Desde el otro lado del Atlántico, el diputado español Gerardo Pisarello lanzó un respaldo contundente a la reforma judicial impulsada por el gobierno mexicano. En un mensaje que circula en redes sociales, Pisarello apuntó directamente contra las “derechas españolas”, a quienes señaló como aliadas de los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, y acusó de no tolerar el avance de las reformas democráticas en México.
“El pueblo mexicano votó claramente por separar el poder judicial del poder económico, y eso molesta a quienes llevan años beneficiándose de una justicia a modo”, sentenció el legislador, profesor de Derecho Constitucional y figura destacada de la izquierda catalana.
📹 #Vídeo | El diputado español, Gerardo Pisarello, se pronunció sobre la elección del Poder Judicial y aseguró que "Las derechas españolas, aliadas de Calderón y Zedillo, no soportan que las reformas de @Claudiashein avancen, ni que el pueblo haya votado para separar poder… pic.twitter.com/1kT5A31pNn
Pisarello no es un actor menor. Como diputado de Unidas Podemos en el Congreso español y ex vicealcalde de Barcelona, su voz resuena con fuerza entre los movimientos progresistas europeos. Desde su experiencia, ha denunciado reiteradamente cómo en muchos países, incluido España, sectores del poder judicial actúan como freno de mano de transformaciones sociales y económicas.
En ese contexto, su apoyo a la elección judicial por voto popular, planteada por el ahora Expresidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Reforma Judicial y ejecutada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, llega como un espaldarazo internacional frente a los embates de sectores conservadores que insisten en mantener un modelo judicial elitista y alejado de la ciudadanía.
La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha hecho un llamado sorprendente. Piden suspender las elecciones judiciales en México, alegando que deben cumplir con las medidas provisionales de la ONU. No se puede detener lo que ya está consagrado en la Constitución.
La JUFED argumenta que las elecciones judiciales, promovidas por la “reforma judicial”, amenazan la independencia de los jueces. Sin embargo, esta independencia no se protege desobedeciendo la ley. La Constitución establece un marco claro para la elección de magistrados y jueces. Ignorar eso es un juego peligroso.
La petición de la JUFED parece más un intento de proteger intereses particulares que un verdadero compromiso con la justicia. Al pedir la suspensión de un proceso electoral, la JUFED se convierte en juez y parte, olvidando su rol como defensores del Estado de derecho.
Es curioso que, tras recibir apoyo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, la JUFED elija la vía de la suspensión. La ONU no pidió que se ignorara la Constitución. Más bien, sugirió medidas de protección para los jueces en un marco legal ya existente.
Si realmente quieren defender a los jueces, deben hacerlo dentro del marco constitucional. La independencia judicial no se logra mediante el miedo o la manipulación. La verdadera justicia se construye respetando las normas y garantizando un proceso electoral transparente.
La JUFED debería recordar que desafiar las elecciones judiciales no es un acto de valentía, sino un desprecio a la democracia. La Constitución es clara y la independencia de los jueces debe ser defendida con respeto a las leyes.
Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, afirmó que el Poder Judicial enfrenta una “putrefacción” inaceptable. Sus declaraciones surgen tras las revelaciones del Ejecutivo Federal sobre resoluciones judiciales que favorecen a criminales entre 2024 y 2025.
El congresista destacó que la corrupción y el nepotismo dentro de esta institución han llegado a niveles alarmantes. Según Monreal, estas prácticas justifican la urgencia de una reforma judicial que permita la elección de sus miembros.
“El grado de corrupción en el Poder Judicial Federal no puede continuar”, enfatizó Monreal. Resaltó que la justicia no debe estar disponible “al mejor postor”.
El líder parlamentario considera esencial limpiar el sistema judicial para restaurar la confianza pública. La implementación de la reforma judicial es necesaria para renovar la institución y garantizar una justicia imparcial.
Monreal reafirmó su convicción de que la elección de jueces, propuesta desde el sexenio anterior, es un paso crucial para transformar el Poder Judicial en México.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, exhibió los actos de corrupción que han protagonizado los jueces federales, tras dar libertad a más de 100 delincuentes que han regresado a las calles.
“Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles“.
Suena el nombre del juezEnrique Hernández Miranda, de Sonora, quien con 58 resoluciones, ha permitido la liberación de personas vinculadas con delitos de altos impacto y con organizaciones criminales como el “Cártel de Sinaloa”.
En su intervención, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, dijo que ya no se permitirá proteger a los jueces mediante el acuerdo interno que mantienen de que ninguno puede ser procesado sin la autorización del Poder Judicial y afirmó que tienen pruebas de los actos realizados fuera de la ley.
“Nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado, un ministro, ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno, en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan“.
La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió que, aunque aún haya unos cuantos que piensan que todo está bien así como está, la reforma al Poder Judicial no es ninguna ocurrencia y razones como las anteriores lo demuestran.
