Etiqueta: Reforma Judicial

  • Reforma judicial dispara productividad de la Suprema Corte: 64% más deliberación y récord histórico de resoluciones

    Reforma judicial dispara productividad de la Suprema Corte: 64% más deliberación y récord histórico de resoluciones

    Con menos sesiones y menos ponencias, el Pleno de la SCJN resolvió 898 asuntos en cuatro meses y consolidó precedentes obligatorios con mayor solidez constitucional.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reportó que, tras la reforma judicial, su nuevo modelo concentrado en el Pleno elevó de manera significativa la eficiencia del Máximo Tribunal. Entre septiembre y enero, resolvió 898 asuntos en 64 sesiones, con un promedio de 14 casos por sesión, lo que representa una capacidad 5.4 veces mayor frente al esquema anterior al comparar el mismo periodo y tipo de asuntos.

    La Corte destacó que estos resultados se alcanzaron con una estructura más compacta: 20% menos sesiones y 10% menos ponencias, pero con mayor productividad. Tan solo en diciembre de 2025 se resolvieron 159 asuntos en siete sesiones, cifra récord en la historia del tribunal.

    Más deliberación, precedentes más sólidos

    A partir de la reforma, el Pleno —integrado por nueve ponencias— concentra toda la función jurisdiccional, sustituyendo el modelo previo en el que el 89.6% de los casos se resolvía en Salas con solo cinco ponencias. Hoy, el 100% de los asuntos es analizado por el Pleno, lo que implica 64% más perspectivas deliberativas por sentencia.

    Esta transformación ha fortalecido la calidad de los precedentes. Entre las resoluciones recientes destacan la invalidez de requisitos discriminatorios en la Ley del ISSSTE para acceder a pensión por concubinato; criterios con perspectiva de género e interseccionalidad en casos de desaparición forzada; protección a la infancia con discapacidad ante negativas de aseguradoras; y el reforzamiento de libertades como expresión, reunión y protesta social.

    Asimismo, el tribunal fijó criterios sobre libertad religiosa en la expedición de pasaportes, la gravedad del feminicidio en la imposición de penas y la participación política de pueblos indígenas conforme al artículo 2º constitucional.

    Desde la reforma al artículo 94 constitucional, las decisiones aprobadas por mayoría calificada constituyen precedente obligatorio, aun cuando no se traduzcan de inmediato en tesis publicadas en el Semanario Judicial.

    Con información de César Arellano y Néstor Jiménez para La Jornada.

  • Arranca evaluación nacional a jueces electos del Poder Judicial

    Arranca evaluación nacional a jueces electos del Poder Judicial

    Los jueces y magistrados electos en junio pasado enfrentarán exámenes teórico-prácticos y revisiones de desempeño, en un proceso que busca medir capacidad, eficiencia y abatimiento de rezago judicial.

    A partir del lunes 9 de febrero, inicia la evaluación formal de jueces y magistrados electos en junio de 2025, un proceso que pretende medir su desempeño real en la impartición de justicia, tras poco más de cuatro meses en funciones. La revisión estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, con exámenes diseñados por el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial.

    El procedimiento incluye un examen teórico-práctico, que se aplicará desde las 10:00 horas, y evaluará conocimientos jurídicos, resolución de casos y manejo del rezago de expedientes, uno de los principales problemas estructurales del sistema judicial. Los juzgadores evaluados asumieron el cargo el 17 de septiembre de 2025, luego de ser asignados por el Órgano de Administración Judicial (OAJ) a sus respectivos órganos jurisdiccionales.

    Para quienes ya ejercían como jueces o magistrados antes del proceso electoral del 1 de junio, la evaluación será distinta. En estos casos se aplicará una revisión de seguimiento regular, acompañada de visitas presenciales o digitales, que también incluirán a secretarios de acuerdos y actuarios, como parte de los controles permanentes de desempeño.

    Las autoridades judiciales informaron que el contenido de la prueba permanecerá bajo resguardo, con el objetivo de evitar filtraciones o ventajas indebidas para personas cercanas a quienes tengan acceso a la información. La intención, aseguran, es garantizar imparcialidad y equidad en el proceso.

    En caso de que algunos juzgadores no obtengan calificaciones aprobatorias, la evaluación no implicará sanciones inmediatas. Servirá, en primer término, para detectar áreas de capacitación, diseñar cursos específicos y ofrecer una segunda oportunidad de evaluación, reforzando la profesionalización del nuevo Poder Judicial.

