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Etiqueta: SCJN

  • Suprema Corte toma decisión histórica al frenar las comisiones excesivas en Afores

    Suprema Corte toma decisión histórica al frenar las comisiones excesivas en Afores

    La SCJN valida que las Afores no cobren comisiones que afecten a los trabajadores, garantizando así su ahorro para el retiro.

    El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión histórica sobre las Afores. Bajo la Ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel, la corte resolvió la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Este artículo establece un límite a las comisiones que pueden cobrar las Afores por sus servicios.

    La Ministra Esquivel destacó que el propósito principal del Sistema de Ahorro para el Retiro es proteger a los trabajadores y sus recursos. Esto significa que los trabajadores no deben enfrentar cargos excesivos que afecten sus ahorros. Además, la sentencia garantiza que las empresas de Afores operen dentro de un marco justo y regulado.

    La disputa comenzó cuando una Afore impugnó la reforma de 2020 que limitaba las comisiones. Un juez de distrito le dio la razón, alegando que la reforma dañaba la confianza de los trabajadores y la libertad de comercio. Sin embargo, el Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro no estuvieron de acuerdo y llevaron el caso a la SCJN.

    La resolución del Pleno de la SCJN abre una nueva etapa. Ya no se podrán cobrar comisiones que perjudiquen a los trabajadores, quienes a menudo se sienten inseguros sobre su futuro financiero. Esta sentencia no solo protege sus derechos, también fortalece sus ahorros para la vejez.

    Con esta decisión, los trabajadores tienen más seguridad sobre sus recursos. El Sistema de Ahorro para el Retiro busca crear un ambiente donde la confianza y la protección del dinero de los trabajadores sean la prioridad.

  • Corte revierte acuerdo de Piña; ordena a minera pagar 2.8 mmdp en impuestos

    Corte revierte acuerdo de Piña; ordena a minera pagar 2.8 mmdp en impuestos

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica la sentencia contra Primero Empresa Minera, exigiendo el pago de un crédito fiscal de casi 2.9 mil millones de pesos y dándole fin al acuerdo con la exministra Norma Piña.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este jueves que Primero Empresa Minera debe pagar 2 mil 868 millones de pesos en impuestos. Esta cantidad incluye el impuesto sobre la renta y otras responsabilidades fiscales correspondientes al ejercicio fiscal de 2012.

    El Pleno de la Corte, de manera unánime, aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Este proyecto revoca un acuerdo previo de la expresidenta Norma Piña Hernández, quien había admitido un amparo solicitado por la minera.

    Batres explicó que la empresa había solicitado aplazar la resolución, argumentando que estaba en diálogo con las autoridades fiscales, sin embargo, la Corte decidió que no había mecanismos que justificaran el aplazamiento.

    La minera sostenía que ciertos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta eran inconstitucionales, por lo que afirmó que violaban su derecho a la seguridad jurídica y el acceso a la justicia. No obstante, la Secretaría de Hacienda argumentó que el caso carecía de interés constitucional.

    La Corte determinó que, aunque hay cuestiones de constitucionalidad, no se trata de un asunto excepcional. Por ello, se resolvió mantener la obligación de la minera de pagar esta deuda fiscal.

    Batres también recordó que la minera había presentado otros amparos relacionados anteriormente. Esto indica que no había un interés excepcional en el caso, lo que llevó a la corte a descartar la solicitud de amparo.

  • SCJN autoriza embargar cuentas del IMSS a pensionados deudores de pensión alimenticia

    SCJN autoriza embargar cuentas del IMSS a pensionados deudores de pensión alimenticia

    La Suprema Corte facilita el embargo parcial de cuentas de retiro del IMSS. Esta nueva medida afectará a pensionados con deudas de pensión alimenticia.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión que cambiará el panorama para los pensionados del IMSS. Su fallo reciente permite el embargo parcial de las cuentas individuales de retiro para los afiliados bajo la Ley 73 y la Ley 97, lo que pone en tela de juicio el principio de inembargabilidad que hasta ahora se había mantenido firme.

