La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró al sector industrial del país que existen condiciones favorables para la movilización de mercancías a través de las vías férreas en todo el territorio nacional.
Durante un mensaje grabado para la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2024, la titular de la Secretaría de Gobernación destacó la inversión del Gobierno Federal en infraestructura ferroviaria.
Rodríguez mencionó que, gracias a las nuevas rutas ferroviarias construidas y los proyectos futuros, se facilitarán las operaciones logísticas para el traslado de mercancías.
“Con las vías ferroviarias que se han construido y las que se planean, se facilitarán las condiciones logísticas para el traslado de mercancías, lo que reducirá tiempos y costos a la industria“, subrayó la funcionaria.
La secretaria reiteró que la actual administración ha realizado una inversión histórica en infraestructura, con el objetivo de mejorar la conectividad y eficiencia del transporte de bienes a nivel nacional. Con estas acciones, el Gobierno busca apoyar el crecimiento del sector industrial y fortalecer la economía del país.
Durante la conferencia matutina de este domingo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, criticó duramente a integrantes del Poder Judicial de la Federación, exhibiéndolos como responsables de obstaculizar la aplicación de leyes y políticas destinadas al bienestar social. Rodríguez denunció que diversos jueces han emitido resoluciones que paralizan proyectos de gran relevancia para el país, como obras públicas y programas de apoyo a la ciudadanía.
Uno de los puntos más graves expuestos fue el retraso en la emisión de sentencias, particularmente en los casos de personas privadas de la libertad. La funcionaria presentó una gráfica que reveló que de los 21 mil reclusos en centros federales, más de 6 mil no han recibido sentencia, destacando la grave dilación en los procesos judiciales. También se refirió a la situación de las mujeres encarceladas en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil No.16 en Morelos, donde cientos de ellas han esperado entre uno y 11 años para conocer su sentencia.
➡️"Integrantes del Poder Judicial de la Federación han emitido resoluciones y amparos frenando la aplicación de leyes diseñadas para beneficiar a… pic.twitter.com/hY91L5i7P1
Rodríguez argumentó que estos retrasos no solo generan impunidad, sino que niegan el acceso a la justicia para miles de personas. Criticó que, mientras el gobierno impulsa políticas de bienestar y proyectos de infraestructura, como el Tren Maya y la Ley de la Industria Eléctrica, los jueces han otorgado amparos que frenan su avance. Entre los ejemplos citados, destacó que se han presentado cientos de amparos contra políticas públicas clave, como la Ley de Minería, los libros de texto gratuitos y la extinción de fideicomisos del Poder Judicial.
Corrupción y nepotismo al interior
La secretaria también denunció casos de corrupción y nepotismo dentro del Poder Judicial, señalando la venta de exámenes para la selección de jueces y la prevalencia de vínculos familiares en la estructura judicial. Según los datos expuestos, el 49% de los empleados de este poder tienen al menos un familiar trabajando en el mismo, y casi el 85% de los magistrados y jueces cuentan con parientes ocupando cargos dentro del sistema judicial.
➡️Amparos y suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas: ▪️Ley de la Industria Eléctrica: 161 amparos ▪️Ley de la Guardia Nacional: 5 amparos ▪️Ley de Minería: 5 amparos ▪️Fondo de Pensiones para el… pic.twitter.com/i37roUWKKg
Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado a poner fin a estos excesos, destacando que la falta de sanciones a jueces corruptos solo perpetúa la impunidad. En el periodo de 2004 a 2023, de las 38 mil quejas presentadas contra jueces y magistrados, el Consejo de la Judicatura Federal solo sancionó a 472, mientras que el 86% de las quejas fueron desechadas sin investigación alguna. Además, denunció que, pese a las denuncias presentadas por el Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, ninguna ha derivado en sanciones.
Los excesivos salarios
#MañaneraDelPueblo | Procesos Viciados en la selección de jueces en el Poder Judicial:
➡️Venta de exámenes: se han documentado casos de corrupción al más alto nivel de la Escuela Judicial, donde se vendieron los exámenes de oposición para jueces en 186 mil pesos
Al hablar de los salarios de los funcionarios del Poder Judicial, Rodríguez subrayó que, en muchos casos, estos ingresos superan con creces lo estipulado por la Constitución, que establece que ningún funcionario debe ganar más que el presidente de la República. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, perciben un salario mensual superior a 790 mil pesos, mientras que los jueces y magistrados también disfrutan de sueldos considerablemente altos, lo que ha sido motivo de críticas desde el gobierno federal.
