La Secretaría Anticorrupción inhabilitó y multó a tres empresas por presentar documentación falsa en licitaciones vinculadas a proyectos de agua potable en el Estado de México.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció la inhabilitación de tres empresas constructoras tras detectar irregularidades graves en procesos de adjudicación de obra pública, relacionadas con la presentación de información falsa para la formalización de contratos gubernamentales.
De acuerdo con resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las compañías Once Cero Nueve 92, S.A. de C.V.; Quality Roads de México, S.A. de C.V.; y Sofman, S.A. de C.V. quedaron impedidas para participar en contrataciones con la administración pública federal, ya sea de manera directa o mediante intermediarios.
En el caso de Once Cero Nueve 92 y Quality Roads de México, la dependencia impuso a cada una una multa de 977 mil 130 pesos, además de una inhabilitación por un año y seis meses. Las sanciones derivan de la entrega de pólizas de fianza con información falsa en contratos otorgados por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), vinculados a obras de equipamiento electromecánico de pozos profundos y líneas de conducción de agua potable en Tepexpan y San Miguel Jaltocan, en los municipios de Acolman y Nextlalpan.
Por su parte, Sofman, S.A. de C.V. recibió dos sanciones independientes, debido a la reincidencia en la presentación de documentación apócrifa. La empresa fue acreedora a dos multas por 977 mil 130 pesos cada una y a dos periodos de inhabilitación de un año y seis meses, tras detectarse irregularidades en cuatro pólizas de fianza relacionadas con obras hidráulicas en San Andrés Metla, Cocotitlán, y en el Ejido de Taborda, Temoaya, también bajo supervisión de la CAEM.
Las notificaciones fueron emitidas el 12 de enero, y con la publicación en el DOF, las empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que bloquea su acceso a nuevas contrataciones públicas. La dependencia, encabezada por Raquel Buenrostro, subrayó que, aunque las firmas pueden impugnar, defenderá las sanciones para proteger el interés público y la integridad de las compras gubernamentales.