    Es fundamental aclarar que el embargo solo afectará a quienes no cumplan con sus obligaciones de pensión alimenticia. Aquellos que no tienen empleo, propiedades u otros activos quedarán expuestos a esta medida, sin embargo, la restricción será parcial: solo se podrá embargar hasta un 10% de los fondos y siempre bajo autorización judicial.

    El objetivo principal de esta decisión es proteger el bienestar de los menores, ya que la SCJN prioriza el derecho a la alimentación, considerado constitucional, por encima de otros derechos económicos. Así, los recursos embargados se destinarán exclusivamente a cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación de los niños beneficiarios.

    Este cambio en la legislación implica que, aunque los fondos de retiro se consideraban intocables, ahora se podrán utilizar parcialmente para garantizar la manutención de los hijos deudores, por lo que no se alteran los derechos adquiridos por los pensionados, pero sí se introduce una nueva interpretación que busca balancear la protección patrimonial con la vida de los menores.

    En su resolución, la SCJN dejó claro que el principio de inembargabilidad tiene sus límites. Este principio no está protegido por la Constitución, sino que se basa en leyes secundarias. Por esta razón, cuando hay un derecho superior, como el derecho a la alimentación, puede aplicarse un embargo en circunstancias específicas.

    Este fallo marca un precedente importante en el ámbito de la seguridad social y la justicia familiar. Con esta nueva normativa, el IMSS deberá modificar sus procedimientos administrativos para cumplir con las órdenes judiciales relacionadas con embargos. Los pensionados deben estar atentos a las implicaciones de esta decisión para proteger sus derechos y asegurar que sus recursos se utilicen de manera adecuada.

  • Suprema Corte multó a Salinas Pliego por intentar entorpecer dos juicios fiscales

    Suprema Corte multó a Salinas Pliego por intentar entorpecer dos juicios fiscales

    El máximo tribunal sancionó al empresario y a Grupo Elektra tras desechar sus recursos con los que buscaba excusar a nueve ministros por presunto conflicto de interés en juicios que suman más de 34 mil millones de pesos.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impuso una multa a Grupo Elektra, propiedad del deudor fiscal, y también empresario, Ricardo Salinas Pliego, por intentar entorpecer y retrasar dos juicios fiscales promovidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en conjunto superan los 34 mil 373 millones de pesos.

    De acuerdo con el expediente, la empresa presentó dos recursos para que nueve ministros y ministras se excusaran de conocer los casos por presuntos conflictos de interés, entre ellos Lenia Batres, Loretta Ortiz, Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Yasmín Esquivel, así como los ministros Hugo Aguilar, Arístides Rodrigo Guerrero, Giovanni Figueroa e Irving Espinosa.

    Sin embargo, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, desechó ambas solicitudes “sin mayor trámite” y ordenó una sanción económica contra Elektra, cuyo monto no fue revelado. En la notificación judicial se establece que la empresa abusó del proceso judicial con fines dilatorios, por lo que se dispuso que el billete de depósito correspondiente sea remitido a la Tesorería de la Federación para hacer efectiva la multa.

    Los juicios fiscales en cuestión corresponden a dos créditos del SAT, uno por 33 mil 306 millones de pesos y otro por mil 431 millones, derivados de impuestos, recargos, multas y actualizaciones que la empresa ha impugnado durante años.

    Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, interpuso un nuevo recurso de reclamación ante la Corte contra un amparo adicional promovido por Elektra. Dicho recurso fue admitido por el ministro Hugo Ortiz Aguilar, y turnado a la ponencia de la ministra Sara Irene Herrerías, quien elaborará el proyecto de sentencia definitiva.

  • Elektra intenta bloquear a SCJN en sus juicios fiscales

    Elektra intenta bloquear a SCJN en sus juicios fiscales

    La empresa del evasor Ricardo Salinas Pliego busca impedir que toda la Suprema Corte resuelva dos casos contra impuestos millonarios. La Corte rechazó la maniobra y multó a Elektra por tratar de retardar los procesos.