La funcionaria concluyó su intervención haciendo un llamado a que el Poder Judicial garantice una justicia más ágil y equitativa, y que se eliminen los obstáculos que impiden la implementación de las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el caso ya está siendo investigado e informó que el gobierno permanece en contacto con las autoridades de la Iglesia Católica.
“Mañana informamos, pero se está en contacto y se están haciendo las investigaciones“, mencionó la mandataria al terminar el evento en Yucatán, en donde se firmo un covenio para apoyar a mujeres y personas con dispacidad.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez condenó, en redes sociales, el asesinato del cura y aseguro que no habrá impunidad en el caso.
“Lamentamos los acontcimientos en los que perdió la vida el padre Marcelo Pérez Pérez. Nuestra solidaridad ocn la comunidas católica y el compromiso del Gobierno de México que no habrá impunidad“, dijo Icela Rodríguez.
Lamentamos los acontecimientos en los que perdió la vida el padre Marcelo Pérez Pérez. Nuestra solidaridad con la comunidad católica y el compromiso del @GobiernoMX que no habrá impunidad.
Finalmente la mandataria dijo que ya se está atendiendo el caso y que estan en contacto con las autoridades eclesiales.
“Se está atendiendo, se va a atender. Estamos también en contacto con las autoridades eclesiales. Ya está, ya estuvo en contacto la secretaría de Gobernación“, mencionó la presidenta.
El homicidio ocurrió cuando el sacerdote se trasladaba en su vehículo, después de oficiar una ceremonía en Cuxtitali, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra Marcelo Pérez Pérez.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recordó que Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública, fue condenado a 38 años de prisión y al pago de 2 millones de dólares por delitos relacionados con la conspiración para la distribución internacional de cocaína, posesión con intención de distribuirla y por declaraciones falsas. Este fallo en su contra confirma su vínculo con el narcotráfico, dañando gravemente la seguridad y credibilidad del país durante su tiempo en el gobierno.
Rodríguez también detalló las investigaciones que se llevan a cabo contra García Luna en México. La Fiscalía General de la República (FGR) ha reabierto el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio y ha logrado probar que, el 23 de marzo de 1994, dos personas dispararon contra el candidato presidencial. Según la investigación, García Luna estuvo involucrado en encubrir al segundo tirador en Tijuana, quien fue rescatado por él mismo. El 29 de enero de 2024, la FGR anunció públicamente este encubrimiento, arrojando nuevas sombras sobre su historial.
En cuanto a su trayectoria arropada por el PAN, García Luna ocupó importantes cargos en seguridad nacional desde 1999, cuando fue coordinador de inteligencia de la Policía Federal Preventiva, seguido por su nombramiento como director de Operación y Planeación de la Policía Judicial en 2000, y en 2001 fue designado titular de la Agencia Federal de Investigación por el entonces presidente Vicente Fox. Sin embargo, su periodo más cercano al crimen fue de 2006 a 2012, durante el sexenio espurio de Felipe Calderón, cuando fungió como Secretario de Seguridad Pública y se le acusó de múltiples irregularidades y colusión con el crimen organizado.
Entre las órdenes de aprehensión e investigaciones que enfrenta por parte de la FGR, destacan:
Condena en Estados Unidos: Sentenciado a 38 años de prisión y 2 millones de dólares por conspiración para la distribución de cocaína, posesión con intención de distribuir y declaraciones falsas.
Encubrimiento en el caso Colosio: La FGR lo investiga por encubrir al segundo tirador involucrado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994.
Operativo “Rápido y Furioso”: Enfrenta una orden de aprehensión por su participación en este operativo, que facilitó la introducción ilegal de armas a México, destinadas al crimen organizado.
Privatización de penales federales: Investigado por uso indebido de atribuciones, facultades y asociación delictuosa en la privatización de los penales federales, beneficiando a sus colaboradores cercanos.
