La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo este jueves un encuentro con los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados, con el objetivo de preparar el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, que comenzará el 1 de septiembre.
En la reunión participaron figuras como Ivonne Ortega (MC), Rubén Moreira (PRI), Ricardo Monreal (Morena), Reginaldo Sandoval (PT), Carlos Alberto Puente (PVEM) y Elías Lixa (PAN). También estuvieron presentes el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, y el director de enlace legislativo de Segob, Juan Ramiro Robledo.
Los legisladores confirmaron que el encuentro fue cordial y político, centrado en los temas legislativos que se abordarán en el arranque de sesiones. Monreal señaló que Rosa Icela no dará un mensaje político al entregar el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, y aseguró que la presidenta no enviará iniciativas preferentes al Congreso en esta ocasión.
Con este encuentro, Segob y los coordinadores parlamentarios afinan los acuerdos para un periodo que marcará la relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo en el inicio del nuevo sexenio.
Hugo Aguilar Ortiz, nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció su intención de recortar salarios en el tribunal.
Aguilar hizo la declaración durante una reunión en San Lázaro con diputados de Morena. Dijo que revisará el funcionamiento y presupuesto de la Corte para hacer ajustes necesarios.
El ministro presidente electo no prevé aumentar el presupuesto para el próximo año, que ya tiene un incremento del 8%. Aseguró que sus iniciativas no requerirán gastos adicionales.
Aguilar se reunirá con el coordinador de Morena después de asumir funciones el 1 de septiembre. Su objetivo es definir el presupuesto de la Corte para 2026.
El nuevo presidente enfatizó que buscará un balance entre austeridad y eficiencia en la administración de la justicia. Prometió que se pueden lograr mucho con menos recursos.
En una sesión de poco más de quince minutos, diputados y senadores declararon la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso General. Acto seguido, la Cámara de Diputados inició la lectura del dictamen de reforma a la Ley del Infonavit, un tema que ha generado intensos debates entre legisladores, sindicatos y el sector empresarial. Sin pausa, comenzó otra sesión legislativa para discutir el contenido de la reforma, cuya votación se prevé tomará varias horas.
El punto central del debate es el destino de 2.4 billones de pesos provenientes de las subcuentas de vivienda de los trabajadores. La propuesta original contemplaba la creación de un fondo para la construcción de viviendas económicas, pero recibió críticas por parte de sindicatos y empresarios, lo que llevó a que las comisiones unidas de Vivienda y Trabajo aprobaran un dictamen con modificaciones respecto al texto enviado por el Senado.
Uno de los cambios más relevantes que se pondrán a consideración del pleno es la permanencia de la representación tripartita y paritaria en los órganos colegiados del Infonavit, incluyendo la Comisión de Vigilancia, Transparencia y Auditoría. De aprobarse las cerca de treinta modificaciones realizadas por las comisiones legislativas, la iniciativa deberá regresar al Senado para su discusión la próxima semana.
La Presidenta Sheinbaum y diversos legisladores de la 4T han adelantado que parte de la importante agenda legislativa incluye la Reforma al Infonavit, una para promover la protección a la diversidad del maíz mexicano, una importante reforma en materia elctoral que impide la reelección y el nepotismo y las leyes secundarias para reestructurar las secretarías que absorberán a los órganos “autónomos” neoliberales, entre otras.
En una sesión maratónica de 11 horas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), un proyecto que busca transformar profundamente la estructura judicial de México. La propuesta, impulsada por la bancada de Morena y respaldada explícitamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, introduce un cambio radical: la elección popular de ministros, magistrados y jueces a partir de 2025, con el objetivo de desmantelar lo que han llamado “la aristocracia judicial”.
Elección Popular para Democratizar el Poder Judicial
El dictamen aprobado prevé un proceso extraordinario de selección en el cual los ciudadanos podrán elegir directamente a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 15 magistrados de salas regionales, 448 magistrados de distrito, 378 jueces de distrito, y a los nuevos integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del nuevo tribunal de disciplina. Este último órgano sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, que será eliminado bajo la nueva reforma.