    La empresa Grupo Elektra, propiedad del deudor fiscal, y empresario, Ricardo Salinas Pliego, trató de paralizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La firma buscaba que la Corte no resolviera dos juicios en su contra por créditos fiscales que le impuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos créditos suman más de 34 mil millones de pesos, entre impuestos, multas, recargos y actualizaciones.

    Para lograr su objetivo, Elektra presentó dos recursos de impedimento, los cuales sirven para separar a un juez o tribunal de un caso si hay sospechas de falta de imparcialidad o conflicto de interés. La empresa quería que los nueve ministros del Pleno de la Corte se declararan impedidos para resolver los amparos relacionados con estos créditos fiscales.

    El intento de Elektra fue rechazado rápidamente, pues el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, negó las solicitudes sin entrar en detalles y, en lugar de aceptar la recusación, impuso multas a la empresa. La razón: buscar retrasar o entorpecer los procesos judiciales.

    Es la primera vez que Elektra intenta bloquear a toda la Corte en sus casos. Antes, solo había presentado recursos en lo individual contra algunos ministros. Ahora, su estrategia buscaba impedir que toda la Corte resolviera los amparos relacionados con el crédito de 2013, que supera los 33 millones de pesos, y otro de 2008 por más de 1,4 millones de pesos.

    Aunque la Corte no dio detalles sobre las razones de Elektra para impedir a los ministros, sí explicó que, de acuerdo a la ley, si una recusación busca retrasar un proceso, la empresa puede ser multada. La ley establece multas que van desde 70 hasta 690 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por tratar de entorpecer los juicios.

    Este caso pone en evidencia cómo algunas empresas intentan utilizar todos los recursos legales para retrasar sus procesos fiscales. La Corte, en cambio, reafirma su independencia, rechazando esas maniobras y aplicando las multas correspondientes.

  • Norma Piña bajo la lupa: SCJN prevé revocar amparo que ella admitió

    Norma Piña bajo la lupa: SCJN prevé revocar amparo que ella admitió

    El pleno debatirá revocar la admisión ordenada por la entonces ministra presidenta Norma Piña; la minera involucrada está obligada a pagar 2 mil 868 millones de pesos.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso para corregir lo que nuevos ministros califican como prácticas que alargan juicios fiscales: este jueves el pleno discutirá el proyecto de la ministra Lenia Batres para revocar la admisión de un amparo promovido por Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic. De confirmarse, quedará firme la sentencia que r a la minera a pagar 2,868,853,516.57 pesos por impuestos, recargos y multas del ejercicio 2012.

    El proyecto cuestiona directamente el acuerdo del 10 de febrero firmado por la entonces ministra presidenta Norma Piña Hernández, quien admitió el amparo pese a que, según la SHCP, el caso no cumple con los requisitos de “interés excepcional” ni plantea una cuestión constitucional novedosa. La iniciativa de Batres avala la reclamación de Hacienda y apunta a que la admisión fue improcedente y facilitó maniobras dilatorias.

    La Corte ya empezó a sancionar esas tácticas: el 23 de octubre impuso 70 UMA a Primero Empresa Minera por un recurso de impedimento infundado contra la ministra Yasmín Esquivel, y el 1 de octubre multó al Banco Actinver por un intento similar. Los ministros advirtieron que recursos sin fundamento sólo buscan prolongar litigios y obstaculizar la justicia.

    La discusión de este jueves no es solo técnica, ya que pone en entredicho decisiones administrativas de la presidencia pasada de la SCJN y obliga a revisar quiénes y por qué autorizaron reaperturas de amparos ya rechazados en instancias inferiores. Para la SHCP, y ahora para el pleno, se trata de cerrar las puertas a “argucias procesales” que erosionan la eficacia del sistema fiscal y la confianza ciudadana.

    Si el pleno avala el proyecto, la resolución enviará un mensaje claro: la Corte busca agotar las vías para que grandes deudores fiscales no usen trámites excepcionales para evitar responsabilidades económicas.

