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  • SAT vigilará de cerca a quienes utilicen el outsourcing para simular operaciones fiscales

    SAT vigilará de cerca a quienes utilicen el outsourcing para simular operaciones fiscales

    SAT busca combatir fraude con su Plan Maestro de Fiscalización 2026 mediante auditorías y revisión de documentos para detectar evasiones de cumplimientos fiscales. 

    Uno de los objetivos centrales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para 2026 es garantizar la equidad fiscal, mediante el combate al fraude, las operaciones simuladas y la deducción indebida de gastos a través de esquemas de subcontratación irregulares.

    La estrategia se enfocará en detectar evasión de nómina, declaraciones recurrentes con saldos negativos, omisión de ingresos, desfases operativos, anomalías en comercio exterior, incumplimiento de obligaciones patronales, solicitudes de devolución injustificadas y transacciones sospechosas en paraísos fiscales, entre otras prácticas.

    Asimismo, el SAT anunció cambios en los procedimientos de auditoría, con el objetivo de limitar a una sola intervención por contribuyente en caso de detectar irregularidades, así como la revisión de documentos estratégicos. La dependencia también busca agilizar los tiempos de devolución, con la meta de mejorar el plazo legal de 40 días.

    De igual forma, todas las sedes del SAT en el país aplicarán criterios homogéneos para evaluar deducciones, depósitos y la validez de las operaciones, a fin de garantizar un trato equitativo a los contribuyentes.Estas acciones forman parte del Plan Maestro de Fiscalización 2026, diseñado para optimizar recursos, fortalecer la transparencia y generar un entorno fiscal claro y justo, basado en la igualdad de condiciones y el cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales.

  • Moody’s baja a Elektra por adeudo fiscal

    Moody’s baja a Elektra por adeudo fiscal

    Moody’s degradó la calificación de Nueva Elektra del Milenio ante el mayor apalancamiento y flujo de caja negativo. El SAT exigirá 51,000 millones de pesos a Grupo Salinas a partir de enero de 2026, lo que complica la recuperación financiera de la empresa.

    Moody’s anunció esta semana que rebajó la calificación de Nueva Elektra del Milenio de Ba3 a B1. La agencia señaló que las métricas crediticias de la empresa empeoraron por el pago de dividendos extraordinarios durante 2025 y por su alta deuda fiscal.

    La calificadora dijo que el flujo de caja libre se volvió negativo y que el apalancamiento aumentó. “No esperamos una recuperación significativa a corto plazo”, añadió Moody’s.

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, tras resoluciones judiciales definitivas, solicitará a Grupo Salinas el pago de al menos 51,000 millones de pesos. El cobro comenzará en enero de 2026 y seguirá el proceso establecido por el Código Fiscal.

    Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, explicó que las autoridades determinaron adeudos de ISR por ejercicios entre 2008 y 2013. Dijo que tribunales y la Suprema Corte confirmaron esas determinaciones entre 2019 y 2025.

    Martínez Dagnino señaló que los contribuyentes podrán solicitar descuentos de hasta 39 por ciento según la ley y los fallos. El funcionario pidió que se cumplan las obligaciones fiscales para contribuir a los gastos públicos.

    Ricardo Salinas Pliego reaccionó en su cuenta de X y pidió que el SAT entregue por escrito el desglose del adeudo. Afirmó que solo con información clara y verificable será posible llegar a una solución justa y fortalecer el Estado de derecho.

    Por otro lado, Elektra ya salió de la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores. La suspensión afecta la liquidez de inversores y aumenta la incertidumbre entre clientes y empleados.

    Moody’s recordó que las restricciones regulatorias en el segmento financiero limitan las fuentes de pago. Por eso, dijo que la empresa recurrirá al flujo operativo y a caja e inversiones temporales del segmento comercial para cubrir contingencias fiscales.

    La Presidencia, representada por Claudia Sheinbaum, calificó el caso como jurídico y administrativo. La mandataria indicó que espera el pago una vez notificado el requerimiento en enero y advirtió que, si no pagan, vendrán otros procesos.

