Etiqueta: SCJN

  • Masacre de Acteal: 28 años sin justicia para 45 indígenas asesinados

    Masacre de Acteal: 28 años sin justicia para 45 indígenas asesinados

    A casi tres décadas, la impunidad y la omisión del Estado mantienen abierta la herida de Acteal, mientras sobrevivientes y defensores construyen “La Otra Justicia”.

    A 28 años de la masacre de Acteal, en la que 45 indígenas tzotziles —incluyendo 18 mujeres y cuatro bebés— fueron asesinados el 22 de diciembre de 1997, la justicia sigue siendo una deuda pendiente. La organización Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían las víctimas, denunció que después del sexenio de Ernesto Zedillo, continuaron represiones, asesinatos y violaciones a defensores de derechos humanos, periodistas y luchadores sociales.

    “Durante 28 años de calvario hemos enfrentado mentiras, burlas y desprecio”, afirmaron. Denunciaron que cambiar jueces o nombrar a un indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha transformado un sistema que califican de caducado y podrido, recordando la liberación de los paramilitares responsables en 2009 por fallas en el proceso judicial.

    Las Abejas han impulsado “La Otra Justicia”, construida desde la memoria colectiva y la organización comunitaria, con apoyo nacional e internacional. Guadalupe Vázquez, sobreviviente, leyó un comunicado durante la misa conmemorativa celebrada este lunes en Acteal, recordando cómo los paramilitares priistas y cardenistas, armados y entrenados por el Ejército, buscaron destruir su lucha por la paz y la justicia verdadera.

    El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señaló que la impunidad se sostiene en la violencia contrainsurgente y en la falta de sanción a responsables materiales e intelectuales, manteniendo la guerra contra los pueblos indígenas. Subrayó que el Informe de Fondo ante la CIDH, presentado hace 20 años, sigue pendiente.

    El caso judicial revela irregularidades históricas: la PGR obtuvo pruebas ilícitas, y aunque la Primera Sala de la SCJN reconoció estas violaciones y liberó a los acusados, la Segunda Sala negó la responsabilidad patrimonial del Estado, enviando un mensaje de impunidad institucional que afecta a toda la sociedad.

    El obispo de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, en la homilía, insistió en la necesidad de construir paz, mientras jóvenes de la comunidad alertaron sobre el avance del crimen organizado, el reclutamiento y la proliferación de drogas y alcohol.

  • TV Azteca acusa a acreedores de conspiración con el Gobierno

    TV Azteca acusa a acreedores de conspiración con el Gobierno

    La televisora demanda a fondos estadounidenses, alegando que influyeron en la SCJN contra Salinas Pliego por los adeudos fiscales de Grupo Salinas.

    TV Azteca, bajo el control de Ricardo Salinas Pliego, presentó una demanda en Nueva York. La televisora acusó a fondos de inversión estadounidenses de conspirar con autoridades mexicanas para influir en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto está relacionado con deudas fiscales millonarias.

    En su escrito, registrado el 17 de diciembre, los abogados de la televisora sostienen que las resoluciones de la SCJN, que confirman adeudos por más de 47 mil millones de pesos, no son solo decisiones judiciales. Afirman que son el resultado de una presunta campaña política y financiera en contra del empresario.

    Los abogados argumentan que Salinas Pliego ha sido considerado una figura de oposición a Morena. Esto habría generado acciones del gobierno contra él en los últimos siete años.

    El conflicto surge en medio de un litigio más amplio en el que los fondos de inversión demandan el pago de bonos emitidos por TV Azteca en 2017. La deuda original de 400 millones de dólares ha crecido a más de 580 millones debido a intereses y penalizaciones.

    TV Azteca señala específicamente a Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management por presionar a las autoridades mexicanas. La empresa busca recuperar al menos 400 millones de dólares por daños y perjuicios, argumentando que las acciones de los acreedores dañaron su reputación y finanzas.

