Ricardo Anaya, ex candidato presidencial y miembro del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no postergue hasta el martes la votación del proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
En entrevista, Anaya mencionó su apoyo para incluir los programas sociales en la Constitución como derechos garantizados, aunque también llamó al gobierno a asegurar los recursos necesarios para estos.
Sin embargo, criticó fuertemente la postura de Morena respecto a la renuncia de los ministros, que los legisladores morenistas han condicionado pese a lo establecido en el artículo transitorio séptimo de la reforma constitucional.
Según Anaya, la reciente reforma que prohíbe las acciones de inconstitucionalidad sobre iniciativas aprobadas por el Congreso podría llevar al país a una “crisis constitucional”.
Finalmente, solicitó a la SCJN acelerar la votación para evitar, en sus palabras, una profundización de dicha crisis.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto que interpone una controversia constitucional en contra de la reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de las elecciones del Poder Judicial.
Esta propuesta la presentaron 6 de los 11 consejeros del INE, quienes buscan promover esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma que dio a la consejera presidente, Guadalupe Taddei, facultades extraordinarias.
Este miércoles durante la sesión extraordinaria se presentó este recurso en contra de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que se hicieron ajustes para el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros.
Dentro de las nuevas atribuciones otorgadas a Taddei se encuentran nombrar a las Direcciones Ejecutivas de las áreas e integrantes de la Junta General Ejecutiva; de esta forma ya no se necesitaría de la aprobación de los consejeros.
Seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) están proponiendo interponer una controversia constitucional en contra de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.
Esta medida busca cuestionar la facultad otorgada a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para hacer designaciones sin necesidad de la aprobación del Consejo General del instituto.
Las consejeras Dania Ravel, Carla Humphrey, Claudia Zavala, y los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Jaime Rivera han impulsado el acuerdo que se discutirá en la próxima sesión del Consejo General del INE.
Según el proyecto, se pretende impugnar dos artículos de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), los cuales establecen atribuciones significativas para la presidenta del INE en cuanto a la designación de directivos y la coordinación de actividades del organismo.
El acuerdo argumenta que la reforma atenta contra la autonomía constitucional del INE y pone en riesgo los principios fundamentales de certeza, imparcialidad, independencia y profesionalismo que deben regir al organismo electoral.
“Por lo tanto, es esencial que el INE promueva una controversia constitucional en contra del decreto que reforma la LGIPE“, señala el documento.
El Pleno del Senado avaló con 75 votos a favor y 40 en contra, a los cinco integrantes del Comité de Evaluación de los aspirantes a competir en la elección del Poder Judicial.
De acuerdo con el Senado, el Comité estará integrado por Maday Merino Damián. Andrés Norberto García Repper Fávila, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricia Briseño Torres.
✅ Con 75 votos a favor y 40 en contra, se integra el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal en relación con la elección extraordinaria del 2025.
Integrantes: ▪️ Maribel Méndez ▪️ Ana Briseño ▪️ María Sánchez ▪️ Maday Merino ▪️ Andrés García Repper pic.twitter.com/zMxPMprSBq
El comité será el encargado de recibir expedientes de las personas aspirantes, evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales; e identificar a las personas mejores calificados que cuenten con los conocimientos técnicos para el desempeño del cargo.
Los comités deberán instalarse, a más tardar el 31 de octubre para que desde el 15 de diciembre verifiquen los requisitos de elegibilidad de los aspirantes, a quienes entrevistarán a partir del 31 de enero de 2025.
¿Quiénes son los integrantes del comité?
Maday Merino Damián: abogada, académica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y primera mujer en ser consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
Maribel Concepción Méndez Lara: abogada por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y magistrada Numeraria del Tribunal Superior Agrario.
Ana Patricia Briseño Torres: abogada y psicóloga por la Universidad de Sonora; y titular del Instituto Sonorense del Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ISTAI).
Andrés Norberto García Repper Favila: abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y exrepresentante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IET).
