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  • La Ministra Lenia Batres expone daño económico por paro de labores del Poder Judicial

    La Ministra Lenia Batres expone daño económico por paro de labores del Poder Judicial

    La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, ha compartido en sus redes sociales una contundente imagen que refleja el daño económico ocasionado por el paro de labores en los juzgados de distrito y tribunales de circuito. Según la ministra, en los 56 días de paro se ha generado un impacto negativo de 10,573 millones 607,184 pesos al erario público. Este costo es atribuido a la interrupción de las actividades judiciales, que se sostiene por la disputa en torno a la reforma del Poder Judicial.

    El gráfico difundido también muestra el presupuesto anual destinado a los tribunales de circuito y juzgados de distrito, que asciende a 68,917 millones de pesos, lo que implica un gasto diario de 188,814,414 pesos. Con esta información, la ministra del pueblo, como se le ha conocido popularmente, subraya la importancia de resolver el conflicto cuanto antes para evitar un mayor perjuicio económico y social para el país.

    Batres ha sido enfática en su compromiso con la voz popular dentro de la SCJN, abogando por que la justicia y los intereses del pueblo no se vean comprometidos por cuestiones burocráticas. Su mensaje es claro: el país no puede permitirse seguir asumiendo este tipo de costos cuando hay tantas necesidades que deben ser atendidas. La ministra ha utilizado esta imagen para destacar cómo los paros afectan no solo el funcionamiento de las instituciones, sino también el bolsillo de los mexicanos.

    La publicación de Lenia Batre demuestra su intención parece ser la de sensibilizar a la opinión pública sobre las consecuencias financieras que conlleva la paralización de los órganos judiciales. En su papel como ministra, ha luchado por una reforma que refleje los verdaderos intereses de la población y que, al mismo tiempo, preserve la estabilidad económica del país.

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  • El 67% de los mexicanos considera que con la Reforma Judicial, mejorará la impartición de justicia; 69% de acuerdo con la elección popular de jueces y magistrados

    El 67% de los mexicanos considera que con la Reforma Judicial, mejorará la impartición de justicia; 69% de acuerdo con la elección popular de jueces y magistrados

    En recientes horas, De las Heras hizo público su más reciente estudio respecto a la opinión popular sobre la ya promulgada Reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual sigue su avance en el Congreso de la Unión para la elección de las y los primeros impartidores de justicia el año entrante.

    En cuanto a la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF), el 15 por ciento menciona que “todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos”, mientras que el 41 por ciento considera que “la mayoría son corruptos”, sumando 56 puntos en este mismo sentido.

    En cuanto a las elecciones de jueces y magistrados, el 69 por ciento esta de acuerdo con que sean electos mediante el voto popular, tal y como lo maneja la Reforma, mientras que el 23 por ciento declara que es el Consejo de la Judicatura Federal el que debería designarlos. Tan solo el 8 por ciento mencionó “no saber” cual de los dos métodos sería el mejor.

    El 62 por ciento también dijo que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberían ser elector por el pueblo a través del sufragio; en este caso el 32 por ciento respondió que deberían ser electos por el Senado de la República.

    Finalmente el 67 por ciento de los mexicanos mencionan que con la Reforma al Poder Judicial mejorará la impartición de justicia en el país, mientras que el 14 por ciento dice que “se quedará igual”. Tan solo el 10 por ciento mencionó que la aplicación de justicia “empeorará”.

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  • Roberto Gil Zuarth, un peón del calderonismo, busca entrar a la Suprema Corte bajo las nuevas reglas de la Reforma Judicial

    Roberto Gil Zuarth, un peón del calderonismo, busca entrar a la Suprema Corte bajo las nuevas reglas de la Reforma Judicial

    El abogado y exmilitante del PAN, Roberto Gil Zuarth, conocido por su cercanía con figuras controvertidas como el expresidente Felipe Calderón y el prófugo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha revelado sus aspiraciones para convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este anuncio llega en medio del proceso de elecciones programado para junio de 2025, tras la reciente reforma judicial que establece un nuevo sistema de selección para jueces, magistrados y ministros.

