Giancarlo Giordano Garibay renunció de manera irrevocable como titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales. Esta es la cuarta baja en la estructura directiva del INE en julio.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, notificó a sus colegas sobre la renuncia, que será efectiva el 31 de julio. La razón detrás de su salida no ha sido aclarada.
Este cambio se produce justo cuando Taddei planea realizar ajustes en la dirección del INE. La reforma judicial le otorga nuevas facultades para hacer nombramientos directos, sin necesidad de consenso.
Antes de Giordano, Miguel Ángel Patiño, director Ejecutivo de Organización Electoral, presentó su renuncia. Aunque alegó motivos institucionales, se postuló para un cargo menor poco después.
Además, María Elena Cornejo, directora de Capacitación Electoral, también anunció su retiro voluntario. Ambas figuras cuentan con más de 25 años de experiencia en el INE.
Hugo Patlán, encargado de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, fue otra de las renuncias recientes. Taddei lo había nombrado anteriormente.
Giancarlo Giordano era uno de los pocos nombramientos del consenso de 2023, propuesto por Taddei. Las renuncias recientes no fueron comunicadas oficialmente por el INE. Taddei ha rechazado las acusaciones de buscar renuncias o hacer nombramientos basados en favoritismos.
La empresa española Iberdrola avanza hacia su salida total de México, al contratar al banco de inversión Barclays para vender sus últimas 15 plantas de energías renovables en el país, valuadas en 4 mil millones de euros (alrededor de 87 mil millones de pesos).
Según reveló el diario El Confidencial y retomó Reuters, la decisión responde a la falta de seguridad jurídica derivada de recientes cambios constitucionales, como la reforma al Poder Judicial y la elección popular de jueces aprobada el pasado 1 de junio.
La energética ya había concretado en 2024 la venta del 55 % de sus activos en México por 6 mil millones de dólares, operación que el expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “nueva nacionalización” del sector eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tomó control de 13 plantas de ciclo combinado como parte del acuerdo.
Ahora, Iberdrola analiza ofertas por sus 6 parques eólicos, 3 fotovoltaicos y 6 centrales de cogeneración y ciclo combinado distribuidas en 12 entidades del país. A pesar de haber operado por más de 25 años en México, con más de 800 empleados y 1,200 MW de capacidad instalada, la firma considera que el contexto actual limita la viabilidad de sus inversiones.
Aunque en su sitio web el presidente global, Ignacio Sánchez Galán, insiste en que México es “estratégico”, Iberdrola ha redirigido más del 60% de sus inversiones al Reino Unido y Estados Unidos durante la primera mitad de 2025.
La empresa reportó este jueves un beneficio neto de 3 mil 562 millones de euros en el primer semestre del año, un aumento del 20% anual. Su próximo Plan Estratégico se dará a conocer el 24 de septiembre en Londres.
Con más de mil asuntos pendientes por resolver, nueve nuevos ministros asumirán el control de una Suprema Corte recargada. A partir del 1 de septiembre, el nuevo pleno deberá definir el rumbo de al menos 76 controversias constitucionales y amparos en contra de reformas impulsadas por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Entre los casos más relevantes destacan las impugnaciones contra la reforma de créditos hipotecarios especiales del ISSSTE, la creación del Sistema de Salud para el Bienestar, la eliminación del Inai, el otorgamiento de facultades extraordinarias a Guadalupe Taddei en el INE, así como la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles como telecomunicaciones, control del espacio aéreo y obras públicas.
La elección de los nuevos ministros el pasado 1 de junio estuvo marcada por la distribución de guías de votación promovidas por operadores cercanos a Morena. Los seleccionados, que formarán parte de un pleno sin salas tras la reforma judicial de 2024, incluyen a Hugo Aguilar —quien será presidente de la Corte por ser el más votado—, además de Sara Irene Herrerías, Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Arístides Guerrero, Irving Espinosa, y la reelección de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
De acuerdo con un informe de El Universal, los casos acumulados hasta junio suman 1,151, de los cuales 685 se discutirán en el pleno, ahora única instancia operativa tras la eliminación de la Primera y Segunda Sala.
