De acuerdo con los resultados de una encuesta nacional realizada por Demoscopia Digital, César Gutiérrez Priego encabeza las preferencias ciudadanas entre los candidatos hombres para ocupar un lugar como Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con un 8.6% de las intenciones de voto, Gutiérrez Priego se posiciona al frente, seguido por Mauricio Flores Castro, quien alcanza el 7.4%. En tercer lugar se encuentra Eduardo Santillán Pérez, con un respaldo del 6.8%. Más abajo en las preferencias aparecen Federico Anaya Gallardo con 5.2%, Ulises Carlin de la Fuente con 4.6% y César Enrique Olmedo Piña con 1.5%.
🚨#ULTIMAHORA | El abogado @CesarGutiPri ENCABEZA las PREFERENCIAS para ser Ministro de la SUPREMA CORTE, es el hombre con mayor intención de voto.
Cabe destacar que un alto porcentaje de los encuestados, el 41.9%, manifestó no conocer a los candidatos, mientras que el 18.3% aún no decide por quién votar. Además, un 5.7% expresó preferencia por otros aspirantes.
El proceso electoral para elegir a los nuevos Ministros de la Corte está programado para el 1 de junio de 2025, y los datos reflejan un panorama aún incierto, con buena parte del electorado indeciso o sin información sobre los aspirantes.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, destacó que en los cinco juicios de amparo vinculados al empresario Ricardo Salinas Pliego, pendientes de resolución en el último año, se han presentado 47 medios de impugnación en lo que calificó como una “clara estrategia dilatoria”.
Batres detalló que, de estos recursos, se han interpuesto 22 solicitudes de impedimento (14 resueltas), 21 recursos de reclamación (9 atendidos) y 4 conflictos competenciales, ya resueltos. Subrayó que dichas acciones retrasan la conclusión de los procesos judiciales.
Foto: X de Lenia Batres @LeniaBatres
El único amparo resuelto hasta ahora corresponde a un caso relacionado con Totalplay, en el que la ministra votó en marzo de 2023 en contra de deducir una obligación fiscal de $621.9 millones de pesos al empresario, tras considerar que no existían impedimentos legales para su participación en el debate.
La ministra enfatizó que los cuatro amparos restantes continúan en análisis, mientras persiste el uso de recursos legales que prolongan su definición. Los casos mantienen bajo escrutinio aspectos fiscales y regulatorios vinculantes.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, se pronunció sobre la controversia suscitada tras la sesión más reciente en el máximo tribunal, en la que la ministra Lenia Batres abandonó el salón, argumentando que se le impidió participar en la resolución relacionada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el empresario Ricardo Salinas Pliego. En entrevista exclusiva con el periodista Manuel Pedrero, Esquivel aclaró los puntos centrales del caso y expresó su postura ante la opinión pública.
Durante la conversación, la ministra subrayó que el impedimento en cuestión no está vinculado con temas fiscales o de impuestos del empresario, sino con una solicitud de la UIF para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregue estados de cuenta específicos. Según Esquivel, el impedimento fue solicitado por el propio quejoso y se consideró legal, ya que la ley de amparo establece que los jueces y ministras deben excusarse cuando exista enemistad manifiesta con alguna de las partes.
La ministra explicó que la controversia surgió porque Lenia Batres, antes de asumir el cargo de ministra, publicó varios mensajes en redes sociales criticando abiertamente a Ricardo Salinas Pliego, incluso refiriéndose a él de manera despectiva en algunos casos. Además, ya en funciones como ministra, Abatres emitió opiniones públicas sobre los asuntos fiscales del empresario, lo que, desde la perspectiva de Esquivel, comprometió la imparcialidad exigida por la constitución.
Esquivel también hizo referencia a una denuncia penal presentada por el propio Ricardo Salinas en contra de Lenia Batres por presunto ejercicio indebido del servicio público. Estos antecedentes, afirmó, justificaron el impedimento para que Abatres participara en el caso. La ministra reiteró que la decisión no resolvió el fondo del asunto, sino exclusivamente la recusación de la ministra involucrada.
Manuel Pedrero cuestionó a la ministra Esquivel sobre posibles conflictos de interés en casos donde los juzgadores muestren simpatía o cercanía con alguna de las partes, haciendo alusión al ministro Alberto Pérez Dayán, quien ha sido visto en eventos organizados por empresas vinculadas a Salinas Pliego. Esquivel fue enfática al señalar que ningún juez debe recibir prebendas económicas, favores políticos o privilegios de las partes involucradas en un litigio, asegurando que cualquier cercanía de esta naturaleza debe implicar la excusa del juez en el caso correspondiente.