    En su habitual espacio de opinión con Ciro Gómez Leyva, Gil Zuarth, quien ha estado en el centro de polémicas por su relación con el calderonismo, aseguró que participará en la elección bajo las nuevas reglas. “Me presento porque no me arrodillo frente a los tiranos”, declaró, en lo que parece ser un intento por posicionarse como defensor de una supuesta “República”, mientras su historial lo vincula con figuras que han sido duramente criticadas por su desempeño en la administración pública y la justicia.

    Gil Zuarth, quien anteriormente ha sido señalado por su proximidad a intereses de poder dentro del panismo, ahora busca encabezar un movimiento político nacional para consolidar su candidatura y asegurarse un lugar en la Suprema Corte. Este esfuerzo, según él, contará con el respaldo de una organización civil que espera formar y legitimar ante las autoridades electorales para principios de 2024.

    Oposición inicia “Plan B” ante la inevitable elección del Poder Judicial

    No han tardado en surgir las advertencias sobre la estrategia de la oposición para posicionar a sus candidatos en las nuevas vacantes del Poder Judicial. César Gutiérrez Priego, abogado y analista, ha alertado en redes sociales sobre el inicio de lo que llama el “Plan B” de la oposición. Según Gutiérrez Priego, al verse incapaces de frenar las reformas judiciales, los opositores han decidido competir por las posiciones de jueces, magistrados y ministros con sus propias figuras, como Gil Zuarth, quien ahora busca aprovechar este nuevo escenario.

    “Empiezan a posicionar a sus figuras”, comentó Gutiérrez Priego, subrayando que la estrategia es clara: la oposición espera asegurarse, al menos, un par de posiciones en el Poder Judicial. Esta postura crítica destaca cómo personajes que han sido parte de gobiernos anteriores, envueltos en cuestionamientos, ahora intentan reaparecer en la esfera del poder bajo una narrativa de “defensa de la República”.

    Con las suspensiones y amparos que intentaron frenar la reforma judicial declarados improcedentes por el Consejo de la Judicatura, el proceso de elección de nuevos ministros sigue su curso. Sin embargo, es innegable que la participación de figuras cercanas a la podrida oposición, como Gil Zuarth, enciende las alarmas sobre la intención de ciertos sectores de recuperar espacios clave en la administración de justicia.

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  • La Presidenta Claudia batea a ministros conservadores y descarta reunión con ellos; Segob será la encargada de atender al tribunal

    La Presidenta Claudia batea a ministros conservadores y descarta reunión con ellos; Segob será la encargada de atender al tribunal

    Durante su conferencia matutina de este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, descartó sostener alguna reunión con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando en claro que cualquier asunto con las y los ministros serán atendidos por la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

    “No me voy a reunir con la Corte (…) La secretaria de Gobernación tiene la atribución para reunirse con cualquier poder o a resolver cualquier asunto que tenga que ver con la gobernabilidad de nuestro país”.

    La mandataria federal mencionó también que la Suprema Corte ya admitió una acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional en contra de la Reforma al Poder Judicial y la cual ya fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

    En el mismo sentido, dejó en claro a los juzgadores que el asunto no se trata de asuntos políticos, por lo que hizo un claro llamado a las y los ministros a que acepten que ya existe una Reforma Constitucional al Poder Judicial.

    “Los partidos políticos tienen prohibido participar, no es una elección por partidos políticos, sin embargo ayer aceptan una acción de inconstitucionalidad de un partido político (…) El llamado es que acepten que ya hay una reforma constitucional, que no va a haber retroceso en la elección de jueces, magistrados y ministros, por una razón: es una decisión del pueblo de México”.

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  • A petición de cabeza de Vaca, el ministro Pérez Dayán resuelve que desde ahora la UIF necesitará “más requisitos” para poder bloquear cuentas

    A petición de cabeza de Vaca, el ministro Pérez Dayán resuelve que desde ahora la UIF necesitará “más requisitos” para poder bloquear cuentas

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una jurisprudencia que establece mayores restricciones para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al bloquear cuentas bancarias de presuntos delincuentes a solicitud de autoridades extranjeras. El proyecto, promovido por el ministro Alberto Pérez Dayán, fue avalado en la Segunda Sala de la Corte con tres votos a favor y dos en contra.

    La decisión surgió tras resolver una presunta “contradicción de criterios” presentada por el abogado José Alfredo Cavazos Mercado, defensor del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esta resolución implica que, para que la UIF pueda proceder con el bloqueo de cuentas, la solicitud debe provenir de una autoridad extranjera con competencia en la materia y estar sustentada en compromisos internacionales.

