La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó un aumento salarial y de prestaciones para los nuevos ministros que asumirán en 2026. El incremento será del 12.7% en comparación con 2025.
La ministra Lenia Batres denunció que este aumento supera el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución. A pesar de que los actuales ministros dejarán sus cargos el 31 de agosto, decidieron aumentar el presupuesto.
Batres expresó su preocupación por estos incrementos, que no beneficiarán a la actual corte. “Esperamos que el nuevo Poder Judicial adopte una política de austeridad”, señaló.
La SCJN solicitará un presupuesto de cinco mil 869 millones de pesos, con un aumento global del 12.7%, que representa un 8.1% en términos reales. Batres votó en contra de asignar remuneraciones superiores a la presidenta de la República.
En una emotiva ceremonia por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que el pueblo indígena entrará “por todas sus puertas” al máximo tribunal del país.
Ante integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) y representantes de 70 pueblos originarios y afromexicanos, Aguilar resaltó que “no gana Hugo Aguilar, ganan los pueblos indígenas y afromexicanos de México”, destacando el compromiso de llevar sus causas a la SCJN.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fui invitado a participar en la conferencia magistral “La Reforma Constitucional Indígena y Afromexicana, y el Nuevo Poder Judicial en México”, organizada por el Congreso de Guerrero. #DíaInternacionalPueblosIndígenaspic.twitter.com/IPtJHoPDgY
Durante el acto en el Centro Cultural Los Pinos, celebró la entrega simbólica del bastón de mando a los nueve ministros, que representa “un nuevo sello de justicia y autoridad”, diferente a la tradicional justicia occidental.
Aguilar invitó al CNPI a la toma de protesta el 1 de septiembre, con la promesa de “depurar y limpiar” el Poder Judicial de corrupción, nepotismo y vicios, y aseguró que los pueblos indígenas serán protagonistas en esta transformación histórica.
Con un discurso cargado de emoción, el futuro presidente de la SCJN refrendó que esta nueva etapa implicará justicia con dignidad y la recuperación del poder judicial para el pueblo mexicano.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó un amparo a Grupo Elektra contra una resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que obliga a sus accionistas a cubrir un crédito fiscal de al menos 5 mil millones de pesos.
Este caso forma parte de una serie de batallas legales en las que Elektra ha intentado retrasar pagos al SAT mediante recursos e impugnaciones, incluyendo la recusación de magistrados.
De acuerdo con El Imparcial, la disputa se origina en operaciones de Mexicana de Aviación y su filial Omega, adquirida por Elektra. El tribunal concluyó que la venta posterior de Omega no tuvo un beneficio económico real, sino que generó pérdidas fiscales injustificadas que redujeron la base del impuesto en perjuicio del erario.
La magistrada Ana María Ibarra Olguín rechazó que un artículo que escribió afectara su imparcialidad, mientras que el presidente del tribunal, Alfredo Enrique Báez, acusó a la defensa de aplicar tácticas dilatorias durante más de un año.
La negativa de amparo también confirma una resolución que obliga a Elektra a pagar 2 mil millones de pesos por ISR, y se suma a otro caso donde la Suprema Corte retiró de discusión un amparo contra un crédito fiscal de 1,431 millones de pesos.
Grupo Salinas calificó las resoluciones como “ilegales” y “políticas”, y anunció que buscará una revisión constitucional ante la Corte.
Más de 850 jueces y magistrados lanzan un ataque contra los ministros de la SCJN. Acusan a la Corte de traición por no atraer el amparo sobre la reforma judicial.
Sin embargo, estos jueces olvidan su propia responsabilidad. Ellos también forman parte de un sistema que ha fallado en proteger la independencia judicial en México.
El comunicado refleja más un intento de desviar la atención que un verdadero compromiso con la justicia. Los firmantes claman por defensa de la Constitución, pero sus acciones dicen lo contrario.
Acusan al Poder Ejecutivo y Legislativo de una cruzada contra el Poder Judicial. Sin embargo, ellos mismos han sido parte del desprestigio del sistema judicial.
La crítica hacia Arturo Zaldívar es válida, pero no se puede ignorar que estos jueces también han guardado silencio ante injusticias. La falta de acción de su parte contribuye a la crisis actual.
El juicio de amparo 1214/2024 es importante, pero la responsabilidad de su situación recae en todos los actores del sistema. Los jueces deben reflexionar sobre su papel y actuar con integridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el amparo de la Suprema Corte que favoreció a Lorenzo Córdova, ex consejero del INE. Este amparo excluye comentarios sobre racismo en los libros de texto.
Sheinbaum afirmó que la Corte cierra su ciclo con un acto racista. Además, cuestionó la protección dada a Córdova, un servidor público que se burló de un representante indígena.
La mandataria resaltó la importancia de erradicar el racismo y clasismo en México. También criticó a la Corte por no abordar temas como la evasión de impuestos.
Durante su conferencia, Sheinbaum presentó el audio de Córdova mofándose del habla de un indígena. Aseguró que la Corte debe recordar su responsabilidad en la defensa de la democracia.
La decisión de la jueza Martha Patricia Rodríguez de absolver a Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, “La Mojón”, refleja la crisis de justicia en México. Esta liberación, a pesar de los graves cargos de homicidio y asociación delictuosa, muestra una preocupante falta de compromiso con la lucha contra el narcotráfico.
