN aprueba proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena para dejar en libertad a dos presuntos responsables de asesinato condenados a 42 años de prisión

    Segunda sala de la SCJN aprueba proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena para dejar en libertad a dos presuntos responsables de asesinato condenados a 42 años de prisión

    La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inmediata libertad de los hermanos Noé y Sóstenes Fernández González, quienes permanecieron 11 años en prisión acusados de liderar la emboscada al convoy del programa federal Oportunidades en 2009. Este ataque resultó en la muerte de tres personas y el robo de 1.9 millones de pesos de recursos públicos, hechos por los cuales habían sido sentenciados a 42 años y seis meses de prisión.

    En la sesión del miércoles pasado, por mayoría de cuatro votos contra uno, la Corte aprobó el proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, revocando la sentencia previamente dictada y ordenando la liberación de los implicados. La única oposición al fallo fue del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien fungió como presidente de la Sala y expresó su voto en contra.

    Hasta el momento, los fundamentos legales que llevaron a esta decisión no se han hecho públicos, ya que el proyecto del ministro Ortiz Mena no está disponible para consulta. Según se informó, el caso llegó a la Corte debido a los recursos interpuestos por los sentenciados, quienes alegaron no tener relación alguna con los hechos.

    La emboscada, ocurrida el 28 de julio de 2009 en Chihuahua, dejó un saldo de dos policías y un empleado del programa Oportunidades asesinados, además del robo de un monto millonario en efectivo destinado a programas sociales. Los hermanos Fernández González fueron señalados como responsables y recluidos en el Cereso número 1 de Aquiles Serdán, acusados de homicidio, homicidio en grado de tentativa y robo con violencia.

    Este nuevo caso de la SCJN liberando presuntos criminales genera indignación en redes sociales debido al poco o nulo interés de los “impartidores de justicia” en la integridad del pueblo mexicano, que se ve en riesgo cada vez que son liberados personajes como los citados, mientras que la falta de transparencia en los motivos que llevaron a la liberación deja serios cuestionamientos sobre como operan los trabajadores del Poder Judicial actual.

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  • Poder Judicial se queda sin sus fideicomisos, miles de millones de pesos serán destinados al Plan Nacional de Desarrollo para beneficiar al Pueblo de México

    Poder Judicial se queda sin sus fideicomisos, miles de millones de pesos serán destinados al Plan Nacional de Desarrollo para beneficiar al Pueblo de México

    Finalmente revocaron la suspensión concedida por el ministro Javier Laynez Potisek, quien el año pasado impidió que los recursos millonarios de los Fideicomisos del Poder Judicial se entregaran al Pueblo de México. 

    Fue en diciembre del año 2023 cuando ante la propuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, los ministros conservadores se opusieron a la extinción de los fideicomisos

    En ese entonces se planteó que los más de 15 mil millones de pesos que integran los Fideicomisos, se destinaran a las ayudas para los damnificados por el huracán Otis, que devastó Acapulco, Guerrero. Sin embargo esto no fue posible debido a la mezquindad de los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dirigida por la ministra Norma Piña

    Felizmente ahora con cuatro votos a favor y uno en contra -del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena-, la primera sala de la SCJN aprobó el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien puso sobre la mesa la iniciativa que AMLO realizó en el 2023.

    Es procedente y fundado el recurso de reclamación. Se revoca el acuerdo recurrido. Se niega la suspensión solicitada”, se puede leer en la resolución del proyecto aprobado. 

    De esta manera se extinguen los fideicomisos, y sus recursos serán entregados a la Tesorería de la Federación, para que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos sean destinados a los programas que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo

    El Poder Judicial de la Federación se queda pues sin 13 fideicomisos millonarios. El Pueblo de México gana una victoria más contra la injusticia, el clasismo y en favor del bienestar. 

  • En su ocaso, la SCJN de Norma Piña, rechaza nuevos amparos en contra de la Ley de la Industria Eléctrica

    En su ocaso, la SCJN de Norma Piña, rechaza nuevos amparos en contra de la Ley de la Industria Eléctrica

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó otorgar nuevos amparos contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del 9 de marzo de 2021, la cual limitó la participación de la iniciativa privada en la generación de electricidad. Durante la sesión de ayer, la Corte reconoció que la reforma constitucional de octubre pasado consolidó la supremacía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el sector energético.