    Este ejercicio marca un precedente clave tras la elección judicial, al poner a prueba si el cambio en el mecanismo de designación se traduce en mejor desempeño, mayor eficiencia y una justicia más cercana a la ciudadanía.

  • Sheinbaum anuncia reestructura profunda en la FGR y refuerzo de fiscalías estatales

    Sheinbaum anuncia reestructura profunda en la FGR y refuerzo de fiscalías estatales

    La Presidenta adelantó que la Fiscalía General de la República prepara una reforma interna de fondo, mientras se afinan nuevas acciones contra la desaparición de personas.

    La Fiscalía General de la República (FGR) alista una reforma integral a su estructura interna, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y fortalecer la procuración de justicia en todo el país, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria explicó que este proceso de reorganización es la razón por la cual la nueva fiscal general, Ernestina Godoy, aún no se ha incorporado formalmente a las sesiones del gabinete de seguridad.

    Durante la Mañanera del Pueblo ofrecida en Acapulco, Guerrero, Sheinbaum detalló que uno de los ejes centrales de la reestructura será el fortalecimiento de las delegaciones estatales de la FGR, con el fin de mejorar la capacidad de investigación, atención a víctimas y coordinación con autoridades locales.

    En otro tema prioritario, la Presidenta reiteró que en los próximos días se presentará el informe nacional sobre personas desaparecidas, el cual se encuentra en proceso de integración. Explicó que el diagnóstico se construye a partir de las denuncias formales, para identificar cuántas carpetas de investigación están abiertas y en qué casos los expedientes carecen de información suficiente para avanzar en las indagatorias.

    Sheinbaum subrayó que la atención a la desaparición de personas forma parte de la estrategia nacional de seguridad, la cual busca fortalecer la coordinación entre dependencias del gobierno federal, la FGR, el Poder Judicial de la Federación, así como con gobiernos estatales, fiscalías locales y corporaciones policiacas.

    Asimismo, reconoció el trabajo de la Secretaría de Gobernación con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, a quienes se busca integrar de manera activa en la construcción de soluciones. En ese sentido, adelantó que el objetivo es atender las denuncias por desaparición en un plazo máximo de 48 horas, para mejorar la capacidad de reacción del Estado y evitar la impunidad.

  • Órgano Judicial destapa hoyo financiero heredado del CJF y exhibe fallas bajo gestión de Norma Piña

    Órgano Judicial destapa hoyo financiero heredado del CJF y exhibe fallas bajo gestión de Norma Piña

    El nuevo Órgano de Administración Judicial detectó un déficit cercano a 14 mil millones de pesos y graves carencias que pusieron en riesgo el pago de salarios en el Poder Judicial.

    El extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejó un déficit financiero de casi 14 mil millones de pesos, además de serias deficiencias operativas y materiales, reveló Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), durante la presentación de su primer informe de labores, a 100 días de asumir el cargo.

    El funcionario advirtió que las irregularidades heredadas del CJF, encabezado por Norma Piña Hernández, pusieron en riesgo el pago de salarios de más de 50 mil trabajadores, debido a que no existía un tabulador vigente para cubrir la nómina en la primera quincena de septiembre, situación por la que ya se dio vista a la Contraloría.

    Vargas Solano señaló que lo encontrado evidencia redes internas que beneficiaban a unos cuantos, operando al margen de las necesidades reales del personal judicial. “Estamos frente a un hecho histórico”, afirmó, al asegurar que estas prácticas ya están siendo desmanteladas.

    Entre las principales anomalías detectadas destacan el abandono en el mantenimiento de inmuebles, la falta de equipo básico como impresoras y escáneres, descoordinación administrativa y una crisis en la gestión de archivos, con depósitos documentales saturados hasta en 98%.

    También expuso que no se realizaron estudios jurídicos, presupuestales ni financieros para cumplir con pagos previstos en la reforma judicial, particularmente para jueces y magistrados que renunciaron o participaron en procesos electorales.

    Ante este panorama, el OAJ implementó medidas correctivas inmediatas, como la creación de un nuevo tabulador salarial para el propio órgano y el Tribunal de Disciplina Judicial, sin afectar las prestaciones de los niveles 12 al 34. Asimismo, se eliminaron beneficios como el seguro de gastos médicos mayores y el de separación individualizada para mandos altos y nuevo ingreso, en apego a una política de austeridad.