    En el documento, TV Azteca menciona declaraciones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum que consideran difamatorias. Estas acciones también se interpretan como parte de una campaña sistemática para influir en decisiones judiciales.

    El problema con los acreedores se intensifica desde la suspensión de pagos de los bonos en 2017. Los fondos han alegado que TV Azteca intentó evadir sus obligaciones financieras mediante recursos legales. Además, en 2023, estos mismos fondos iniciaron un arbitraje comercial contra el Estado mexicano tras la prohibición de un juez en Ciudad de México para ejecutar acciones legales contra la televisora.

    Mientras los litigios avanzan, la SCJN ha rechazado aplazar varios juicios fiscales relacionados con créditos que podrían sumar miles de millones de pesos. Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que Grupo Salinas deberá pagar alrededor de 51 mil millones de pesos en enero por adeudos fiscales.

    Frente a estos desafíos, Salinas Pliego afirmó en redes sociales que buscarán “cerrar este capítulo” y resolver las diferencias con el gobierno, aunque esperan una notificación formal.

  • ¡Se le acaba el tiempo!  Salinas Pliego tiene hasta enero para pagarle al SAT deuda de 51 mmdp

    ¡Se le acaba el tiempo! Salinas Pliego tiene hasta enero para pagarle al SAT deuda de 51 mmdp

    El SAT notificará en enero el requerimiento de pago por 51 mil millones de pesos, tras agotarse todos los recursos legales.

    Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los últimos recursos legales, Grupo Salinas deberá pagar una deuda fiscal de 51 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó su titular, Antonio Martínez Dagnino, durante la Mañanera del Pueblo. La notificación formal se realizará en enero de 2026, cuando iniciará el plazo para el pago voluntario.

    La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se trata de un asunto estrictamente legal, administrativo y jurídico, y dejó claro que el gobierno federal actuará conforme a derecho. Explicó que, una vez notificado el requerimiento, las empresas involucradas pueden solicitar descuentos o ajustes, tal como lo permite el Código Fiscal de la Federación, pero advirtió que, de no cumplir, se activarán los procedimientos correspondientes.

    Martínez Dagnino precisó que la legislación fiscal contempla reducciones de hasta 39 por ciento, siempre que se cumplan los criterios legales y las sentencias emitidas por los tribunales. Recordó además que el artículo 31 constitucional obliga a todas las personas físicas y morales a contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público.

    El caso se remonta a 2013, cuando el SAT determinó adeudos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. Desde entonces, Grupo Salinas promovió múltiples impugnaciones en distintas instancias, las cuales fueron rechazadas de manera definitiva este año por la Corte, validando la actuación de la autoridad fiscal.

    Sheinbaum añadió que la Procuraduría Fiscal y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno han supervisado el proceso para garantizar su legalidad y transparencia. Insistió en que el tema no debe politizarse, pues se trata de hacer cumplir la ley sin privilegios.

    Con la notificación en enero, el SAT abrirá formalmente el plazo para que la empresa cubra el adeudo o solicite los mecanismos legales de pago. De no hacerlo, la autoridad fiscal podrá avanzar hacia medidas de cobro forzoso, conforme a la normatividad vigente.

  • Del saqueo al orden: Armenta busca revertir legado neoliberal en Puebla

    Del saqueo al orden: Armenta busca revertir legado neoliberal en Puebla

    El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acusó que gobiernos neoliberales saquearon Puebla y dejaron una deuda millonaria que hoy limita el desarrollo del estado. El mandatario anunció acciones para finiquitar compromisos financieros, combatir redes de corrupción y enfrentar la inseguridad, incluso recurriendo a la SCJN si es necesario. Una ofensiva que busca cerrar definitivamente la etapa del desorden institucional.