    La ministra Lenia Batres votó en contra y señaló que esta medida restringe las facultades de la UIF, las cuales son cruciales para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero. Según Batres, esta interpretación de la Corte debilita los compromisos de México en acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

    En respuesta, los ministros Javier Laynez Potisek y Pérez Dayán argumentaron que la decisión no impide el bloqueo de cuentas, sino que precisa el procedimiento a seguir cuando se recibe una solicitud extranjera. Aclararon que no basta con una mención general de investigación, sino que la petición debe ser específica y estar directamente vinculada a los compromisos internacionales de México.

    Esta postura genera preocupación respecto a la efectividad de las acciones de la UIF, que podría enfrentar mayores trabas para cumplir con sus obligaciones internacionales en la lucha contra el crimen financiero.

    Con esta nueva medida de la Suprema Corte, queda en claro la parcialidad de la mayoría de los ministros, que velan por los intereses de presuntos delincuentes que se niegan a pagar sus delitos ante las autoridades mexicanas.

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  • SCJN acepta controversia constitucional promovida por el prianista Diego Sinhue; el ministro Carrancá elaborará el proyecto

    SCJN acepta controversia constitucional promovida por el prianista Diego Sinhue; el ministro Carrancá elaborará el proyecto

    El exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ha presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un esfuerzo por detener la reciente reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión. Esta medida ha sido vista por varios sectores como un intento desesperado de proteger intereses personales y políticos, en lugar de defender la justicia y la autonomía del Poder Judicial.

    El recurso fue admitido por el ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien procederá a elaborar un proyecto de sentencia que será discutido por el Pleno de la Corte. Sin embargo, la admisión del trámite no garantiza que las acusaciones de Sinhue tengan sustento jurídico. De hecho, este tipo de maniobras son interpretadas como una resistencia al progreso en un momento en el que se busca fortalecer la independencia del Poder Judicial de la Federación (PJF).

    ¿Defensa de la autonomía o defensa de intereses?

    Diego Sinhue ha justificado su impugnación argumentando que la reforma afecta la autonomía del PJF y la división de poderes. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de fundamento. La reforma busca precisamente garantizar que el Poder Judicial opere sin las influencias que tradicionalmente han favorecido a ciertos grupos políticos.

    Guanajuato, bajo su gobierno, fue un bastión de la influencia política conservadora, y esta impugnación podría es un intento de mantener ese poder. En lugar de promover una verdadera independencia judicial, parece que busca frenar reformas que fortalecen la transparencia y la justicia para todos los ciudadanos.

    El papel de la SCJN y las dudas sobre Carrancá

    El ministro Carrancá ha aceptado el trámite de la controversia, aunque muchos dudan de la imparcialidad en este caso. Su participación en eventos polémicos, como la cena organizada por la ministra Norma Piña con líderes de los partidos PRI y PAN en plena campaña electoral, ha generado cuestionamientos sobre su verdadera posición respecto a la independencia judicial.

    Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado a Carrancá como un posible saboteador de la Cuarta Transformación, a pesar de haber sido él mismo quien promovió su candidatura a la SCJN. Las críticas hacia el ministro reflejan las tensiones políticas que rodean la discusión sobre la reforma judicial y el papel que juegan ciertos actores en la protección de sus propios intereses.

    Una reforma que busca fortalecer la justicia

    La reforma judicial que Diego Sinhue intenta revertir tiene como objetivo principal fortalecer la independencia del Poder Judicial y garantizar que opere de manera transparente, libre de influencias políticas. En lugar de ser una amenaza para la autonomía, la reforma busca eliminar la corrupción y asegurar que el Poder Judicial sirva a los intereses de la ciudadanía, no a los de unos pocos.

    El intento de frenar esta reforma es una muestra de resistencia al cambio. En lugar de avanzar hacia un sistema judicial más justo y equitativo, la controversia de Sinhue representa un esfuerzo por mantener un status quo que ha beneficiado a ciertos sectores durante años.