Este modelo de elección popular promoverá una justicia más transparente y democrática, permitiendo que los jueces y magistrados sean seleccionados por el pueblo y no por intereses políticos o económicos, una práctica que ha predominado en el pasado.
Protección y Seguridad de Jueces en Casos de Alto Impacto
Uno de los puntos más destacados de la reforma es la inclusión de una figura similar a los “jueces sin rostro”, destinados a resolver casos de alta peligrosidad como delincuencia organizada, terrorismo y narcotráfico. Este mecanismo busca proteger la identidad de los jueces y garantizar su seguridad, estableciendo que, en casos de alto impacto, el órgano de administración judicial podrá tomar medidas especiales para salvaguardar la integridad de los jueces.
Morena defendió esta medida como un paso necesario para romper con los viejos esquemas de privilegios y asegurar que la justicia esté al servicio de la ciudadanía.
Controversias y Oposición de Grupos Conservadores
Las críticas a la reforma han surgido principalmente de grupos conservadores que han sido señalados por perpetuar la corrupción dentro del Poder Judicial. Estos grupos han establecido relaciones estratégicas y corruptas con los órganos judiciales para beneficiar intereses particulares. Un ejemplo reciente de estas acciones es el recurso legal admitido por la ministra Norma Piña del PAN, que ha sido visto como un intento de contraponerse al voto popular y mantener la influencia de estos grupos en la justicia mexicana.
El PRI, PAN y PRD, que todavía no entienden que la 4T gobierna para el pueblo y no para ellos, han calificado el proyecto como una “vendetta” política y han advertido sobre las complicaciones logísticas y de seguridad que implica una elección tan extensa. Argumentan que este tipo de votación masiva podría convertir la elección de jueces y magistrados en un concurso de popularidad, en lugar de centrarse en la experiencia y capacidad judicial, a pesar de que hoy en día es extremadamente difícil que más personas puedan aspirar a estos puestos sin ser cercano a alguien en el poder, debido al fuerte neportismo que se vive.
Hacia un Poder Judicial más Transparente y Democrático
La 4T argumenta que es preferible un sistema judicial dirigido por la voluntad popular que por una élite privilegiada que ha dominado históricamente la justicia en México. Para Medina y otros partidarios de la reforma, democratizar el Poder Judicial es esencial para asegurar que la justicia sea equitativa y accesible para todos los mexicanos.
En conclusión, la aprobación de esta reforma representa un paso significativo hacia la democratización del sistema judicial en México. A medida que se avecina el debate en el pleno de la Cámara de Diputados, la propuesta seguirá siendo un tema central en la agenda política del país, marcando el inicio de una posible transformación profunda en la administración de justicia.
Este martes la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez, se comprometió a brindar la seguridad necesaria para que se lleven a cabo las próximas elecciones federales.
Lo anterior lo indicó ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) en donde escuchó las inquietudes de los políticos con respecto a la inseguridad en torno a las elecciones de junio próximo.
“Manifestaron su preocupación por todo el proceso electoral en general, no hablaron de un partido o de otro, porque el trato fue muy respetuoso, y lo que yo vi, o el compromiso, es ‘nosotros queremos vivir en paz en un país tranquilo, ¿en qué ayudamos?’”, señaló la funcionaria.
En este contexto, la funcionaria se comprometió a implementar diversos esquemas en coordinación con el INE para salvaguardar la vida de los candidatos y ciudadanos.
“Nosotros estamos pensando en unas elecciones que se desarrollen de manera pacífica y con tranquilidad, eso es lo que piden los mexicanos y esa es la exigencia de los partidos políticos. El Estado debe garantizar, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Hay capacidad”, declaró a los periodistas que asisten a San Lázaro.
Morena consideró viable que los 15 mil millones de pesos del Poder Judicial sean destinados a los afectados de Guerrero tras el paso de Otis como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, pero solo si hay un acuerdo entre los tres poderes, señaló Ignacio Mier.
