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Tras darse a conocer el fallo a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para validar el proyecto de un ministro de declarar inconstitucional la primera parte del Plan B de la reforma electoral, el secretario de Gobernación, Adán Augusto expresó que la Corte continúa protegiendo los intereses de particulares.
A través de redes sociales, el titular de las relaciones interiores del país dijo que los mexicanos buscaban recuperar la confianza de las instituciones, pero con la decisión de la SCJN solo demostraron que protegerán intereses de particulares y no del pueblo.
“El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”, escribió a través de twitter.
Asimismo, añadió que la única manera era implementar el Plan C en las urnas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que si existe un Plan C de la Reforma Electoral luego de que la SCJN suspendiera el Plan B el pasado viernes 24 de marzo.
AMLO detalló que el Plan C ya existe, y que esta se trata de que en las siguientes elecciones no se dará ningún voto a los conservadores, además precisó que dicho plan ya fue implementado en 2018.
“Nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una autentica democracia y no oligarquía… hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, ese es el plan C, ya lo han aplicado en el 18, fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación, acabar con la corrupción que es el principal problema del país y hemos avanzado muchísimo”.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dijo “NO” a la primera parte del Plan B electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, en el que afirmó existieron claras violaciones durante el proceso legislativo que aprobó las reformas electorales de AMLO, obtuvo 9 votos a favor, los que fueron suficientes para ser validado.
Los ministros que votaron a favor fueron: Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Arturo Zaldívar, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Mena, Luis María Aguilar Morales y la presidenta del pleno, Norma Piña Hernández.

En contra, solo votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
El argumento de la Corte fue que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo con el cual fue aprobado en el Congreso de la Unión el primer decreto de la reciente reforma electoral.
De invalidarse el Plan B, el Máximo Tribunal estaría sustituyendo al Congreso
Al respecto del tema y a unas horas de que la Suprema Corte discutiera el proyecto que invalida la primera parte del Plan B en materia electoral, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) advirtió que, en caso de invalidarlo, el Máximo Tribunal estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.
A través de un comunicado, la Consejería acusó que el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán privilegia los formalismos por encima “de la verdadera justicia de fondo”, con lo que se viola el artículo 17 constitucional.
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Este domingo 7 de mayo la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal acusó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el plan B de la Reforma Electoral, el cual fue aprobado en diciembre de 2022, estaría “sustituyendo al Congreso de la Unión” y violando la división de poderes.
“El principio de división de poderes prohíbe a la SCJN establecer requisitos adicionales al trámite legislativo, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso de la Unión”, expuso en un comunicado.
La CJEF solicitó que se resuelvan las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), sin embargo, dichas peticiones fueron rechazadas por la Suprema Corte.
“En el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, el ministro instructor propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas por el Poder Legislativo en diciembre de 2022 (Plan B)”.
El ministro Alberto Pérez Dayán propuso anular el decreto que reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas ya que consideraba que no se estaban cumpliendo algunas formalidades durante el proceso legislativo.
Ante esto, la Presidencia precisó que todo lo mencionado es falso, además de que acusa que el ministro no toma en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, con lo cual no examina los argumentos de todas las partes y no da cumplimiento a un artículo constitucional y a otro de la Ley Reglamentaria.
Por último se le hizo un “llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”.
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los “dados están cargados” contra el Plan B de la Reforma Electoral, puesto que espera será rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

López Obrador señaló que el Plan B de la Reforma Electoral difícilmente avanzará porque la mayoría de los ministros de la Suprema Corte pertenecen al “conservadurismo”.
“Están al servicio del supremo poder conservador”, expresó.
López Obrador, dijo que eso no va a impedir que el pueblo siga impulsando la transformación de México.
Cabe destacar qué, el lunes próximo la SCJN se pronunciará respecto al Plan B, en el cual se propone modificar la operatividad del Instituto Nacional Electoral (INE).
De ser rechazado el Proceso Electoral Federal Concurrente 2023-2024 se realizaría con la normatividad actual.
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A través de un comunicado, el Gobierno de México acusó de irresponsable a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por filtrar una sentencia en la que propone invalidar la Primera Parte del ‘Plan B’ de la Reforma Electoral aprobada por el Legislativo en diciembre del año pasado.
“Ayer lunes 1° de mayo de 2023 se dio a conocer en un portal digital de noticias, como “exclusiva”, que el ministro Alberto Pérez Dayán presentará ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un proyecto de sentencia en el que, supuestamente, propone invalidar la reforma a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022”, dice el comunicado.
En dicho documento, también se mencionó que “el actuar de la SCJN no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad, ya que dicho procedimiento judicial aún se encuentra en trámite y no ha sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver en el pleno, por lo cual se viola flagrantemente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación”.
El principal punto que señalan es que de conformidad con el acuerdo general 18/2006, “los proyectos de sentencia de los ministros constituyen información reservada”.
La filtración de la información fue catalogada por el Gobierno como “una práctica ilegal que afecta el principio de imparcialidad de los funcionarios que imparten justicia”. Además, con una serie de preguntas, cuestionó las intenciones de la Corte.
Al finalizar, el Gobierno de México expresó que espera que la SCJN “inicie, de oficio, la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales”.
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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, propuso invalidar todo el decreto de reformas a las Leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, primera parte del “Plan B” de la reforma electoral, publicada el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo al proyecto de resolución distribuido entre las y los ministros del alto tribunal, el ministro Pérez Dayán plantea invalidar las reformas debido a seis violaciones graves al procedimiento legislativo que impactaron de manera directa en su aprobación.

