Este miércoles, la ministra Lenia Batres se retiró de la sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a la intención de sus colegas de declararla impedida para conocer y votar el amparo en revisión 492/2023, que se refiere a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para requerir información bancaria del empresario Ricardo Salinas Pliego.
La ministra Batres argumentó que su decisión fue motivada por la “abierta violación del Reglamento Interior de la Suprema Corte”, lo que resalta la falta de transparencia y la integridad en el proceso judicial.
Foto: Facebook de Lenia Batres.
En su declaración, Batres condenó lo que considera un acto de “sometimiento y complicidad” por parte de ciertos miembros del máximo órgano jurisdiccional, quienes, según ella, parecen estar alineados con los intereses de poderes fácticos que buscan proteger a figuras influyentes como Salinas Pliego.
Este acto de valentía por parte de la ministra Lenia Batres resalta su compromiso con la justicia y la defensa de la legalidad, en un contexto donde la SCJN, bajo la presidencia de Norma Piña, ha sido objeto de críticas por favorecer a ciertos intereses económicos a expensas de la justicia.
La decisión de Batres pone de relieve la necesidad de un sistema judicial que actúe con independencia y sin influencias externas, especialmente en casos que involucran a poderosos empresarios.
La ministra anunció que en breve emitirá un comunicado en el que explicará detalladamente las violaciones que presenció y las razones que la llevaron a actuar de esta manera.
La reciente decisión de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, de admitir la revisión del amparo tramitado por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, provocará un fuerte rechazo y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad.
Esta acción, que permite que el caso del político priista, vinculado al caso Ayotzinapa y acusado de tortura y desaparición forzada, sea revisado nuevamente, plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad del sistema judicial mexicano.
Un golpe a la memoria de las víctimas
La admisión del amparo por parte de Piña Hernández y su decisión de turnarlo a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su análisis, parecen indicar una falta de compromiso con la justicia y la verdad en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el país.
La decisión de la SCJN no solo parece favorecer a un exfuncionario que ha sido ampliamente criticado por su papel en la creación de la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la protección de figuras políticas cuestionadas.
La búsqueda de justicia en un contexto de impunidad
La revisión del amparo se produce en un contexto en el que la sociedad demanda justicia y transparencia, así como el castigo a quienes han estado involucrados en la impunidad y el abuso de poder. La administración de justicia no debería estar sujeta a interpretaciones que beneficien a quienes han abusado de su posición, sino que debería ser un proceso claro y directo que busque restablecer la confianza en las instituciones.
Además, la decisión de la SCJN podría interpretarse como una falta de sensibilidad hacia las familias de las víctimas del caso Ayotzinapa, quienes han luchado incansablemente por la verdad y la justicia. La prolongación del proceso judicial para Murillo Karam solo añade más dolor y frustración a aquellas familias que han estado esperando respuestas desde hace años.
La SCJN y su responsabilidad ante la justicia
La SCJN, bajo la dirección de Norma Piña, debería enfocarse en fortalecer la confianza del pueblo en el sistema judicial, no en revivir casos que parecen estar más alineados con intereses políticos que con la justicia. La admisión del amparo de Murillo Karam no solo es un golpe para la memoria de los normalistas desaparecidos, sino también un recordatorio de que el camino hacia la justicia en México aún está lleno de obstáculos.
La necesidad de reforzar la confianza ciudadana
Es imperativo que la SCJN actúe con responsabilidad y ética, priorizando la verdad y la justicia por encima de cualquier consideración política. La sociedad mexicana merece un sistema judicial que se comprometa a erradicar la impunidad y a garantizar que los culpables de violaciones a los derechos humanos enfrenten consecuencias por sus actos. La decisión de Norma Piña ha dejado claro que aún queda un largo camino por recorrer para lograr una verdadera justicia en México.
La mañana de este martes, la Presidenta Claudia Sheinbaum, criticó duramente la maniobra de Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien intenta adelantar la selección de los integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ) antes de que concluya su mandato en la Corte.