    Para empleados y proveedores, la degradación añade tensión sobre el futuro de tiendas y servicios. Para los clientes, la situación puede complicar ofertas de crédito y servicios financieros ligados a la cadena comercial.

    En lo inmediato, Elektra y Grupo Salinas enfrentan dos frentes: el reclamo fiscal y la necesidad de restablecer confianza entre inversionistas y usuarios. En enero comienza una etapa clave, cuando el SAT emita el requerimiento formal y se activen las opciones de pago previstas por la ley.

  • TV Azteca acusa a acreedores de conspiración con el Gobierno

    TV Azteca acusa a acreedores de conspiración con el Gobierno

    La televisora demanda a fondos estadounidenses, alegando que influyeron en la SCJN contra Salinas Pliego por los adeudos fiscales de Grupo Salinas.

    TV Azteca, bajo el control de Ricardo Salinas Pliego, presentó una demanda en Nueva York. La televisora acusó a fondos de inversión estadounidenses de conspirar con autoridades mexicanas para influir en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto está relacionado con deudas fiscales millonarias.

    En su escrito, registrado el 17 de diciembre, los abogados de la televisora sostienen que las resoluciones de la SCJN, que confirman adeudos por más de 47 mil millones de pesos, no son solo decisiones judiciales. Afirman que son el resultado de una presunta campaña política y financiera en contra del empresario.

    Los abogados argumentan que Salinas Pliego ha sido considerado una figura de oposición a Morena. Esto habría generado acciones del gobierno contra él en los últimos siete años.

    El conflicto surge en medio de un litigio más amplio en el que los fondos de inversión demandan el pago de bonos emitidos por TV Azteca en 2017. La deuda original de 400 millones de dólares ha crecido a más de 580 millones debido a intereses y penalizaciones.

    TV Azteca señala específicamente a Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management por presionar a las autoridades mexicanas. La empresa busca recuperar al menos 400 millones de dólares por daños y perjuicios, argumentando que las acciones de los acreedores dañaron su reputación y finanzas.

    En el documento, TV Azteca menciona declaraciones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum que consideran difamatorias. Estas acciones también se interpretan como parte de una campaña sistemática para influir en decisiones judiciales.

    El problema con los acreedores se intensifica desde la suspensión de pagos de los bonos en 2017. Los fondos han alegado que TV Azteca intentó evadir sus obligaciones financieras mediante recursos legales. Además, en 2023, estos mismos fondos iniciaron un arbitraje comercial contra el Estado mexicano tras la prohibición de un juez en Ciudad de México para ejecutar acciones legales contra la televisora.

    Mientras los litigios avanzan, la SCJN ha rechazado aplazar varios juicios fiscales relacionados con créditos que podrían sumar miles de millones de pesos. Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que Grupo Salinas deberá pagar alrededor de 51 mil millones de pesos en enero por adeudos fiscales.

    Frente a estos desafíos, Salinas Pliego afirmó en redes sociales que buscarán “cerrar este capítulo” y resolver las diferencias con el gobierno, aunque esperan una notificación formal.

  • Viernes negro para Salinas Pliego

    Viernes negro para Salinas Pliego

    Por Ricardo Sevilla

    Ayer, en LosReporterosMx, revelamos que Salinas Pliego desembolsó 100 mil dólares para asistir a una cena con Donald Trump, compartiendo el espacio con otros 850 invitados.

    También le informamos que el dueño de Grupo Salinas no es percibido por el gobierno de Estados Unidos como un aliado estratégico, sino como un fan de Donald Trump que adquirió su acceso en el mercado secundario de influencias.

    Hoy, el SAT confirmó que, para enero de 2026, Salinas Pliego deberá liquidar el adeudo fiscal que asciende a 51 mil millones de pesos.

    El Servicio de Administración Tributaria sostiene que deberá pagar, al final, 31 mil millones de pesos.