La propuesta señala que las reformas aprobadas en materia electoral violan reglamentos internos de las Cámaras de Diputados y Senadores, y las infracciones las habrían cometido los legisladores de mayoría parlamentaria que conforman Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde.
De acuerdo con fuentes judiciales, el ministro argumenta en su propuesta de sentencia que la iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen. Ello, desconociéndose el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular.
En el proyecto se advierte que las infracciones cometidas por la mayoría parlamentaria son de tal gravedad, que violan los artículos 71 y 72 de la Constitución Política.
Al resultar fundado el concepto de invalidez, es innecesario emprender el estudio de los restantes conceptos que fueron controvertidos, señala la propuesta, y plantea que los resolutivos surtan efecto a partir de la notificación al Congreso.
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Este 26 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que mantendrán la suspensión de la primera parte del Plan B de la reforma electoral, con lo cual se ordenó no aplicar las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas en el Estado de México y Coahuila, lugares donde habrá elecciones el próximo 4 de junio.
Esta determinación se da luego de que la mayoría de los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte rechazaran el proyecto de Loretta Ortiz Ahlf.
De acuerdo con el medio La Jornada, el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf fue rechazado con tres votos en contra, turnándose al ministro Javier Laynez Potisek, quien deberá hacer un nuevo proyecto, en el sentido de mantener la suspensión.

Tras darse a conocer la suspensión definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Plan B de la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su opinión sobre este hecho.
Los medios le preguntaron a López Obrador sobre lo que pensaba acerca de esta suspensión, dijo que nos conservadores no quieren que haya democracia.
“Pues porque es la misma mafia, son iguales que Ciro, que Claudio y que los conservadores que no quieren que haya democracia, ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia”.
#Video | "Sí, la pueden suspender, pero es porque la @SCJN es la misma mafia del poder, son iguales a @ClaudioXGG", dijo el Presidente @lopezobrador_ sobre suspensión del Plan B de Reforma Electoral. pic.twitter.com/FTvCOSYrDo
— Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) March 26, 2023
“¡Saben que es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo, entonces ellos no quieren la reforma electoral”, finalizó el mandatario de México.
Tanto la primera como la segunda parte del Plan B fueron impugnadas por todas las bancadas de oposición en el Congreso, entre ellas el PAN, PRI y PRD; así como el Instituto Nacional Electoral (INE).
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEJF) envió al ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, la opinión a considerar para resolver de fondo la inconstitucionalidad de la segunda parte del llamado Plan B de la reforma electoral.
El documento determina que, de acuerdo a un análisis electoral realizado por la Sala Superior del TEJF, de los 34 artículos y temas recurridos por diversos partidos de oposición, solamente seis pueden ser considerados inconstitucionales, mientras que otros 12 simplemente no requieren una opinión electoral por ser de otro ámbito y los restantes 16 son constitucionales.
Así, la reestructura que el Plan B ordena al Instituto Nacional Electoral (INE), la que ordena la fusión de algunas áreas y la reubicación de trabajadores, así como retrasar el proceso electoral presidencial del 1 de septiembre a la última semana de noviembre, son cambios que se inscriben dentro de la libertad legislativa prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estos cambios, señalan los magistrados José Luis Vargas, Mónica Soto, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez Mondragón, “son parte de la libertad de configuración legal de que goza el legislador nacional sin que dicha facultad o libertad definitoria se traduzca, per sé, en una vulneración a los principios de autonomía e independencia conferidos constitucionalmente a las autoridades electorales”.
Y es por eso que, concluyen los magistrados, “no se advierte alguna modificación normativa tendente a vulnerar, alterar o menoscabar la autonomía del INE o de los OPLES en general” y que incluso, la reforma “no incide en la atribución del INE de decidir”, pues se preservan los 32 órganos locales y hasta 300 distritales “que podrán ser permanentes o temporales”.
“La inconstitucionalidad que alegan, la hacen depender del supuesto de que la autoridad electoral no contará con el personal especializado y suficiente, pero estos planteamientos derivan de aspectos fácticos que dependen de cuestiones futuras e inciertas y depende de múltiples factores que ni siquiera se han actualizado o materializado. No se advierte que las fusiones, supresiones y creaciones tengan como efectos la imposibilidad de acción o la desarticulación orgánica que torne disfuncional a las autoridades comiciales”, finaliza el documento.

Este lunes 10 de abril, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó la suspensión provisional que un juez federal concedió para frenar el conjunto de normas establecidos por el Plan B de la reforma electoral.
Dicha suspensión se da luego de que el pasado 7 de abril Marisol Duarte Martínez, jefa de Departamento de Convenios y Contenidos Normativos de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, solicitara un amparo contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la que se ordenó la eliminación de su área de trabajo.
El juez Sexto de distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México fue quien admitió el amparo, concediendo la suspensión provisional a Duarte Martínez, tras considerar de manera preliminar que la reestructuración del INE contemplada en la reforma impulsada por el gobierno federal se dio por razones dogmáticas y genéricas, ante esto, se ordenó frenar su entrada en vigor para evitar ocasionar perjuicios al interés público.

Tras esta medida, la Presidencia de la República dio a conocer que presentó un recurso de queja mismo que será enviado a un tribunal Colegiado en materia Administrativa, con el fin de que se resuelva si se mantiene o no la suspensión provisional concedida.
“Se tienen por recibidos los oficios de cuenta, signados por la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los cuales, rinde su informe previo e interpone recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el cual, se concedió la suspensión provisional solicitada”, señaló el juez.
“Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 100 y 101, de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de mérito; se hace del conocimiento de las partes la interposición del citado recurso y remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en Turno, el recurso de manera digital a través del sistema de interconexión, para que tenga a bien resolver lo que en derecho proceda, informándole que efectivamente este Juzgado de Distrito dictó el proveído que se recurre, solicitándole el acuse de recibo correspondiente”.
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