El Gobierno de la Ciudad de México adjudicó un contrato por 94.7 millones de pesos a Seguros Azteca —empresa de Ricardo Salinas Pliego— para asegurar a casi dos millones de estudiantes, docentes y trabajadores del sistema educativo, pese a los litigios fiscales por más de 74 mil millones de pesos que enfrenta Grupo Elektra ante el SAT.
La licitación pública nacional para 2024 fue ganada por Seguros Azteca tras presentar la propuesta más barata, superando a SURA. Según la Secretaría de Finanzas, no había impedimentos legales para que la aseguradora participara. No es la primera vez que se firma este contrato: ya en 2023 se le había otorgado la misma póliza, de acuerdo con una investigación de la periodista Claudia Villegas para la Revista Fortuna.
El seguro escolar “Va Segur@” cubre desde preescolar hasta nivel medio superior y a personal educativo, incluyendo atención médica de urgencia, gastos por accidente y muerte accidental. Aunque el programa protege a casi dos millones de personas, el número de beneficiarios atendidos bajó a poco más de 35 mil en 2023, mientras el presupuesto se incrementó de 127 a 156 millones de pesos.
La ley no impide contratar a proveedores con adeudos fiscales, pero la asignación ha reavivado cuestionamientos sobre las licitaciones públicas y los vínculos entre empresas de Salinas Pliego y fondos públicos.
¡Exclusiva! Préstamos fantasma y contratos turbios: la trama de Grupo Salinas.
Salinas Pliego, García Luna y Cárdenas Palomino: El triángulo de oro del lavado de dinero.
La justicia mexicana ha comenzado a desentrañar una de las redes de corrupción más intrincadas y cínicas de las últimas décadas, que salpica y mancha a figuras de alto perfil empresarial y gubernamental.
En el centro de esta oscura maraña se encuentran la empresa Adamantium Security, vinculada al magnate Ricardo Salinas Pliego, y los exzares de la seguridad pública, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
Y lo que a primera vista parecen transacciones financieras legítimas, se han revelado como un sofisticado esquema de lavado de dinero que desvió millones de pesos de las arcas públicas hacia los bolsillos de estos funcionarios.
A través de un reportaje exclusivo para ReporterosMx, profundizamos en los mecanismos, actores e implicaciones de esta vasta y turbia operación.
Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V propiedad del polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, participó en la red de corrupción y lavado de dinero orquestada por Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna.
De acuerdo con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019, la empresa de Salinas Pliego habría concedido dos préstamos, uno por 10 mdp y el otro por 9 mdp, a la empresa Adamantium Private Security S. de R.L de C.V, dirigida por Luis Cárdenas Palomino, y que, curiosamente también figura como una subsidiaria de Grupo Salinas.
Pero Arrendadora Internacional Azteca no habría sido la única en prestar sus servicios financieros para la red de corrupción de Cárdenas Palomino y García Luna.
A través de Nueva Elektra del Milenio S.A de C.V, las subsidiarias de Grupo Salinas realizaron depósitos a Adamatium Private Services y a la propia cuenta en Banco Azteca de Cárdenas Palomino.
Así lo revela, con datos duros, una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que, en 2023, desentrañó la participación de al menos una decena de empresas fachada que sirvieron de “lavandería” para Luna y Palomino.
Le cuento más detalles:
Entre 2013 y 2019, Cárdenas Palomino y García Luna, quienes otrora se habían encumbrado como zares de la seguridad pública en México, recibieron millones de pesos por contratos, que nunca fueron esclarecidos tanto de la Secretaría de Gobernación (Segob) como de la Tesorería de la Federación y del Gobierno del entonces Distrito Federal.
Dichos recursos eran filtrados a través de una red de empresas que, eventualmente, se encargaban de hacerle llegar el dinero tanto a Cárdenas Palomino como a Genaro García Luna y a sus familiares.
Una de las empresas resultó ser NUNVAV IN, con sede en Panamá y operaciones en México.
Una empresa medular para la trama de lavado.
NUNVAV IN era la encargada de distribuir millones de pesos a otras empresas dedicadas a la publicidad, la seguridad privada, la construcción, la consultoría e incluso la tecnología.