Durante la conferencia matutina de hoy, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó detalles clave sobre el papel que desempeñan los Tribunales Colegiados de Circuito en el sistema judicial mexicano y anunció la conformación de los Plenos Regionales, una figura destinada a resolver divergencias de criterio entre estos órganos jurisdiccionales.
Zaldívar explicó que estos nuevos Plenos estarán integrados por los magistrados que obtengan mayor votación en las elecciones del próximo 1 de junio, lo que marca un avance dentro del proceso de renovación democrática del Poder Judicial Federal.
#MañaneraDelPueblo | El exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, explica de manera detallada las dudas más comunes que hay en torno a la elección del poder judicial, un ejemplo son los tribunales laborales, jueces de distrito y magistrados de circuito. pic.twitter.com/CAa1mEjAfc
“Los Tribunales Colegiados son especies de supremas cortes; por eso la votación de las magistradas y magistrados es de la mayor relevancia, porque la inmensa mayoría de los asuntos jurisdiccionales del país quedarán en esta instancia, no llegarán a la Corte”, subrayó el exministro.
Los Tribunales Colegiados son los órganos responsables de resolver la mayoría de los recursos presentados contra decisiones de jueces y juezas de Distrito, así como de resolver todos los amparos directos, lo que les confiere una función estratégica dentro de la estructura del Poder Judicial.
En ese contexto, Zaldívar destacó también la función de los juzgados de Distrito, definidos como la primera instancia del Poder Judicial Federal, encargados de conocer de forma inmediata todos los juicios de amparo.
Además, recordó que como parte de la transformación judicial impulsada en los últimos años, los Tribunales Laborales ya sustituyeron a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, convirtiéndose en las instancias que ahora resuelven conflictos entre sindicatos, trabajadores y patrones, en cumplimiento de la reforma laboral y los compromisos internacionales de México en materia de justicia laboral.
El exministro reiteró que la participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y ministros será clave para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, y que los cambios estructurales buscan consolidar un sistema más transparente, profesional e imparcial, pero también más cercano a las personas.
Desde el salón de Tesorería de Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la promoción del voto en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial.
Durante la conferencia del pueblo, la funcionaria recordó que el TEPJF modificó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que se permite ahora que diferentes niveles y organismos del Estado puedan invitar a la ciudadanía a participar en los comicios. Entre las autoridades facultadas se encuentran los tres Poderes de la Unión, los poderes estatales, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y personas servidoras públicas.
🚨¿QUÉ SE PUEDE HACER Y QUÉ NO, EN LAS CAMPAÑAS DEL PODER JUDICIAL?
Rodríguez Velázquez puntualizó que será posible promover el voto sin aludir a candidaturas específicas, así como llevar a cabo campañas de comunicación social con fines informativos, educativos y de orientación ciudadana, sin sesgos ni apoyos implícitos a personas candidatas. Además, se permitirá la elaboración de material didáctico sobre cómo votar en las seis boletas que recibirá cada elector el próximo 1 de junio.
La Segob también delineó con claridad las restricciones. No se podrán usar nombres, imágenes o símbolos que identifiquen a funcionarios o candidaturas, y tampoco podrán emplearse colores institucionales, slogans ni logotipos, salvo los del INE y los OPLEs. Igualmente, las autoridades locales no podrán promover elecciones federales y viceversa. Las campañas deberán ser genéricas y neutrales, sin vulnerar el principio de equidad.
“Los spots o publicidad en internet no deben identificar al órgano que los emite, y todos los promocionales deberán incluir un cintillo que especifique que su contenido es informativo y educativo”, subrayó la funcionaria.
En el marco de la elección judicial del 1 de junio, Rosa Icela Rodríguez explicó que se entregarán seis boletas federales, cada una correspondiente a un cargo distinto:
Morada: ministras y ministros de la Suprema Corte
Azul: magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral
Turquesa: magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial
Salmón: magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral
Rosa: magistraturas de circuito
Amarilla: juzgados de distrito
Además, en 19 entidades federativas se elegirá también a jueces y magistrados locales.
La presidenta de la Segob explicó que cada boleta incluirá:
En la parte superior, el cargo a elegir.
En la parte inferior, la lista de candidaturas, ordenadas alfabéticamente y divididas por género: mujeres a la izquierda, hombres a la derecha.
Cada candidatura estará identificada con un número, que será el que los electores deberán escribir en los recuadros disponibles.
“Del lado izquierdo se vota por mujeres, del lado derecho por hombres. Y cada boleta tiene un número específico de espacios a llenar dependiendo del cargo a elegir”, explicó Rodríguez Velázquez.