Bajo la dirección de Norma Piña, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fallado en abordar la creciente impunidad en el sistema. La absolución de una figura clave del Cártel del Noreste, sobrina de notorias figuras criminales, plantea serias dudas sobre la integridad del poder judicial.
La juez Rodríguez y Piña parecen ignorar el clamor social por justicia. Con decisiones que favorecen la impunidad, envían un mensaje claro: las élites criminales operan sin miedo a las consecuencias.
Es momento de que la SCJN y sus magistrados asuman un liderazgo real. Deben comprometerse a luchar contra la corrupción y la impunidad. La justicia no puede ser un lujo para unos pocos. La liberación de “La Mojón” es un recordatorio doloroso de que el camino hacia la justicia en México aún es largo y lleno de obstáculos.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Instituto Nacional Electoral (INE) entregar constancias de mayoría a 12 candidatos que fueron declarados inelegibles por no alcanzar el promedio académico mínimo de 9, según la metodología del órgano electoral. Esta decisión señala que el INE aplicó un criterio distinto al establecido por los comités de evaluación, excediéndose legal y constitucionalmente.
Sin embargo, el tribunal ratificó la inelegibilidad de tres candidatos más que no alcanzaron el promedio mínimo de 8 en licenciatura, un requisito indispensable para el proceso electoral. En esos casos, se evaluará si los candidatos en segundo lugar cumplen con los requisitos para asumir el cargo.
Esta resolución se suma a la emitida la semana pasada, cuando el TEPJF ordenó al INE entregar constancias a 15 candidatos que habían perdido sus derechos por razones similares. Durante una sesión de casi cinco horas, la presidenta del tribunal, Mónica Soto, subrayó que “no se pueden cambiar las reglas después de jugado el juego”, en defensa del principio de certeza electoral.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández abrió el último periodo de sesiones de la actual SCJN. Este periodo, que durará menos de un mes, marca un momento crucial.
Durante la breve sesión del 4 de agosto, Piña se limitó a lo protocolario. Mientras tanto, el ministro Javier Laynez Potisek presentó un informe sobre mil 359 asuntos recibidos.
Aunque se formaron 274 expedientes, muchos siguen sin resolución. La falta de acción en casos importantes plantea dudas sobre la eficacia de la actual integración.
La Comisión de Receso dictó cinco acuerdos, pero algunos temas, como el caso de Acapulco, muestran la necesidad de una mayor atención.
Con solo dos sesiones más antes del cambio de ministros, Piña tiene poco tiempo para dejar un legado sólido. La ciudadanía espera un cierre que refleje un compromiso real con la justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para su última sesión bajo la presidencia de Norma Piña, donde el próximo 12 de agosto se debatirá un tema clave: la posible eliminación o limitación de la prisión preventiva oficiosa, una figura que ha sido fuertemente cuestionada por organismos nacionales e internacionales.
De acuerdo con una investigación de La Silla Rota, los proyectos 20 y 21, de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ana Margarita Ríos Farjat, proponen declarar inconstitucional la ampliación de delitos con prisión automática aprobada en 2021. El argumento central es que contraviene los derechos humanos y normaliza una medida extrema, afectando la presunción de inocencia.
Además, uno de los proyectos responde directamente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, que considera esta figura contraria a estándares internacionales. La propuesta implica que el Poder Judicial de la Federación debe acatar dicho fallo.
Actualmente, el artículo 19 constitucional establece la prisión preventiva oficiosa para delitos graves como delincuencia organizada, feminicidio, robo violento y corrupción, entre otros. Tras la reforma de 2021, se ampliaron a 45 delitos, decisión hoy en tela de juicio por su impacto en la justicia penal.
La discusión se dará en un contexto de cierre institucional: el 31 de agosto concluye el periodo de la actual Corte. La nueva integración será presidida por Hugo Aguilar, e incluirá a figuras como María Estela Ríos, Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías, junto con las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes permanecen.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los criterios de paridad emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) que limitaron el triunfo de mujeres en recientes elecciones judiciales, pese a haber obtenido más votos, de acuerdo con información de La Jornada.
Con tres votos a favor —de las magistradas Mónica Soto, Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez— y dos en contra, el TEPJF anuló el acuerdo que otorgó cargos a hombres por el principio de alternancia, a pesar de que las mujeres candidatas impugnantes lograron mayoría en las urnas.
El fallo responde a los casos en los que, en elecciones para Magistraturas de Circuito en la CDMX y Jalisco, el INE adjudicó cargos a varones, aunque las mujeres obtuvieron mayor votación.
La magistrada presidenta Mónica Soto argumentó que el principio de paridad busca garantizar al menos un 50% de representación femenina, pero no implica un techo. “Es un piso, no una limitante. No impide que todas las ganadoras sean mujeres si así lo decide la ciudadanía”, sostuvo.
Añadió que aplicar la alternancia en contra de mujeres con mayoría de votos contradice el objetivo de la paridad: ampliar el acceso femenino al poder, no restringirlo.
El magistrado Felipe de la Mata votó en contra de la revocación, asegurando que la paridad ya está asegurada en el Poder Judicial con las reglas vigentes. Incluso consideró que el sistema está “copeteado” con un 60% de mujeres.
Soto rebatió con firmeza: “No se puede justificar quitarle el triunfo a una mujer con el argumento de que ya hay muchas”, subrayó.
Con esta resolución, el TEPJF reafirma que la paridad de género no puede usarse para anular el derecho de las mujeres al triunfo electoral cuando la voluntad ciudadana las favorece.
