Dirigentes del Partido Acción Nacional afirmaron que impulsarán protestas y movilizaciones no violentas si el proceso de reforma electoral avanza sin consenso amplio, argumentando que vulnera la democracia y la autonomía institucional.
El Partido Acción Nacional (PAN) anunció este jueves su disposición a impulsar una resistencia civil pacífica en caso de que la reforma electoral propuesta por el Gobierno federal y ahora en análisis por el Congreso avance sin los acuerdos necesarios entre las fuerzas políticas. El líder nacional panista, Jorge Romero, enfatizó que el planteamiento del PAN no es la confrontación, sino una manifestación de rechazo cívico ante lo que consideran un intento de “restar autonomía” a instituciones electorales y de “acotar libertades políticas”.
Durante una conferencia de prensa, el dirigente expuso que la propuesta de reforma es percibida por su partido como una amenaza al equilibrio de poderes y a la independencia de organismos fundamentales para el sistema democrático mexicano. Por ello, anunció que además del trabajo legislativo activarán mecanismos de protesta pacífica como foros, marchas y otras formas de expresión ciudadana en todo el país, orientadas a sumar a la población a una postura crítica ante el contenido de la iniciativa.
El PAN también llamó a otros partidos de oposición y a organizaciones de la sociedad civil a sumarse a estas acciones en caso de que la discusión de la reforma se dé sin amplios consensos que integren las voces de diversas fuerzas políticas y técnicos independientes. Señalaron que su intención es fortalecer la participación ciudadana en un tema que, aseguraron, incide directamente en el futuro de la democracia mexicana.
De acuerdo con los dirigentes panistas, esta estrategia de resistencia civil pacífica busca insistir en la idea de que cualquier cambio al marco electoral debe basarse en el diálogo y en la construcción de acuerdos amplios, evitando imposiciones que, a su juicio, podrían debilitar la confianza ciudadana en los procesos democráticos del país.
Este anuncio ocurre en un contexto de tensión política en torno a la reforma electoral que impulsa el Gobierno federal, con posiciones encontradas entre fuerzas políticas, expertos y organizaciones sociales algunas a favor de la modernización del sistema político, y otras críticas por considerar que ciertas propuestas ponen en riesgo la autonomía institucional.