    El gobernador Alejandro Armenta aseguró que su administración trabaja de manera permanente para revertir los excesos heredados de gobiernos neoliberales que, afirmó, convirtieron a Puebla en un botín. Desde la capital del estado, el mandatario sostuvo que mientras en el pasado se permitió el saqueo y el abuso de poder, hoy su gobierno actúa para desmantelar prácticas de corrupción sin caer en persecuciones políticas ni violaciones a derechos.

    Armenta subrayó que poner orden no significa atropellar garantías, sino terminar con el caos que permitió el crecimiento de negocios privatizadores y redes de corrupción. En ese contexto, criticó duramente a dirigentes de partidos de oposición, a quienes acusó de actuar con “cinismo descarado” al cuestionar decisiones actuales, pese a que durante sus gestiones se toleraron delitos como el robo y distribución ilícita de combustible.

    Uno de los casos que ejemplifican ese legado, explicó el gobernador, es la deuda de 4 mil 300 millones de pesos generada por la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, compromiso financiero que se extiende hasta 2037. Armenta calificó este adeudo como inmoral, al señalar que esos recursos podrían destinarse a obra pública, seguridad y educación en beneficio directo de la población.

    Ante esta situación, informó que su administración mantiene negociaciones con empresarios para alcanzar un acuerdo que permita finiquitar la deuda. No obstante, advirtió que, de no lograrse una solución favorable para el estado, el gobierno poblano está dispuesto a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender el interés público.

    Finalmente, Armenta enfatizó que es obligación del gobierno restablecer el orden perdido, combatir la inseguridad y desarticular las cadenas de corrupción que operan con respaldo de complicidades locales. Afirmó que el combate a los grupos delictivos y a las estructuras que los protegieron es una prioridad para recuperar la gobernabilidad y cerrar definitivamente la etapa del saqueo institucional en Puebla.

  • Yasmín Esquivel llama a proteger la soberanía nacional

    Yasmín Esquivel llama a proteger la soberanía nacional

    La ministra de la Suprema Corte destacó la importancia de unirse contra amenazas externas y reiteró el apoyo del Tribunal a los derechos de personas con discapacidad.  

    En el cierre del primer ciclo de trabajo de la nueva integración de la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa lanzó un llamado a defender los valores nacionales. Subrayó la necesidad de cerrar filas ante cualquier amenaza a la soberanía y reiteró el compromiso de la Suprema Corte con los derechos y libertades de los ciudadanos.

    Durante su intervención, Esquivel Mossa fue enfática: México no aceptará intervenciones que dañen su integridad desde el extranjero. Este mensaje resonó con fuerza durante la sesión del pleno, donde la ministra destacó la independencia con la que actúa el Tribunal Constitucional al proteger los derechos de la población.

    En su mensaje, Esquivel recalcó la importancia de escuchar todas las voces. Afirmó que el diálogo entre ministros, aunque a veces exponga diferencias, muestra variedad de perspectivas y una imparcialidad sólida. Esto, según sus palabras, es esencial para la noble tarea de juzgar.

    De manera especial, la ministra abordó la consulta previa a personas con discapacidad. Garantizó que su voz seguirá siendo escuchada, bajo el principio de “nada sobre nosotros sin nosotros”. Este enfoque reafirma la inclusión en las decisiones que les afectan.

    Antes de concluir, Esquivel agradeció a sus colegas por apostar al Estado de Derecho y por su contribución a un entorno legal que favorece el bienestar social. La ministra finalizó con una reflexión optimista: “Cerramos un capítulo, pero queda mucho por escribir en esta historia compartida”.

    Con sus palabras, la ministra Esquivel insta a la unidad y a la defensa de los principios nacionales, reforzando el papel del Tribunal como pilar en el desarrollo y estabilidad del país.

  • Velo islámico en pasaportes: la SCJN protege la libertad de las mujeres

    Velo islámico en pasaportes: la SCJN protege la libertad de las mujeres

    La Suprema Corte emite por primera vez un pronunciamiento sobre la prohibición del velo en pasaportes. El proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa enfatiza la libertad religiosa y la igualdad de las mujeres. Se analiza la laicidad del Estado y la interseccionalidad para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.

