Videos impactantes han revelado el maltrato a adultos mayores en la Residencia Santa Sofía, en San Luis Potosí. Las grabaciones, difundidas en redes sociales, muestran situaciones de violencia y humillación.
Al menos tres videos han circulado, cada uno documentando actos crueles por parte de asistentes del lugar. En uno de los clips, una mujer ahorca a otra simplemente por “jugar”. En otro video, una mujer aprieta a una anciana y se ríe mientras la insulta.
Un tercer video muestra a un hombre y una mujer sentados en un sillón. Una asistente se abalanza sobre ellos, humillando a la mujer y exigiendo ser cargada. Las grabaciones indican que estos abusos ocurren desde 2023.
Vecinos de la residencia, ubicada en la colonia Águilas tercera sección, aseguran que estos actos se han presentado durante mucho tiempo. La situación ha generado una ola de indignación en la comunidad.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía de San Luis Potosí ha abierto una carpeta de investigación. El objetivo es brindar apoyo a las víctimas y determinar quién difundió los videos. La sociedad exige justicia y protección para los adultos mayores de la Residencia Santa Sofía.
Como si no fuera suficiente no pagar sus impuestos o transmitir contenido de poco aporte a la sociedad, ahora el empresario, Ricardo Salinas Pliego, está buscando despojar de sus tierras a ejidatarios del ejido de Corcovada, municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí, para supuestamente desarrollar un proyecto extractivo.
El periodista Julio Astillero llevó a cabo una investigación, en la que encontró que la empresa CEMAT Construction, ligada a Grupo Salinas, busca hacerse con las tierras sí o sí. A dicha investigación, la respalda la palabra de Carlos Covarrubias, integrante de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, quien asegura que “no se trata de un proyecto de extracción de material para casas, sino de uno mucho más grande”.
Aunque el gobernador de San Luis Potosí,Ricardo Gallardo Cardona, dice no tener conocimiento de este proyecto, los ejidatarios, aseguraron encontrar al director de Minería estatal, José Antonio Nieto González con los planos en mano.
Vamos a esperar, a ver qué responde ante esto el presunto deudor fiscal, quien muy probablemente va a negar todo, asó como se niega a pagar su deuda con hacienda.
En una muestra más de autoritarismo, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, ha declarado que se tomarán medidas enérgicas contra quienes han divulgado información sobre los incrementos de impuestos propuestos en la Ley de Ingresos de 2025.
Estas acciones incluirán la presentación de denuncias, que serán gestionadas por el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez. Las acusaciones se centrarán en publicaciones anónimas que, según el gobierno, buscan desinformar al público y generar inestabilidad.
El gobernador también mencionó que se ha identificado a los responsables de estas campañas de desinformación, las cuales están diseñadas para crear un clima de “desgobernabilidad”. En este contexto, Gallardo expresó su inquietud por el lenguaje utilizado en algunas de estas campañas, especialmente aquellas que hacen referencia a la tenencia vehicular.
Por su parte, durante la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la libertad de expresión y subrayó la importancia de que los medios informen con responsabilidad. “Primero, esta denuncia a los periodistas y medios de comunicación. Pues no estoy de acuerdo. En el caso de la libertad de expresión, prohibido prohibir”, señaló.
El día de hoy en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma que prohíbe fabricar, vender y distribuir cigarrillos electrónicos, vapeadores, cigarrillos electrónicos, así como el uso ilícito de fentanilo y sus precursores químicos.
Con esto finalmente se dio validez constitucional a un párrafo quinto adicionado al artículo 4º y un párrafo segundo adicionado al artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara adicionados un párrafo quinto al artículo 4º y un párrafo segundo al artículo 5º de la Constitución Política, en materia de protección a la salud. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales”, declaró Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de dicha Comisión Permanente.
La encargada de contabilizar los votos sobre el tema a revisión, fue la secretaria de la Mesa Directiva, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT). Fueron en total 22 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, México, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.
Por lo tanto, con el objetivo de garantizar el derecho de protección a la salud de las mexicanas y los mexicanos, durante la 4T la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas, dice el dictamen aprobado.
Te hemos cumplido pueblo de México“, sentenció Fernández Noroña.
Una vez llevado acabo el proceso legislativo, a la reforma solo le queda pasar por el Poder Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales; deberá ser firmada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que después sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y de esta manera entre en vigor al día siguiente.