En la Cámara de Diputados, el vocero de la bancada de Morena celebró la respuesta positiva de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, a la petición del presidente.
Por lo anterior, la coalición Juntos Haremos Historia, mayoría en San Lázaro, invitará en las próximas horas a la Junta de Coordinación Política a que “nos sumemos institucionalmente para concretar la propuesta en cuestión”, manifestó.
Norma Piña acepta propuesta de AMLO en beneficio de la gente de Acapulco
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a través de un comunicado, contestó a la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre donar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial a los afectados de Guerrero tras el paso del huracán Otis.
En la misiva, Piña señaló que tenía conocimiento de dicha propuesta del primer mandatario del Ejecutivo y expresó que esta es una “alternativa real” para poder actuar en defensa de la población.
Asimismo, dijo que como Poder Judicial Federal están obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de la institución, por lo que según su administración está trabajando en un proyecto de reingeniería, tanto de los fideicomisos, como del presupuesto.
La iniciativa del diputado Ignacio Mier en la que se solicita extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, fue aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Con 30 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, esta se avaló. Por otra parte, solo tuvo 21 en contra del PRI, PAN, PRD y MC.
Al comienzo de la sesión, bancadas del PRI y PAN solicitaron que la Comisión se excusara del debate y retirara de la orden del día, ya que según estos consideraron que no se tenía competencia pues la propuesta no implica una modificación a la Ley de Presupuesto, a la Ley de Disciplina Financiera ni tampoco a la Ley de Austeridad Republicana, “por lo que no se tiene competencia para el análisis de esta iniciativa”.
“En consecuencia, esto es motivo de conocimiento de otra comisión, de la Comisión de Justicia y en su caso una opinión de la Comisión de Hacienda, por lo tanto, nosotros no tendríamos que estar conociendo de este asunto por lo que le pediría solicitar excusarnos de este debate”, solicitó la diputada Carolina Viggiano.
Por ello se llevó a cabo una votación para retirar la propuesta, sin embargo, 27 legisladores de Morena y aliados rechazaron bajarla, lo que les permitió vencer a los 22 diputadas y diputados que pidieron excusarse.
Por su parte, el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer advirtió que a pesar de que aún falta la votación en el pleno “los fideicomisos del Poder Judicial están en agonía y lo único que los mantiene vivos es la respiración artificial que les provee la oposición”. Asimismo añadió que es un pena de muerte para los privilegios del Poder Judicial.
La iniciativa propone que todas las disponibilidades que existan en 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial “se reintegran a las finanzas del Estado mexicano”.
En cumplimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), éste miércoles, se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Paz entre las comunidades de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, municipio de Putla Villa de Guerrero y San Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monteverde, Oaxaca, para poner fin a 30 años de enfrentamientos armados que dejaron personas sin vida, desaparecidas y heridas.
Con la firma, se avanza al proceso de paz y reconstrucción de los procesos de diálogo entre ambas comunidades.
Al encabezar la firma de convenio, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, destacó que el acuerdo privilegió el diálogo como el canal adecuado para poner fin a un conflicto agrario que lamentablemente polarizó la vida de las y los habitantes de estos pueblos, y recalcó que hoy se pone fin al problema que honra la memoria de muchos de los caídos en esta confrontación y se da un paso sustantivo para reivindicar sus derechos individuales y como comunidad.
Encinas Rodríguez recordó que el mejor patrimonio que se puede heredar a sus hijas e hijos es el de la paz y la reconciliación.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, celebró que una vez más en la entidad prevalezca la paz y la concordia, y reiteró que la única ruta sea el diálogo. Hoy –dijo– se hace patente la voluntad política y el interés superior por la gobernabilidad en el estado.
Asimismo, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, destacó el hecho histórico para consolidar la paz en estas comunidades, que se convierte en un referente a nivel nacional.
En el 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió las medidas cautelares MC 102-10 a favor de quienes habitan en la comunidad indígena mixteca de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, solicitadas por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI).
Se exhortó al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de las y los habitantes de la comunidad indígena mixteca de Zimatlán de Lázaro Cárdenas; así como para remover los factores de riesgo ligados con la delimitación de las tierras entre ambas comunidades.
El conflicto entre ambas comunidades inició a partir de disputas agrarioterritoriales que datan de hace más de treinta años con enfrentamientos armados que han dejado a personas sin vida, desaparecidas y heridas. Sin embargo, gracias a la voluntad de las comunidades de transformar la realidad y lograr un acuerdo, en fechas recientes se dieron grandes avances en el proceso de paz y reconstrucción de los procesos de diálogo.
Para este proceso fue fundamental el acompañamiento de la Comisión de Mediación (Comed), instaurada en 2018 a partir del acuerdo de ambas comunidades, con el acompañamiento de la organización de la sociedad civil Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz).
La Comed se constituyó por una comisión civil mixta con actores oaxaqueños civiles y eclesiales.
La Secretaría de Gobernación reconoció el proceso de diálogo y reconciliación que ha logrado transformar la vida de las y los habitantes de las comunidades, y celebra la voluntad y disposición demostrada por las comunidades para lograr un contexto de paz basado en el diálogo.
En la firma del acuerdo, fungieron como testigos de honor el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; el gobernador Alejandro Murat Hinojosa; y la coordinadora de la Sección de Medidas Cautelares y Provisionales de la CIDH, Fernanda Alves dos Anjos.
Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, indicó que negarse a dialogar y anunciar su voto sobre algo que todavía no existe es una actitud antidemocrática.
Declarar moratoria constitucional es una medida desesperada e irracional que en nada le ayuda al país.
Los líderes de la oposición no entienden que no se trata de rechazar todo lo que propone el Presidente, sino de construir alternativas a los problemas de las y los mexicanos.
Calificó de “desesperada e irracional” la moratoria constitucional que anunció la coalición Va por México el pasado 9 de junio, con la que pretenden frenar cualquier iniciativa de reforma que venga del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En su cuenta oficial de Twitter, el senador declaró la mañana del 10 de junio que su acción “en nada ayuda al país”, pues los dirigentes de los partidos que conforman la coalición, integrada por Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), en lugar de sólo rechazar las iniciativas, deberían “construir alternativas a los problemas de las y los mexicanos”.
El coordinador del partido naranja en la Cámara alta escribió: “La cerrazón de Morena no se enfrenta replicando sus mismas prácticas. Movimiento Ciudadano seguirá siendo una oposición responsable impulsando ejercicios de parlamento abierto, modificando y mejorando reformas constitucionales y rechazando las que no le sirven a México”.
La propuesta de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado grandes expectativas entre la población y sus aliados políticos, sin embargo también hay cierta confusión sobre como es que se elegirán a los diputados y senadores en caso de ser aprobada.
Tal parece que algunos ha pasado por alto que habrá cambios en el modelo de elección de legisladores federales y si bien se reducirá el número de éstos, ahora serán elegidos según el porcentaje de votos que obtenga cada partido político y mediante listas estatales.
La propuesta presentada este jueves 28 de abril asegura que dará como resultado “la representación plural más amplia existente en la historia del país” además de que obligaría a las y los interesados a ser legisladores a que hagan trabajo territorial en sus entidades, además deberán comprobar que nacieron en el respectivo estado o tienen por lo menos un año viviendo ahí.
Con esto no solo se eliminarían los plurinominales, sino que los 300 curules propuestos para San Lázaro y los 98 para el Senado, no serían votados de manera directa por la ciudadanía, sino que se elegirán de las listas estatales de los partidos según los votos que hayan obtenido.
Tales cambios han generado polémica en redes sociales, sin embargo no se descarta que se hagan modificaciones en la discusión de la reforma, la cual deberá enfrentarse a una Cámara donde Va por México aparentemente no votará a favor de ninguna propuesta emanada de AMLO o su partido.