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  • Lenia Batres exhibe nuevamente la irregularidad de los 138 intentos de frenar la Reforma Judicial

    Lenia Batres exhibe nuevamente la irregularidad de los 138 intentos de frenar la Reforma Judicial

    La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, sigue reforzando su compromiso con la transparencia y la legalidad al ofrecer un informe detallado sobre los amparos interpuestos contra la reforma judicial. Hasta el pasado 3 de octubre, se habían presentado un total de 138 demandas de amparo, de las cuales 35 fueron admitidas a trámite. Esta información ha sido difundida por la ministra en una nota oficial, reafirmando su voluntad de mantener al público informado sobre el desarrollo de los casos que buscan frenar las reformas al Poder Judicial.

    De acuerdo con la ministra, de los amparos admitidos, 56 obtuvieron la suspensión provisional y 36 la suspensión de plano. Estos recursos fueron concedidos bajo el argumento de posibles violaciones al artículo 22 de la Constitución. Sin embargo, en 9 casos la suspensión de plano fue denegada, y en otros 8 se rechazó la suspensión provisional. A pesar de estas cifras, los tribunales han desechado 8 amparos, lo que muestra que no todos los casos han logrado avanzar en el proceso legal.

    Ante la evidente irregularidad, se declara incompetentes

    Una de las cuestiones más destacadas de la nota es que más de la mitad de los jueces y juezas que recibieron estos amparos se declararon impedidos o legalmente incompetentes para conocer del tema. De los 138 amparos presentados, 70 fueron clasificados bajo esta categoría, lo que genera dudas sobre las motivaciones que impulsan a los magistrados a rehusarse a abordar estos casos. A pesar de la clara improcedencia legal establecida en el artículo 61 de la Ley de Amparo, algunos jueces parecen mostrarse dispuestos a continuar aceptando estos recursos.

    Por otro lado, Lenia Batres subrayó que aún hay 25 solicitudes de amparo pendientes de resolución, una cifra considerable que podría seguir aumentando en los próximos días. A pesar de ello, el informe también mencionó que el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) no ha sido actualizado correctamente debido al paro de actividades en juzgados y tribunales, lo que complica aún más el panorama.

    La ministra del pueblo, como es conocida Lenia Batres, reitera su compromiso en la lucha contra la corrupción dentro del Poder Judicial, y cuestiona la ética de aquellos jueces que permiten que estos amparos continúen avanzando. Con una postura firme, Batres busca consolidar la reforma judicial y frenar las maniobras que intentan desacreditarla y obstaculizarla mediante recursos legales irregulares.

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  • Arturo Zaldívar exhibe a ministros de la SCJN por buscar una crisis constitucional y bloquear la Reforma Judicial

    Arturo Zaldívar exhibe a ministros de la SCJN por buscar una crisis constitucional y bloquear la Reforma Judicial

    El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, lanzó fuertes críticas contra ocho de los once ministros del Máximo Tribunal, asegurando que buscan provocar una crisis constitucional en el país al analizar las controversias presentadas en contra de la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

    En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Zaldívar calificó como “aberrante y grosera” la decisión de estos ministros, quienes votaron en contra de tres proyectos presentados por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, argumentando que la Corte no tenía facultades para revisar las acciones. Zaldívar acusó a estos ministros de extralimitarse en sus funciones y advirtió que su intención es desatar una crisis al bloquear la reforma judicial.

    Zaldívar acusa a ministros de deshonrar su cargo

    Durante su intervención, Zaldívar señaló que los ministros que se han pronunciado en contra de la reforma están “deshonrando su función” al atribuirse facultades que no les corresponden. Explicó que la ley orgánica del Poder Judicial solo permite a la Corte analizar la constitucionalidad de leyes a través de ciertos mecanismos, como controversias constitucionales o amparos, y que en este caso, al venir del Poder Legislativo, no aplica esa revisión.

    El exministro fue enfático al señalar que la actitud de estos ministros desafía el estado de derecho, y que, en su opinión, solo buscan defender sus propios intereses y privilegios. “Lo que quieren es una crisis constitucional, la están buscando por todos lados”, advirtió Zaldívar.

    Apoyo a Esquivel, Batres y Ortiz

    Zaldívar también destacó que las únicas ministras que han apoyado la reforma son Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres y Loretta Ortiz, quienes, según él, actúan conforme a derecho. A pesar de sus críticas hacia los otros ministros, evitó mencionar que estas tres juezas han respaldado públicamente la reforma judicial promovida por el presidente López Obrador.