    El polémico empresario, con la cola metida entre las patas, no ha tenido más remedio que salir a reconocer formalmente su deuda ante la autoridad.

    Pero eso no es todo.

    Por si fuera poco, el dueño de TV Azteca manifestó a través de su cuenta en X su intención de cerrar este capítulo y dar por concluidas las discrepancias con el gobierno. ¡Estamos viendo a Salinas Pliego, desmoronándose!

    le ofrezco un dato duro y contundente para dimensionar esta cifra: esos 51 mil millones de pesos equivalen, aproximadamente, al presupuesto anual de diversas entidades federativas o a la edificación de múltiples hospitales de alta especialidad.

    Resulta sumamente revelador que la aceptación pública de la deuda por parte del propietario de Grupo Elektra marque un viraje en su estrategia. ¿A qué me refiero? A que el arrogante dueño de TV Azteca ha pasado de la confrontación total a la búsqueda de una salida negociada.

    Y déjeme decirle una cosa: este desmoronamiento trasciende lo financiero para volverse simbólico. ¿A qué me refiero? A que cuando un magnate, tan soberbio y engreído, admite un adeudo tras años de litigios, su aura de intocabilidad simplemente se desvanece.

    ¡Este arroz ya se coció! ¡Salinas Pliego tendrá que pagar! Ahora sí que la soberbia fiscal tiene fecha de caducidad: enero de 2026.

  • Salinas Pliego patea el pago y le pide al SAT “la cuenta con lupa” hasta enero

    Salinas Pliego patea el pago y le pide al SAT “la cuenta con lupa” hasta enero

    Mientras la deuda fiscal se acumula desde hace más de una década, el magnate prefiere ganar tiempo y presentarse como víctima de la autoridad tributaria.

    Ricardo Salinas Pliego volvió a hacer lo que mejor sabe: posponer, polemizar y victimizarse, ahora frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El dueño de Grupo Salinas anunció que esperará hasta enero para que la autoridad fiscal le “precise por escrito” el monto de su adeudo, estimado en 31 mil millones de pesos, como si se tratara de una cuenta confusa y no de una obligación fiscal determinada por tribunales.

    A través de un mensaje en redes sociales, el evasor fiscal aseguró que lo “prudente y responsable” es aguardar a que el SAT entregue un desglose detallado y transparente, pese a que el propio organismo ha reiterado que el adeudo corresponde a ejercicios fiscales de entre 2008 y 2013, es decir, impuestos no pagados desde hace más de 15 años.

    Con el ya conocido discurso de la “certidumbre jurídica”, Salinas Pliego afirmó que no busca conflicto, sino cerrar el capítulo. Sin embargo, los hechos contrastan con la narrativa, pues el litigio ha sido estirado durante sexenios mientras los recargos y actualizaciones siguen creciendo, cortesía del tiempo… y de la falta de pago.

    El evasor fiscal incluso presumió haber entregado 285 millones de pesos al fisco durante la disputa, una cifra que palidece frente a los miles de millones que adeuda, pero que intenta presentar como muestra de “buena voluntad”. Desde Palacio Nacional, el SAT ha sido claro: los montos no son capricho administrativo, sino resoluciones judiciales firmes.

    Así, mientras millones de contribuyentes cumplen puntualmente cada mes, uno de los hombres más ricos del país pide paciencia, papel membretado y otro plazo más. Porque, al parecer, cuando se trata de pagar impuestos, la prisa sólo aplica para cobrar… no para cumplir.

  • ¡Se le acaba el tiempo!  Salinas Pliego tiene hasta enero para pagarle al SAT deuda de 51 mmdp

    ¡Se le acaba el tiempo! Salinas Pliego tiene hasta enero para pagarle al SAT deuda de 51 mmdp

    El SAT notificará en enero el requerimiento de pago por 51 mil millones de pesos, tras agotarse todos los recursos legales.

    Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los últimos recursos legales, Grupo Salinas deberá pagar una deuda fiscal de 51 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó su titular, Antonio Martínez Dagnino, durante la Mañanera del Pueblo. La notificación formal se realizará en enero de 2026, cuando iniciará el plazo para el pago voluntario.

    La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que se trata de un asunto estrictamente legal, administrativo y jurídico, y dejó claro que el gobierno federal actuará conforme a derecho. Explicó que, una vez notificado el requerimiento, las empresas involucradas pueden solicitar descuentos o ajustes, tal como lo permite el Código Fiscal de la Federación, pero advirtió que, de no cumplir, se activarán los procedimientos correspondientes.

    Martínez Dagnino precisó que la legislación fiscal contempla reducciones de hasta 39 por ciento, siempre que se cumplan los criterios legales y las sentencias emitidas por los tribunales. Recordó además que el artículo 31 constitucional obliga a todas las personas físicas y morales a contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público.

    El caso se remonta a 2013, cuando el SAT determinó adeudos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013. Desde entonces, Grupo Salinas promovió múltiples impugnaciones en distintas instancias, las cuales fueron rechazadas de manera definitiva este año por la Corte, validando la actuación de la autoridad fiscal.

    Sheinbaum añadió que la Procuraduría Fiscal y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno han supervisado el proceso para garantizar su legalidad y transparencia. Insistió en que el tema no debe politizarse, pues se trata de hacer cumplir la ley sin privilegios.

    Con la notificación en enero, el SAT abrirá formalmente el plazo para que la empresa cubra el adeudo o solicite los mecanismos legales de pago. De no hacerlo, la autoridad fiscal podrá avanzar hacia medidas de cobro forzoso, conforme a la normatividad vigente.

  • Récord en recaudación federal

    Récord en recaudación federal

    El SAT informó que, entre enero y noviembre de 2025, los ingresos del gobierno sumaron 5.53 billones de pesos. El monto creció 5.9% real respecto a 2024, el mayor avance desde 2022.

    El SAT informó este martes que los ingresos del gobierno federal alcanzaron 5 billones 529 mil 814 millones de pesos de enero a noviembre de 2025. La cifra representa un crecimiento real de 5.9% frente al mismo periodo de 2024.

    Se trata del mayor aumento desde 2022, cuando los ingresos crecieron 5.1%. En 2023 el avance fue de 1.1% y en 2024 se elevó 2.1%. En contraste, en 2020 y 2021 la recaudación disminuyó 2.3% y 0.5%, respectivamente.

    En términos nominales, el gobierno captó 500 mil 591 millones de pesos más que en el mismo lapso de 2024. Además, los ingresos superaron en 102.3% el nivel programado en la Ley de Ingresos de la Federación 2025 para ese periodo.

    La recaudación tributaria marcó un nuevo récord y sumó 4 billones 905 mil 415 millones de pesos. Esa cifra muestra un crecimiento real de 4.6% respecto a enero-noviembre de 2024.

    Por impuesto sobre la renta (ISR), el país recaudó 2 billones 652 mil 597 millones de pesos. Eso implicó 222 mil 532 millones más que en 2024 y un avance real de 5.1%. El IVA aportó 1 billón 369 mil 885 millones, 68 mil 540 millones más y un crecimiento real de 1.4%. El IEPS sumó 617 mil 787 millones, 47 mil 775 millones más que en 2024 y un aumento real de 4.4%.

    El SAT dijo que continuará fortaleciendo la recaudación. Añadió que aplicará mecanismos para facilitar el cumplimiento fiscal y mantener una atención cercana a los contribuyentes.

    Para las familias y los servicios públicos, este mayor ingreso puede traducirse en más recursos para programas y obras. Autoridades y analistas seguirán la evolución de la recaudación al preparar el presupuesto 2026.

  • Estados Unidos cancela visa a Alex Tonatiuh Márquez, responsable de investigar huachicol fiscal

    Estados Unidos cancela visa a Alex Tonatiuh Márquez, responsable de investigar huachicol fiscal

    El director de Investigación Aduanera de la ANAM asegura que la cancelación de su visa es un trámite personal y no afecta sus funciones, mientras autoridades estadounidenses aplican revisión general de visados bajo criterios de seguridad.

