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Una manera de identificar lo que es la «vieja política» es, precisamente, «decir una cosa, y hacer otra»; lo que en nuestro idioma se conoce como la locución de «donde dije digo, digo Diego».

Esto se ha convertido ya en un signo característico de la actual administración de Samuel García, pues su discurso no cuadra con sus actos, y así como dice una cosa, dice otra. Lejos de corregir y aceptar el error, se niega que haya habido tal, o que se interpretó mal el mensaje.

Por ejemplo, esta semana pasada el nuevo problema en la entidad fue con los transportistas, quienes subieron sus tarifas de 12 a 15 pesos, de manera unilateral, y, por tal motivo, el gobernador los calificó de «gandallas», «canallas» y otros adjetivos.

No obstante, su opinión hace unos meses era otra: «donde dije digo, digo Diego», pues el mes de marzo pasado, comunicaba que era rotundamente falso que iba a ver un incremento de tarifas en el transporte; principalmente en el metro. Meses después, se anuncia el aumento al servicio de metro (en junio).

En ese sentido, también fue unilateral la decisión del gobierno respecto a que sus unidades de transporte (ruta exprés) tengan una tarifa de 15 pesos; igualmente, su decisión de subir la tarifa del metro de la ciudad, la cual va de 4.50 a 5.50, con un aumento gradual de 10 centavos por mes, hasta llegar a los 11 pesos.

Tarifas que quizá sean lo adecuado, pero que no dejan de verse como un engaño al ciudadano, pues «donde dije digo, digo Diego»: primero se niega, y al final se ejecuta como si nunca se hubiera tocado el tema.

Igualmente, ante los casos de inseguridad en el estado y los reclamos ciudadanos, enfatizaba que a él no le corresponde atender esa situación, pues no es el encargado de la fiscalía. Sin embargo, «donde dije digo, digo Diego», meses atrás se colgaba la medalla sobre la detención del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón (“El Bronco”), como si él fuese el fiscal general del estado y que todo haya sido gracias a él.

Luego, ante esta última crisis con los transportistas, pasó lo mismo, ya que amenazó a algunos choferes de rutas con «abrirles una carpeta de investigación»; detalle que, en efecto, no le corresponde. No obstante que el problema de la seguridad también es su responsabilidad, aunque afirme que no, pues «donde dije digo, digo Diego».

Y así como estos casos, es posible extenderse sobre otros temas importantes, como el agua, impuestos nuevos, subsidios, e incluso con lo que es la revocación de mandato, la cual exigía hace unos meses, pero ahora repudia.

En algún momento, Samuel García, ahora gobernador, tuvo una postura de crítica en estos temas, los cuales ahora avala, evita o niega. No hace falta más que recordar su campaña electoral del año pasado, y darse cuenta: «donde dije digo, digo Diego».

Al final de cuentas, vivimos la misma «vieja política» de siempre, que, al caso, el discurso del “nuevo Nuevo León”, también es un caso de «donde dije digo, digo Diego».

Muchos recordarán que el mes de abril está marcado en la historia de México por llevarse a cabo el primer ejercicio de revocación de mandato en el país. A nivel federal, miles de ciudadanos participaron en este mecanismo de democracia participativa para decidir si el ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, seguía como mandatario o perdía la confianza ciudadana.

Otros, sin embargo, manifestaban su descontento y no acudieron a las urnas a expresar lo que suelen decir en redes, como: que la revocación de mandato era una pérdida de recursos importante para el INE; que era un capricho; que solo era para refrendar la popularidad del mandatario federal; que iba a ser un circo; e incluso que era una medida para justificar, de algún modo, una futura reelección en 2024, pues «así se hizo» en Venezuela —ya se sabe, el mismo discurso de siempre.

Pero bien, lo realmente importante, en donde cobra importancia abril, era precisamente en crear un precedente, y, con ello, llevarlo a escena en alguno de los treinta y dos estados de la república. Jurídicamente hablando, esto se conoce como un argumento a fortiori, lo cual quiere decir que: si a nivel federal se ha sometido al ejecutivo a una revocación de mandato, «con mayor razón» es posible hacer lo mismo con un gobernador de alguna entidad federativa. Tal es el caso ahora de Nuevo León.

Apenas la semana pasada, verbigracia, diputados del PAN, del Congreso de Nuevo León, promovían una modificación a la constitución local, en materia de revocación de mandato, con la finalidad de llevar este mecanismo de democracia directa a la actual administración de Samuel García.

Y sí, justamente, utilizan el argumento a fortiori ya señalado; de ahí que haya sido muy importante lo que aconteció en abril, incluso a pesar de la participación moderada, o de las burlas generalizadas y soberbia de algunos señalando que, de acuerdo a estadística del INEGI, los estados que tuvieron mayor participación, son aquellos que tienen mayor índice de analfabetismo.

Argumento que, por cierto, se utilizó para denostar a quienes se animaron a ir a las urnas. Por tanto, quienes no participaron se alzaban como personas con mayor estatus o con mayor cultura, aunque, en realidad, eso fue una mala interpretación, pues el valor cívico y la cultura política se demuestran en relación con la participación que se tiene en la vida pública del país; qué mejor que yendo a votar en una revocación de mandato. No ir a votar es, pues, carecer de cultura política.

Fuera de eso, en Nuevo León las burlas ya no parecen calar. De hecho, muchos empiezan por comerse sus palabras y están a favor de que la revocación de mandato se vuelva una realidad en el estado, ya que la administración de Samuel García se ha caracterizado por ser un desastre en todos los sentidos: un gobierno en negación de la realidad.