Durante la mañanera del pueblo, Sheinbaum calificó como un intento de “albazo” la jugada de Piña, señalando que los ministros actuales “ya se van”, pues su salida está programada para el 1 de septiembre, cuando entrará en funciones la nueva integración de la SCJN, cuyos miembros serán elegidos por voto popular.
“Es absurdo, ya se van los ministros y ministras de la Corte actual (…) ¿Qué quiere hacer la ministra presidenta? Pues es adelantarse, ellos ya se van, se van en agosto, ellos dejan ya su cargo. El 1 de septiembre entra la nueva Corte conformada por 9 personas (…) Quieren adelantarse, quieren dar un albazo, dejar ellos su propio órgano administrativo (…) Está muy mal”, declaró Sheinbaum.
El señalamiento de la mandataria respalda la denuncia hecha por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien alertó sobre este intento de “madruguete” encabezado por Norma Piña y otros ministros de la Corte. De acuerdo con Ortiz, la Constitución establece que la designación de los integrantes del OAJ corresponde a la nueva integración de la SCJN y no a los actuales ministros, quienes perderán su cargo en unos meses.
Sheinbaum explicó que para que este albazo se concrete, se necesitan al menos ocho votos en el Pleno de la Corte, algo que, según dijo, no sería posible, pues ministras como Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes sí participarán en la nueva elección judicial, probablemente votarán en contra del acuerdo impulsado por Norma Piña.
Finalmente, la presidenta recomendó a los ministros de la SCJN enfocarse en cumplir su trabajo en los meses que les quedan, en lugar de intentar tomar decisiones que no les corresponden.
“Que en estos 5 meses que les quedan, se dediquen a evitar que haya estos amparos a los delincuentes, por ejemplo, ¿Por qué no dedican su tiempo a eso? O a resolver algunos problemas de personas que no pagaron impuestos. Sería muy bueno, a lo mejor recuperarían parte de su reconocimiento público, y dejen de estar dando albazos de algo que le corresponde a la nueva Corte que va a ser elegida por el pueblo de México”, concluyó.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, denunció públicamente lo que calificó como un intento de usurpación por parte de un grupo de ministros del máximo tribunal del país. Según Batres, el propósito de estos ministros es designar anticipadamente a tres integrantes del recién creado Órgano de Administración Judicial (OAJ), lo que consideró como un acto “inmoral” y contrario a la Constitución.
El OAJ es un organismo que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal en la administración de finanzas y recursos del Poder Judicial de la Federación, conforme a la reforma constitucional promulgada el 15 de septiembre de 2024. Este órgano contará con cinco integrantes: uno nombrado por el Ejecutivo Federal y cuatro designados por la SCJN.
Esta mañana, en la sesión del pleno de la SCJN estaba incluido en el orden del día la votación de un acuerdo para la elección de 3 de los 5 miembros del Órgano de Administración Judicial (OAJ), de acuerdo con el cual se realizaría ¡mañana!
Según la reforma, los miembros del pleno del OAJ deben ser designados el próximo 10 de septiembre. Sin embargo, Batres advirtió que un grupo de ministros intenta adelantar el nombramiento, lo que contravendría el artículo 100 de la Constitución.
La ministra también señaló que este intento podría ser una estrategia para perpetuar el control de la SCJN sobre los recursos financieros del Poder Judicial de la Federación y evitar futuras auditorías. En su opinión, esto constituye una confesión de parte respecto a posibles irregularidades en la administración actual.
Además, Batres destacó que este lunes el intento de nombramiento anticipado no prosperó debido a la ausencia de uno de los ministros, lo que impidió alcanzar la votación calificada necesaria. No obstante, el acuerdo no ha sido retirado, lo que mantiene la preocupación en torno a un posible abuso de poder.
Finalmente, Lenia Batres hizo un llamado a respetar el cumplimiento de la Constitucióny advirtió que obstaculizar los procesos establecidos podría representar una grave violación a los principios democráticos y legales que rigen al Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo General 3/2025, en el que se establecen los plazos y procedimientos para la conclusión de funciones de su actual integración, en cumplimiento con la reforma judicial vigente desde el 16 de septiembre de 2024.
