La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y el ministro electo Hugo Aguilar Ortiz se reunieron cerca de tres horas para acordar la integración de grupos de trabajo que garanticen una transición ordenada en la Corte, prevista para agosto.
El encuentro, realizado en la sede del máximo tribunal, fue el segundo entre ambos y contó con la presencia de la Oficial Mayor, Gisela Morales, y la secretaria general, Natalia Reyes. Aguilar destacó su compromiso de lograr una transición “buena y tersa por el bien de México”.
Aguilar Ortiz asumirá la presidencia de la SCJN en septiembre, tras ser el ministro con más votos en la elección interna, y gobernará durante dos años, para luego ser sucedido por Lenia Batres, quien obtuvo el segundo lugar en la votación.
La ministra Margarita Ríos-Farjat de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila para amparar a Ricardo Monreal Ávila. Este apoyo llega tras la filtración de audios por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
En su programa “Martes del Jaguar”, Sansores acusó a Monreal de ser un “traidor” y de estar coludido con el dirigente priista, Alejandro Moreno. La SCJN revisará si la gobernadora actuó como funcionaria al difundir esta información y si cumplió con su deber de veracidad.
El proyecto de la ministra sostiene que Sansores no verificó adecuadamente los hechos antes de hacer sus declaraciones. La gobernadora no puede usar su derecho a la libertad de expresión para justificar la difusión de comunicaciones privadas de forma selectiva.
Monreal, quien era senador en ese momento, presentó un juicio de amparo. Acusó a Sansores de violar su presunción de inocencia y de vulnerar su derecho al honor al compartir información manipulada.
Un juez de Distrito ya le otorgó el amparo, considerando que las declaraciones de Sansores no eran objetivas ni imparciales. La gobernadora impugnó esta decisión, argumentando que no actuó con “real malicia”.
El proyecto de Ríos-Farjat establece que los criterios sobre “real malicia” no aplican en conflictos de libertad de expresión entre funcionarios. La decisión de la SCJN tendrá un impacto significativo en el caso y en la forma en que se manejan las acusaciones públicas en el ámbito político.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó tres litigios fiscales de Grupo Elektra, afectando a las empresas de Ricardo Salinas Pliego . Cada vez parece más lejana la posibilidad de que el tribunal revise los amparos presentados por el empresario.
Durante la sesión, la Segunda Sala debía resolver el amparo en revisión 5654/2024. Este amparo impugna un fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que reconoce un adeudo fiscal de Elektra. Sin embargo, el ministro Javier Laynez Potisek indicó que no se completó el quórum necesario para la votación.
El asunto se reprogramó para la sesión pública en 15 días, donde se abordarán los impedimentos presentados contra las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Después, se resolverá el fondo del asunto.
La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, reveló que las empresas de Salinas Pliego deben 74 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda. También hay tres litigios adicionales en la SCJN por 26 mil millones de pesos, que datan de 2008 a 2013.
Grupo Salinas respondió a los señalamientos, pero la presidenta Claudia Sheinbaum defiende el uso de instituciones para garantizar la justicia fiscal. Ricardo Salinas Pliego, en su cuenta de X, intenta desviar la atención de las reformas que buscan beneficiar al pueblo y fortalecer la economía del país.
La ministra Loretta Ortiz adelantó que los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantendrán el uso de togas en sus sesiones, pero el ministro presidente usará una con distintivos especiales. También respaldó la propuesta de realizar sesiones itinerantes para acercar el trabajo del máximo tribunal a diferentes regiones del país.
Ortiz sostuvo que este modelo busca romper con la imagen distante de la Corte y transmitir mayor cercanía con la ciudadanía, en especial con comunidades vulnerables. Asimismo, minimizó los riesgos operativos, asegurando que los expedientes pueden manejarse de forma segura, incluso de manera digital.
En conferencia, criticó a los consejeros del INE que rechazaron validar la elección judicial y defendió el uso de “acordeones” como una herramienta ciudadana para recordar nombres de candidatos, negando que hayan sido determinantes. Afirmó que hubo “mala fe” por parte de algunos consejeros al intentar desacreditar el proceso.
Ortiz también subrayó que los nuevos ministros deben resolver asuntos con mayor rapidez y eficiencia. Como ejemplo de su independencia, mencionó decisiones que ha tomado en contra de los intereses del gobierno, como en los casos Wallace y Ayotzinapa. Aclaró que, por ahora, no está prevista una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí podría haber un encuentro entre el ministro presidente electo Hugo Aguilar y la ministra en funciones, Norma Piña, para organizar la transición.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó discutir en sesiones públicas los litigios fiscales pendientes, como propuso la ministra Lenia Batres. Solo ella y la ministra Ana Margarita Ríos Farjat votaron a favor.