Un rechazo que se ha incrementado a partir de los problemas con el suministro de agua, y la constante actitud de no dar la cara ante las diversas problemáticas que aquejan a los neoloneses. Un gobernador que ha dado penosas declaraciones como que él solamente es el gobernador: a él no le corresponde el abasto del agua o de la luz. Además, ha pedido a los ciudadanos que no se manifiesten, es decir, que renuncien a sus derechos constitucionales.

Y esto no solo aplica para los neoloneses; aquellos que presumían no haber ido a votar el pasado mes de abril, sino también para personajes políticos de la oposición, quienes decían haber «ganado» sin ir a votar. Hoy, por el contrario, los ciudadanos exigen evaluar a sus gobernantes, y los diputados, les interesa reconocer ese derecho.

Por lo mismo, este pasado lunes 27 de junio, se avalaban en comisiones del Congreso de Nuevo León, los cambios al primer transitorio del decreto 84, por el cual se establecía que la revocación de mandato se prolongaría hasta 2025; así como algunas modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana.

Ante estos antecedentes, todo parece indicar que la revocación de mandato tendrá lugar en Nuevo León, y no será necesario esperar hasta el 2025 para hacerlo realidad y muy probablemente Samuel García pase a la historia como el primer gobernador que termine sus funciones anticipadamente por un mecanismo de democracia directa como la revocación de mandato.

No obstante, no hay que cantar victoria tan anticipadamente: hay que leer la «letra pequeña» de estas modificaciones, ya que el Congreso del estado, en su conflicto directo con el gobernador, quizá busque un ejecutivo a modo, pues, conforme a las adecuaciones que se pretende hacer a la ley, se contempla que será el Congreso el que decida quién ocupará el puesto de gobernador por los tres años restantes.

En fin, así como empieza a cobrar importancia abril en Nuevo León, por el hito de la revocación de mandato, y el hecho que pueda llegar a ser una realidad no tan lejana, incentivaría aún más a que sea posible llevarlo a cabo en otros estados y, por ende, que empezara, en el país, una transición al siguiente nivel de la democracia y la participación ciudadana.

Al inicio de esta semana, desde el H. Congreso del Estado de Nuevo León, se está planeando legislar para que el ejercicio de revocación del mandato sea aplicable al actual mandatario estatal: Samuel García.

A finales del año pasado, sin embargo, se había legislado para «blindar» a la actual administración, mediante la ya no tan «inusual técnica legislativa», es decir, con el uso de artículos transitorios —algo así como la «letra chica» de una reforma.

Dichos cambios se debían al ya atrasado acuerdo llegado tras la aprobación y publicación de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León, la cual data de 2016. Con las inclusiones aprobadas en la constitución estatal, se contemplaba que este ejercicio de democracia directa fuera vigente hasta 2025, el cual, en realidad, no sería sino hasta 2030 que se pudiera llevar a cabo, esto debido a las cuestiones requisitorias para hacerlo posible, entre esas razones se encuentra la espera de tres años después de haber iniciado el mandato constitucional.

Hoy las cosas parecen pintar totalmente diferente. Lejos de un interés legítimo por las quejas ciudadanas, los diputados parecen haber tenido un desacuerdo político con el gobernador, el cual había iniciado con buenos términos.

Un conflicto político que, al parecer, se debe a los recientes desacuerdos políticos entre el Congreso y gobierno del estado, entre los que se encuentra el «chapulineo» de alcaldes y diputados al partido del gobernador, la independencia de la UIFE y el SAT estatal. Que haya un descontento generalizado de los ciudadanos por los problemas con el agua, la inseguridad, nuevos impuestos, aumentos a servicios, desatención a la calidad del aire, entre otros factores, parece ser la excusa perfecta para implementar la revocación del mandato en esta administración.

Ante este panorama, es necesario plantearse si realmente existe un interés legítimo en hacer realidad el ejercicio de la revocación del mandato en Nuevo León o si no se trata de un mero desacuerdo político que correspondería a las razones ya esbozadas.

Asimismo, habría que sumar otros factores que no solo corresponden a los diputados sino a los mismos ciudadanos de Nuevo León. Por ejemplo, el pasado abril 10 de 2022, cuando se realizó la revocación de mandato a nivel federal, la participación ciudadana fue escasa en la entidad. Algunos «regios» incluso consideraban que tal figura era un mero capricho del mandatario federal: un circo en el cual no estaban dispuestos a participar, lo cual se reflejó con los resultados de la jornada.

Por lo mismo, he ahí la necesidad de plantearse la cuestión: en el caso actual de Nuevo León, la revocación del mandato ¿no sería un circo? ¿Un capricho que obedecería a que el Congreso del estado ya no congenia con el gobernador?

Si lo fuera, entonces, gran parte los neoloneses tendrían que «comerse sus palabras» de cuando la revocación del mandato se realizó a nivel federal.

Sea como fuere, al igual que aconteció hace unos meses, no importa si la revocación del mandato obedece a un interés legítimo, o bien, a un capricho naciente del Congreso, lo verdaderamente importante es contar con esta figura de democracia directa y de participación ciudadana.

Porque, y, por último, como dice aquel dicho: la revocación de mandato no es para hoy, «era para ayer». Cabe recordar que a pesar de tener Nuevo León una Ley de Participación Ciudadana, esta solo es letra muerta. Realizar este ejercicio de democracia directa, implicaría un gran avance: el “nuevo Nuevo León” necesita de la revocación del mandato.