María Gabriela Sánchez García: abogada y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordaron que el 5 de noviembre se discutirá el poyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la cual busca invalidar parcilamente la reforma judicial.
De acuerdo con la propuesta de Juan Luis Alcántara busca anular la elección popular de jueces y magistrados, sin embargo mantener elecciones para los integrantes del pleno de la Corte, del Tribunal Electoral del Podjer Judicial y de Tribunal de Disciplina.
Se esperaba que la propuesta se discutiera en la sesión pública del jueves, sin embargo se programó la fecha de discusión hasta el próximo martes, ya que los ministros al momento siguen con la discusión del Comité de Evaluación del PJF que participará en la elección a candidatos, jueces, ministros y magistrados.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, descalificó el proyecto del ministro Juan Luis González, asegurando qu está violando la Constitución en un nuevo intento por frenar la reforma judicial, presentó un nuevo plan de acción para declarar la reforma como inconstitucional.
Esta tarde Ricardo Monreal aseguró que el Congreo de la Unión no acatará la invalidación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que continuarán con la puesta en marcha de las elecciones del Poder Judicial.
El legislador descalificó el proyecto del ministro Gónzalez Alcántara que busca plantear como inconstitucional la elección de jueces y magistrados por votación.
“Nosotros no nos vamos a detener. Habrá elecciones de jueces y magistrados, porque él (el magistrado González Alcántara) no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional; viola el principio de legalidad, ciola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal“, destacó Monreal.
Asimismo, mencionó que la SCJN no puede aceptar que un ministro cancele una reforma que ya fue aproabada por el Congreso de la Unión y la mitad más una de las legislaturas locales.
“Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial de sus jueces y de sus ministros“, aseguró Monreal.
El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que logró dos nuevas suspensiones en contra de la reforma judicial, concendida por juzgados de Yucatán y Baja California. Esto se da en el marco de que el Congreso avanzaba en el proceso de la reforma constitucional que impide modificaciones a las reformas.
El amparo ordena al Senado de la República suspender el proceso electoral del Poder Judicial, además de evitar que cotinue el seguimiento a las convocatorias para integrar la lista de candidatos a ministros, magistrados y jueces. Así mismo esta orden va dirigida a los congresos estatales, al Instituto Nacional Electorla (INE) y al Consejo de la Judicatura.
Por otro lado, el segundo amparo ordena que “las autoridades como responsables, como ejecutoras no deberán aplicar el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Fedreral“. Asimismo, ordena que las autoridades deben abstenerse de realizar cualquier acción que ponga en marcha las disposiciones reformadas.
Ante la situación, los senadores de Morena indicaron que no permitirán que se frene la elección de 2025 del Poder Judicial. Aseguran que de acuerdo con el artículo 61 de la constitución, los amparos no procederán.
“Es muy clara en su artículo 61, en el sentido de que no procede ese recurso cuánto se trata de modificaciones a la Carta Magna“, mencionó Oscar Cantón Zetina.
Con 81 votos a favor y 36 en contra, el Senado de la República determinó que la Reforma Judicial no se elimine del Diario Oficial de la Federación (DOF), como pidió la jueza Nancy Juárez.
Con esto se le da una respuesta a la consulta de la consejera Jurídica Ernestina Godoy, en la que “respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum carece de atribuciones para eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación”.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue quién presentó al pleno la solicitud de consulta de Ernestina Godoy, quien consideró la solicitud de la jueza Nancy como “violatoria de las facultades”.
▶️ Respuesta del presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, a la consulta de la titular de Consejería Jurídica de la Presidencia respecto a la procedencia de la eliminación de la reforma al Poder Judicial del @DOF_SEGOB. pic.twitter.com/gi8f05NWPe
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (ANMJ) informó en un comunicado la reanudación de las labores jurisdiccionales tras un paro que ha causado severos daños económicos y sociales al país. A pesar del alto costo de esta medida, los magistrados y jueces mantuvieron sueldos millonarios durante todo el conflicto, lo que ha generado fuertes críticas y descontento entre la ciudadanía.
