La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arrancará una nueva etapa bajo el liderazgo del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien aseguró que su gestión viene con una promesa directa: acabar con los privilegios y aplicar la austeridad en serio. Aguilar fue claro:
“Nadie va a ganar por arriba de la Presidenta de la República; vamos a hacer los ajustes que sean necesarios para entrar en ruta de la austeridad”.
Con ello, se compromete a que ningún funcionario del Poder Judicial mantenga ingresos por encima del salario presidencial, en línea con una exigencia ciudadana de años y con los principios defendidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Aguilar dijo que no está solo: “Ese es el compromiso de todos, en campaña y por convicción”. En su visión, la SCJN ya no puede seguir siendo un espacio de élite, ajeno a las realidades del país. “Hay personas gozando salarios enormes que la gente común en su vida va a ver”, sentenció.
El nuevo ministro presidente también insistió en que los privilegios desaparecerán por consenso y con una nueva ética de servicio público: “El dinero no tiene por qué ser la materia de cambio para tener una sentencia justa”.
Además de poner fin a los sueldos desorbitados, Aguilar promete una Corte distinta: cercana al pueblo, sin muros, sin formalismos excesivos y sin compromisos políticos.“Vamos a tener una Corte cercana a la gente, a la realidad. La justicia en México se ha encerrado en cuatro paredes; ahora tiene que salir a las calles, tiene que salir al campo”, afirmó.
Desde su llegada, Aguilar ha rechazado cualquier vínculo con partidos o pactos políticos: “Yo no soy político. No estoy afiliado a ningún partido, no hice compromisos con ningún político. Hoy en día estoy tranquilo. Llego en total libertad”.
El mensaje de Aguilar resuena con el de la Presidenta Sheinbaum, quien ha sido crítica del funcionamiento del Poder Judicial. En noviembre de 2024 denunció que la SCJN arrastra prácticas como el nepotismo y llamó a transformarla de raíz: “Esta es la defensa del pueblo de México por la justicia, por la honestidad, por erradicar lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país: la corrupción”.
Aguilar, de origen mixteco, anticipó una Corte más inclusiva: “Vamos a ser una Suprema Corte de Justicia para todos, pero con énfasis en los que han estado afuera del sistema de justicia”.
Su advertencia fue contundente: “No van a pasar personas que lleguen con contratos, concesiones y convenios productos de la deshonestidad y la corrupción”.
Con esta nueva conducción, la SCJN parece encaminada a romper con viejas inercias y abrirse, al fin, a la realidad del país.
¡Javier Laynez quiere regalar perdón fiscal a Movistar a costa del pueblo!
El ministro Javier Laynez Potisek pretende promover una controversia para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)no le cobre más de 4 mil millones de pesos en impuestos, que datan de 2015, a la empresaPegaso PCS, S.A. de C.V., fundada por Alejandro Burillo Azcárraga, y que actualmente opera en México bajo el nombre comercial de Movistar.
La actual estirpe de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya está mirando el reloj para despedirse del máximo tribunal de México, está a poco más de dos meses de terminar su mandato.
Sin embargo, antes de irse algunos juzgadores han decidido resolver, de “último momento” y a puerta cerrada, una serie de controversias fiscales.
Cabe señalar que estos casos, en mayor o menor medida, benefician a una cúpula empresarial que tuvo sus mejores épocas en el llamado periodo neoliberal.
Y una de estas controversias es precisamente la propuesta por la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek –tristemente famoso y recordado por su fallo contra la Reforma Electoral y por ocupar puestos cercanos al poder– para absolver a la empresa Movistar del pago de impuestos.
La propuesta de Laynez Potisek beneficia directamente a Pegaso PCS S.A de C.V ya que pretende exonerarla de un pago de impuestos que data de 2014 y asciende a 4 mil 442 millones de pesos.
El tema habría pasado inadvertido si no hubiera sido porque la ministra LeniaBatrés Guadarrama alzó la voz y se negó a formar el quórum necesario para la votación y resolución de la controversia, dado el daño al erario que esa deuda representa.
Tras su negativa para formar quórum, Batrés pidió que el tema fuese debatido de manera pública, algo que, hasta el momento, no ha tenido respuesta.
Negocios turbios y lazos incómodos:
Ahora bien, más allá del impacto fiscal que esta decisión podría tener, la controversia saca a la luz la cercana relación entre el ministro Laynez Potisek, quien fue consejero jurídico durante los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y Alejandro Burillo Azcárraga, fundador de la compañía Pegaso PCS S.A. de C.V.
Burillo, que ha sido catalogado como el primo incómodo de Emilio Azcárraga Milmo, desapareció de la escena pública en 1998 tras vender sus acciones en Televisa. Sin embargo, su empresa, Pegaso PCS, siguió operando como proveedora de servicios de telefonía hasta 2002, cuando fue adquirida por Telefónica Movistar, aunque ha seguido trabajando bajo este último nombre comercial.
