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  • Gobierno de la CDMX denunciará ante la FGR a juez federal por la presunta participación en la liberación y sustracción de Fabián Oswaldo Solís Vieyra, alias “El Cachorro”

    Gobierno de la CDMX denunciará ante la FGR a juez federal por la presunta participación en la liberación y sustracción de Fabián Oswaldo Solís Vieyra, alias “El Cachorro”

     El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, anunció este lunes que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Juez Federal, Roberto Omar Paredes Gorostieta, titular de la sala de oralidad 1 en Reclusorio Sur.

    Las autoridades capitalinas presumen la participación de Paredes Gorostieta, en la liberación y sustracción de Fabián Oswaldo Solís Vieyra, alias el “El Cachorro”, uno de los cinco principales y más peligrosos generadores de violencia en la Ciudad de México.

    El mandatario capitalino señaló que a Solís Vieyra se le permitió disfrazarse, al facilitarle un saco y proporcionarle una “agenda penal” por parte del personal del juzgado, para que pudiera escaparse por la puerta de atrás.

    El juez Paredes Gorostieta lo absolvió y lo liberó y además en el juzgado le ayudaron a salir por una puerta trasera o lateral, por una puerta diferente de donde debió haber salido.

    Señaló Batres Guadarrama.

    Con esta ayuda “El Cachorro” logró burlar a los elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que los esperaban a las afueras del juzgado para hacer efectiva una nueva orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada  

    Asimismo, Martí Batres señaló que se trata de un hecho muy grave que pone en peligro a la ciudadanía capitalina y aseguró que Paredes Dorostieta está ayudando a la delincuencia y a la inseguridad.

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    El ex coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Simón Pedro de León Mojarro obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso que un juez de control le dictó el pasado octubre por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos, conocido como “estafa maestra”.

    “Se concede la suspensión provisional, para el efecto que el procedimiento continué hasta que termine de celebrarse la audiencia intermedia”, señaló el acuerdo del juez que le otorgó la medida cautelar y quien agendó agendó la audiencia incidental para el próximo cuatro de diciembre, donde determinará si le concede la suspensión definitiva.

    El 24 de noviembre, Pedro de León Mojarro promovió un amparo. Hoy en día se encuentra en el Reclusorio Sur.

    De León Mojarro fue detenido en la colonia Lomas de Chapultepec y posteriormente trasladado al Reclusorio Sur donde compareció ante el juez Juan José Hernández Leyva, quien consideró que esta vez la Fiscalía General de la República (FGR) sí presentó elementos de prueba suficientes para decretar la vinculación a proceso y establecer la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del ex funcionario por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades al firmar un contrato que generó un daño al erario por más de 120 millones de pesos.

    En 2019, un juez de control del Reclusorio Norte desestimó vincular a proceso a De León Mojarro por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, porque no encontró elementos de prueba suficientes para hacerlo.

    En este entonces, la FGR lo acusó de ocasionar un daño de 124 millones 100 mil pesos a Hacienda, al suscribir de manera indebida firmado entre Sedesol y la Universidad Autónoma de Morelos. Sin embargo, en 2020 se giró una nueva orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.

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    El juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó que el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gandara, permanecerá recluido en el Reclusorio Sur ante la segunda orden de aprehensión que se le giró por el delito de encubrimiento, tras la acusación por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

    La audiencia inicial de juicio oral se llevó a cabo en la sala 7, y el administrador de justicia dictó orden de prisión preventiva como medida de seguridad ante la posibilidad de que el fiscal eluda el curso de la justicia por su falta de arraigo.

    Los abogados del servidor público solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo miércoles que se defina si es vinculado a proceso ahora por el delito de encubrimiento por favorecimiento.

    El abogado Gabriel Regino, quien se sumó a la defensa de Carmona, afirmó que la detención de su cliente por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es un secuestro político porque, a pesar de que la dependencia tiene jurisdicción sobre él y que un tribunal decidirá sobre su inmediata libertad, “solicitó una nueva orden de aprehensión que fue otorgada en 14 minutos, no existe ningún precedente en el historial criminal de la ciudad en que se haya girado una orden de aprehensión en tan corto lapso de tiempo”.

    El abogado también aseguró que la muerte de Ariadna Fernanda no es un feminicidio “es un invento y explicaremos por qué”.

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    Una jueza federal admitió a trámite la demanda de amparo que el exjefe antisecuestros de la extinta PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, tramitó contra la vinculación a proceso que se le dictó en julio por los delitos de tortura y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa.

    A finales del mes pasado, Ramírez Gutiérrez impugnó la determinación del juez de control del Reclusorio Sur, Juan José Hernández Leyva, ante la titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, quien admitió a trámite la demanda y programó para el 30 de agosto la audiencia constitucional en la que resolverá si otorga o no la protección de la justicia federal al exservidor público.

    Sin embargo, la jueza de amparo desechó la impugnación de Ramírez Gutiérrez respecto a la autorización que un juez concedió para la extracción de datos del 4 de julio de 2020, ya que ese acto debió reclamarse dentro de los 15 días siguientes a que se emitió la autorización.

    El extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, fue el primero en conocer que entre los 43 normalistas desaparecidos había dos integrantes del Ejército que estudiaban en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, entre ellos, Julio César López Patolzin.

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    La segunda vinculación a proceso contra Jesús Murillo Karam se da por la acusación de tortura contra “El cepillo”, un presunto implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

    Jesús Murillo Karam, exprocurador en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sumó otra vinculación a proceso por los delitos de desaparición forzada y tortura por el caso Ayotzinapa. Un juez federal determinó este sábado tras una audiencia privada de más de 10 horas en el Reclusorio Sur vincular a proceso al exprocurador.

    Así, el Ministerio Público imputó a Murillo Karam por formar parte de lo que llamó una empresa criminal en la que se basó la llamada “verdad histórica” en tortura y desaparición forzada.

    La primera vinculación a proceso contra Murillo Karam fue determinada el año pasado por delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada, por lo que se encuentra en el Reclusorio Norte desde el 19 agosto de 2022.

    Murillo Karam fue acusado de las presuntas torturas a Felipe Rodríguez Salgado alias “El cepillo”, señalado de ser sicario de Guerreros Unidos y de estar implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con la acusación citada de algunos medios, Murillo Karam concedió torturas contra “El cepillo” en las instalaciones que administrativamente dependían de su cargo como Procurador General de la República (PGR).

    Los informes médicos mencionados en la acusación indican que “El cepillo” tenía 31 lesiones tras ser detenido