Rodríguez denunció que, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial mostró una actitud permisiva al no juzgar a fondo a García Luna. En su lugar, liberaron a una de sus socias y devolvieron cuentas bancarias a su esposa, lo que señala un preocupante sesgo a favor del exfuncionario. Las investigaciones en México siguen abiertas, y el gobierno continúa litigando en Estados Unidos para recuperar los recursos que García Luna y su red obtuvieron ilícitamente a costa del pueblo mexicano.
El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) mostró su respaldo a la transformación impulsada por la Cuarta Transformación (4T), tras una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. En el encuentro, se discutieron nuevas formas de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, con el objetivo de dejar atrás las malas prácticas del pasado y construir un organismo verdaderamente al servicio del pueblo.
En su intervención, el titular del INAI subrayó la importancia de un diálogo institucional abierto y respetuoso, destacando que el órgano ahora está comprometido a acompañar el proceso de transformación del país. A diferencia de lo que se vivía en administraciones anteriores, en las que el instituto fue señalado por favorecer a ciertos actores políticos, como Xóchitl Gálvez, vinculada a contratos millonarios, el presidente del INAI aseguró que la Cuarta Transformación representa una oportunidad para limpiar el organismo y eliminar cualquier vínculo con la corrupción.
📌El día de hoy nos reunimos con la titular de la @SEGOB_mx, @rosaicela_. En este respetuoso diálogo tuvimos la oportunidad de refrendar nuestra disposición para explorar áreas de mejora, donde prevalezca el orden institucional y la salvaguarda de los #DerechosHumanos de… pic.twitter.com/TKgImABKuS
El presidente del INAI afirmó que, de la mano de las reformas que propone el gobierno de Claudia Sheinbaum, el instituto se someterá a la voluntad popular, garantizando que la transparencia sea un pilar en el nuevo diseño institucional del país, dejando atrás acuerdos corruptos que tenía el supuesto órgano autónomo, como los sostenidos con Xóchitl Gpalvez. Este tipo de cambios buscan garantizar un mejor uso de los recursos públicos y una mayor supervisión de los funcionarios, alejando al instituto de cualquier influencia política.
Finalmente, el presidente del INAI reiteró su compromiso con la Cuarta Transformación y su disposición para continuar dialogando con el gobierno federal, de cara a las reformas legislativas que buscan hacer del INAI un organismo más eficaz y transparente, siempre en beneficio del pueblo mexicano.
Siguiendo las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ante la Mesa Directiva del Senado de la República, las iniciativas de leyes secundarías que garantizan la Reforma Judicial y la elección transparente de jueces, magistrados y ministros por parte del pueblo.
Las propuestas modifican la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, con el objetivo de establecer un proceso confiable para las elecciones que se realizaran el año entrante, a pesar de la resistencia de los conservadores.
Rodríguez subrayó que estas reformas son esenciales para “hacer posible y viable la elección de impartidoras e impartidores de justicia”, y que México atraviesa “una gran oportunidad de hacer historia” con la implementación de este nuevo marco legal. La secretaria detalló que las iniciativas contienen un conjunto de normas que garantizarán la certeza jurídica en cada fase del proceso electoral judicial.
Las propuestas legislativas, además, incluyen modificaciones que aseguran la equidad y el respeto a los derechos de todos los participantes en el proceso, fortaleciendo la autonomía e independencia del Poder Judicial, uno de los pilares de la Cuarta Transformación.
Con estas reformas, el gobierno encabezado por Sheinbaum continúa avanzando en su compromiso de responder a la demanda de justicia de la ciudadanía, demostrando una vez más su dedicación a la transformación profunda de las instituciones en México.
Durante la conferencia matutina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó su último informe en el cual destacó los diez cambios más importantes que ha experimentado la sociedad mexicana durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según Rodríguez, estas transformaciones son el resultado de las políticas de seguridad y bienestar social impulsadas a lo largo del sexenio.
Uno de los puntos más relevantes es la relación entre la disminución de delitos y la reducción de la pobreza. Entre 2018 y 2022, en 27 entidades del país, se observó una reducción simultánea en la tasa de víctimas de delitos y en el porcentaje de pobreza. De manera particular, estados como Tlaxcala y el Estado de México experimentaron un aumento en la pobreza, pero vieron disminuir los delitos. En contraste, en entidades como Coahuila, Yucatán y Nuevo León, la pobreza disminuyó mientras que los delitos aumentaron. Importante resaltar que en ninguna entidad se registró un aumento tanto en pobreza como en la prevalencia delictiva.