La #ComisiónPermanente declaró adicionados un párrafo quinto al artículo 4 y un párrafo segundo al artículo 5 de la Constitución Política, que prohíben cigarrillos electrónicos, #vapeadores y el uso ilícito del fentanilo. https://t.co/MEnb6y9d1c
Un operativo encabezado por la Policía de Investigación, bajo la coordinación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (FGJE), culminó en la detención de José Guadalupe “N”, conocido como “Pepe Lupe”, expresidente municipal de Tancanhuitz, acusado de estar presuntamente implicado en el asesinato del alcalde Jesús Eduardo Franco Lárraga, ocurrido el pasado domingo 15 de diciembre.
La captura se llevó a cabo en la colonia Residencial del Parque, en la capital del estado. Según las autoridades, José Guadalupe “N” es hermano de Manuel “N”, quien también fue detenido recientemente como presunto involucrado en el homicidio. Ambos desempeñaron el cargo de presidente municipal en Tancanhuitz en los periodos 2009-2012 y 2012-2015, respectivamente.
Durante el operativo, la policía realizó un cateo en una propiedad de José Guadalupe “N”, donde se encontraron armas de grueso calibre, un leopardo y evidencia que podría estar relacionada con el asesinato del alcalde Franco Lárraga. El atentado también cobró la vida de dos escoltas y del secretario particular del edil.
Aunque las autoridades han mantenido hermetismo sobre los cargos específicos que enfrentarán los detenidos, se prevé que en las próximas horas se celebre la audiencia inicial para determinar su situación jurídica.
Mientras tanto, la Fiscalía no descarta la posibilidad de más detenciones y se encuentra analizando líneas de investigación adicionales. La región de la Huasteca potosina sigue bajo fuerte vigilancia policial para garantizar la seguridad y esclarecer los hechos que han conmocionado al estado.
La madrugada del lunes 16 de diciembre, agentes de la Fiscalía de San Luis Potosí detuvieron a Manuel Aguilar Acuña, también conocido como El Kippy, exdiputado del Partido Acción Nacional (PAN), acusado del homicidio de Jesús Eduardo Franco Lárraga, alcalde de Tancanhuitz por Morena, y de otras tres personas.
El ataque ocurrió la noche del domingo en la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, cerca del ejido Palmira Nuevo. De acuerdo con la Fiscalía, Franco Lárraga fue emboscado por un grupo armado mientras viajaba en un vehículo junto a tres de sus colaboradores. Las primeras investigaciones señalan a El Kippy como uno de los principales responsables del asesinato.
Cabe recordar que Aguilar Acuña, quien también fue presidente municipal de Tancanhuitz por el PAN en el periodo 2009-2012, ya había sido detenido anteriormente. El 16 de mayo de 2013, durante su segundo periodo como legislador local, fue aprehendido por policías estatales en el municipio de Aquismón. En esa ocasión, se le aseguraron 445 cartuchos calibre .223, utilizados en fusiles de asalto AK-47 y R-15, así como un vehículo con números de serie alterados. Sin embargo, gracias a su fuero legislativo, quedó en libertad tras el incidente.
La Fiscalía de San Luis Potosí informó que las investigaciones continúan para localizar a otros posibles responsables. Entre ellos, se menciona a Alejandro Aguilar Martel, regidor de Morena en el ayuntamiento de Tancanhuitz. Aguilar Martel es hijo de José Guadalupe Aguilar y Limbiania Martel Espinosa, exdiputada y actual regidora en el municipio de San Luis Potosí. Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada oficialmente.
¿Quién era Jesús Franco Lárraga?
Jesús Eduardo Franco Lárraga, de 31 años, asumía el cargo de alcalde de Tancanhuitz por Morena desde hace apenas 70 días, para el periodo 2024-2027. Según el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), era el alcalde más joven en San Luis Potosí.
Contaba con una licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria y había dedicado gran parte de su vida al servicio educativo. Antes de ingresar a la política, se desempeñó como docente y director de telesecundaria, además de brindar apoyo en el área de psicología en diversas instituciones. También destacó como instructor de liderazgo en su región.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado cartas en el caso de los cinco voceadores del periódico ON Noticias, detenidos por autoridades municipales en Río Verde, San Luis Potosí, y retenidos durante más de 50 horas sin ser presentados ante un juez. En su conferencia matutina, la mandataria informó que llevará el tema a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, para garantizar el respeto a la libertad de expresión y esclarecer los hechos.