    En una votación unánime, la Segunda Sala sobreseyó cinco demandas interpuestas por empresas que buscaban ampararse contra la LIE, lo que significa que las dejó sin estudio. Este fallo marca un cambio de criterio respecto a enero de este año, cuando la misma sala amparó a seis compañías del sector eléctrico. Ahora, al considerar los efectos de la reforma constitucional, se concluyó que el modelo de libre competencia en el sector ya no tiene vigencia.

    Por otro lado, la SCJN también rechazó otorgar un amparo a la Minera Peñasquito contra el impuesto del 7.5 % sobre las ganancias netas del sector minero. Este fallo cobra relevancia ante la intención de los diputados federales de incrementar este gravamen a 8.5 % para 2025, lo que apunta a la eventual validación constitucional de los derechos especiales que afectan a las empresas mineras.

    Llama la atención este nuevo cambio al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tras la aprobación y promulgación de la Reforma al Poder Judicial, perece haber mesurado sus esfuerzos en contra del pueblo a meses de que el máximo tribunal mexicano y buena parte del Poder Judicial sean renovados vía voto popular.

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  • El magistrado Fernando Silva García, participante de la “mañanera judicial”, esconde un historial oscuro

    El magistrado Fernando Silva García, participante de la “mañanera judicial”, esconde un historial oscuro

    El magistrado Fernando Silva García, hijo del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, ha sido el centro de la controversia tras su participación en la “mañanera judicial” de este lunes. En este foro, tradicionalmente utilizado para abordar temas del Poder Judicial, se puso en evidencia su intento de favorecer al empresario y deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, quien adeuda multimillonarios impuestos desde 2013.

    Durante la conferencia, Silva García criticó la elección de jueces en México, calificando el proceso como un intento de subordinación del Poder Judicial al poder político. “La independencia judicial, que es esencial, nace muerta antes de la elección”, declaró. Sin embargo, sus palabras han quedado opacadas por su historial y recientes decisiones, entre ellas, un proyecto que intentaba beneficiar al dueño de Grupo Elektra.

    El Amparo en Favor de Grupo Elektra

    El magistrado fue el encargado de presentar un proyecto de resolución que buscaba conceder un amparo a Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, para evitar el pago de impuestos derivados de la venta de acciones en 2013. Este intento pretendía que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revisara nuevamente el caso, prolongando el conflicto legal y evitando que el empresario cumpliera con sus obligaciones fiscales.

    No obstante, el proyecto fue rechazado por mayoría de dos votos contra uno en el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México. La negativa reafirmó la validez del crédito fiscal previamente determinado por el TFJA, que obliga a Salinas Pliego a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente, además de actualizaciones, recargos y multas.

    Un Pasado Polémico: Custodia y Tráfico de Influencias

    La controversia en torno a Fernando Silva García no se limita al ámbito fiscal. En 2018, enfrentó acusaciones relacionadas con la sustracción ilegal de su hija tras su divorcio en 2014. Aunque el convenio de custodia establecía que la menor debía permanecer con su madre, Silva García se negó a devolverla tras unas vacaciones, inscribiéndola en otra escuela sin el consentimiento de su expareja.

    Una jueza de distrito, desacatando órdenes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), otorgó una suspensión definitiva a favor del magistrado, permitiéndole mantener la tutela de la menor. Este hecho derivó en acusaciones de tráfico de influencias, ya que su expareja argumentó irregularidades en el proceso judicial y presentó una queja ante los tribunales.

    El Rol del Poder Judicial en la Controversia

    La situación de Silva García ilustra las tensiones dentro del Poder Judicial y las percepciones de su relación con el poder político y económico. Mientras el magistrado denuncia una supuesta subordinación del sistema judicial, su historial pone en duda la imparcialidad y transparencia de su labor.

    El caso de Salinas Pliego, quien ha acumulado una deuda multimillonaria con el erario público, resalta la necesidad de un Poder Judicial independiente y firme frente a los intereses de las élites económicas. La actuación de magistrados como Silva García no solo compromete la confianza ciudadana, sino que también subraya la urgencia de reformas efectivas.