    Con información de Iván Saldaña para La Jornada

  • Presiones y logros en el TEPJF: Mónica Soto rinde su informe de labores

    Presiones y logros en el TEPJF: Mónica Soto rinde su informe de labores

    La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, destacó los desafíos enfrentados durante la reciente elección de juzgadores y los logros alcanzados en su gestión.

    La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, presentó su informe de labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 24 de octubre de 2025. En su discurso, Soto reveló que el TEPJF enfrentó “presiones y ataques” significativos durante la primera elección de juzgadores, un proceso inédito en el país.

    Soto enfatizó que la presión fue tan intensa que se recibieron solicitudes para modificar la interpretación constitucional que el tribunal había mantenido durante los últimos 15 años. “Nos quisieron imponer el cambio de reglas posteriores a la elección”, afirmó, subrayando la importancia de la fortaleza institucional para resistir estos embates y priorizar el interés nacional y el respeto a la Constitución.

    Durante su intervención, la magistrada destacó que, a pesar de los desafíos, el TEPJF logró mantener la paz social y el Estado de derecho intacto. “Gracias a la labor de las autoridades electorales, el proceso no se suspendió y la paz social no se vulneró”, aseguró. También hizo mención de la elección de la primera presidenta de la República y del papel crucial que desempeñaron los juzgadores en este contexto.

    Soto no escatimó en reconocer las críticas que enfrentaron tanto los participantes en la elección como los organizadores. Sin embargo, reafirmó que el tribunal actuó conforme a la Constitución, lo que fue esencial para mantener la integridad del proceso electoral.

    En su informe, la presidenta del TEPJF reveló que se recibieron un total de 11,941 expedientes durante el año, de los cuales 7,269 correspondieron a la elección judicial. Este volumen de trabajo refleja la importancia y la carga que ha asumido el tribunal en la vida pública del país.

    Al final de su discurso, Mónica Soto anunció que dejará su cargo al final de octubre, y que Gilberto Batiz asumirá la presidencia del TEPJF. Resaltó la necesidad de que el nuevo Poder Judicial se consolide como un garante de las libertades y la democracia en México.

    La sesión fue un momento de reconocimiento para los magistrados que han trabajado en conjunto, a pesar de las diferencias. Soto concluyó su intervención reafirmando el compromiso del TEPJF con la autonomía y la independencia, asegurando que la justicia electoral seguirá siendo un pilar fundamental para el desarrollo del país.

  • Auditoría detecta 272.4 mdp sin justificar en Consejo de la Judicatura Federal durante gestión de Norma Piña

    Auditoría detecta 272.4 mdp sin justificar en Consejo de la Judicatura Federal durante gestión de Norma Piña

    La Auditoría Superior de la Federación detecta pagos sin comprobación y probable daño a la Tesorería en el extinto Consejo de la Judicatura Federal.

    La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño patrimonial de 272.4 millones de pesos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durante la gestión de Norma Piña Hernández, cuando encabezaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La revisión forense reveló que el organismo judicial incumplió la ley en contrataciones públicas y realizó pagos millonarios a proveedores sin documentación que acreditara los servicios recibidos.

    El informe correspondiente a la segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2024 detalla que el CJF pagó 21.4 millones de pesos sin justificar servicios de seguridad y vigilancia; 49.4 millones por mantenimiento y limpieza, y 201 millones por servicios tecnológicos, de impresión, digitalización y soporte especializado. Además, no se hizo efectiva una póliza de fianza de 431 mil pesos, derivada de la suspensión del servicio de comedor en Toluca por dos meses.

    En total, la ASF señaló un monto pendiente de aclarar de 272 millones 437 mil 450 pesos, advirtiendo que, aunque el CJF emprendió acciones para fortalecer su control interno, estas no garantizaron el cumplimiento de la ley ni la transparencia, lo que vulneró los principios de rendición de cuentas y control presupuestal.

    La auditoría comprobó violaciones a normas como la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al incumplir los requisitos de comprobación del ejercicio presupuestal.

    El reporte se realiza tras la desaparición del CJF, derivada de la reforma judicial, y la transferencia de sus funciones e infraestructura al Tribunal de Disciplina Judicial, como parte de la reestructura del Poder Judicial.

