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SCJN ordena reponer procedimiento en amparo ambiental sobre el Parque Nacional Benito Juárez
En la resolución, la ministra Yasmín Esquivel sostuvo que el derecho al medio ambiente sano tiene una dimensión individual y colectiva y que no deben imponerse cargas probatorias excesivas a la ciudadanía.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 450/2025, promovido por una persona zapoteca que denunció posibles omisiones en la protección del Parque Nacional “Benito Juárez”, en Oaxaca. El máximo tribunal analizó el alcance del derecho al medio ambiente sano en este caso.
Al intervenir, la ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que este derecho no solo protege intereses individuales, sino que también tiene un carácter colectivo, ya que su preservación beneficia a toda la comunidad. Subrayó que en materia ambiental no puede exigirse a los ciudadanos aportar pruebas técnicas o científicas que suelen estar bajo control de las autoridades.
La ministra votó a favor de ordenar la reposición del procedimiento, con el fin de que la decisión del Juez de Distrito se sustente en evidencia suficiente y garantice una protección efectiva del derecho al medio ambiente sano, evitando que se niegue el acceso a la justicia por cargas probatorias desproporcionadas.
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SCJN avala plazo de 30 días para impugnar medidas de protección a periodistas
La ministra Yasmín Esquivel defendió que el Estado debe garantizar que el ejercicio periodístico se realice sin presiones ni obstáculos y respaldó la constitucionalidad del plazo de 30 días para impugnar resoluciones del Mecanismo de Protección.
En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que defender la libertad de expresión implica proteger el Estado Democrático de Derecho, al analizar el amparo en revisión 394/2025 relacionado con la protección a periodistas. Durante la discusión, se abordó la constitucionalidad del artículo 57, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La ministra respaldó la propuesta que valida el plazo de 30 días naturales para interponer un recurso de inconformidad contra resoluciones del Mecanismo de Protección, al considerar que se trata de un término claro, general y razonable. Subrayó que el marco constitucional contempla mecanismos que se activan cuando una persona periodista recibe amenazas por investigar y difundir información de interés público, y afirmó que el Estado mexicano debe garantizar que el ejercicio periodístico se realice sin presiones ni obstáculos.
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Telemundo condenado a pagar a Sandra Ávila
La SCJN falló a favor de Sandra Ávila tras el uso no autorizado de su imagen por Telemundo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión importante respecto a la demanda de Sandra Ávila, conocida como la Reina del Pacífico. Telemundo deberá pagar 448 mil pesos por utilizar su imagen sin autorización.
La controversia comenzó hace varios años, cuando Ávila Beltrán alegó que la cadena estadounidense usó su imagen para promocionar la serie “La Reina del Sur”. Esta serie, aunque inspirada en su vida, también se basa en la obra del escritor Arturo Pérez-Reverte. Ávila ha defendido su derecho a proteger su imagen y su historia.
Lo que intensificó el caso fue que Telemundo usó imágenes de la detención de Ávila en 2007 como parte de su promoción para la segunda temporada de la serie. La SCJN argumentó que el uso de su imagen no tenía fines periodísticos. En cambio, se trataba de una explotación comercial.
El fallo de la SCJN representó un revés significativo para Telemundo. La corte, por unanimidad, negó el amparo que la cadena solicitó para evitar la multa impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en diciembre de 2021. Esta sanción se basa en la explotación de su imagen sin el consentimiento necesario.
El ministro presidente, Hugo Aguilar, destacó la importancia de proteger el derecho a la propia imagen. Según él, la decisión de la corte busca salvaguardar los derechos de las personas frente a los usos comerciales no autorizados. También indicó que es fundamental que las empresas reconozcan su responsabilidad al difundir el contenido que involucra a personas.
Por su parte, la ministra Lenia Batres recalcó que ninguna imagen puede utilizarse sin consentir, especialmente con fines comerciales. Insistió en la necesidad de proteger los derechos personales ante el uso que puede lucrar con sus historias.
Este caso sentará un precedente en el ámbito de los derechos de imagen en México. La lucha de Sandra Ávila no solo tiene impacto en su vida, sino que también aboga por el respeto a la intimidad y la dignidad de otros.
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SCJN discute alcance del delito de terapias de conversión
La ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció durante la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el delito de terapias de conversión en Chiapas y advirtió que el uso del término “doméstica” en la norma puede generar arbitrariedad en su aplicación.
El Pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 79/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el artículo 326 Bis del Código Penal de Chiapas, que tipifica como delito las llamadas terapias de conversión, entendidas como prácticas forzosas o degradantes destinadas a modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona.