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  • César Gutiérrez Priego exige réplica a Televisa tras falsos señalamientos sobre su candidatura a ministro de la Suprema Corte

    César Gutiérrez Priego exige réplica a Televisa tras falsos señalamientos sobre su candidatura a ministro de la Suprema Corte

    El abogado penalista César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respondió públicamente a una declaraciones transmitidas por Noticieros Televisa, a cargo de la periodista Danielle Dithurbide. En la cápsula, se hizo referencia a su registro como aspirante al cargo, pero Gutiérrez Priego acusó a la televisora de omitir sus más de 25 años de trayectoria profesional y académica, y de presentarlo únicamente como el hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, vinculado en el pasado a acusaciones por supuestos nexos con el narcotráfico.

    En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Gutiérrez Priego calificó como falsas las afirmaciones de que su padre habría protegido al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”. Según su versión, el general Gutiérrez Rebollo fue el único militar mexicano que arrestó al capo.

    El abogado denunció que su familia fue objeto de represalias durante el gobierno de Ernesto Zedillo, tras descubrir vínculos de la familia presidencial con el Cártel de Colima. “Mi padre notificó a las autoridades sobre esto y fue arrestado. Su familia fue asediada, mi madre y mi hermana amenazadas, y mi hermano y yo fuimos secuestrados y torturados para declarar en su contra. Éramos apenas unos jóvenes”, relató.

    Gutiérrez Priego aseguró que estas circunstancias marcaron su decisión de dedicarse al derecho penal, con el objetivo de sacar a su padre de prisión y limpiar su reputación, lo cual logró tras años de litigio. Desde entonces, afirmó que se ha especializado en defender a personas inocentes injustamente encarceladas.

    Respecto a los señalamientos de Televisa, el abogado exigió ejercer su derecho de réplica conforme a la Constitución, evidenciando a la televisora por omitir información clave sobre su carrera y su labor como abogado. “No soy ingenuo, sabía que al inscribirme como candidato se encendería la guerra sucia. Aun así, no tengo mayor orgullo que ser hijo de mi padre”, afirmó.

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  • Antecedentes penales en España podrían frenar candidatura de Roberto Gil Zuarth para ministro de la Suprema Corte de Justicia

    Antecedentes penales en España podrían frenar candidatura de Roberto Gil Zuarth para ministro de la Suprema Corte de Justicia

    El exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Gil Zuarth, ha manifestado su interés en convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante el mecanismo de elección popular que introdujo la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF). Sin embargo, su postulación podría verse truncada debido a una sentencia penal en su contra en Barcelona, España, que pone en entredicho su elegibilidad.

    Cambio de postura ante la reforma judicial

    A pesar de haber criticado anteriormente la reforma judicial, Gil Zuarth justificó su cambio de opinión durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, argumentando que las “reglas del juego han cambiado”. Según él, participar en este nuevo sistema es necesario para defender la estabilidad y el patrimonio del sistema judicial mexicano.

    “Son las reglas del juego. No nos podemos quedar en casa. Los jueces y magistrados tienen su historia y estabilidad pendiendo de un hilo. ¿Cómo lo vamos a defender?”, expresó Gil Zuarth en el programa.

    Antecedentes penales en Barcelona

    A pesar de su interés en el máximo tribunal, una sentencia penal de 2011 emitida en España podría impedir que el político panista acceda a este cargo. Documentos obtenidos por el medio Sin Embargo Mx revelan que Gil Zuarth fue condenado por los delitos de lesiones contra un ciudadano y agresión a agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, así como por daños a una propiedad privada.

    El incidente ocurrió el 28 de diciembre de 2006 en la discoteca Sala Luz de Gas, en San Gervasi, Cataluña. Durante el altercado, Gil Zuarth fue sentenciado a pagar una indemnización de 2,900 euros a tres policías y a un vigilante del lugar.

    Implicaciones legales para su postulación

    Aunque la Constitución mexicana no impide explícitamente que una persona con antecedentes penales en otro país aspire a un cargo en el Poder Judicial, establece que los candidatos deben gozar de “buena reputación” y no haber cometido delitos que “lastimen la buena fama en el concepto público”.

    El artículo establece:
    “No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”.

    Este criterio podría ser utilizado como un precedente para inhabilitar la postulación de Gil Zuarth a la SCJN o cualquier otro cargo en el PJF.

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