Las controversias por las reformas de la 4T incluyen el Plan B electoral, la declaratoria del litio como bien de utilidad pública, el Banco de ADN forense, y el caso Salinas Pliego-Elektra por un millonario crédito fiscal, entre otros. Aunque la Corte saliente dejó de recibir nuevos asuntos desde abril para cerrar sus pendientes, será la nueva integración, con mayoría afín a la 4T, la que decida el destino de reformas clave en los próximos años.
Desde el otro lado del Atlántico, el diputado español Gerardo Pisarello lanzó un respaldo contundente a la reforma judicial impulsada por el gobierno mexicano. En un mensaje que circula en redes sociales, Pisarello apuntó directamente contra las “derechas españolas”, a quienes señaló como aliadas de los expresidentes Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, y acusó de no tolerar el avance de las reformas democráticas en México.
“El pueblo mexicano votó claramente por separar el poder judicial del poder económico, y eso molesta a quienes llevan años beneficiándose de una justicia a modo”, sentenció el legislador, profesor de Derecho Constitucional y figura destacada de la izquierda catalana.
📹 #Vídeo | El diputado español, Gerardo Pisarello, se pronunció sobre la elección del Poder Judicial y aseguró que "Las derechas españolas, aliadas de Calderón y Zedillo, no soportan que las reformas de @Claudiashein avancen, ni que el pueblo haya votado para separar poder… pic.twitter.com/1kT5A31pNn
Pisarello no es un actor menor. Como diputado de Unidas Podemos en el Congreso español y ex vicealcalde de Barcelona, su voz resuena con fuerza entre los movimientos progresistas europeos. Desde su experiencia, ha denunciado reiteradamente cómo en muchos países, incluido España, sectores del poder judicial actúan como freno de mano de transformaciones sociales y económicas.
En ese contexto, su apoyo a la elección judicial por voto popular, planteada por el ahora Expresidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Reforma Judicial y ejecutada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, llega como un espaldarazo internacional frente a los embates de sectores conservadores que insisten en mantener un modelo judicial elitista y alejado de la ciudadanía.
La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha hecho un llamado sorprendente. Piden suspender las elecciones judiciales en México, alegando que deben cumplir con las medidas provisionales de la ONU. No se puede detener lo que ya está consagrado en la Constitución.
La JUFED argumenta que las elecciones judiciales, promovidas por la “reforma judicial”, amenazan la independencia de los jueces. Sin embargo, esta independencia no se protege desobedeciendo la ley. La Constitución establece un marco claro para la elección de magistrados y jueces. Ignorar eso es un juego peligroso.
La petición de la JUFED parece más un intento de proteger intereses particulares que un verdadero compromiso con la justicia. Al pedir la suspensión de un proceso electoral, la JUFED se convierte en juez y parte, olvidando su rol como defensores del Estado de derecho.
Es curioso que, tras recibir apoyo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, la JUFED elija la vía de la suspensión. La ONU no pidió que se ignorara la Constitución. Más bien, sugirió medidas de protección para los jueces en un marco legal ya existente.
Si realmente quieren defender a los jueces, deben hacerlo dentro del marco constitucional. La independencia judicial no se logra mediante el miedo o la manipulación. La verdadera justicia se construye respetando las normas y garantizando un proceso electoral transparente.
La JUFED debería recordar que desafiar las elecciones judiciales no es un acto de valentía, sino un desprecio a la democracia. La Constitución es clara y la independencia de los jueces debe ser defendida con respeto a las leyes.
Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, afirmó que el Poder Judicial enfrenta una “putrefacción” inaceptable. Sus declaraciones surgen tras las revelaciones del Ejecutivo Federal sobre resoluciones judiciales que favorecen a criminales entre 2024 y 2025.
El congresista destacó que la corrupción y el nepotismo dentro de esta institución han llegado a niveles alarmantes. Según Monreal, estas prácticas justifican la urgencia de una reforma judicial que permita la elección de sus miembros.
“El grado de corrupción en el Poder Judicial Federal no puede continuar”, enfatizó Monreal. Resaltó que la justicia no debe estar disponible “al mejor postor”.
El líder parlamentario considera esencial limpiar el sistema judicial para restaurar la confianza pública. La implementación de la reforma judicial es necesaria para renovar la institución y garantizar una justicia imparcial.