    Con un tono irónico, Zaldívar concluyó su crítica diciendo: “Nada más les falta suspender la ley de la gravedad”, en alusión su intento desmedido por parte de los ministros para detener la reforma.

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  • Denuncian por abuso sexual a Ricardo Márquez Blas, funcionario de la SCJN y excolaborador de García Luna

    Denuncian por abuso sexual a Ricardo Márquez Blas, funcionario de la SCJN y excolaborador de García Luna

    Ricardo Márquez Blas, actual titular de la Coordinación de Fortalecimiento Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y exfuncionario cercano a Genaro García Luna, ha sido denunciado por presunto abuso sexual contra una de sus subordinadas.

    La denuncia fue revelada por el periodista Carlos Jiménez, quien informó que la víctima, una trabajadora de la SCJN, señaló a Márquez Blas como el responsable de haberla agredido en su oficina. Según los detalles compartidos, la mujer describió con precisión el lugar, el día y hasta la hora en que ocurrió el ataque, lo que ha dado pie a una investigación formal.

    La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ya se encuentra investigando los hechos para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes. La institución no ha dado más detalles hasta el momento, pero se espera que en los próximos días se den a conocer más avances sobre el caso.

    Vínculos con García Luna y su actual rol en la SCJN

    Ricardo Márquez Blas actualmente tiene un cargo clave dentro de la SCJN, donde se encarga de coordinar el fortalecimiento institucional, lo que incluye brindar apoyo operativo a la presidenta de la Corte, Norma Piña. Además, durante el sexenio de Felipe Calderón, Márquez Blas ocupó el cargo de titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los años en que Genaro García Luna dirigía la Secretaría de Seguridad Pública.

    El expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló en 2023 que Márquez Blas había sido “uno de los funcionarios más importantes” durante esa administración, lo que lo coloca bajo la lupa debido a sus antecedentes.

    Con un salario mensual de 122 mil 851 pesos netos, Márquez Blas es una figura relevante dentro de la SCJN, y el caso en su contra está atrayendo la atención pública, no solo por la gravedad de la acusación, sino también por sus lazos con personajes clave en la política de seguridad de años recientes.

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  • La SCJN buscará declarar como inconstitucional la reforma al Poder Judicial, asegura Laynez Potisek

    La SCJN buscará declarar como inconstitucional la reforma al Poder Judicial, asegura Laynez Potisek

    En entrevista con Ciro Gómez Leyva el ministro Javier Laynez Potisek mencionó que de ser declarada como inconstitucional, la reforma al Poder Judicial, todo lo que se ha aprobado y publicado será suspendido.

    El ministro ha mencionado que la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es determiar que la reforma judicial es anticostitucional, para que de esta forma el poder ejecutivo y legislativo estén obligados a suspender cualquier acción realizada con la reforma. Todas las leyes y cambios institucionales quedarían sin efecto.

    Hasta ahora se cree que la Corte no puede frenar una reforma ya aprobada, sin embargo Laynez enfatiza en que esto es un concepto antiguo y que actualmente la jurisprudencia ha ido evolucionando, otortgando a la SCJN un mayor poder de revisión y control de las leyes.

    “Todavía es algo que la Corte tiene que explorar, porque no hemos llegado a explorar si por la vía de una acción, una controversia, la Corte puede nulificar una reforma constitucional. Es cierto, había una jurisprudencia muy vieja donde la Corte dijo que no, pero luego ha ido evolucionando mucho en sus criterios”, declaró.

    Laynez asegura que la mayoría de los ministros de la Corte, incluyendo a la presidenta Norma Piña, comparten la idea de encontrar la forma de declarar como inconstitucional la reforma, y están comprometidos a resolver este asunto de manera rápida y eficiente,lo cual pondría en peligro la justicia de México.

    “Sería sumamente peligroso para la democracia y para el respeto a los derechos en el país y siempre lo alertamos”, afirmó el ministro.

    Finalmente Javier Laynez cerró su mensaje aclarando que si la reforma es declarada como inconstitucional se suspenderían todos los procesos.

    “Habrá controversias, no sé si pueda entrar una acción inconstitucional, no sé si la oposición o la acción puede ser electoral, un partido político y nosotros tendremos que resolver de manera muy expedita […] en el caso de que la corte pudiese declarar la inconstitucionalidad de esa reforma constitucional, se tendría que detener el procedemiento donde vaya […] se detiene todo”.