En el ámbito político, Esquivel rechazó la idea de que exista una división entre las ministras progresistas de la Corte, subrayando que tanto Lenia Batres como Loreta Ortiz son sus colegas con quienes comparte el compromiso de transformación del Poder Judicial. Asimismo, calificó de infundadas las aseveraciones de quienes buscan generar conflictos internos en la SCJN.
En torno a las declaraciones recientes de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que algunos ministros carecen de objetividad por supuestamente ocultar información fiscal de Salinas Pliego, Esquivel respaldó la postura de la mandataria y enfatizó que todos los ciudadanos y empresas tienen la obligación de pagar impuestos sin excepción. Afirmó que, a pesar de las tensiones políticas y mediáticas, ella continuará actuando con imparcialidad y conforme a la ley.
Finalmente, la ministra expresó su confianza en que la controversia será superada pronto y que el Poder Judicial continuará con su labor en la búsqueda de justicia, sin permitir que los conflictos internos distraigan del objetivo común: consolidar un Estado de derecho sólido y confiable para todos los mexicanos.
Este viernes, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con la ministra Lenia Batres, quien ha sido blanco de ataques en redes sociales. La mandataria enfatizó que, si bien pueden existir diferencias de opinión, la descalificación personal no contribuye a un debate político constructivo.
“Primero, mi solidaridad con Lenia Batres, porque ayer subieron un hashtag ahí muy ofensivo y la verdad es que se puede estar o no de acuerdo, pero la ofensa no, la ofensa personal”, declaró Sheinbaum, condenando la violencia verbal en el espacio digital.
📹 #Vídeo | Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con la ministra Lenia Batres ante los ataques que recibe por parte de la derecha; también destacó el rol de Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, señalando que han apoyado muchas posiciones de la transformación. pic.twitter.com/4a5RRR32HP
Además, la presidenta abordó la controversia en torno a la participación de Batres en una votación de la Suprema Corte, resaltando que el cuestionamiento sobre su objetividad fue sustentado únicamente en publicaciones en redes sociales. Sheinbaum contrastó esta situación con la actuación del ministro Luis María Aguilar, quien —señaló— mantuvo por largo tiempo en pausa un caso de gran relevancia.
En su intervención, Sheinbaum destacó que el verdadero fondo del debate radica en la obligación de todos los ciudadanos de pagar impuestos conforme a la ley. Cuestionó los múltiples amparos interpuestos en el tema y llamó a centrarse en la importancia de cumplir con las contribuciones fiscales.
Asimismo, reconoció el papel de otras ministras como Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel en la defensa de posturas alineadas con la transformación impulsada por su administración. Hizo un llamado a elevar el nivel del debate político y evitar ataques personales, sin importar la afinidad ideológica de los involucrados.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirma el amparo concedido a Ricardo Salinas Pliego, se sentará un precedente grave que afectará la regulación del sistema financiero en México. La dependencia expresó su rechazo a la decisión del juez Gabriel Regis López, quien otorgó el amparo en favor del empresario, lo que implicaría su exclusión de leyes clave para la supervisión económica y financiera del país.
De acuerdo con la UIF, esta resolución no solo exime a Salinas Pliego de la aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, sino que también impide que su información financiera pueda ser utilizada en investigaciones o procesos legales, sin importar su naturaleza. La institución argumentó que esta medida coloca al empresario por encima del marco legal, otorgándole una inmunidad que podría afectar los esfuerzos para combatir delitos como el lavado de dinero.
El origen de este conflicto se remonta a la inclusión de Salinas Pliego en los Pandora Papers, una investigación internacional sobre el uso de paraísos fiscales. En respuesta, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomendó a los países miembros obtener información sobre los ciudadanos mencionados en el reporte. En cumplimiento de esta directriz, la UIF solicitó datos a las instituciones financieras nacionales, lo que derivó en la controversia legal actual.
La UIF impugnó la decisión del juez Regis López ante la SCJN, señalando que su fallo limita las herramientas para prevenir y sancionar delitos financieros. A su juicio, la resolución no solo debilita la aplicación de la ley, sino que también pone en riesgo la cooperación internacional en la lucha contra el financiamiento ilícito.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, subrayó la urgencia de una segunda etapa de reforma judicial para fortalecer la eficacia en la persecución de delitos y atender la demanda ciudadana de justicia.
Durante un foro en la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Ecatepec, destacó que más del 95% de los delitos en México quedan impunes, ya que solo 4.7% de las denuncias derivan en un auto de vinculación a proceso.