Durante su intervención, Esquivel respaldó la invalidez de la porción normativa que menciona una relación “doméstica” como agravante, al considerar que su ambigüedad vulnera el principio de legalidad y abre la puerta a interpretaciones discrecionales. No obstante, cinco ministros votaron por mantener la constitucionalidad de esa disposición.
La ministra también avaló que, en el caso de servidores públicos que participen en estas conductas, se impongan destitución e inhabilitación de manera conjunta, además de las penas privativas de libertad, al sostener que ambas sanciones tienen naturaleza distinta y no contravienen el principio de taxatividad.
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SCJN perfila revés legal a Cabeza de Vaca: Batres propone negar amparo y validar captura
El proyecto que se discutirá en el pleno plantea dejar firme la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra el exgobernador de Tamaulipas.
La ministra Lenia Batres Guadarrama propondrá al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negar el amparo solicitado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con lo que quedaría validada la orden de aprehensión girada en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El proyecto, que será analizado en sesión pública, deriva de denuncias presentadas en 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR), que dieron paso a la solicitud de declaratoria de procedencia ante la Cámara de Diputados, aprobada en abril de 2021. Con ello, se abrió la vía para investigar penalmente al entonces gobernador de Tamaulipas.
En agosto de 2022, una sala de la Corte invalidó una orden previa al considerar que hubo invasión de facultades del Congreso local. Sin embargo, una vez que el político dejó el cargo en octubre de 2022, el Ministerio Público solicitó nuevamente la captura, la cual fue concedida por un juez federal especializado.
El exmandatario promovió un amparo indirecto que inicialmente le fue concedido por un juzgado de distrito en Tamaulipas. Esa resolución fue revocada para reponer el procedimiento, pero al emitirse una nueva sentencia, se volvió a otorgar la protección federal. Ante ello, autoridades promovieron recursos de revisión.
A petición de la FGR, el pleno de la SCJN atrajo el asunto y lo registró como amparo en revisión 435/2025. La propuesta de Batres plantea revocar el amparo y dejar firme la orden de aprehensión emitida por un juez con sede en el Estado de México, lo que reconfiguraría el panorama legal del exgobernador.
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La diversidad cultural es clave para una justicia incluyente: Yasmín Esquivel
La ministra afirmó que la diversidad cultural debe traducirse en resoluciones judiciales con enfoque intercultural real y acceso efectivo a la justicia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas firmaron un Convenio Marco de Colaboración para garantizar el acceso pleno a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante una coordinación institucional permanente y un diálogo intercultural efectivo.
Durante la ceremonia, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que esta alianza responde a una convicción colectiva: la justicia intercultural no puede depender de esfuerzos aislados, sino de mecanismos estructurales que aseguren el ejercicio real de los derechos individuales y colectivos. Recordó que, aunque la Constitución reconoce a México como una nación pluricultural, ese principio debe reflejarse en prácticas jurisdiccionales, administrativas y políticas públicas concretas.
Esquivel Mossa subrayó que el convenio no se limita a ampliar canales de comunicación, sino que busca transformar la relación entre el sistema de justicia y la diversidad cultural del país, incorporando enfoques que consideren contextos comunitarios, sistemas normativos propios, condiciones lingüísticas y desigualdades estructurales.
La ministra enfatizó que el Poder Judicial tiene la responsabilidad de que sus resoluciones integren un enfoque intercultural sustantivo, no solo declarativo. En ese sentido, la coordinación con el INPI permitirá fortalecer servicios de traducción, interpretación y acompañamiento, facilitando el acceso efectivo de las comunidades a las instancias judiciales.
Finalmente, afirmó que el acuerdo traza una ruta clara de trabajo basada en coordinación institucional, diálogo intercultural, capacitación constante, producción de conocimiento y atención territorial efectiva, reiterando que la diversidad cultural no es un reto para la justicia, sino una riqueza que debe reconocerse y protegerse.
El acto fue encabezado por el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, con la asistencia de ministras, ministros, magistraturas y autoridades tradicionales de pueblos indígenas y afromexicanos.
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Elba Esther Gordillo deberá pagar 19.2 millones en impuestos
La exlideresa del SNTE enfrenta una orden de la Suprema Corte que le exige el pago de un adeudo fiscal por ingresos no reportados.
Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha recibido un duro golpe legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que debe pagar 19 millones 269 mil 323 pesos en Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a 2008 y 2009.