“Nosotros respetamos la libertad de expresión, la libertad de movilización, la libertad en todos los sentidos, y hay que revisar si es que hay algún caso en donde no se respeta”, afirmó Sheinbaum, subrayando su compromiso con este derecho fundamental. Asimismo, destacó que si se comprueba que el episodio en Río Verde constituye represión contra la prensa, las autoridades federales actuarán de manera firme.
Un compromiso con la libertad de prensa
La presidenta recordó que su postura sobre la libertad de expresión es clara y conocida, no solo en San Luis Potosí sino en todo el país. Este compromiso, dijo, será la base para analizar las acciones de las autoridades locales y garantizar que no se repitan este tipo de situaciones.
El caso salió a la luz hace más de una semana, cuando Omar Niño, director de ON Noticias, denunció públicamente la detención de dos mujeres y tres hombres que trabajaban como voceadores del periódico. Según Niño, el medio ha sido objeto de ataques debido a sus reportajes críticos sobre presunta corrupción en la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, del Partido Verde.
Una denuncia en marcha
El director de ON Noticias ha señalado que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, adscrita a la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, el seguimiento de la presidenta Sheinbaum al caso refuerza la expectativa de que las autoridades federales intervengan de manera eficaz.
El abordaje directo del tema por parte de la presidenta marca un paso importante para esclarecer el incidente y reafirma el compromiso de su administración con la protección de la libertad de prensa en México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), informó que está al tanto de la detención arbitraria de 5 colaboradores del portal independiente ON Noticias, dirigido por el periodista Omar Alejandro Niño Pérez, en San Luis Potosí.
Niño Pérez denunció que el 23 de noviembre mientras realizaban el reparto de periódicos, fueron detenidos en el municipio de Rioverde. Los trabajadores de la comunicación ya han sido presentados ante el Ministerio Público y enfrentan cargos por “resistencia”.
Con motivo de ello, personal adscrito a la Dirección de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Quinta Visitaduría General, inició los mecanismos de acompañamiento e investigación ante las autoridades”, dice un comunicado de la CNDH.
La Comisión se pronunció en apoyo a Omar Alejandro Niño Pérez, a todos los que colaboran en ON Noticias digital e impreso, y al ejercicio de la libertad de expresión, un principio fundamental en el México de la 4T.
El alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola Román, es señalado por haber ordenado el arresto, acción que además de atentar contra los derechos y libertades de comunicadores, ha recibido el repudio de la población.
Es importante tener en cuenta que Urbiola Román enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado. ON Noticias ha dado seguimiento al caso y ahora enfrenta las represalias.
En un preocupante episodio que pone en entredicho el respeto a la libertad de prensa, cinco repartidores del periódico ON Noticias fueron detenidos sin causa aparente por la Policía Municipal de Rioverde, San Luis Potosí. Este acto ha sido señalado como un atentado a la libertad de expresión y ha generado un amplio repudio hacia el alcalde Arnulfo Urbiola Román, quien enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
El equipo de ON Noticias responsabilizó al alcalde de cualquier consecuencia que puedan sufrir las personas detenidas, calificando la acción como un acto arbitrario que refleja una estrategia para silenciar voces críticas. Organismos como la Secretaría de Gobernación, el Mecanismo de Protección a Periodistas y diversas asociaciones defensoras de la libertad de expresión ya tienen conocimiento de lo sucedido y se espera que intervengan para garantizar la seguridad de los afectados.
Un patrón de represalias políticas
No es la primera vez que el alcalde Arnulfo Urbiola Román es acusado de tomar medidas en contra de sus críticos. En un caso reciente, el Ayuntamiento de Rioverde clausuró el negocio de Ramón Torres García, diputado local con licencia, bajo el argumento de irregularidades en el uso de suelo.
La clausura ocurrió este miércoles alrededor de las 15:00 horas en un establecimiento especializado en la venta de alimento para animales, ubicado en la calle Madero Sur. Empleados del negocio mostraron todos los documentos que acreditaban el cumplimiento de las normativas, pero los funcionarios municipales insistieron en que el permiso de uso de suelo no era adecuado. “Tiene que acudir al municipio a ver el tema, nosotros no podemos hacer nada”, fue la justificación antes de proceder con la colocación de sellos.