    En materia de seguridad, se trabaja en la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Institucional 2023–2026 y de protocolos ante emergencias y agresiones. Vargas Solano subrayó que el OAJ sienta las bases de una administración judicial más eficiente, austera y transparente, separada de las funciones jurisdiccionales.

  • Que nadie se quede sin justicia

    Que nadie se quede sin justicia

    La ministra Yasmín Esquivel Mossa pidió garantizar el acceso pleno a los derechos durante la Asamblea de la CONATRIB en Tuxtla Gutiérrez.

    La ministra Yasmín Esquivel Mossa pidió este viernes que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos. Habló durante la Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.

    La ministra asistió acompañada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y por el ministro Aristides Rodrigo Guerrero García. Reconoció a la CONATRIB como un espacio de reflexión, intercambio, coordinación y acción.

    Dijo que la CONATRIB reúne las voces de los poderes judiciales de todo el país. Añadió que la comisión lleva años apoyando la administración de justicia del fuero común. También vinculó esa labor con el espíritu y las metas de la Reforma Judicial. Pidió una justicia humana y transparente.

    Para Esquivel Mossa, garantizar el acceso a la justicia es una obligación del Estado y un derecho humano. Por tanto, cada persona que acude pidiendo justicia debe poder ejercer todos sus derechos fundamentales. Subrayó la importancia de dar prioridad a quienes viven en mayor vulnerabilidad.

    En el encuentro participaron autoridades del poder judicial y del gobierno local. Asistieron Rafael Guerra Álvarez, Juan Carlos Moreno Guillén, Alejandra Gómez Mendoza y Dulce María Rodríguez Ovando. Asimismo, acudieron magistradas y magistrados presidentes de tribunales estatales y federales, consejeros de la judicatura y diputados locales.

    La ministra cerró su intervención reafirmando su compromiso con una justicia cercana, comprensible y eficaz para todas las personas. Concluyó invitando a seguir trabajando unidos por una atención más humana y efectiva.

  • Poder Judicial de la Federación: una reconciliación urgente

    Poder Judicial de la Federación: una reconciliación urgente

    Por Fabiana Estrada

    Las instituciones públicas no son meras estructuras burocráticas; su esencia radica en un sentido de misión compartido que trasciende intereses partidistas o personales. Este sentido de misión implica una orientación colectiva hacia objetivos superiores, ligados al bien común: bienestar, crecimiento, seguridad, justicia, etc.

    En el caso del Poder Judicial de la Federación, la reforma judicial no solo estableció una nueva estructura y un nuevo modelo de acceso a los cargos de personas juzgadoras, a través del voto popular, sino que pretende ser un replanteamiento de la visión de justicia. Busca redefinir la misión de los poderes judiciales para hacerlos más sensibles a las realidades sociales, más cercanos a las personas y más enfocados a la rendición de cuentas.

    Pero la radicalidad de la reforma y el clima imperante de polarización en el discurso público generaron un ambiente de confrontación al interior del Poder Judicial de la Federación, que no ha menguado en la etapa postelectoral y que pone en riesgo no solo la función que desempeña, sino la confianza ciudadana y con ella la certeza necesaria para la vigencia del Estado de Derecho.

    En la prensa y en las redes sociales se fomenta una hostilidad contra los jueces electos, a quienes despectivamente se identifica como “del bienestar”. Se les atribuye en automático una supuesta alineación con el sistema político y se contraponen a los jueces de carrera, supuestamente llenos de sabiduría y virtud. Así, se construyen barreras entre colegas, polarizando el ambiente laboral y operativo del Poder Judicial.

    Estos conflictos internos y este afán de “exhibir” a las personas juzgadoras afectan la independencia judicial. Al promover narrativas que deslegitiman a ciertos jueces por su origen electoral, se incentiva un clima de desconfianza que alienta interferencias externas, como campañas mediáticas o presiones partidistas, lo cual contradice la misión de velar por la legalidad y la separación de poderes.

    Además, la polarización erosiona la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Se amplifica el escepticismo público, haciendo que los ciudadanos duden de antemano de la imparcialidad de las resoluciones judiciales, lo que va en detrimento del servicio público y daña el Estado de Derecho.