Batres criticó que el sistema penal actual priorice los derechos humanos de los inculpados, dejando en desventaja a las víctimas y al derecho colectivo a la seguridad y la paz. Señaló que los jueces suelen descalificar al Ministerio Público por errores formales, en lugar de exigir que se corrijan para lograr investigaciones sólidas.
La magistrada Natalia Téllez Orozco, también participante, denunció vicios históricos en el Poder Judicial de la Federación (PJF), como nepotismo, corrupción y amiguismo. Resaltó que el PJF es un poder político cuyas decisiones —como los casos de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y Florence Cassez— reflejan intereses partidistas. Además, celebró avances en reformas para que la ciudadanía participe en la elección de integrantes del poder judicial.
El evento, moderado por la actuaria Mariana Monroy Marín, contó con la presencia de académicos y estudiantes de derecho, así como de la directora del centro universitario, Brenda Sarah Cervantes, y el magistrado Benjamín RubioChávez. Las intervenciones enfatizaron la necesidad de transparencia, combate a la impunidad y un equilibrio entre derechos individuales y colectivos en el sistema judicial.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad ante la decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de impedir la participación de la ministra Lenia Batres Guadarrama en la resolución de un amparo promovido por el empresario Ricardo Salinas Pliego.
La mandataria señaló que dicha determinación carece de objetividad y recordó un antecedente en el que un ministro “escondió la deuda por un año, la resolución por un año”, insinuando un trato desigual en los procedimientos judiciales. Además, subrayó que el tema de fondo no se limita a la recusación de la ministra, sino a la necesidad de garantizar que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales.
#MañaneraDelPueblo | Sobre la decisión de la Segunda Sala de la @SCJN de impedir la participación de la ministra @LeniaBatres en una discusión de un amparo relacionado con el empresario Ricardo Salinas Pliego, la presidenta @Claudiashein recordó que hubo un ministro que "escondió… pic.twitter.com/Pv8nAwo0kT
“El estado de derecho no puede ser selectivo. No se puede hablar de estado de derecho para algunas cosas y para otras que no me convienen, no. El estado de derecho significa que todos cumplamos con la responsabilidad de pagar impuestos”, enfatizó Sheinbaum, aludiendo a la relevancia de la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario por parte de todos los sectores, incluidos los empresarios.
Decisión de la SCJN
La resolución de la Segunda Sala se emitió por unanimidad, determinando que la ministra Batres estaba legalmente impedida de participar en el caso de amparo presentado por Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que le había requerido información bancaria.
Según el fallo de la Corte, la recusación se considera fundada debido a que la ministra habría emitido declaraciones públicas que podrían interpretarse como ataques directos hacia el empresario, lo que pondría en duda su imparcialidad en la revisión del amparo 492/2023.
Los ministros argumentaron que los calificativos despectivos utilizados por Batres en diversas ocasiones revelan una enemistad manifiesta hacia el propietario de Elektra y TV Azteca, situación que, de acuerdo con la ley, constituye una causa legítima para su impedimento.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, se pronunció sobre su reciente declaración de impedimento para participar en un caso relacionado con el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha estado involucrado en una serie de litigios por adeudos fiscales.
En una entrevista para Los Reporteros MX, la ministra Batres expuso las irregularidades que, según ella, rodearon la decisión de la corte y el contexto político que podría estar influyendo en estas acciones.
Durante la conversación, Batres explicó que este miércoles, día de la votación, la mayoría de los ministros decidieron declararla impedida, a pesar de que ella había presentado un proyecto que respaldaba la competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar información sobre Salinas Pliego.
“Resolvimos que sí tiene facultad la UIF, además es justamente esa su facultad e investigar datos financieros en los que pueda estarse presentando lavado de dinero”, afirmó Batres.
La ministra también cuestionó la legalidad del proceso de recusación en su contra, señalando que se trató de una decisión “absolutamente irregular”. “Se decidió votar algo que no existe, un proyecto a favor de declararme impedida, un proyecto que no está escrito”, indicó, refiriéndose a la falta de motivación y fundamentación en la resolución.
Entre los puntos más controversiales de la entrevista, Batres destacó que la acusación de Salinas Pliego se basó en tuits de hace años, que no representan animadversión personal, sino una postura cívica sobre el pago de impuestos. “No hay animadversión en eso. ¿Qué ciudadano puede pensar que se le exijan los impuestos de mala fe del Estado?”, cuestionó.
La ministra también insinuó que el momento político actual podría estar influyendo en la decisión de la corte, sugiriendo que las ambiciones políticas de algunos involucrados están en juego. “Creo que tiene que ver con esas circunstancias y esas circunstancias se refieren al mes de junio de 2025”, afirmó Batres, refiriéndose a las futuras elecciones y la posible conclusión de una era en la Suprema Corte.