Hoy, el Pleno de la SCJN tomó esta decisión por unanimidad. Este fallo respalda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya había cuestionado el origen de ciertos ingresos de Gordillo. La controversia comenzó cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó, en 2016, que la exlíder sindical había recibido depósitos inusuales en cuentas bancarias y pagos con tarjetas a su nombre.
Gordillo argumentó que estos recursos no eran personales, sino fondos destinados a gastos del sindicato para asistir a congresos y reuniones. No obstante, las autoridades consideraron que faltaban pruebas que validaran su defensa. La exdirigente no logró demostrar que actuaba en nombre del SNTE, lo que le costó un crédito fiscal.
En su defensa, Gordillo impugnó varios artículos del Código Fiscal de la Federación, alegando que afectaban su derecho a la justicia. Sin embargo, la SCJN determinó que su argumento se centraba más en cuestionar pruebas que en la constitucionalidad de las normas. Esto resalta que su lucha legal se basa en la dificultad de demostrar el origen de los fondos, más que en una defensa jurídica sólida.
Con la decisión de hoy, la Suprema Corte reafirma la importancia del cumplimiento fiscal en el país. Este caso, que ha tenido una larga trayectoria legal, podría sentar un precedente en cuanto a la responsabilidad fiscal de líderes sindicales. Gordillo, símbolo de poder en el ámbito educativo, ahora enfrenta desafíos que marcarán su futuro y pondrán a prueba su capacidad de controversia ante el sistema.
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SCJN avala protección reforzada a médicos del IMSS expuestos a riesgo
La Suprema Corte resolvió por unanimidad un amparo bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, confirmando la constitucionalidad de una prestación diferenciada para personal médico del IMSS en áreas de alto riesgo infectocontagioso.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el artículo 10 del Reglamento de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radioactivas, integrado en un Contrato Colectivo de Trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La resolución se dio al analizar un amparo directo en revisión y fue aprobada por unanimidad.
El máximo tribunal concluyó que la prestación diferenciada para personal adscrito a áreas de mayor riesgo no vulnera los derechos de igualdad, no discriminación ni a la salud. La norma establece un beneficio extralegal para quienes laboran de manera constante y permanente en servicios como infectología o unidades de cuidados intensivos, donde el riesgo de contagio es más alto.
Durante la discusión, la ministra Esquivel destacó que la distinción se basa en criterios objetivos relacionados con el nivel de exposición, por lo que no resulta equiparable la situación de médicos en áreas de alto riesgo con la de quienes desempeñan funciones en otros servicios. Con esta decisión, la Corte mantiene una protección reforzada para el personal médico que enfrenta riesgos infectocontagiosos de forma permanente.
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SCJN frena abusos en rentas de la CDMX: aumentos no podrán superar la inflación
La Suprema Corte avaló el tope anual a los alquileres en la capital; la medida busca contener la gentrificación y proteger el derecho a la vivienda.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el decreto del Gobierno de la Ciudad de México que limita el aumento anual de las rentas al índice de inflación, cerrando la puerta a incrementos discrecionales que disparaban el costo de la vivienda en la capital.
Durante la discusión, el Máximo Tribunal subrayó que la medida protege un derecho humano consagrado en la Constitución: el acceso a la vivienda, el cual se ha visto amenazado por la falta de regulación en los precios y el avance de la gentrificación.
La ministra Lenia Batres advirtió que en los últimos 20 años el costo del suelo en la Ciudad de México aumentó hasta 800 por ciento, fenómeno que ha impactado directamente en los alquileres. Además, señaló la caída en la vivienda propia: mientras en 2000 el 71% de los capitalinos habitaba casa propia, para 2020 la cifra bajó al 50%.
Con el fallo, por ejemplo, una renta de 10 mil pesos sólo podría incrementarse hasta 369 pesos anuales, conforme a la inflación, evitando alzas arbitrarias por encima del crecimiento general de precios.
Sin embargo, el tema del Registro de contratos de arrendamiento quedó pendiente, ya que el ministro presidente Hugo Aguilar presentará un nuevo proyecto con ajustes.
Por su parte, el doctor en Políticas Públicas del CIDE, Víctor Aramburú Cano, cuestionó la medida y sostuvo que el verdadero problema radica en la especulación inmobiliaria. Consideró que el gobierno capitalino debería aumentar la oferta de vivienda pública asequible y frenar la construcción destinada a la especulación, pues —dijo— la inflación nacional no refleja con precisión la dinámica del mercado inmobiliario en la CDMX.
El fallo de la SCJN marca un precedente clave en el debate sobre rentas, inflación y derecho a la vivienda en la Ciudad de México.