    Por supuesto, que todas las personas juzgadoras deben estar abiertas al escrutinio público: ese es el objetivo que se perseguía con el sistema de elección popular. Pero buscar a toda costa ridiculizar, generalizar las críticas y hacer del Poder Judicial una caja de resonancia de las divisiones partidistas es simplemente irresponsable.

    Urge reconstruir puentes, priorizando la misión colectiva de justicia por encima de etiquetas divisorias y rencores pasados. Es tiempo de reconstruir el sentido de pertenencia a la institución, porque quienes pierden con este encojo absurdo son las personas justiciables. Sin un norte común, las instituciones se fragmentan, pierden legitimidad y fallan en su servicio público esencial. Nadie debería desear ese resultado.

  • Se acabó el blindaje: juez pro-Salinas queda fuera del Tribunal Superior de Justicia

    Se acabó el blindaje: juez pro-Salinas queda fuera del Tribunal Superior de Justicia

    El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó que Miguel Ángel Robles Villegas, señalado por resoluciones en beneficio de Grupo Salinas, dejó su cargo en agosto pasado. Persisten dudas sobre los nombres e indemnizaciones de jueces que salieron tras la reciente reforma judicial.

    El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino informó que el juez Miguel Ángel Robles Villegas, señalado de haber favorecido a empresas de Grupo Salinas, ya no se encuentra activo. El acuerdo que lo ratificaba por seis años más quedó sin efecto, tras perder su puesto en la elección judicial realizada en julio.

    De acuerdo con testimonios, Robles Villegas dejó el cargo el 29 de agosto luego de solicitar una licencia prejubilatoria ante el extinto pleno del Consejo de la Judicatura.

    Un día antes, este consejo lo había ratificado como titular del Juzgado Sexagésimo Tercero Civil de la CDMX a partir del 1 de octubre. Desde ese espacio, el juez emitió resoluciones que beneficiaron a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, entre ellas la decisión de considerar la pandemia de covid-19 como un caso de fuerza mayor, lo que eximió al empresario del pago de intereses relacionados con bonos emitidos en Estados Unidos.

    La magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez precisó que Robles Villegas laboró en el juzgado 63 civil, luego desaparecido, y posteriormente en un juzgado de oralidad mercantil. Aunque señaló desconocer su desempeño, admitió que coincidió con él en actividades deportivas, pues “era uno de mis jugadores” en el equipo de futbol de jueces y magistrados.

    Reforma judicial y opacidad

    En paralelo, el TSJ enfrenta críticas por la falta de transparencia respecto a los jueces y magistrados que no ganaron sus cargos en la elección o que presentaron renuncias. Hasta el momento, no se han revelado los nombres ni los montos de las indemnizaciones otorgadas.

    El tribunal justificó que, tras la reforma al artículo 122 de la Constitución local, la Oficialía Mayor fue eliminada, lo que generó una “imposibilidad material jurídica” para atender solicitudes de información hechas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

    El Congreso de la Ciudad de México otorgó un plazo de 180 días naturales para que el Poder Judicial concrete la transición a las nuevas áreas administrativas. Con ello, la información sobre bajas e indemnizaciones no estaría disponible hasta marzo de 2026.

    Con información de La Jornada.

  • Defensa de González Alcántara a Piña genera controversia

    Defensa de González Alcántara a Piña genera controversia

    Juan Luis González Alcántara justifica la postura de Norma Piña en un evento, mientras critica su gestión y advierte sobre el futuro de la reforma judicial.

    En una reciente entrevista para El Financiero Juan Luis González Alcántara Carrancá, exministro, ha defendido a Norma Piña tras su polémica actitud en un evento con el presidente López Obrador. Según él, la falta de espacio en la silla impidió que ella se levantara a aplaudir.

    Sin embargo, González Alcántara también reconoce que Piña no logró manejar la presión del Ejecutivo. Afirma que su falta de experiencia política fue un obstáculo, lo que la llevó a ceder ante los ataques constantes del gobierno.

    El exministro critica que no se le haya permitido a Piña explicar su postura ante el presidente. Plantea que esta falta de diálogo profundiza la división entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.

    En cuanto a la reforma judicial, González Alcántara es pesimista. Asegura que no durará más de diez años y advierte que la corrupción se infiltrará en los juzgados. Señala que elegir jueces sin la experiencia necesaria podría llevar a decisiones influenciadas por intereses externos.

    La situación de Norma Piña dejó en evidencia las tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. A medida que se desarrollan los eventos, el país observa con atención cómo se manejarán estas relaciones en el futuro.