Sin embargo, la compleja red de empresas servía para que dos personajes ultrainfluyentes en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, llenaran sus carteras, sus bolsillos y sus cuentas bancarias a manos llenas.
Azteca da préstamos a Palomino
De acuerdo con la UIF, en 2019 Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V SA prestó un total de 19 millones de pesos a Andamantium Private Services, empresa de seguridad privada dirigida por Cárdenas Palomino y que, curiosamente, en lo legal, es propiedad del autonombrado “Tío Richie”.
Nada extraño, para una empresa que iniciaba operaciones si no fuese porque la Arrendadora de Salinas Pliego se dedica, como bien lo explica su nombre, a la renta de equipo de cómputo, telecomunicaciones, autos y bienes inmuebles.
Recordemos que Arrendadora Internacional es una subsidiaria al 99.83% de CASA, una empresa dirigida precisamente por Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
A su vez, Adamantium Private Security Services figura como una empresa del Grupo Salina dedicada a la seguridad privada, pero dirigida por Cárdenas Palomino.
Y esta información es indispensable para entender lo que sucedería después.
Entre 2017 y 2019, aquella empresa de seguridad se benefició de innumerables contratos federales, algunos por adjudicación directa y otros por licitación.
Durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto, Adamantium recibió 24 contratos públicos por un total de 510 millones 470 mil pesos.
La empresa, según consta en los registros federales, prestó servicios al Gobierno de Puebla, del entonces Distrito Federal y de la propia corporación federal que dirigía Palomino, a la cual brindaba equipo de rastreo y seguridad.
Adamantium Private Security Services también recibió recursos procedentes de NUNVAV desde Estados Unidos.
El beneficiario final de 4.1 millones de pesos fue Cárdenas Palomino, el brazo derecho del hoy convicto Genaro García Luna.
Ese mismo año, 2019, Adamantium realizó un depósito de 6.2 millones de pesos a MIGALAB Construcciones, al mismo tiempo Nueva Elektra del Milenio realizó otro depósito por 3.2 millones de pesos.
Y las cosas no pararon ahí.
A su vez, MIGALAB pasó los recursos por otras dos empresas que iniciaron operaciones manejando altos volúmenes de dinero como Diseño y Publicidad Gonther, Adamantium Private Security Services o Esfaga SC.
Pero las cosas tampoco se detuvieron en esa parte.
Además de participar en el esquema de corrupción que en última instancia benefició a García Luna y Cárdenas Palomino, la arrendadora de Salinas Pliego tuvo una sospechosa participación en el caso Fertinal, una trama mediante la cual Pemex adquirió Grupo Fertinal con posible sobrepecio.
La empresa fue vendida a Pemex en 2016 por 635 millones de dólares, incluyendo deuda, precio que se infló en casi 200 millones de dólares.
La compra se cerró un día antes de que venciera la deuda de Fertinal con Banco Azteca, resultando extremadamente costosa para Pemex.
Lo que más llama la atención es que, desde su aparición en escena, en 2005, la Arrendadora de Salinas Pliego ha funcionado más como un banco, que como una empresa que alquila computadoras.
Palomino llegó a la Policía a robar
El ascenso de Luis Palomino inició en 1989 cuando ingresó al CISEN, dos años después en 1993, dirigió el primer operativo del Centro Nacional de Control de Drogas. Para 2001, cuando ingresó a la AFI, el brazo derecho de García Luna ya había tejido una poderosa red de amigos y distribuidores.
Tras su salto a la “fama” con el caso de FlorenceCassez en 2005, Palomino asumió la coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal.
Palomino operaba desde sus oficinas centrales de la extinta Policía Federal, ubicadas en el denominado “búnker de Iztapalapa”.
Desde ahí “El Oaxaco”, como apodaban a Palomino sus propios colaboradores, debido a su actitud déspota y racista, recibía informes sobre cada punto aeroportuario y retén, donde se hubiese decomisado droga.
El objetivo, por supuesto, no era la lucha contra el crimen organizado, sino la batalla por el trasiego.
Un expolicía federal que operó en 2012 en las instalaciones del AICM, pero que por temor a represalias prefiere no ser identificado, recuerda para ReporterosMx el momento en que Palomino ordenó aniquilar a tres agentes, que traficaban droga de un cártel rival el 25 de junio de 2012.