📹 #Vídeo | A 5 años de su creación, la GN aporta el 47 por ciento de resultados en materia de seguridad.
Se dio prioridad a las acciones de inteligencia contra la delincuencia organizada, además, mesas de trabajo coordinadas con dependencias relacionadas a la seguridad.
Otro de los avances destacados fue la disminución en el número de hogares víctimas de robo y extorsión. En el primer semestre de 2024, este tipo de crímenes cayó un 12.7% en comparación con el mismo periodo de 2018. Asimismo, la percepción de inseguridad entre la población también mostró una mejoría significativa: en diciembre de 2018, el 73.7% de los ciudadanos se sentían inseguros viviendo en sus ciudades, pero para junio de 2024 ese porcentaje se redujo a 59.4%.
#ConferenciaPresidente | @rosaicela_ informó "10 importantes cambios que se han registrado en nuestra sociedad a raíz de la transformación impulsada por el Gobierno del presidente @lopezobrador_":
1. Entre 2018 y 2022, en 27 entidades del país se redujo de manera simultánea la… pic.twitter.com/5c3AYyI1Ut
Además, Rodríguez subrayó el cambio en la percepción de las condiciones de seguridad a nivel nacional. Mientras que en 2018, el 68.3% de la población adulta pensaba que la delincuencia empeoraría, para 2024 esa cifra negativa bajó a 50.5%.
Un aspecto clave en la transformación fue el papel de la Guardia Nacional, que actualmente es reconocida por 9 de cada 10 adultos, y el 74% de la población considera efectivo su desempeño. Asimismo, entre 2019 y 2023, la tasa de actos de corrupción a nivel nacional se redujo en 16.6%, reflejando una mayor confianza en las instituciones.
#ConferenciaPresidente | 10 cambios registrados en nuestra sociedad a raíz de la transformación impulsada por el Gobierno del presidente @lopezobrador_:
7. Entre 2017 y 2023, la proporción de personas adultas que percibió corrupción de manera frecuente se redujo 8.8% a nivel… pic.twitter.com/jZ3lNy7qW6
La confianza de la población en el Gobierno de México también fue un tema central del informe. En 2023, el 59.1% de los mexicanos confiaban en su gobierno, un aumento significativo en comparación con el 25.5% registrado en 2017. Esta confianza también se reflejó en la percepción internacional, ya que según la OCDE, en 2023 el 54% de los mexicanos tenía una confianza alta o moderadamente alta en su gobierno, situando a México por encima del promedio de confianza de la OCDE, que es del 39%.
Por último, la secretaria Rosa Icela Rodríguez destacó la confianza de la población en el presidente López Obrador, con un 53.5% de la población otorgándole el más alto nivel de confianza. Este reconocimiento subraya el impacto de las políticas implementadas durante el gobierno en curso y la transformación que han provocado en la sociedad.
Durante la conferencia matutina, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó diversos casos que exponen el preocupante fenómeno de jueces que han otorgado libertades a delincuentes en fines de semana, en lo que se ha denominado como “sabadazos”. Estos casos han generado indignación y han puesto en evidencia las inconsistencias y la corrupción en el Poder Judicial.
Uno de los casos más destacados fue el del juez Gregorio Salazar Hernández, quien ordenó el cambio de medida cautelar para Janet Miriam “N”, excolaboradora de Genaro García Luna, liberándola el 14 de junio de 2024, a pesar de estar acusada de delitos graves como peculado y delincuencia organizada.
#ConferenciaPresidente | Casos de jueces que otorgaron libertad a delincuentes en fines de semana (Sabadazos):
➡️La jueza Diana Montserrat Partida Arambulo benefició a Marcelino "N", alias "El Fantasma", presunto miembro del Cartel de Sinaloa", con una libertad anticipada… pic.twitter.com/ozY8wJmaFn
Otro caso alarmante involucra al juez Andrés Cascamilla González, quien dictó sentencia absolutoria y liberación inmediata para Vicente Javier “N”, alias “El Cholula”, quien enfrentaba cargos por robo con violencia, homicidio calificado, secuestro y asociación delictuosa. Este tipo de decisiones, otorgadas en días no hábiles, generan dudas sobre la integridad de los procesos judiciales.