Monreal reafirmó su convicción de que la elección de jueces, propuesta desde el sexenio anterior, es un paso crucial para transformar el Poder Judicial en México.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, exhibió los actos de corrupción que han protagonizado los jueces federales, tras dar libertad a más de 100 delincuentes que han regresado a las calles.
“Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos. Se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles“.
Suena el nombre del juezEnrique Hernández Miranda, de Sonora, quien con 58 resoluciones, ha permitido la liberación de personas vinculadas con delitos de altos impacto y con organizaciones criminales como el “Cártel de Sinaloa”.
En su intervención, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, dijo que ya no se permitirá proteger a los jueces mediante el acuerdo interno que mantienen de que ninguno puede ser procesado sin la autorización del Poder Judicial y afirmó que tienen pruebas de los actos realizados fuera de la ley.
“Nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado, un ministro, ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno, en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan“.
La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió que, aunque aún haya unos cuantos que piensan que todo está bien así como está, la reforma al Poder Judicial no es ninguna ocurrencia y razones como las anteriores lo demuestran.
Durante la conferencia matutina de hoy, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó detalles clave sobre el papel que desempeñan los Tribunales Colegiados de Circuito en el sistema judicial mexicano y anunció la conformación de los Plenos Regionales, una figura destinada a resolver divergencias de criterio entre estos órganos jurisdiccionales.
Zaldívar explicó que estos nuevos Plenos estarán integrados por los magistrados que obtengan mayor votación en las elecciones del próximo 1 de junio, lo que marca un avance dentro del proceso de renovación democrática del Poder Judicial Federal.
#MañaneraDelPueblo | El exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, explica de manera detallada las dudas más comunes que hay en torno a la elección del poder judicial, un ejemplo son los tribunales laborales, jueces de distrito y magistrados de circuito. pic.twitter.com/CAa1mEjAfc
“Los Tribunales Colegiados son especies de supremas cortes; por eso la votación de las magistradas y magistrados es de la mayor relevancia, porque la inmensa mayoría de los asuntos jurisdiccionales del país quedarán en esta instancia, no llegarán a la Corte”, subrayó el exministro.
Los Tribunales Colegiados son los órganos responsables de resolver la mayoría de los recursos presentados contra decisiones de jueces y juezas de Distrito, así como de resolver todos los amparos directos, lo que les confiere una función estratégica dentro de la estructura del Poder Judicial.
En ese contexto, Zaldívar destacó también la función de los juzgados de Distrito, definidos como la primera instancia del Poder Judicial Federal, encargados de conocer de forma inmediata todos los juicios de amparo.
Además, recordó que como parte de la transformación judicial impulsada en los últimos años, los Tribunales Laborales ya sustituyeron a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, convirtiéndose en las instancias que ahora resuelven conflictos entre sindicatos, trabajadores y patrones, en cumplimiento de la reforma laboral y los compromisos internacionales de México en materia de justicia laboral.
El exministro reiteró que la participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y ministros será clave para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, y que los cambios estructurales buscan consolidar un sistema más transparente, profesional e imparcial, pero también más cercano a las personas.
Desde el salón de Tesorería de Palacio Nacional, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la promoción del voto en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial.
Durante la conferencia del pueblo, la funcionaria recordó que el TEPJF modificó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que se permite ahora que diferentes niveles y organismos del Estado puedan invitar a la ciudadanía a participar en los comicios. Entre las autoridades facultadas se encuentran los tres Poderes de la Unión, los poderes estatales, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y personas servidoras públicas.
🚨¿QUÉ SE PUEDE HACER Y QUÉ NO, EN LAS CAMPAÑAS DEL PODER JUDICIAL?
Rodríguez Velázquez puntualizó que será posible promover el voto sin aludir a candidaturas específicas, así como llevar a cabo campañas de comunicación social con fines informativos, educativos y de orientación ciudadana, sin sesgos ni apoyos implícitos a personas candidatas. Además, se permitirá la elaboración de material didáctico sobre cómo votar en las seis boletas que recibirá cada elector el próximo 1 de junio.
La Segob también delineó con claridad las restricciones. No se podrán usar nombres, imágenes o símbolos que identifiquen a funcionarios o candidaturas, y tampoco podrán emplearse colores institucionales, slogans ni logotipos, salvo los del INE y los OPLEs. Igualmente, las autoridades locales no podrán promover elecciones federales y viceversa. Las campañas deberán ser genéricas y neutrales, sin vulnerar el principio de equidad.