“Palomino sabía que agentes federales traficaban droga sin su autorización, así que mandó a tres policías de inteligencia a eliminarlos. Ante el Ministerio Público, la versión oficial fue que investigaban a tres agentes por corrupción y vínculos con el narco, pero al interior del aeropuerto, todos sabíamos que había sido El Jefe”, contó.
El expolicía admite no contar con documentos probatorios porque Palomino, además de ser un sujeto déspota, era en extremo cuidadoso.
“No hablaba con nadie, llegaba de sorpresa, cuando nos presentábamos a rendirle, nos ignoraba pasaba de largo y se subía a su auto”, asegura.
Pero entre los pasillos todos sabíamos que “era un wey al que le gustaba la lana, y que era muy amigo del Cártel de Sinaloa. Él decidía quien pasaba por el aeropuerto. Nosotros debíamos entregar un reporte detallado de todos los incidentes relacionados con cargamentos de droga y especificar cuánto y a quiénse le decomisaba. Él delegaba encargados y ya ellos decían este sí, este no pasa”
“Palomino llegó a la Policía Federal a robar, desde ahí empezó la decadencia de la corporación. Con él y con García Luna. Hubo muchos mandos de la PF que lo permitieron y que los apoyaron porque los deslumbró el dinero que recibían, pero nunca les interesó la seguridad ni el trabajo como policías”, narró para ReporterosMx.
Sin embargo, la fama le duró poco Cárdenas Palomino, el socio de García Luna, quien desde 2021 se encuentra preso en el Penal del Altiplano en espera de ser juzgado por su participación en el operativo Rápido y Furioso, la cual sirvió para, presuntamente, comerciar armas procedentes de Estados Unidos.
En una cena de gala organizada por la American Society y copatrocinada por Ricardo Salinas Pliego, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que su país busca “retomar el camino de la libertad con derecho, justicia y oportunidades económicas”. Reconoció que el proceso no será fácil ni inmediato, pero consideró que es una causa noble que el “mundo libre” debe ganar.
Johnson, quien se dijo orgulloso de representar al gobierno de Donald Trump, destacó que esta nueva era de política exterior se basa en la responsabilidad compartida con socios como México. También advirtió que países como China buscan imponer control financiero en el hemisferio occidental, lo cual refuerza la urgencia de fortalecer las alianzas regionales.
El diplomático elogió la relación con la Presidenta Claudia Sheinbaum y subrayó que ambas naciones trabajan para combatir el crimen organizado, el tráfico de personas y el fentanilo. Aseguró que Estados Unidos quiere una frontera segura que también impulse el bienestar bilateral.
El evento incluyó la proyección de un video sobre Fundación Azteca. Larry Rubin, presidente de la AMSOC, advirtió que el arancel del 30% anunciado por Trump podría aplicarse desde el 1 de agosto, debido a la falta de acciones firmes contra el narcotráfico, el crimen y el incumplimiento del T-MEC.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó tres litigios fiscales de Grupo Elektra, afectando a las empresas de Ricardo Salinas Pliego . Cada vez parece más lejana la posibilidad de que el tribunal revise los amparos presentados por el empresario.
Durante la sesión, la Segunda Sala debía resolver el amparo en revisión 5654/2024. Este amparo impugna un fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que reconoce un adeudo fiscal de Elektra. Sin embargo, el ministro Javier Laynez Potisek indicó que no se completó el quórum necesario para la votación.
El asunto se reprogramó para la sesión pública en 15 días, donde se abordarán los impedimentos presentados contra las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Después, se resolverá el fondo del asunto.
La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, reveló que las empresas de Salinas Pliego deben 74 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda. También hay tres litigios adicionales en la SCJN por 26 mil millones de pesos, que datan de 2008 a 2013.
Grupo Salinas respondió a los señalamientos, pero la presidenta Claudia Sheinbaum defiende el uso de instituciones para garantizar la justicia fiscal. Ricardo Salinas Pliego, en su cuenta de X, intenta desviar la atención de las reformas que buscan beneficiar al pueblo y fortalecer la economía del país.