Batres expresó su frustración por el resultado de la votación y la falta de transparencia en el proceso. “Lamento que los ministros o las ministras se dejen presionar. Hay un acto totalmente abusivo y una actitud absolutamente servil con un personaje que se dedica a amedrentar”, añadió.
La ministra concluyó con un llamado a la reforma del Poder Judicial, enfatizando la necesidad de asegurar la independencia de los ministros y la transparencia en sus decisiones: “Si logramos la independencia de los poderes fácticos, podremos tener ministros que expliquen el porqué de sus decisiones”.
La controversia en torno a la recusación de la ministra Batres y la situación de Ricardo Salinas Pliego continúa generando debate sobre la integridad y la independencia del sistema judicial en México.
Este miércoles, la ministra Lenia Batres se retiró de la sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a la intención de sus colegas de declararla impedida para conocer y votar el amparo en revisión 492/2023, que se refiere a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para requerir información bancaria del empresario Ricardo Salinas Pliego.
La ministra Batres argumentó que su decisión fue motivada por la “abierta violación del Reglamento Interior de la Suprema Corte”, lo que resalta la falta de transparencia y la integridad en el proceso judicial.
Foto: Facebook de Lenia Batres.
En su declaración, Batres condenó lo que considera un acto de “sometimiento y complicidad” por parte de ciertos miembros del máximo órgano jurisdiccional, quienes, según ella, parecen estar alineados con los intereses de poderes fácticos que buscan proteger a figuras influyentes como Salinas Pliego.
Este acto de valentía por parte de la ministra Lenia Batres resalta su compromiso con la justicia y la defensa de la legalidad, en un contexto donde la SCJN, bajo la presidencia de Norma Piña, ha sido objeto de críticas por favorecer a ciertos intereses económicos a expensas de la justicia.
La decisión de Batres pone de relieve la necesidad de un sistema judicial que actúe con independencia y sin influencias externas, especialmente en casos que involucran a poderosos empresarios.
La ministra anunció que en breve emitirá un comunicado en el que explicará detalladamente las violaciones que presenció y las razones que la llevaron a actuar de esta manera.
La reciente decisión de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, de admitir la revisión del amparo tramitado por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, provocará un fuerte rechazo y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad.
Esta acción, que permite que el caso del político priista, vinculado al caso Ayotzinapa y acusado de tortura y desaparición forzada, sea revisado nuevamente, plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad del sistema judicial mexicano.
Un golpe a la memoria de las víctimas
La admisión del amparo por parte de Piña Hernández y su decisión de turnarlo a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su análisis, parecen indicar una falta de compromiso con la justicia y la verdad en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el país.
La decisión de la SCJN no solo parece favorecer a un exfuncionario que ha sido ampliamente criticado por su papel en la creación de la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la protección de figuras políticas cuestionadas.
La búsqueda de justicia en un contexto de impunidad
La revisión del amparo se produce en un contexto en el que la sociedad demanda justicia y transparencia, así como el castigo a quienes han estado involucrados en la impunidad y el abuso de poder. La administración de justicia no debería estar sujeta a interpretaciones que beneficien a quienes han abusado de su posición, sino que debería ser un proceso claro y directo que busque restablecer la confianza en las instituciones.
Además, la decisión de la SCJN podría interpretarse como una falta de sensibilidad hacia las familias de las víctimas del caso Ayotzinapa, quienes han luchado incansablemente por la verdad y la justicia. La prolongación del proceso judicial para Murillo Karam solo añade más dolor y frustración a aquellas familias que han estado esperando respuestas desde hace años.
La SCJN y su responsabilidad ante la justicia
La SCJN, bajo la dirección de Norma Piña, debería enfocarse en fortalecer la confianza del pueblo en el sistema judicial, no en revivir casos que parecen estar más alineados con intereses políticos que con la justicia. La admisión del amparo de Murillo Karam no solo es un golpe para la memoria de los normalistas desaparecidos, sino también un recordatorio de que el camino hacia la justicia en México aún está lleno de obstáculos.
La necesidad de reforzar la confianza ciudadana
Es imperativo que la SCJN actúe con responsabilidad y ética, priorizando la verdad y la justicia por encima de cualquier consideración política. La sociedad mexicana merece un sistema judicial que se comprometa a erradicar la impunidad y a garantizar que los culpables de violaciones a los derechos humanos enfrenten consecuencias por sus actos. La decisión de Norma Piña ha dejado claro que aún queda un largo camino por recorrer para lograr una verdadera justicia en México.