De acuerdo con el documento emitido, los jueces y magistrados han decidido volver a sus funciones a partir del próximo 28 de octubre de 2024, luego de recibir la Circular 23/2024 emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, el paro que realizaron, justificado por ellos como una “legítima forma de protesta”, fue percibido por muchos como un acto irresponsable y egoísta que paralizó la impartición de justicia en todo el país.
🟡#COMUNICADO En respuesta a la Circular 23/2024 del #CJF se informa que, por mayoría de votos de las personas juzgadoras, se decidió reanudar labores jurisdiccionales el próximo lunes 28 de octubre. pic.twitter.com/NysT1WabLp
— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 24, 2024
Durante el paro, los magistrados y jueces han seguido percibiendo sus salarios, los cuales son considerablemente elevados, mientras el sistema de justicia quedó detenido y miles de casos se estancaron.
Acusaciones de egoísmo y falta de ética
En el comunicado, la ANMJ asegura que esta decisión de retomar actividades se tomó en “beneficio de la población”. No obstante, la opinión pública se ha mostrado incrédula y molesta, ya que los funcionarios continuaron recibiendo sueldos millonarios a pesar de no cumplir con sus obligaciones.
A lo largo del paro, la Asociación Nacional de Magistrados ha manifestado que su protesta se debió a lo que consideran una “falta de respeto” a la autonomía e independencia del Poder Judicial por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, para muchos mexicanos, estos argumentos no justifican el impacto negativo generado por la suspensión de las labores de justicia.
Solicitudes al Consejo de la Judicatura y llamados al Congreso
En el documento, los magistrados también pidieron al Consejo de la Judicatura Federal respetar la independencia judicial y se comprometieron a defender su autonomía. Además, hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que actúe de manera contundente en la protección del orden constitucional.
No obstante, la inconformidad entre la sociedad persiste debido a la afectación que este paro ha ocasionado en la economía y en la impartición de justicia, donde las demandas y procesos legales de miles de ciudadanos quedaron en pausa, mientras los funcionarios mantuvieron su remuneración económica.
Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó nuevamente la decisión de la jueza Nancy Juárez, quien emitió una orden para eliminar la publicación de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF). Sheinbaum calificó la medida como “sin sustento jurídico” y afirmó que la notificación carece de validez.
Sheinbaum reveló que la notificación enviada por la jueza contenía un código QR que, al ser escaneado, no dirigía a ningún contenido, lo que desató cuestionamientos sobre la legalidad del proceso. Según la mandataria, la Consejería Jurídica recibió una segunda notificación, la cual refuerza la falta de fundamento de la solicitud de Juárez. “No se puede eliminar una publicación del DOF por capricho de una jueza; el Diario tiene su propia legislación que garantiza su inalterabilidad”, enfatizó.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que el miércoles 23 de octubre "llegó una segunda notificación a la Consejería y al Diario Oficial de la Federación", para que se elimine del #DOF la reforma al Poder Judicial, y adelantó que la Consejera Jurídica,… pic.twitter.com/ZzfwOyvWMx
Sheinbaum insistió en que el artículo 7BIS del DOF protege la inalterabilidad de sus publicaciones, por lo que cualquier intento de modificación por parte de un juez violaría tanto la ley del DOF como la de amparo. La mandataria señaló que la Consejería Jurídica ya ha solicitado al DOF un procedimiento claro para responder ante las notificaciones y adelantó que enviará un comunicado al Congreso de la Unión para obtener su opinión sobre el caso.
La presidenta lanzó duros cuestionamientos hacia los asesores de la jueza Juárez, sugiriendo que existe una falta de conocimiento jurídico o posibles intereses ocultos detrás de la solicitud. Sheinbaum reiteró que no se trata de una simple eliminación de una publicación, sino de una acción que violenta las leyes vigentes. Además, adelantó que en una próxima “Mañanera del Pueblo” se dará a conocer en detalle la estrategia jurídica que se tomará para enfrentar la situación.