  • Leyes secundarias de la Reforma Judicial buscan agilizar justicia y no limitan el amparo: Ernestina Godoy

    Leyes secundarias de la Reforma Judicial buscan agilizar justicia y no limitan el amparo: Ernestina Godoy

    Las iniciativas buscan consolidar la Reforma Judicial publicada el 15 de septiembre de 2024, la cual garantiza procesos más rápidos y eficaces sin limitar el acceso al amparo.

    La consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy Ramos, informó que las leyes secundarias de la Reforma Judicial ya se convirtieron en iniciativas de ley y se encuentran en el Senado para su dictaminación. Estas reformas se vinculan directamente con la publicada el 15 de septiembre de 2024 y buscan hacer efectiva una justicia pronta y expedita, incluyendo plazos máximos de dos meses para resoluciones en materia tributaria, según lo establecido en los artículos 17 y 20 de la reforma.

    Las leyes secundarias en revisión incluyen:

    • Código Nacional de Procedimientos Penales
    • Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
    • Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
    • Ley de Amparo
    • Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
    • Código Fiscal de la Federación

    Respecto a los rumores sobre el amparo, Arturo Zaldívar, coordinador general de política y gobierno de la presidencia, aclaró que es falso que la reforma limite el acceso a la defensa de las y los mexicanos. La iniciativa únicamente aclara y moderniza la figura del interés legítimo, lo que facilita la aplicación del amparo, sin restringir ni dificultar el derecho de los ciudadanos.

    Zaldívar enfatizó que la reforma al amparo no representa retrocesos en la defensa de derechos y subrayó que ningún país del mundo tiene control constitucional en materia fiscal. Una vez que la corte determina que un deudor fiscal debe pagar, el Código Fiscal de la Federación establece el inicio del cobro, lo que garantiza eficacia y certeza jurídica.

    Con estas reformas, el gobierno busca consolidar un sistema judicial más ágil, moderno y confiable,  con el fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia mexicana y asegurar que los procesos legales se resuelvan de manera eficiente y transparente.

    Fotos: Sebastián Juárez / Los Reporteros MX

  • Sheinbaum consolida su independencia política y estrategia de seguridad en el primer año de Gobierno

    Sheinbaum consolida su independencia política y estrategia de seguridad en el primer año de Gobierno

    La Presidenta Claudia Sheinbaum inicia su segundo año con autonomía presupuestal, reforma judicial resuelta y un plan de seguridad distinto al de López Obrador, fortaleciendo su sello propio en la Presidencia.

    Tras un año al frente del país, Claudia Sheinbaum ha dejado claro que su mandato no es una extensión de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, aunque mantiene una relación de continuidad con cambios. Con la reforma judicial heredada por AMLO resuelta, la mandataria presenta sus primeros presupuestos propios y consolida una estrategia de seguridad renovada, marcando el inicio de su segundo año con autonomía y sello propio.

    Este lunes, en su primer informe de Gobierno, Sheinbaum destacó logros en reducción de homicidios, programas sociales y becas, resaltando que su administración es fruto del movimiento histórico de la izquierda, pero dejando claro que ahora su gestión vuela sola. La Presidenta ha alcanzado una popularidad del 79%, superior a la que tuvo López Obrador en el primer año, y la mitad de la población considera que su inicio de Gobierno ha sido mejor que el de su mentor, de acuerdo con un análisis de Beatriz Guillén para El País.

    En materia de seguridad, Sheinbaum se ha distanciado de la política de “abrazos, no balazos”, implementando un plan estratégico con Omar García Harfuch al frente, inteligencia militarizada y detenciones prioritarias en zonas críticas como Sinaloa, enfrentando los retos del crimen organizado y la presión internacional de Estados Unidos. La presidenta mantiene programas sociales históricos de AMLO, pero con mayor inversión y enfoque científico, consolidando su perfil autónomo y de largo alcance.

    La mandataria ha demostrado que puede ejecutar políticas propias, desde ciencia e innovación hasta seguridad, mientras fortalece el respaldo legislativo de Morena y mantiene la atención a los sectores más vulnerables del país.

    Con estos pasos, Sheinbaum deja claro que su Gobierno es independiente, estratégico y enfocado en resultados, marcando una línea propia dentro de la continuidad de la transformación mexicana y construyendo un proyecto político con identidad propia y visión de largo plazo.