    La Suprema Corte resolvió, por mayoría de ocho votos, un amparo en revisión con ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa. La causa nació cuando se negó la emisión del pasaporte por exigir quitarse el velo para la foto. El análisis giró en torno a la constitucionalidad del artículo 14, fracción IV, del Reglamento de Pasaportes y de Documento de Identidad y Viaje.

    La ministra ponente dijo que este caso es una oportunidad histórica para proteger los derechos de las mujeres a elegir su religión y su vida. También destacó que la Corte debe usar una mirada de género e interseccionalidad. Esquivel explicó que la finalidad es permitir manifestar creencias religiosas y vivir conforme a normas confesionales. La libertad religiosa puede restringirse solo por seguridad nacional y orden público, entre otras causas.

    El proyecto reitera la doctrina de la laicidad y la libertad para manifestar creencias. Esquivel indicó que la doble discriminación resulta de ser mujer y pertenecer a una religión. Con esta sentencia, la SCJN sienta un precedente en derechos de las mujeres y la libertad religiosa en trámites oficiales.

  • Hugo Aguilar, presidente de la SCJN presenta su primer informe

    Hugo Aguilar, presidente de la SCJN presenta su primer informe

    En su primer informe, el nuevo presidente de la SCJN destacó un enfoque más cercano al pueblo y un compromiso con la justicia y la transparencia.

    El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz presentó su primer informe de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta es la primera corte elegida por voto ciudadano en la historia de México.

    Aguilar resaltó que en sus primeros días la Corte ha priorizado el interés general, la independencia judicial y la defensa de los derechos humanos. “Estamos construyendo una justicia más humana y accesible”, afirmó, y mencionó la política de “Puertas Abiertas”, que aumentó la atención ciudadana en un 1,300%.

    La nueva SCJN busca distanciarse del pasado, por lo que Aguilar afirmó que la integración anterior era “soberbia” y respondía a intereses particulares. Ahora, la Corte aspira a estar más presente en la vida de las personas, atendiendo a colectivos diversos como mujeres, comunidades indígenas, personas con discapacidad y población LGBTQ+.

    Desde septiembre hasta diciembre, el Pleno de la SCJN realizó 45 sesiones públicas y resolvió 741 asuntos. Este incremento en la actividad refleja un cambio significativo: antes se abordaban 1.8 casos por sesión, mientras que ahora se llegan hasta 16.4.

    “No buscamos privilegios ni respondemos a presiones”, aseguró Aguilar. Las viejas prácticas, donde los casos podían demorar años en resolverse, son cosa del pasado. La nueva Corte tiene como meta ser un órgano cercano al pueblo y comprometido con la rendición de cuentas.

    En cuanto al futuro, Aguilar planteó un enfoque de austeridad y anunció un presupuesto más razonable. Para el próximo año, la SCJN no requerirá 661 millones de pesos que se habían solicitado en administraciones anteriores.

    El informe, presentado en Día de los Derechos Humanos, contó con la participación de figuras clave como la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez. Con el compromiso de una justicia transformadora y honesta, la nueva SCJN promete ser un modelo de transparencia y cercanía con la sociedad.

  • SCJN desestima intento de Salinas Pliego por registrar Azteca

    SCJN desestima intento de Salinas Pliego por registrar Azteca

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un recurso de TV Azteca para registrar la palabra “Azteca” ante Indautor con fines periodísticos. La Corte mantiene firme la negativa y señala que no hay cuestión constitucional en el caso.

    La SCJN desechó un recurso de la televisora del evasor fiscal, Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca para registrar la palabra “Azteca” ante Indautor para uso periodístico. La Corte sostuvo que ya confirmó la sentencia del Tribunal Colegiado, que negó el amparo a la empresa. TV Azteca había buscado ser la única dueña de ese vocablo. 