Con esta decisión, el 95% de los juicios que llegan a la Corte seguirán resolviéndose en salas privadas, a pesar de que están en juego más de 47 mil millones de pesos en 14 casos fiscales, según Batres. “Votan sin proyecto, sin sentencia, sin saber lo que se está resolviendo”, denunció.
La SCJN rechazó transparentar la resolución de 15 asuntos fiscales pendientes de votación en las dos salas.
Sin embargo, se deberá cumplir lo que dice el artículo 17 de la Ley Orgánica aplicable (aunque sea en las dos sesiones de salas que quedan):
La ministra presidenta, Norma Piña, pidió a las salas respetar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige proyectos y sentencias claras antes de emitir votos. Batres calificó la práctica actual de ilegal y oscura.
Entre los casos que se discutirán próximamente figura el de Grupo Elektra, empresa de Ricardo Salinas Pliego, con una deuda fiscal de 74 mil millones de pesos que ha sido postergada por 16 años mediante amparos. La ministra recordó que, a partir de septiembre, la Corte tiene un plazo de seis meses para resolver este tipo de litigios.
De acuerdo con la Procuraduría Fiscal, solo en el último año la deuda de Grupo Salinas creció 11 mil millones de pesos. Además de Elektra, también están en lista casos relevantes relacionados con la empresa Pegaso y criterios sobre cobro de intereses, lo que subraya la urgencia de resolver con transparencia los temas fiscales en la Corte.
Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, rechazó categóricamente las acusaciones de espionaje y censura por parte del Gobierno. Durante su intervención en la Mañanera del Pueblo, destacó que la nueva Ley de Telecomunicaciones no representa una ley de espionaje.
Merino explicó que el artículo 183 del nuevo dictamen mantiene lo establecido en el artículo 190 de la ley vigente, aprobada en 2014 por el PRI y el PAN. Este artículo exige a los concesionarios colaborar con las autoridades de seguridad en la localización geográfica de equipos de comunicación móvil.
La colaboración se llevará a cabo únicamente mediante un mandamiento por escrito, fundamentado y motivado por la autoridad competente. Además, se requiere una orden judicial para solicitar la localización en tiempo real de una línea, como lo confirma la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El funcionario también abordó el papel de la Llave MX. Aclaró que este mecanismo no permite la suplantación de identidad. Para registrar una cuenta en Llave MX, se necesita documentación adicional que acredite la identidad del usuario.
Finalmente, Merino enfatizó que las iniciativas de ley buscan crear una identidad digital segura. Esto permitirá realizar trámites completamente en línea, garantizando la protección de la información personal de los ciudadanos.
En la marcha por los 10 años y nueve meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes expresaron su frustración. Mario González, uno de los padres, afirmó que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) no puede hacerse pública. Según él, contiene “líneas” a seguir “muy sensibles”.
Su declaración surge tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que la FGR debe publicar una versión de la carpeta de investigación. González enfatizó: “Para nosotros no es lógico que se difunda, no se puede”.
Durante la caminata del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, pidió a la Corte y al gobierno federal que no los pongan en medio de sus pugnas. Además, destacó que la investigación más importante es la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que publicó su último informe en julio de 2023.
González también mencionó una reciente reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj). En esta reunión, no estuvo presente Rosendo Gómez Piedra, quien fue demandado por su remoción como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca).
El nuevo coordinador de investigación, Mauricio Pazarán, asistió a la reunión. Sin embargo, González señaló que no hubo avances concretos. Criticó que la versión del basurero de Cocula sigue arraigada. “No tocan la investigación sobre cómo el Ejército hackeó un teléfono”, añadió.
González pidió claridad sobre la resolución del caso. Reiteró la demanda de las familias para que el GIEI regrese y que el Ejército entregue 800 folios que podrían contener información clave sobre el paradero de los normalistas.
Después de una hora de marcha, los padres y madres llegaron al Hemiciclo a Juárez. Acompañados por normalistas y organizaciones populares, continuaron exigiendo justicia bajo una intensa lluvia.
El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió cancelar 46 candidaturas de magistrados y juzgadores debido a promedios insuficientes en sus estudios. En una sesión reciente, el Consejo General del INE mostró una clara división sobre el uso de acordeones en la elección judicial.
División en el Consejo General
Con seis votos a favor y cinco en contra, el INE validó la elección de magistraturas de circuito, pero algunos consejeros cuestionaron la legitimidad del proceso. La Consejera Claudia Zavala expresó su preocupación, señalando que la intervención de intereses externos mancha la legitimidad de las elecciones.
Irregularidades en el proceso electoral
Por su parte, la Consejera Dania Ravel destacó irregularidades significativas, como las 818 casillas excluidas en la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indicó que aunque no podían anular la elección, era necesario informar a las autoridades competentes.