Se aclaró que para cumplir con el principio de paridad de género, los electores deberán elegir:
5 ministras y 4 ministros para la Suprema Corte
1 mujer y 1 hombre para la Sala Superior del Tribunal Electoral
3 mujeres y 2 hombres para el Tribunal de Disciplina Judicial
2 mujeres y 1 hombre para las salas regionales
Las boletas de Magistraturas de Circuito y Juzgados de Distrito incluirán además especialidades diferenciadas por color, y se deberá elegir mujeres y hombres dentro de cada especialidad.
Finalmente, Rosa Icela Rodríguez reiteró que el objetivo de estos lineamientos es garantizar un proceso transparente, con información suficiente y neutral, que promueva la participación ciudadana sin vulnerar la equidad del proceso judicial electoral.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actual candidata a repetir en el cargo, Loretta Ortiz Ahlf, presentó una impugnación contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe la difusión del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial, el cual calificó como “ridículo” y con restricciones “irrazonables”.
La inconformidad fue presentada la noche del 31 de marzo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su carácter de candidata a ministra en la elección que se celebrará el próximo 1 de junio.
“Promuevo juicio electoral en contra del ‘Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025’”, expuso Ortiz Ahlf en el documento remitido a los magistrados.
Como candidata a continuar en el cargo de Ministra de la @SCJN, ayer presenté ante la Sala Superior del @TEPJF_informa un juicio electoral en contra del acuerdo del INE que restringe que los Poderes de la Unión e instituciones públicas federales y locales puedan difundir… pic.twitter.com/zOP9PIe3vV
A través de un comunicado, la también académica señaló que limitar la difusión exclusivamente al INE es “contraproducente y hasta ridículo”, al tratarse de un mecanismo de elección “nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial”. En ese sentido, urgió a permitir que otras instituciones públicas participen en la difusión del proceso.
“El conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía”, subrayó.
Ortiz Ahlf también recordó que los propios Poderes de la Unión han intervenido activamente en etapas anteriores del proceso para la selección de candidaturas, por lo que la actual medida de restricción es “incongruente en un sistema democrático”.
“En un sistema democrático lo más congruente sería que, apegados a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades de la elección”, expresó.
La ministra advirtió que este tipo de limitaciones podrían traducirse en violaciones jurídicas, como impedir que universidades públicas —en uso de su autonomía— celebren foros informativos neutros, o que el propio Poder Judicial informe a la población sobre el proceso y la importancia de su participación.
“Están privando a la ciudadanía de fuentes confiables, que les hablen sobre la estructura de las boletas, los criterios de votación, sobre las fechas clave del proceso y sobre todo de las funciones de los cargos judiciales sujetos a elección”, sentenció.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos que regirán la campaña electoral rumbo a la inédita elección del Poder Judicial de la Federación, limitando el uso de recursos materiales y tecnológicos a fin de garantizar la equidad y legalidad en la contienda.
Entre las disposiciones más relevantes, se determinó que queda prohibido el uso de templetes, carpas, sonido profesional y perifoneo, aunque se permitirá que las y los aspirantes participen en foros, universidades, podcast o mesas de diálogo, siempre que ello no implique un costo para sus candidaturas.
“Está prohibido el uso de perifoneo”, puntualizó la consejera Carla Humphrey, quien explicó que los eventos en espacios abiertos deberán ser “no onerosos, sin erogaciones ni montajes”. Es decir, sólo se podrán usar megáfonos o bocinas no profesionales para amplificar la voz.
En cuanto a la comunicación digital, el INE permitirá a las candidaturas contar con canales de YouTube, páginas web y redes sociales, pero les está vedado pagar por pauta o publicidad digital, así como utilizar recursos económicos para incrementar el alcance de sus publicaciones.
También se reguló el uso de materiales promocionales físicos: se permitirá propaganda en papel biodegradable y el uso de camisas o prendas con el nombre del candidato, pero no se podrán uniformar equipos de apoyo, ni se autoriza la rotulación de vehículos, pinta de bardas o colocación de espectaculares o propaganda utilitaria.
En respuesta al panorama de violencia que se vive en algunas regiones del país, el INE autorizó el uso de vehículos blindados y personal de seguridad privada. Al respecto, Humphrey subrayó que “los vehículos blindados y personal de seguridad podrán ser utilizados atendiendo las problemáticas en materia de seguridad que aquejan a nuestro país”. Quienes recurran a estas medidas deberán informarlo a la unidad correspondiente del cargo que actualmente ejercen.
Finalmente, la consejera sostuvo que estas reglas son parte del esfuerzo institucional por blindar la contienda de irregularidades: “Cualquier acción va encaminada a garantizar que este proceso inédito de elección judicial se desarrolle en orden, legalidad, y confianza ciudadana”.