    Con información de Arturo Sánchez y Enrique Méndez para La Jornada

  • SCJN sanciona a minera canadiense por intentar dilatar juicio fiscal de más de 2 mil mdp

    SCJN sanciona a minera canadiense por intentar dilatar juicio fiscal de más de 2 mil mdp

    La Suprema Corte impuso una multa a Primero Empresa Minera, filial de First Majestic Silver Corp., por presentar recursos dilatorios contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa, buscando retrasar la resolución de un crédito fiscal millonario.

    Por unanimidad, el Pleno de la SCJN multó este jueves a Primero Empresa Minera, filial de la canadiense First Majestic Silver Corp., tras determinar que la compañía recurrió a “argucias procesales” para dilatar un juicio fiscal de 2 mil 868 millones de pesos. El recurso presentado buscaba apartar del caso a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, alegando falta de imparcialidad.

    La multa impuesta fue de 70 UMA, cerca de 8 mil pesos, pero los ministros destacaron su carácter ejemplar, como un freno a estrategias que prolongan los juicios y generan la percepción de que los retrasos recaen en la Corte. La ministra María Estela Ríos González enfatizó que la medida busca “atajar estas argucias procesales que tienden a alargar los juicios innecesariamente”.

    El caso se deriva del amparo directo en revisión 726/2025, aún pendiente de resolución, mediante el cual la minera impugna un crédito fiscal del SAT correspondiente a omisiones en ISR, IETU, actualizaciones, recargos y multas del ejercicio 2012. Posteriormente, promovió el recurso de impedimento 44/2025 contra la ministra Esquivel Mossa.

    El proyecto del ministro Arístides García Guerrero declaró infundados los señalamientos de la minera, al considerar que no existían elementos objetivos que justificaran el impedimento. La ministra Lenia Batres coincidió en que era necesario cerrar la puerta a estrategias dilatorias que retrasan la resolución de juicios millonarios.

    En meses recientes, casos similares han sido reportados, como los recursos promovidos por Grupo Salinas, que buscaron retrasar la resolución de tres juicios de amparo por casi 35 mil millones de pesos, evidenciando un patrón de uso de la Corte para dilatar procesos fiscales. La sanción a Primero Empresa Minera marca un precedente en la lucha contra estas prácticas.

    Con información de La Jornada

  • SCJN confirma obligación de compartir infraestructura en telecomunicaciones

    SCJN confirma obligación de compartir infraestructura en telecomunicaciones

    La Suprema Corte aprueba la reforma de 2014 que obliga a empresas como Televisa a compartir sus redes, buscando ampliar la cobertura y beneficiar a la población.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó este jueves una parte clave de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) de 2014. La decisión reafirma que las empresas de telecomunicaciones, como Televisa, deben compartir su infraestructura con otros operadores.

    La filial de Televisa, Televimex, había presentado un amparo contra el artículo 139 de la ley, argumentando que compartir sus redes violaba su derecho a la propiedad privada y generaba inseguridad jurídica. Sin embargo, la SCJN desestimó esa petición y confirmó la constitucionalidad de la obligación.

    La ministra Lenia Batres Guadarrama explicó que compartir infraestructura no equivale a perder la propiedad. “Se trata de una medida que no impide usar los bienes y que tiene un fin social importante”, comentó. La decisión busca ampliar la cobertura en zonas donde actualmente no hay acceso a servicios de telecomunicaciones.

    El presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, coincidió en que la reforma es constitucional, aunque admitió que limita el derecho a la propiedad. “Es una restricción que busca beneficiar a más personas”, señaló. Él agregó que la decisión sería más sólida si se reforzaran los argumentos sobre la proporcionalidad de la medida.

    Finalmente, la Corte envió el expediente a un tribunal colegiado, que resolverá los detalles legales pendientes. La decisión reafirma que el objetivo principal es ampliar la cobertura en todo el país, beneficiando a millones de mexicanos que aún no tienen acceso a internet o telefonía.

    Este fallo representa un paso importante para que las telecomunicaciones en México sean más accesibles y justas para todos.