El documento detalla que la última sesión del actual Pleno será el 12 de agosto de 2025, mientras que el informe final de labores de la ministra presidenta Norma Piña Hernández se presentará el 15 de agosto. Además, se creará el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, encargado de supervisar el proceso de entrega-recepción de la Corte.
A partir del 31 de agosto de 2025, el Pleno y las Salas de la SCJN concluirán sus funciones, y la administración del Alto Tribunal dejará de estar bajo la presidencia. Como parte de la reforma, el número de ministros se reducirá y la Corte operará únicamente en Pleno.
El acuerdo también establece que, desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto, la SCJN solo atenderá asuntos urgentes, tales como:
Amparos en revisión y directos en revisión cuando el quejoso esté privado de su libertad.
Casos en los que se involucre el interés superior de menores de edad.
Juicios laborales y agrarios colectivos.
Controversias constitucionales con solicitud de suspensión.
Acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.
En cuanto a las sesiones, el Pleno de la SCJN modificará su calendario:
Abril y mayo: Sesionará los lunes y martes.
Junio a agosto: Sesionará solo los martes.
Las Salas continuarán sesionando cada miércoles hasta el 28 de mayo, y posteriormente cada 15 días hasta el 13 de agosto.
Proceso de entrega-recepción y nueva SCJN
El informe final de labores de Norma Piña Hernández deberá publicarse antes del 15 de agosto. Asimismo, se establece que la ministra presidenta podrá designar a una persona encargada del acta de entrega-recepción institucional, que se firmará el 31 de agosto y surtirá efecto el 1 de septiembre de 2025.
El documento aclara que la persona electa como nueva presidenta o presidente de la SCJN en la elección extraordinaria de 2025 recibirá el acta de entrega-recepción y el informe detallado sobre los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales del Tribunal.
Este proceso será supervisado por el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, que deberá integrarse en los cinco días hábiles posteriores a la publicación de los resultados de la elección extraordinaria de la Suprema Corte por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
Dicho grupo estará conformado por las personas titulares de:
El periodista Manuel Pedrero denunció a través de sus redes sociales que ha sido demandado por Marisela Morales, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un extenso mensaje, explicó que la acción legal surge luego de que su medio de comunicación realizara una investigación sobre los perfiles de los aspirantes al Poder Judicial, ejercicio que calificó como “histórico y democrático”.
Pedrero destacó que en su análisis mencionó hechos públicos sobre la trayectoria de Marisela Morales, entre ellos su desempeño como procuradora general de la República durante el gobierno de Felipe Calderón y su relación con Genaro García Luna, exfuncionario sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico. También recordó que Morales fue condecorada por Hillary Clinton y Michelle Obama durante su gestión.
Uno de los puntos más polémicos que abordó fue su cuestionamiento sobre si Morales nunca se percató de que compartía espacios con García Luna, figura clave en la red de narcotráfico. “¿No consideró un fracaso que en seis años, con todas las herramientas del Estado, nunca se dio cuenta que estaba lado a lado de un narcotraficante?”, planteó el periodista.
Según Pedrero, la candidata no solo lo demandó a él, sino también a César Gutiérrez Priego, otro aspirante a ministro y colaborador de Los Reporteros MX desde hace cuatro años. Morales los acusa de estar coludidos en un supuesto complot en su contra. No obstante, el periodista negó cualquier intención de favorecer a Gutiérrez Priego en su cobertura y reiteró que su medio ha presentado múltiples perfiles de otros candidatos.
Además, Pedrero criticó el papel de Massive Caller, empresa de encuestas que, según él, manipula datos para favorecer a ciertos aspirantes. Frente a ello, su medio realizó un sondeo en redes sociales, donde Gutiérrez Priego obtuvo el 91% de las preferencias, lo que generó la reacción de Marisela Morales, quien habría denunciado la publicación ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de un tercero identificado como Alan Manuel Benítez García.
El periodista afirmó que responderá legalmente a esta demanda y defendió su derecho a la libertad de expresión. “No nos vamos a callar”, advirtió, recordando que en casos anteriores contra el INE y figuras políticas como Xóchitl Gálvez, su equipo ha salido victorioso.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, informó que la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó su propuesta para revisar la anulación de un crédito fiscal por más de 4,306 millones de pesos en favor de un casino.