“El INE no solo regula y fiscaliza, sino que acompaña”, concluyó Humphrey, al destacar que estas medidas buscan proteger tanto la equidad en la contienda como la transparencia en el uso de los recursos públicos.
A pocos meses de la histórica elección judicial, la casa encuestadora Electoralia reveló en su más reciente medición nacional que César Gutiérrez Priego es el aspirante con mayor respaldo del pueblo para convertirse en Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con el sondeo, el abogado experto en temas penales y militares, obtuvo el 16 % de las preferencias, superando a Ángel Mario García Guerra, quien alcanzó el 12 %, y a Federico Anaya Gallardo, con un 9 %.
🚨#ULTIMAHORA | César Gutiérrez Priego LIDERA las PREFERENCIAS para ser MINISTRO de la Suprema Corte.
La pregunta que guió el ejercicio fue: “Si hoy se eligiera a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿por cuál de los siguientes aspirantes votaría?”, lo que permite observar los perfiles que más confianza generan para la renovación del máximo tribunal.
Esta medición es sumamente relevante debido a la próxima renovación que vivirá el Poder Judicial a demanda del pueblo mexicano que claramente está atento a la trayectoria de perfiles como el de Gutiérrez Priego y que se mantiene como el más reconocido y con amplio respaldo.
“Nunca he trabajado para el gobierno”: César Gutiérrez Priego
En cuanto a su trayectoria profesional, Gutiérrez Priego lleva más de 1 mil casos legales defendidos a lo largo de su carrera, incluidos asuntos de alto perfil en justicia militar y Derechos Humanos. Por si fuera poco cuenta con estudios en universidades nacionales e internacionales como la Universidad Intercontinental, la Universidad de Navarra y el Boston College.
Fue el pasado 25 de noviembre de 2024 cuando el abogado César Gutiérrez Priego detalló en Sin Máscaras, sus intenciones de competir para ser un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la elección judicial para él no se trata de una “oportunidad”, sino una “responsabilidad” en caso de salir victorioso.
“Siempre he sido abogado litigante, nunca he trabajado para el gobierno ni he sido funcionario público. Creo en una justicia que no dependa de apadrinamientos o conexiones (…) Antes, para aspirar a ser juez o magistrado, necesitabas alguien que te recomendara. Hoy, tenemos la oportunidad de cambiar eso y hacerlo por mérito.”
“Tomé esta decisión después de analizar los riesgos y hablar con mi familia. No quiero que mis hijos pasen por las injusticias que yo viví (…) Cualquier ciudadano que haya vivido una injusticia tiene el deber de luchar por un verdadero cambio en la impartición de justicia.”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo General 3/2025, en el que se establecen los plazos y procedimientos para la conclusión de funciones de su actual integración, en cumplimiento con la reforma judicial vigente desde el 16 de septiembre de 2024.
El documento detalla que la última sesión del actual Pleno será el 12 de agosto de 2025, mientras que el informe final de labores de la ministra presidenta Norma Piña Hernández se presentará el 15 de agosto. Además, se creará el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, encargado de supervisar el proceso de entrega-recepción de la Corte.
A partir del 31 de agosto de 2025, el Pleno y las Salas de la SCJN concluirán sus funciones, y la administración del Alto Tribunal dejará de estar bajo la presidencia. Como parte de la reforma, el número de ministros se reducirá y la Corte operará únicamente en Pleno.
El acuerdo también establece que, desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto, la SCJN solo atenderá asuntos urgentes, tales como:
Amparos en revisión y directos en revisión cuando el quejoso esté privado de su libertad.
Casos en los que se involucre el interés superior de menores de edad.
Juicios laborales y agrarios colectivos.
Controversias constitucionales con solicitud de suspensión.
Acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.
En cuanto a las sesiones, el Pleno de la SCJN modificará su calendario:
Abril y mayo: Sesionará los lunes y martes.
Junio a agosto: Sesionará solo los martes.
Las Salas continuarán sesionando cada miércoles hasta el 28 de mayo, y posteriormente cada 15 días hasta el 13 de agosto.
Proceso de entrega-recepción y nueva SCJN
El informe final de labores de Norma Piña Hernández deberá publicarse antes del 15 de agosto. Asimismo, se establece que la ministra presidenta podrá designar a una persona encargada del acta de entrega-recepción institucional, que se firmará el 31 de agosto y surtirá efecto el 1 de septiembre de 2025.
El documento aclara que la persona electa como nueva presidenta o presidente de la SCJN en la elección extraordinaria de 2025 recibirá el acta de entrega-recepción y el informe detallado sobre los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales del Tribunal.
Este proceso será supervisado por el Grupo de trabajo de rendición de cuentas, que deberá integrarse en los cinco días hábiles posteriores a la publicación de los resultados de la elección extraordinaria de la Suprema Corte por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
Dicho grupo estará conformado por las personas titulares de:
