Al inicio de esta semana, desde el H. Congreso del Estado de Nuevo León, se está planeando legislar para que el ejercicio de revocación del mandato sea aplicable al actual mandatario estatal: Samuel García.
A finales del año pasado, sin embargo, se había legislado para «blindar» a la actual administración, mediante la ya no tan «inusual técnica legislativa», es decir, con el uso de artículos transitorios —algo así como la «letra chica» de una reforma.
Dichos cambios se debían al ya atrasado acuerdo llegado tras la aprobación y publicación de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la cual data de 2016. Con las inclusiones aprobadas en la constitución estatal, se contemplaba que este ejercicio de democracia directa fuera vigente hasta 2025, el cual, en realidad, no sería sino hasta 2030 que se pudiera llevar a cabo, esto debido a las cuestiones requisitorias para hacerlo posible, entre esas razones se encuentra la espera de tres años después de haber iniciado el mandato constitucional.
Hoy las cosas parecen pintar totalmente diferente. Lejos de un interés legítimo por las quejas ciudadanas, los diputados parecen haber tenido un desacuerdo político con el gobernador, el cual había iniciado con buenos términos.
Un conflicto político que, al parecer, se debe a los recientes desacuerdos políticos entre el Congreso y gobierno del estado, entre los que se encuentra el «chapulineo» de alcaldes y diputados al partido del gobernador, la independencia de la UIFE y el SAT estatal. Que haya un descontento generalizado de los ciudadanos por los problemas con el agua, la inseguridad, nuevos impuestos, aumentos a servicios, desatención a la calidad del aire, entre otros factores, parece ser la excusa perfecta para implementar la revocación del mandato en esta administración.
Ante este panorama, es necesario plantearse si realmente existe un interés legítimo en hacer realidad el ejercicio de la revocación del mandato en Nuevo León o si no se trata de un mero desacuerdo político que correspondería a las razones ya esbozadas.
Asimismo, habría que sumar otros factores que no solo corresponden a los diputados sino a los mismos ciudadanos de Nuevo León. Por ejemplo, el pasado abril 10 de 2022, cuando se realizó la revocación de mandato a nivel federal, la participación ciudadana fue escasa en la entidad. Algunos «regios» incluso consideraban que tal figura era un mero capricho del mandatario federal: un circo en el cual no estaban dispuestos a participar, lo cual se reflejó con los resultados de la jornada.
Por lo mismo, he ahí la necesidad de plantearse la cuestión: en el caso actual de Nuevo León, la revocación del mandato ¿no sería un circo? ¿Un capricho que obedecería a que el Congreso del estado ya no congenia con el gobernador?
Si lo fuera, entonces, gran parte los neoloneses tendrían que «comerse sus palabras» de cuando la revocación del mandato se realizó a nivel federal.
Sea como fuere, al igual que aconteció hace unos meses, no importa si la revocación del mandato obedece a un interés legítimo, o bien, a un capricho naciente del Congreso, lo verdaderamente importante es contar con esta figura de democracia directa y de participación ciudadana.
Porque, y, por último, como dice aquel dicho: la revocación de mandato no es para hoy, «era para ayer». Cabe recordar que a pesar de tener Nuevo León una Ley de Participación Ciudadana, esta solo es letra muerta. Realizar este ejercicio de democracia directa, implicaría un gran avance: el “nuevo Nuevo León” necesita de la revocación del mandato.
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