    El Indautor, a través de su Director de Reservas de Derechos, negó la solicitud. La SCJN señaló que no hay cuestiones constitucionales en juego y que las alegaciones de legalidad no cumplen con los requisitos para un amparo. La resolución queda firme y no admite recurso alguno.

  • Reabran el debate sobre prisión preventiva

    Reabran el debate sobre prisión preventiva

    Colectivos piden a la Suprema Corte que retome el análisis de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Exigen que dos ministras se aparten para garantizar un juicio imparcial.

    Integrantes del Colectivo Pena Sin Culpa acudieron este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pidieron que la Corte reabra el debate sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. La solicitud busca cumplir la sentencia del Caso García Rodríguez y otro contra México de la Corte Interamericana.

    Daniel García Rodríguez, protagonista de la sentencia, habló frente al edificio de la Corte. Dijo que confía en que los nuevos ministros se pronunciarán contra la prisión preventiva automática. También afirmó: “no vamos a quitar el dedo del renglón”.

    Además, los abogados del colectivo se reunieron con el equipo del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz. Plantearon la urgencia de que el Pleno resuelva recursos de impedimento contra las ministras Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos. Ambos trámites deben agotarse antes de discutir el fondo.

    Explican que Ríos defendió la prisión preventiva oficiosa cuando fue consejera jurídica de la Presidencia. Por su parte, señalan que Esquivel emitió declaraciones en el amparo 5/2025 que prejuzgaron la responsabilidad de García Rodríguez y Reyes Alpízar. Ambos cumplieron 17 años en prisión preventiva por el homicidio de la regidora María de los Ángeles Tamés.

    El abogado Simón Hernández pidió que los asuntos se resuelvan este mes o a más tardar en enero. Aclaró que ya existe una audiencia de alegatos y que la reclamación está turnada al ministro Arístides. También recordó que la ley de amparo marca plazos breves para estas decisiones.

    Por tanto, el colectivo insiste en que las ministras se excusen de conocer los expedientes. Argumentan que solo así se garantizará un trámite imparcial y se avanzará en aplicar la orden de la Corte Interamericana. Mientras tanto, mantienen la vigilancia y preparan nuevas acciones públicas.(Con información de La Jornada).

  • Revocación para jueces

    Revocación para jueces

    La ministra Lenia Batres propone que la ciudadanía pueda revocar a jueces, magistrados y ministros por bajo desempeño, como medida de vigilancia y transparencia.

    La ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama, presentó la idea durante una entrevista con El Debate, pues aseguró que la nueva Corte debe sentir la vigilancia de la ciudadanía para dar resultados.

    Batres propone incorporar un mecanismo de revocación de mandato para corregir casos de bajo desempeño sin llegar a la destitución o a la inhabilitación. No es suficiente la buena voluntad, nunca. La transparencia y la vigilancia, que los juzgadores se sepan vigilados, afirmó.

    Batres pidió observar el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial. Señaló que aún falta ver si ese órgano cumple su tarea de supervisión. Por tanto, planteó analizar ajustes a la reforma judicial para fortalecer esa vigilancia.

    La ministra celebró que la Corte se formó con ministros electos por la ciudadanía, ya que asegura, esta medida reduce la politización y acerca al Poder Judicial a las preocupaciones sociales. “La Corte vive una etapa inédita”, comentó.

    Batres añadió que la Corte resuelve hoy casos que datan de 2008 a 2011, sobre todo asuntos de créditos fiscales. Además, la eliminación de dos Salas aumentó la carga de trabajo, lo que ha obligado a sesiones más largas y a debates más intensos.

    La ministra recordó que detrás de cada fallo hay personas afectadas, por lo que pidió que la sociedad mantenga la atención y la participación. A su juicio, la transparencia crea confianza y mejora la justicia.