Además, se presentaron más ejemplos de liberaciones que han ocurrido en fines de semana. El juez Adrián Leobardo Ríos González otorgó libertad inmediata el 1 de julio de 2023 a José Eliseo “N”, presunto miembro de Los Zetas, mientras que la jueza Angélica Sánchez Hernández liberó a Itiel “N”, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusado de homicidio doloso calificado. En ambos casos, los jueces argumentaron falta de elementos para vincular a proceso, lo que ha causado controversia debido a la gravedad de los delitos.
➡️Jesús Murillo "N", ex procurador de la República, vinculado a proceso por delitos de desaparición forzada y tortura en el #CasoAyotzinapa, recibió un cambio de medida cautelar a prisión… pic.twitter.com/e2UQ3TJIpl
El patrón se repite en el caso de Rogelio León Díaz Villarreal, quien benefició a Abraham “N”, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG. El juez dictó auto de no vinculación a proceso, liberándolo el 28 de abril de 2024. Otro ejemplo es el del juez Daniel Ramírez Peña, quien liberó a Angélica “N”, presunta integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), el 29 de abril de 2023.
Delincuentes de alto perfil también beneficiados
No solo los miembros del crimen organizado han sido favorecidos por decisiones judiciales polémicas. También se han dado casos de exfuncionarios y figuras políticas que han recibido beneficios judiciales. La jueza Angélica del Carmen Ordoño Suárez otorgó un cambio de medida cautelar a Mario Marín, exgobernador de Puebla, acusado de tortura, permitiéndole salir del penal con brazalete electrónico. Además, el juez Juan Pedro Contreras Navarro amparó a Emilio “N”, exdirector de Pemex, permitiéndole evitar la prisión preventiva.
➡️El ex gobernador de #Chihuahua, Cesar Duarte, fue beneficiado por la jueza Hortensia García Rodríguez, quien cambió la medida de prisión preventiva a una prisión domiciliaria, portación de… pic.twitter.com/OS8H18vDLJ
El caso de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, también destaca entre los beneficiados. La jueza Hortensia García Rodríguez cambió su medida de prisión preventiva a prisión domiciliaria. A nivel federal, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México dictó que Jesús Murillo “N”, exprocurador vinculado al Caso Ayotzinapa, cumpliera su proceso en prisión domiciliaria.
Las decisiones judiciales también han beneficiado a miembros del crimen organizado de alto perfil. La jueza Diana Montserrat Partida Arámbulo liberó anticipadamente a Marcelino “N”, alias “El Fantasma”, presunto integrante del Cártel de Sinaloa, mientras que el juez José Luis Hernández Hernández dictó libertad para Guillermo “N”, alias “El Memo”, vinculado a la Fuerza Anti-Unión Tepito.
Jueces que no autorizan órdenes de aprehensión:
Uno de los casos más polémicos fue el de la jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, quien otorgó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier “N”, para dejar insubsistente una orden de aprehensión en su contra. A Francisco Javier “N” se le acusa de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, la jueza dictaminó que no había fundamentos suficientes para proceder.
Otro caso destacado es el del juez Gerardo Genaro Alarcón López y los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Ramírez Escobar, quienes negaron y ratificaron, respectivamente, la negativa de una orden de aprehensión contra Genaro “N”, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública. A Genaro “N” se le acusa de enriquecimiento ilícito, pero el juez y los magistrados consideraron que no había pruebas contundentes para justificar la orden de captura.
La conferencia también abordó el caso del exgobernador de Veracruz, Javier “N”, a quien los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal le negaron una orden de aprehensión. Las acusaciones en su contra, que incluyen graves delitos de corrupción, fueron desestimadas por falta de pruebas suficientes, lo que generó controversia y críticas al sistema judicial.
Finalmente, uno de los casos más impactantes expuestos fue el del juez Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, quien negó una orden de aprehensión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, acusado de haber sido el coautor material en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. A pesar de que había más de 123 pruebas presentadas, de las cuales al menos 50 se consideraban contundentes, el juez rechazó la orden de captura. El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, confirmó esta decisión el 1 de agosto de 2024, lo que avivó la polémica sobre este histórico caso.
Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha dado inicio al proceso de entrega-recepción con Omar García Harfuch, quien asumirá el mismo cargo durante la administración de Claudia Sheinbaum. A través de sus redes sociales, Rodríguez Velázquez compartió fotografías de las reuniones en las que participaron ambos funcionarios y sus respectivos equipos de transición.
Este cambio en la SSPC se enmarca dentro de los preparativos para el inicio de la nueva administración federal el 1 de octubre, fecha en la que Omar García Harfuch asumirá oficialmente como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Rosa Icela Rodríguez, por su parte, pasará a ocupar la Secretaría de Gobernación (Segob).
La transición en la SSPC es una de las varias que se están llevando a cabo antes del cambio de gobierno. Además de Rodríguez Velázquez y García Harfuch, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ya ha tenido reuniones con Rosa Icela Rodríguez para preparar su propia entrega de funciones en la Segob. Claudia Sheinbaum ha instruido que estas transiciones se realicen sin utilizar recursos públicos, buscando una gestión eficiente y transparente.
García Harfuch, quien previamente ocupó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante la gestión de Sheinbaum como jefa de Gobierno, es reconocido por su enfoque en la reducción de la incidencia delictiva en la capital del país. Tanto él como Sheinbaum planean aplicar a nivel nacional las estrategias de seguridad que implementaron en la Ciudad de México, con el objetivo de mejorar los índices de seguridad en todo el país.
La transición de la SSPC y la llegada de nuevos líderes a la seguridad nacional generan expectativas sobre los cambios y mejoras que se implementarán en los próximos años. La experiencia y estrategias que García Harfuch y Sheinbaum han aplicado en la Ciudad de México serán claves para enfrentar los retos que el país enfrenta en materia de seguridad.
A tan solo 36 días del inicio de la nueva administración federal, se formalizó la instalación de la Mesa de Coordinación para la Transición por parte de las secretarías de Gobernación saliente y entrante. Esta mesa tiene como objetivo proporcionar un diagnóstico detallado y claro sobre el estado de cada dependencia y los asuntos pendientes.
Durante el acto, Luisa María Alcalde subrayó que esta transición es única en su transparencia y eficacia, dado que los equipos de ambos gobiernos comparten el mismo proyecto nacional.
“Vamos a hacer lo necesario para entregar cuentas claras, para dejar en sus manos toda la información que se requiera en tiempo y forma. De esa manera, el gabinete designado va a recibir un diagnóstico claro, detallado y honesto del estado que guarda cada cartera informando todo lo que se ha venido realizando en este gobierno histórico, pero también los pendientes que cada una de las dependencias tiene acompañados siempre de una propuesta y de rutas de solución para un relevo ordenado que le permita al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum arrancar sin contratiempos y avanzar hacia el segundo piso de la cuarta transformación”.
La base para esta Mesa de Coordinación es el Acuerdo publicado el 21 de agosto en el Diario Oficial de la Federación, que detalla las etapas necesarias para una transición disciplinada, legal y transparente para iniciar el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación.
Rosa Icela Rodríguez, quien será la próxima titular de la Secretaría de Gobernación, destacó la diferencia con administraciones anteriores, señalando que esta transición se llevará a cabo con un enfoque de coordinación y transparencia para garantizar que ninguna acción gubernamental se interrumpa, evitando así impactos negativos en la ciudadanía. Rodríguez comentó.
“A diferencia de pasadas administraciones, este proceso de entrega-recepción será bajo un esquema de coordinación y transparencia con el objetivo de que ninguna acción de gobierno se detenga para evitar afectaciones a la ciudadanía”.
La actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana agregó que el nuevo gobierno no comenzará desde cero, ya que se basará en el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Nosotros formamos parte del mismo equipo de trabajo y estamos coordinándonos para que haya una transición ordenada, responsable y eficiente”, indicó.
En la ceremonia realizada en el salón Revolución del complejo Bucareli, ambas secretarias instaron a los servidores públicos a mantener el compromiso durante el último mes del presente sexenio. El proceso de transición administrativa será supervisado específicamente por la Secretaría de la Función Pública.