    El Departamento de Estado de Estados Unidos canceló la visa de Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director General de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), quien tiene bajo su cargo la investigación del huachicol fiscal. La medida se ampara en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y forma parte de una revisión general de visas ordenada por la administración de Donald Trump.

    Autoridades diplomáticas confirmaron que la cancelación de la visa es discrecional y que los motivos específicos son información reservada. Públicamente, Estados Unidos ha señalado que este tipo de acciones buscan prevenir amenazas a la seguridad pública, vínculos con grupos criminales o actividades contrarias a sus intereses de política exterior.

    Márquez Hernández aclaró que se trata de un procedimiento administrativo personal, que no afecta sus responsabilidades como servidor público, y que podrá solicitar nuevamente la visa en el futuro. “No afecta mi trabajo ni la relación técnica u operativa de mis funciones profesionales”, señaló a través de su equipo.

    El caso de Márquez es el primero confirmado públicamente de un alto funcionario federal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que sufre la cancelación de su visa. En meses recientes, el gobierno estadounidense también anuló visas a otros 50 políticos y funcionarios mexicanos, principalmente de nivel estatal o municipal.

    Previamente, Márquez ha sido vinculado legalmente a la empresa Aledo S.A. de C.V., sancionada por el SAT con un crédito fiscal de 109 millones de pesos por operaciones de importación sin materialidad comercial. El funcionario ha negado cualquier responsabilidad administrativa o directa en la operación de la empresa.

    La presidenta Sheinbaum destacó que corresponde a la Secretaría de la Función Pública investigar cualquier irregularidad, mientras Márquez mantiene que su gestión al frente de la ANAM sigue vigente y sin afectaciones.

    Con información de Milenio.

  • Suspensión de Javier Tapia por corrupción en el IPN

    Suspensión de Javier Tapia por corrupción en el IPN

    La Secretaría Anticorrupción ha solicitado la suspensión de Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del IPN, en medio de graves acusaciones de corrupción.

    El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha suspendido temporalmente a Javier Tapia Santoyo. Este movimiento se produce tras la solicitud de la Secretaría Anticorrupción, que busca asegurar el progreso de las investigaciones en su contra. La suspensión entró en vigor el 29 de noviembre, enfocándose en posibles irregularidades en su gestión.

    Las acusaciones contra Tapia son serias. La Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por presuntamente otorgar contratos millonarios a una empresa vinculada a su esposa. Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta empresa es considerada “fantasma”. Las denuncias indican que Tapia adjudicó contratos por más de mil 600 millones de pesos a esta firma entre 2012 y 2019.

    La situación se complica aún más al revelarse que, a pesar de las advertencias del SAT sobre la empresa, Tapia otorgó tres contratos directos que suman más de 11 millones de pesos en 2018. Además, su conexión personal con la empresa ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.

    La Secretaría Anticorrupción ha manifestado preocupación por los riesgos de obstrucción en las investigaciones. En este sentido, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, ha pedido colaboración total para esclarecer los hechos. El IPN se compromete a mantener la transparencia durante todo el proceso.

    Las investigaciones también apuntan a irregularidades en otras adjudicaciones. Se han detectado contratos por 2,500 millones de pesos a una empresa cuestionada por supuestas prácticas corruptas. Este escenario plantea un ambiente de preocupación tanto para el IPN como para el gobierno federal.

    Javier Tapia Santoyo no es un desconocido en el mundo del servicio público; previamente, fue tesorero en el ISSSTE. Desafortunadamente, su carrera ahora se ve ensombrecida por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y la manipulación de pruebas.

    El caso de Tapia despierta un interés significativo en la sociedad, sobre todo al considerar la importancia de combatir la corrupción en México. La ciudadanía reclama justicia y espera que esta investigación pueda arrojar luz sobre la opacidad que a menudo envuelve la gestión pública.