El caso, identificado como solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 1789/2024, se refiere a un adeudo impuesto en 2019 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la empresa Juegos del Bajío, S.A. de C.V., correspondiente a impuestos sobre la renta (ISR), valor agregado (IVA) y empresarial a tasa única (IETU), además de recargos y multas.
Hoy, la Segunda Sala de la SCJN le quitó al Estado la oportunidad de recuperar más de 4,306 millones de pesos de un adeudo fiscal de un casino que al parecer falsificó documentos. pic.twitter.com/Khy4Npnhjz
Lenia Batres explicó que el SAT intentó impugnar la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que había fallado a favor de la empresa al considerar que el fisco no actuó dentro de los plazos legales. Sin embargo, la SCJN rechazó la solicitud de revisión, manteniendo el fallo a favor del casino.
La ministra criticó la decisión, argumentando que esta postura limita la capacidad del SAT para defender sus resoluciones fiscales, lo que contraviene el artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. También destacó que la SCJN sí ha admitido recursos similares en el pasado, específicamente en 2023, cuando se aceptaron los expedientes 146/2019, 147/2019 y 644/2019.
Batres señaló que este criterio afecta la capacidad de las autoridades para combatir irregularidades fiscales, ya que, en este caso, el crédito fue cancelado con base en documentos notariales que el magistrado calificó como apócrifos.
El abogado César Gutiérrez Priego, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), denunció a través de sus redes sociales una serie de irregularidades en su proceso de registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
— Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) March 1, 2025
En un mensaje publicado pasada la medianoche, Gutiérrez Priego relató que, a pesar de haber cumplido con todos los procedimientos establecidos por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y de haber sido oficialmente incluido en las listas enviadas al Senado y al INE, su nombre no aparece en el sistema de registro del organismo electoral.
El día de hoy me dirigí a la Junta Distrital Ejecutiva #22 del @INEMexico en Naucalpan, Edo. Mex., a realizar mi registro presencial (físico), como candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se me señaló que no me encuentro registrado en el sistema del… pic.twitter.com/9vXMAYZSIQ
— Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) March 1, 2025
El candidato detalló que su nombre figuraba en la lista publicada por el INE y que incluso apareció en la boleta muestra como el número 49. Sin embargo, al intentar realizar su registro físico, le informaron que no estaba en el sistema debido a un “error administrativo”. Lo que más le sorprende es que, de los casi 80 aspirantes a la SCJN, él es el único en esta situación.
A pesar del inconveniente, Gutiérrez Priego aseguró que agotará todos los recursos legales para hacer valer su derecho y evitar que esta situación lo excluya de la contienda. “Si me quieren ganar, que me ganen por las buenas, no con trampas ni cochupos”, declaró, dejando en claro su determinación de continuar en la lucha por una transformación en el Poder Judicial.
Cualquier intento por debilitar o someter al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) implica un ataque al orden legal y a nuestra democracia, y es algo que no se va a permitir, advirtió la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien sostuvo que de cara a la elección extraordinaria de personas juzgadoras, este órgano jurisdiccional revertirá los intentos por debilitar sus competencias, su estabilidad y fortaleza mediante sus sentencias debidamente fundadas y motivadas.
Destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó lo sostenido por el TEPJF en el sentido de que el juicio de amparo no procede en materia electoral, y aclaró que el Tribunal Electoral en ningún momento revocó suspensiones dictadas por jueces de distrito, sino que aplicó el artículo 41 constitucional, que establece que no proceden las suspensiones, y por lo tanto no es posible frenar un proceso electoral democrático.
Tras subrayar que “el proceso electoral va y llegará a buen puerto”, la magistrada presidenta Mónica Soto aseguró que dentro del marco de cambios estructurales y procedimentales del sistema democrático, este Tribunal continuará vigilando el cumplimiento de las normas para resolver los litigios que se le presenten con estricto apego a derecho. Siendo garantes de la Constitución, lo somos también de la democracia, refirió.
