La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo, con el objetivo de actualizarla y sistematizarla conforme a la reforma constitucional en materia del Poder Judicial.
El documento, enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, proviene de una iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Fue aprobado en términos generales con 338 votos a favor, 126 en contra y ninguna abstención; y en lo particular, con 323 a favor, 123 en contra y también sin abstenciones.
Las reformas al funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establecen que el tribunal operará únicamente en Pleno, según lo dispuesto en el artículo 94 constitucional. Esto contrasta con el texto previo del decreto de 15 de septiembre de 2024, que permitía su funcionamiento en Pleno o en Salas.
Por otro lado, se reduce el número de votos necesarios para que las decisiones de la Corte sean vinculantes para todas las autoridades jurisdiccionales de 8 a 6, tanto en la creación de jurisprudencia como en la declaración de inconstitucionalidad de normas generales.
Modifica las disposiciones del Distrito Federal por Ciudad de México, ajustando los artículos que mencionan al Consejo de la Judicatura Federal para referirse al Órgano de Administración Judicial. Cambia las referencias del Código Federal de Procedimientos Civiles por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Señala que el juicio de amparo no procede contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. En cuanto a las multas establecidas en la Ley de Amparo, sustituye el término “salario mínimo” por “Unidad de Medida y Actualización”.
En los transitorios, establece que, hasta que las ministras y ministros electos tomen protesta ante el Senado el 1º de septiembre de 2025, la Suprema Corte se regirá por las reglas de votación de la Ley de Amparo vigente antes de la publicación de este decreto.
La reforma a la Ley de Amparo introduce un lenguaje incluyente, reemplaza “Distrito Federal” con “Ciudad de México”, actualiza el Código Federal de Procedimientos Civiles por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y sustituye “salario mínimo” por “Unidad de Medida y Actualización” (UMA) para asegurar consistencia en montos y sanciones.
Además, de sustituir expresiones como “grupos vulnerables” por “grupos en situación de vulnerabilidad”, promoviendo así relaciones de respeto e igualdad de género. “El uso de un lenguaje inclusivo y actualizado no solo clarifica la legislación, sino que también ayuda a erradicar la discriminación y la violencia estructural”, sentenció el diputado Julio César Moreno.
