En medio de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la administración de Calderón premió a 1,646 trabajadores con pensiones exorbitantes mientras despedía a miles.
La administración de Felipe Calderón otorgó pensiones millonarias a 1,646 trabajadores de confianza de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) tras su extinción en 2009. Mientras tanto, más de 44,000 trabajadores sindicalizados fueron despedidos.
Entre los beneficiarios, destacan 29 personas que ganan entre medio millón y un millón de pesos mensuales. Uno de ellos, Jorge Evodio Chapa de la Torre, recibe más de 1 millón de pesos al mes.
Este dispendio es un reflejo del trato injusto hacia la clase trabajadora durante el sexenio de Calderón. La mandataria actual, Claudia Sheinbaum, ha anunciado planes para reformar la Constitución y limitar estas pensiones excesivas.
Las pensiones millonarias han sido un tema de controversia. Sheinbaum señaló que es inaceptable que algunos extrabajadores de LyFC ganen más que la presidenta de la República, cuyo salario es de 193 mil pesos mensuales.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, también ha denunciado estas pensiones exorbitantes. En total, 14,000 extrabajadores de LyFC reciben pensiones que suman 28 mil millones de pesos.
La situación revela una desigualdad en el trato que recibieron los trabajadores de confianza en comparación con el resto del personal. La administración actual busca corregir estas injusticias y asegurar que los recursos públicos beneficien a todos. (Con información de Contralínea).
Más de 500 exfuncionarios de Pemex reciben pensiones que superan los ingresos de la presidenta, algunos vinculados a casos de corrupción y contratos irregulares.
Un listado de 544 pensionados de Pemex revela cifras millonarias que superan los ingresos anuales de la Presidenta Claudia Sheinbaum, algunos de ellos ligados a casos de corrupción como Odebrecht, la Estafa Maestra y contratos irregulares que afectaron a la industria petrolera. Las pensiones van de 2.8 a 4.2 millones de pesos brutos anuales, con 15 personas cobrando más de 340 mil pesos mensuales, de acuerdo con una investigación de Nancy Flores para Contralínea.
Entre los 20 pensionados mejor remunerados destacan Marcos Ramírez Silva y Roberto Ramírez Soberón, con 4.24 millones de pesos anuales, así como Miguel Tame Domínguez, implicado en contratos con Odebrecht durante su paso por Pemex Refinación. Otros exfuncionarios de alto perfil incluyen a José Antonio Escalera Alcocer, Circuncisión Juan Javier Hinojosa Puebla y Gustavo Hernández García, quienes perciben más de 4 millones anuales, superando en hasta 47% los ingresos de la presidenta.
La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, confirmó que 618 pensiones exceden los montos establecidos por norma, autorizadas como “casos extraordinarios” en los Consejos de Administración. La funcionaria explicó que se iniciaron mesas de trabajo con IMSS, ISSSTE, INDEP, Pemex, CFE, Hacienda y Secretaría Anticorrupción para revisar la legalidad de estas pensiones y proponer ajustes constitucionales.
Entre las medidas anunciadas se encuentran convenios con Renapo y registros civiles para actualizar padrones, emisión de oficios circulares para normar requisitos de jubilación y homologar expedientes, y una revisión constitucional para fortalecer el intercambio de información entre autoridades estatales y federales.
Estos altos montos ponen en evidencia un patrón de privilegios heredados de sexenios anteriores, donde algunos exdirectivos habrían saboteado planes de recuperación de la industria o manejado recursos y contratos con irregularidades. Mientras el país busca consolidar la transparencia y reducir la corrupción, estas pensiones millonarias muestran un contraste preocupante con la realidad económica nacional y la percepción de justicia social.
En total, 544 pensionados de Pemex cobran más que la Presidenta, con casos que superan los 4 millones anuales y señalamientos de corrupción, reflejando los retos históricos de transparencia en la industria petrolera.
La secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó que tres exfuncionarios de Pemex, que trabajaron en áreas claves de la empresa, son investigados por recibir sobornos.
Roberto P, Juan V y Erik N son los exfuncionarios a quienes se les acusa de aceptar pagos ilegales de siete empresas estadounidenses y dos residentes de EE.UU. Uno de los involucrados está ligado al casoOceanografía.
Buenrostro explicó que estos exfuncionarios liberaron pagos anticipados por servicios que no existían y alteraron auditorías para beneficiar a ciertas empresas.
