La propuesta impulsada por el Gobierno de México busca modernizar las instituciones electorales, reducir excesos y devolver el poder de decisión a la ciudadanía frente a las cúpulas partidistas.
La reforma electoral que se discutirá en el próximo periodo legislativo ha sido objeto de una intensa campaña de desinformación desde la oposición. Sin embargo, lejos de debilitar la democracia, la iniciativa plantea actualizar el sistema electoral, hacerlo más austero, eficiente y verdaderamente representativo. A continuación, se presentan los principales mitos y realidades que rodean la propuesta.
Mito: “Se pretende controlar políticamente a las autoridades electorales”.
Realidad: La propuesta no vulnera la autonomía ni la independencia del INE. La autonomía no depende del tamaño del presupuesto, sino de reglas claras, transparencia y profesionalismo.
Mito: “Los consejeros electorales serán empleados del partido en el poder”.
Realidad: Hoy, los consejeros se eligen mediante acuerdos cupulares. La reforma propone que los tres Poderes de la Unión postulen perfiles técnicos e intachables, y que sea el pueblo quien decida con su voto, otorgando legitimidad ciudadana y rompiendo con las cuotas partidistas.
Mito: “Eliminar plurinominales atenta contra las minorías”.
Realidad: Se busca un Congreso que represente el voto real en territorio. La propuesta reduce la Cámara de Diputados de 500 a 300 integrantes y el Senado de 128 a 96, eliminando curules automáticas y obligando a los políticos a ganarse el respaldo en las urnas, además de generar ahorros sustanciales.
Mito: “La austeridad pone en riesgo la democracia”.
Realidad: México tiene una de las democracias más caras del mundo. La reforma elimina el financiamiento ordinario a partidos —recibirán recursos solo en campañas—, lo que permitiría un ahorro superior a 32 mil millones de pesos entre 2025 y 2030, destinados a programas sociales e infraestructura.
Mito: “El voto electrónico facilita el fraude”.
Realidad: La modernización tecnológica busca abaratar costos, agilizar resultados y reforzar la seguridad, siguiendo modelos que ya operan con éxito en otros países.
La reforma electoral no busca el control del sistema, sino liberar a las instituciones del poder económico y de las élites partidistas, fortaleciendo la democracia participativa. Bajo el liderazgo del gobierno actual, el eje es claro: instituciones al servicio del pueblo y no de las cuotas de poder.