Cuestionamientos sobre estadísticas
El Consejero Uuc-Kib Espadas Ancona, por otro lado, cuestionó las estadísticas presentadas por el Consejero Martín Faz Mora, quien afirmó que el uso de acordeones impactó gravemente los resultados. Espadas Ancona argumentó que los acordeones también son utilizados en otros países y reflejan tendencias políticas.
Defensa de la actuación del INE
La Consejera Norma Irene De La Cruz Magaña defendió la actuación del INE, asegurando que tomaron las medidas necesarias para abordar las irregularidades. La Consejera Rita Bell López consideró irresponsable invalidar la elección sin pruebas concluyentes sobre los acordeones.
Resultados de la validación de candidaturas
En total, el INE validó 438 candidaturas para magistraturas, mientras que 46 personas fueron declaradas inelegibles por no alcanzar el promedio mínimo de 8 en sus estudios. Además, el INE dejó vacantes varios cargos en el sistema judicial, incluyendo uno en Veracruz, donde un candidato enfrenta serias acusaciones.
La reforma judicial exige un promedio de 8 en la licenciatura y de 9 en materias especializadas. A pesar de esto, más de 40 aspirantes avanzaron en el proceso de selección, lo que ha llevado a esta controvertida decisión del INE.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la constitucionalidad del cómputo de votaciones de la elección judicial. Esta elección se realizó en los consejos distritales, marcando un precedente al no llevarse a cabo en las casillas electorales.
Interés legítimo en impugnaciones
El tribunal determinó que un ciudadano que no fue candidato no tiene interés legítimo para impugnar los resultados de esta elección inédita. La decisión fue tomada durante la sesión de este miércoles, en la que se abordaron varios asuntos relacionados con el proceso electoral.
Aprobación del criterio del INE
Además, el TEPJF aprobó por votación dividida el criterio del Instituto Nacional Electoral (INE). Este criterio consideró legal que César Gutiérrez Priego, hijo del ex general Jesús Gutiérrez Rebollo, apareciera de manera sistemática en programas de radio.
Debate sobre la participación ciudadana
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó el proyecto y destacó la importancia de abrir las puertas de acceso a la justicia. Argumentó que la ciudadanía debe poder vigilar y cuestionar este proceso electoral, ya que es parte de sus derechos político-electorales.
Por su parte, la magistrada Janine Otálora se opuso, afirmando que no hubo una afectación real y directa. Diferenció este caso de situaciones donde sí se requiere la legitimación de los ciudadanos, como en consultas populares.
Resolución de quejas electorales
En otro asunto, el TEPJF resolvió una queja contra la candidatura de César Gutiérrez Priego para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La impugnación fue descartada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.
Decisión empatada con voto de calidad
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña propuso ratificar el acuerdo del INE, pero el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se mostró en desacuerdo. Consideró que la participación constante de candidatos en medios de comunicación representa una indebida adquisición de tiempos.
La votación quedó empatada, pero la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, decidió a favor de la legalidad de estas apariciones. Cabe destacar que, a pesar del respaldo legal, Gutiérrez Priego no obtuvo los votos suficientes en los comicios del 1 de junio para convertirse en ministro.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México, presidida por la Ministra Loretta Ortiz, emitió un fallo histórico. Este dictamen declara que el abuso sexual infantil no prescribe, reafirmando el deber del Estado de garantizar justicia sin importar el tiempo transcurrido.
El fallo destaca que la prescripción no puede aplicarse en estos casos. Esta decisión se basa en el principio del interés superior de la niñez y en compromisos constitucionales e internacionales.
La resolución también enfatiza la necesidad de juzgar con perspectiva de infancia y género. Reconoce las barreras que dificultan las denuncias y el profundo daño que esta violencia genera en las víctimas.
El caso se originó en León, Guanajuato, donde una niña de nueve años denunció haber sido abusada sexualmente por el director de su escuela. El acusado intentó promover un juicio de amparo argumentando que la acción penal ya había prescrito. Sin embargo, tanto el juzgado de Distrito como la Primera Sala rechazaron su argumento.
La Primera Sala afirmó que la figura de la prescripción es una garantía para los imputados, pero es inaplicable en delitos sexuales contra menores. Esta decisión se fundamenta en artículos constitucionales y en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe la prescripción en perjuicio de este grupo vulnerable.
Además, el fallo resalta la falta de consentimiento en los abusos sexuales infantiles. La violencia sexual contra menores implica una vulneración de su libertad y seguridad, generando un entorno de miedo constante.
La resolución ordena devolver el caso al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito. Este tribunal deberá resolver el recurso considerando que el abuso sexual contra menores es imprescriptible. Con esta decisión, la Primera Sala reafirma el compromiso del Máximo Tribunal con la defensa de los derechos de las víctimas.