“Los spots o publicidad en internet no deben identificar al órgano que los emite, y todos los promocionales deberán incluir un cintillo que especifique que su contenido es informativo y educativo”, subrayó la funcionaria.
En el marco de la elección judicial del 1 de junio, Rosa Icela Rodríguez explicó que se entregarán seis boletas federales, cada una correspondiente a un cargo distinto:
Morada: ministras y ministros de la Suprema Corte
Azul: magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral
Turquesa: magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial
Salmón: magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral
Rosa: magistraturas de circuito
Amarilla: juzgados de distrito
Además, en 19 entidades federativas se elegirá también a jueces y magistrados locales.
La presidenta de la Segob explicó que cada boleta incluirá:
En la parte superior, el cargo a elegir.
En la parte inferior, la lista de candidaturas, ordenadas alfabéticamente y divididas por género: mujeres a la izquierda, hombres a la derecha.
Cada candidatura estará identificada con un número, que será el que los electores deberán escribir en los recuadros disponibles.
“Del lado izquierdo se vota por mujeres, del lado derecho por hombres. Y cada boleta tiene un número específico de espacios a llenar dependiendo del cargo a elegir”, explicó Rodríguez Velázquez.
Se aclaró que para cumplir con el principio de paridad de género, los electores deberán elegir:
5 ministras y 4 ministros para la Suprema Corte
1 mujer y 1 hombre para la Sala Superior del Tribunal Electoral
3 mujeres y 2 hombres para el Tribunal de Disciplina Judicial
2 mujeres y 1 hombre para las salas regionales
Las boletas de Magistraturas de Circuito y Juzgados de Distrito incluirán además especialidades diferenciadas por color, y se deberá elegir mujeres y hombres dentro de cada especialidad.
Finalmente, Rosa Icela Rodríguez reiteró que el objetivo de estos lineamientos es garantizar un proceso transparente, con información suficiente y neutral, que promueva la participación ciudadana sin vulnerar la equidad del proceso judicial electoral.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actual candidata a repetir en el cargo, Loretta Ortiz Ahlf, presentó una impugnación contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe la difusión del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial, el cual calificó como “ridículo” y con restricciones “irrazonables”.
La inconformidad fue presentada la noche del 31 de marzo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su carácter de candidata a ministra en la elección que se celebrará el próximo 1 de junio.
“Promuevo juicio electoral en contra del ‘Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025’”, expuso Ortiz Ahlf en el documento remitido a los magistrados.
Como candidata a continuar en el cargo de Ministra de la @SCJN, ayer presenté ante la Sala Superior del @TEPJF_informa un juicio electoral en contra del acuerdo del INE que restringe que los Poderes de la Unión e instituciones públicas federales y locales puedan difundir… pic.twitter.com/zOP9PIe3vV
A través de un comunicado, la también académica señaló que limitar la difusión exclusivamente al INE es “contraproducente y hasta ridículo”, al tratarse de un mecanismo de elección “nunca antes implementado para la renovación del Poder Judicial”. En ese sentido, urgió a permitir que otras instituciones públicas participen en la difusión del proceso.
“El conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas de las personas quienes ostentamos una candidatura, como el derecho al voto informado de la ciudadanía”, subrayó.
Ortiz Ahlf también recordó que los propios Poderes de la Unión han intervenido activamente en etapas anteriores del proceso para la selección de candidaturas, por lo que la actual medida de restricción es “incongruente en un sistema democrático”.
“En un sistema democrático lo más congruente sería que, apegados a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, pudieran informar a la ciudadanía sobre las características, etapas y particularidades de la elección”, expresó.
La ministra advirtió que este tipo de limitaciones podrían traducirse en violaciones jurídicas, como impedir que universidades públicas —en uso de su autonomía— celebren foros informativos neutros, o que el propio Poder Judicial informe a la población sobre el proceso y la importancia de su participación.
“Están privando a la ciudadanía de fuentes confiables, que les hablen sobre la estructura de las boletas, los criterios de votación, sobre las fechas clave del proceso y sobre todo de las funciones de los cargos judiciales sujetos a elección”, sentenció.