En sesión solemne, con motivo de la presentación del Informe de Labores 2023-2024 de la Sala Regional Ciudad de México (SRCDMX) del TEPJF, afirmó que la ciudadanía debe tener la certeza de que cuenta con un Tribunal Electoral fuerte y que se sustenta en los principios y valores establecidos en la Constitución; que continuará la defensa de su autonomía, independencia y competencias, además de que sabrá defender los derechos político-electorales de la ciudadanía.
El magistrado de la Sala Superior Felipe Alfredo Fuentes Barrera afirmó que es momento de que todas las instituciones del Estado trabajen en armonía, cada una en su esfera de competencia, a fin de consolidar un sistema judicial equitativo y sensible a las demandas de la sociedad. Agregó que el TEPJF dará en esta elección judicial de 2025 las mismas garantías de legalidad y certeza jurídica, tal como lo hizo en el 2024.
Aseveró que el TEPJF siempre ha tenido claros los límites de su competencia y se ha centrado y concentrado solo en lo que le corresponde, que es proteger el derecho al voto, de libre asociación y afiliación, y otros derechos fundamentales ligados a la democracia, como la libertad de expresión, nada más.
Por ello, Fuentes Barrera aclaró que el Tribunal Electoral no ejerció una competencia extralegal ni revocó suspensiones de jueces de distrito. Sólo se protegió lo que establece la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Una elección no puede suspenderse, agregó.
En ese sentido, dijo que no quebranta el Estado de derecho quien observa la Constitución, y eso hizo el TEPJF ante una reforma que ya está firme y una elección que debe suceder. Añadió que desde el Tribunal Electoral se continuará garantizando la certeza jurídica del proceso electoral, sin importar los intentos de deslegitimar su labor, pues el texto constitucional es claro y el compromiso con la democracia es absoluto, resaltó.
Al rendir el Informe de Labores 2023-2024, la magistrada presidenta de la SRCDMX, María Guadalupe Silva Rojas, destacó la importancia de que esta instancia jurisdiccional del TEPJF se consolide como un pilar de la democracia mexicana y una guardiana del Estado de derecho, además de que continúe garantizando de manera reflexiva e innovadora los derechos político-electorales de la ciudadanía en la cuarta circunscripción plurinominal.
Destacó que del 1 de noviembre de 2023 al 31 de octubre de 2024, la Sala Regional recibió 3 mil 525 medios de impugnación, de los cuales resolvió 3 mil 413 en un plazo promedio de 15 días. Solo 567 resoluciones fueron recurridas ante la Sala Superior, la cual confirmó las sentencias de la SRCDMX en 98.77 por ciento de los casos.
La SRCDMX resuelve los juicios electorales de la cuarta circunscripción, que abarca los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó la presentación de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los jueces federales que otorgaron suspensiones en contra de la reforma judicial. La decisión, que forma parte de un proceso legal en curso, ha generado reacciones dentro del Poder Judicial, particularmente por parte de la magistrada Julia María del Carmen García González, quien ha salido en defensa de los jueces implicados.
En una conferencia de prensa, la magistrada expresó su respaldo a la jueza María Gabriela Ruíz Márquez y al juez Sergio Santa María Chamú, asegurando que la denuncia es una represalia por las suspensiones que emitieron contra la reforma. Sin embargo, su postura parece estar encaminada a justificar la intromisión del Poder Judicial en asuntos electorales, luego de que los jueces resolvieran frenar la implementación de la reforma judicial, un tema que va más allá de su competencia y afecta directamente el proceso de elección de jueces y magistrados.
El origen del conflicto se remonta a noviembre de 2024, cuando el juez Sergio Santa María Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, admitió un juicio de amparo promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) para evitar el “cese masivo” de jueces y magistrados que podría derivarse de la reforma judicial.
Días después, el 14 de noviembre, el juez Santamaría Chamú concedió una suspensión definitiva en favor de Jufed, con el objetivo de frenar la aplicación de la reforma. En una decisión similar, la jueza María Gabriela Ruíz Márquez, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, aceptó otro juicio de amparo en contra de la reforma y ordenó detener la implementación de la elección judicial.