Movistar, legalmente Pegaso PCS S.A. de C.V., actualmente es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de México, solo superada en ese terreno por Telcel y AT&T.
Desde entonces, Movistar ha amasado una fortuna a través de cientos de contratos millonarios.
En 2024, por ejemplo, la empresa facturó 26 mil 590 millones de pesos, lo que representa el 4.3% de los ingresos globales de Telefónica.
No obstante, a pesar de estas jugosas ganancias, la multinacional ha intentado evadir el pago de impuestos en nuestro país.
De hecho, entre 2017 y 2019, Pegaso interpuso tres amparos ante la SCJN buscando condonaciones fiscales, bajo el falaz argumento de que otras empresas pagaban menos.
En 2017, cinco ministros, incluido Laynez, votaron a favor de amparos para empresas como Bestcable (Totalplay), Televisión Azteca y Pegaso PCS.
Esta acción logró blindar a dichas empresas para no pagar impuestos conforme al principio de Proporcionalidad Tributaria, que establece que los gravámenes deben tasarse de acuerdo con la capacidad económica.
La empresa, a través de una serie de ardides legales, argumentó una supuesta vulneración de sus derechos de igualdad, amparándose en los artículos 1°, 6°, 14, 16 y 28 de la Constitución.
Lamentablemente, la recurrente búsqueda de artificios legaloides para evadir impuestos por parte de Movistar ha encontrado respaldo en el ala más conservadora de la SCJN, con el ministro Laynez a la cabeza y Norma Piña y sus aliados cuidándole la espalda.
La última propuesta, el recurso de reclamación 158/25, elaborado por el propio Laynez, es un claro ejemplo de estas prácticas.
La empresa, pretendiendo esgrimir un argumento contundente, arguyó que sus ingresos de 2014 aumentaron por una fusión con una firma extranjera, buscando que Hacienda no cobrara impuestos a una empresa con sede fuera de México, aunque, paradójicamente, la compañía estuviera prestando servicios en el país.
Prácticas de viejo dinosaurio:
Aunque para algunos ministros debatir temas fiscales a puerta cerrada es un procedimiento común y que, argumentan, obedece a la Ley Fiscal, hay voces críticas que sostienen que este es el momento oportuno para que algunos ministros “salden favores”.
Tocado este punto, hay una pregunta que se impone: ¿El ministro Laynez estará queriendo saldar favores antes de irse? En la pregunta podría estar oculta la respuesta. Pero, de ser así, entonces no se trata de un tema de justicia, sino de un negocio millonario. Y estos artificios legales serían entonces un saqueo legalizado.
No obstante, hay algo más que llama poderosamente la atención: el sexenio pasado, Movistar logró que la Secretaría de Economía y la PROFECO, de la mano de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, le renovara la concesión a PEGASO PCS, S.A. de C.V. para los Servicios Móviles bajo la modalidad de Prepago, hasta el 6 de junio de 2048. Es decir: ¡durante los próximos 24 años!
¿Tendrán algo qué decir Raquel Buenrostro y Jorge Nuño Lara, quienes entonces eran secretaria de Economía y de Comunicación, respectivamente?
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha tomado una decisión importante al resolver que Grupo Elektra debe pagar aproximadamente 2 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Esta resolución, que se deriva de la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2012, marca un paso significativo en la lucha contra la evasión fiscal.
Después de cinco años de batalla legal, la unanimidad de los tres magistrados del tribunal subraya la determinación del sistema judicial para hacer cumplir la ley. A pesar de los intentos de la empresa por frenar la resolución con escritos de último minuto, el tribunal desechó esos recursos. Los magistrados consideraron que no aportaban elementos nuevos y solo buscaban dilatar el proceso.
Esta decisión no solo representa una victoria para el SAT, sino también un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y la responsabilidad fiscal. La justicia fiscal es fundamental para garantizar un sistema equitativo y sostenible.
Grupo Elektra, que continúa enfrentando otros litigios contra resoluciones del SAT, aún tiene la opción de solicitar la revisión del fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No obstante, la admisión de este caso dependerá de su interés constitucional.
Con esta resolución, el sistema judicial reafirma su compromiso con la justicia y la legalidad. Las decisiones como esta generan confianza en la sociedad y promueven un entorno más justo y equitativo para todos.
La ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, anunció que solicitará que todos los asuntos fiscales pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se aborden en sesiones públicas del Pleno. Criticó las sesiones privadas, donde considera que las causas para deducciones o exenciones fiscales son obscuras e injustificadas.
