El gobierno de Donald Trump dio un contundente respaldo a la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que permite la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele, su aliado estratégico en Centroamérica. Desde el Departamento de Estado, señalaron que la decisión es soberana y forma parte del mandato democrático otorgado por los salvadoreños.
El 31 de julio, Bukele consumó cambios clave en la Constitución: elimina límites a la reelección, amplía el mandato presidencial a seis años y suprime la segunda vuelta electoral. Organizaciones de derechos humanos alertan que estas modificaciones son pasos hacia un régimen autoritario, comparando el caso con Venezuela y Nicaragua.
Human Rights Watch advierte sobre el peligro que implica la reelección indefinida y la erosión paulatina de las salvaguardas democráticas en América Latina, como ya señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con un análisis de El País, a pesar de las críticas internacionales y la creciente represión interna —que incluye exilios, presos políticos y censura— la Administración Trump defiende la medida y rechaza las comparaciones con regímenes dictatoriales. Este apoyo contrasta con la postura de la Administración Biden, que había sancionado a funcionarios de Bukele por violaciones a derechos humanos.
Bukele, a cambio, fortaleció su alianza con Washington ofreciendo su megacárcel Cecot para alojar migrantes deportados. Expertos señalan que el respaldo de Trump le otorga “vía libre” para avanzar en su proyecto autoritario sin controles internacionales efectivos.