La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, reveló que Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, acumula una deuda fiscal de 74 mil millones de pesos, cifra que creció 11 mil millones en un año, mientras el empresario mantiene 32 juicios activos para evitar el pago.
La funcionaria explicó que los adeudos se originaron en 2008, pero fue hasta 2016 que el SAT concluyó la auditoría y confirmó las omisiones. Desde entonces, el corporativo ha utilizado todos los recursos legales posibles para retrasar el pago, incluyendo tácticas para recusar a jueces.
De los 74 mil millones, tres juicios en la Suprema Corte concentran 26 mil millones; otros se reparten entre tribunales colegiados, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras instancias, según detalló la Procuraduría ante la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum confirmó que la deuda corresponde a Grupo Salinas y advirtió que “tendrá que pagar, porque es orden de un juez”. También atribuyó las campañas de Televisión Azteca contra el gobierno a este conflicto fiscal y al proceso de elección judicial, al que Salinas Pliego se opone.
La mandataria reiteró que, aunque el proceso ha sido largo, la justicia “siempre llega”, y destacó la caída en el valor de las acciones del grupo como reflejo del desgaste del caso.
La procuradora fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Grisel Galeano, informó sobre la situación de un grupo empresarial que enfrenta 32 juicios en el Poder Judicial. Estos juicios superan los 74 mil millones de pesos en litigio, una suma que es más que el presupuesto de varios estados.
Galeano destacó que la magnitud de esta deuda es alarmante. “Es muy importante comentarles que este grupo tiene 32 juicios por más de 74 mil mdp en litigio”, afirmó. Los casos se encuentran en todas las instancias del Poder Judicial, incluyendo la Suprema Corte, tribunales colegiados y el tribunal federal de justicia administrativa.
En la Suprema Corte, hay tres juicios que representan más de 26 mil millones de pesos. Además, los tribunales colegiados llevan casos por 20 mil millones y el tribunal administrativo cuenta con otros 8 mil millones en litigio. Estos juicios han sido complejos y se han prolongado a lo largo de los años.
La procuradora también compartió que el grupo empresarial, que incluye al empresario Ricardo Salinas Pliego y a Movistar, ha utilizado múltiples recursos judiciales para evitar el pago de impuestos. Desde 2008, el grupo ha acumulado un incumplimiento de 16 años en sus obligaciones fiscales.
A lo largo de los años, se han interpuesto 22 juicios y recursos para retrasar los pagos. Galeano subrayó que, a pesar de las auditorías y determinaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el grupo de empresarios ha eludido sus responsabilidades.
“Todos los contribuyentes tenemos garantizadas las leyes fiscales y el derecho a la defensa”, indicó Galeano. Sin embargo, el grupo ha abusado de estas garantías, presentando recursos ante cualquier juez que no favorezca su posición.
Es esencial que se haga justicia y que se exijan responsabilidades. Los 74 mil millones de pesos adeudados podrían ser utilizados para el bienestar del pueblo de México. La procuradora concluyó con un llamado a todos los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales. “Es momento de que todos contribuyamos al desarrollo del país”, afirmó.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha tomado una decisión importante al resolver que Grupo Elektra debe pagar aproximadamente 2 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Esta resolución, que se deriva de la omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio 2012, marca un paso significativo en la lucha contra la evasión fiscal.
Después de cinco años de batalla legal, la unanimidad de los tres magistrados del tribunal subraya la determinación del sistema judicial para hacer cumplir la ley. A pesar de los intentos de la empresa por frenar la resolución con escritos de último minuto, el tribunal desechó esos recursos. Los magistrados consideraron que no aportaban elementos nuevos y solo buscaban dilatar el proceso.
Esta decisión no solo representa una victoria para el SAT, sino también un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y la responsabilidad fiscal. La justicia fiscal es fundamental para garantizar un sistema equitativo y sostenible.
Grupo Elektra, que continúa enfrentando otros litigios contra resoluciones del SAT, aún tiene la opción de solicitar la revisión del fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No obstante, la admisión de este caso dependerá de su interés constitucional.
Con esta resolución, el sistema judicial reafirma su compromiso con la justicia y la legalidad. Las decisiones como esta generan confianza en la sociedad y promueven un entorno más justo y equitativo para todos.