Este miércoles, la Segunda Sala discutirá un recurso que podría costar al erario federal 4 mil 442 millones de pesos. Este caso involucra a la empresa Pegaso, PCS, S.A. de C.V., que reclama una deducción fiscal considerable.
El ministro Javier Laynez Potisek, ponente del caso, propone desechar el amparo directo en revisión 1172/2025. Pegaso argumenta que el impuesto sobre la renta que se le cobró provino de otra firma del mismo grupo, con la que se fusionó en 2014.
La fusión cambió sus ingresos al eliminar el Contrato de Operación Delegada de Servicios de la empresa fusionada. Sin embargo, el grupo mantuvo la concesión, lo que continuó generando ingresos.
El proyecto del ministro Laynez no abordará el fondo del asunto y afirma que no hay temas de constitucionalidad. Esta decisión ha generado críticas, ya que el artículo 31 de la Constitución establece que contribuir a la hacienda pública es una obligación.
La sesión privada de hoy podría generar un debate sobre la transparencia en la votación de asuntos fiscales de alto costo. Además, se prevé que el próximo martes la ministra Lenia Batres proponga que todos estos casos se voten en el Pleno, buscando mayor transparencia ante el inminente cambio en la composición de la Corte.
Hugo Aguilar, el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió su constancia en el INE en un emotivo acto. Más de 100 invitados de las cuatro regiones de Oaxaca lo acompañaron, celebrando sus raíces mixtecas con trajes típicos y música de viento.
La ceremonia se realizó en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) y formalizó el resultado de la inédita Elección Judicial. Esta elección permitió que el pueblo tuviera voz en la designación de ministros del máximo tribunal del país.
Aguilar llegó junto a su padre, Antolín Aguilar, un profesor normalista retirado. Antolín expresó su orgullo y recordó que los pueblos indígenas deben ser escuchados desde lo más alto del poder judicial. “Como Juárez, que también fue nuestro”, afirmó entre aplausos.
El evento también tuvo un significado de renovación. Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE, asistió para apoyar a su hermana, la ministra reelecta Lenia Batres. Martí destacó la importancia de una “justicia cercana al pueblo” y la necesidad de austeridad en la Corte.
Hugo Aguilar subrayó su compromiso con el pueblo, rechazando los privilegios de las élites. “No queremos más devoluciones millonarias a grandes empresarios que no pagan impuestos”, afirmó en referencia a casos controversiales.
Al finalizar el acto, Aguilar agradeció a las comunidades indígenas de México por su confianza. Luego, fue recibido con una calenda y música tradicional al norte de la Ciudad de México, donde sus simpatizantes celebraron lo que llaman “la hora del sur en la justicia nacional”.
Este evento marca un antes y un después en la historia del Poder Judicial, ya que por primera vez un líder con raíces indígenas encabezará la Suprema Corte. Este hecho simboliza el inicio de nuevos tiempos en la justicia mexicana.
La bancada de Morena, junto con senadores del Partido Verde de Oaxaca, ha presentado una iniciativa para eliminar la obligatoriedad del uso de toga y birrete en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La propuesta surge tras las declaraciones del abogado mixteco Hugo Aguilar, quien afirmó que no usará toga al asumir su cargo como ministro.
La iniciativa busca reflejar una justicia más cercana a la ciudadanía y permitir que los ministros vistan de manera acorde con sus orígenes y tradiciones. Los legisladores Antonino Morales y Laura Estrada Mauro, de Morena, y Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, presentaron el proyecto ante la Comisión Permanente del Senado.
La propuesta modificará el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La adición permitiría a los ministros vestir de forma formal o tradicional, según sus preferencias culturales.
En su exposición, los senadores argumentaron que el uso de toga y birrete simboliza lejanía y elitismo. Consideran que la nueva etapa de la Corte debe romper con estas viejas costumbres y adoptar una justicia más accesible.
El detonante de esta propuesta fue la postura de Hugo Aguilar, quien representa un avance hacia un pluralismo jurídico más inclusivo. Su llegada a la Corte es vista como un momento histórico y un paso hacia una mayor representación de comunidades indígenas en el sistema judicial.
La iniciativa deberá esperar el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que comienza el 1 de septiembre. Para entonces, las nuevas integrantes de la SCJN, elegidas tras la reforma judicial, ya habrán tomado protesta.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda. La decisión se tomó por mayoría de cuatro votos a uno.
González Lomelí había sido condenada a 78 años de prisión por privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y otros delitos. Su liberación llega tres meses después de la muerte de Isabel Miranda de Wallace, madre de la víctima.
El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que la mujer sufrió tortura durante su detención. Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron obtenidas de manera ilícita, lo que llevó a invalidarlas. La sala determinó que no hay evidencia suficiente para vincular a González Lomelí con el secuestro.
Durante la audiencia, los ministros coincidieron en que las “confesiones” de Juana Hilda se obtuvieron sin respetar sus derechos. La SCJN concluyó que las pruebas restantes, basadas en declaraciones de familiares y amigos de la víctima, no son suficientes para demostrar su culpabilidad.
Esta decisión abre la posibilidad de que otros implicados en el caso también recuperen su libertad. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) destacó la relevancia de esta resolución para el sistema de justicia penal.
El caso de Hugo Alberto Wallace se remonta al 11 de junio de 2005, cuando fue secuestrado en Plaza Universidad. A lo largo de los años, la madre de la víctima ha luchado incansablemente por justicia.
Juana Hilda González fue detenida en enero de 2006, pero su defensa argumenta que el mediático caso afectó su juicio. La SCJN ha decidido revisar nuevamente los detalles del caso, lo que podría tener implicaciones importantes para los otros acusados.
En un evento reciente del Poder Judicial, la ministra presidenta Norma Piña y su círculo cercano, conocido como el “Cártel de la Toga”, mostraron una actitud arrogante y desdén ante las críticas. La situación se tornó tensa cuando el consejero de la Judicatura Federal, Bernardo Bátiz, abogó por una reforma necesaria en el sistema judicial.
La reacción del público fue inmediata. Los asistentes comenzaron a gritarle a Bátiz que se fuera, alegando que no lo habían invitado. Este descontento culminó cuando alguien en la audiencia calificó a Bátiz de “hipócrita”, mientras otros se referían a la elección judicial como una “farsa”. La ministra Piña, lejos de tomar en serio la situación, se rió irónicamente ante los comentarios.
Bátiz defendió su postura, afirmando que la reforma judicial representa una “revolución pacífica”. Sin embargo, su discurso fue interrumpido por voces en desacuerdo, una clara señal del descontento que genera la administración de Piña. A pesar de ser la máxima autoridad del Poder Judicial, Piña parece no comprender la gravedad de las críticas y mantiene una actitud burlona.
Esta falta de autocrítica refleja la desconexión de Piña con la realidad del sistema judicial. A pesar de haber contribuido a la caída del último bastión de la derecha mexicana, su comportamiento denota una arrogancia preocupante. Los aplausos que recibió al final del evento solo resaltan el apoyo que aún tiene en su círculo cercano, pero no ocultan la creciente insatisfacción que enfrenta.
La transmisión oficial del evento fue cortada en un intento de silenciar los reclamos, pero las grabaciones entregan un vistazo a la tensión reinante. La falta de respeto hacia las opiniones disidentes no solo debilita la imagen del Poder Judicial, sino que también pone en duda la capacidad de sus líderes para escuchar y responder a las inquietudes de la ciudadanía.
Norma Piña y su “Cártel de la Toga” deben entender que la arrogancia no es una respuesta viable ante las críticas.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ha atraído la atención de los partidos de oposición. Tras los resultados de la jornada electoral del 1 de junio, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han hecho acercamientos para invitarla a contender por una diputación federal en 2027.
Contrapeso a la hegemonía de Morena
La oposición considera que la candidatura de Piña podría servir como contrapeso a la hegemonía de Morena en el sistema judicial mexicano. Con el avance de los aliados de la Cuarta Transformación, los opositores temen la eliminación de los contrapesos en el Poder Judicial.
Una propuesta estratégica
El medio digital La Política Online reveló que los partidos han propuesto que Piña se una a sus filas. Esta invitación incluye la posibilidad de que asuma una diputación federal, lo que la convertiría en una figura crítica en el nuevo contexto político.
Un cambio de rol potencial
Este movimiento recuerda el caso de Lorenzo Córdova, expresidente del INE, quien también fue cortejado por la oposición después de dejar su cargo. Así, Piña podría transitar de jueza constitucional a opositora política, simbolizando la resistencia a la 4T.
Litigio Estratégico en el Horizonte
Los opositores consideran que Piña podría unirse a un nuevo frente de “litigio estratégico”. Esta estrategia busca contrarrestar decisiones gubernamentales desde los tribunales, similar a lo que se hizo contra megaproyectos como el Tren Maya.
La decisión de Norma Piña
Analistas ven la exclusión de allegados a Norma Piña en la elección judicial como una derrota para su proyecto judicial. A pesar de las especulaciones, la ministra no ha hecho pública su decisión. La SCJN ha aclarado que las afirmaciones sobre su incursión política son falsas, pero el interés persiste en círculos opositores.
Un futuro incierto
La oposición enfrenta el riesgo de depender de una figura como Piña para revitalizar su agenda. En lugar de construir un liderazgo sólido y coherente, parece buscar atajos al coquetear con una figura judicial en lugar de proponer soluciones efectivas.