La denuncia provino de una empresa estadounidense que presentó evidencias el 11 de agosto., aunque esta investigación es conocida por Pemex desde abril de 2024. Las investigaciones se centran en cuatro contratos relacionados con esta trama de corrupción, de los cuales dos fueron firmados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La secretaria enfatizó que Pemex ya había tomado medidas antes de conocer la investigación en Estados Unidos y resaltó que estos actos no representan a la institución, sino a acciones individuales.
Buenrostro afirmó que se reabrirán auditorías alteradas y se buscarán responsabilidades, por lo que todas las empresas y exfuncionarios implicados deberán devolver lo robado al pueblo. Además, enfrentarán sanciones ante la autoridad.
Con estas acciones, el gobierno busca fortalecer la lucha contra la corrupción en Pemex y garantizar la transparencia en la gestión pública.
Durante la conferencia mañanera de este 29 de agosto, Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, reveló la existencia de casos aislados de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y PEMEX que reciben pensiones que superan el millón de pesos mensuales. En total, 14 mil extrabajadores de Luz y Fuerza concentran 28 mil millones de pesos, mientras que, por otro lado, en Pemex decenas perciben entre 260 mil y 340 mil pesos al mes.
La funcionaria señaló que estas pensiones equivalen en promedio a 39 veces el salario de un trabajador promedio, por lo que se realizan mesas de trabajo con IMSS, ISSSTE, INDEP, PEMEX, CFE, SHCP y SABG para revisar la legalidad y regular los requisitos del pase de supervivencia y los expedientes de pensionados.
Además, se firmarán convenios con RENAPO y registros civiles estatales para agilizar la información y fortalecer el control de las pensiones millonarias.
En paralelo, Buenrostro destacó que los sobornos en Pemex realizados por algunos empleados, identificados en investigaciones de EE.UU., son actos individuales y fuera de la ley. Para impedoir esto ya se promueven medidas preventivas para que incumplir la ley sea más costoso que cumplirla.
El gobierno hace un llamado a denunciar irregularidades de manera gratuita y anónima en side.buengobierno.gob.mx o a los teléfonos 01 800 1128 700 y 2000 2000/2000 3000, extensión 2164.
La Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que las pensiones exorbitantes de trabajadores de Pemex y Luz y Fuerza del Centro fueron otorgadas en los periodos de mandato de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pero ya se están revisando otros casos de pensiones millonarias de exfuncionarios del periodo neoliberal.
Quintana Roo se une al esfuerzo nacional por la transparencia al participar en la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública. Este evento estuvo presidido por Raquel Buenrostro, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.
La gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó la importancia de este consejo para unificar criterios y proponer políticas públicas. Durante la sesión, los participantes aprobaron las Reglas de Operación y Funcionamiento del sistema. Este nuevo modelo busca fortalecer la rendición de cuentas y garantizar que cada recurso se utilice con responsabilidad.
Lezama enfatizó que, bajo el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, el dinero es del pueblo, no del gobierno. Por lo tanto, su administración trabaja con total transparencia y un firme compromiso en la lucha contra la corrupción.
El consejo se concibe como un espacio de diálogo y colaboración entre diversas entidades. A la reunión asistieron gobernadores, representantes de órganos de control y otros actores clave en la transparencia pública.
Este esfuerzo busca consolidar una red de coordinación institucional. La meta es asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la información pública, promoviendo así un gobierno más abierto y responsable.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una próxima iniciativa de reforma que busca agilizar los procesos de contratación pública. La mandataria señaló que los procedimientos actuales son lentos y complicados, lo que obstaculiza la reasignación de contratos en casos de incumplimiento por parte de las empresas contratadas.
“Tarda muchísimo tiempo para poder quitar un contrato a una empresa y hacer una nueva licitación”, afirmó Sheinbaum, subrayando la necesidad de cambiar las normativas actuales para hacer más eficiente la ejecución de obras públicas.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reveló que está por enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública y a la Ley de Adquisiciones, para "disminuir mucha burocracia que hay en estos procesos de contratación, que a veces evitan que… pic.twitter.com/3MIBUm3Qvp
La propuesta incluirá modificaciones a la Ley de Obra Pública y la Ley de Adquisiciones, con el objetivo de reducir la burocracia que impide la continuidad de los proyectos. Sheinbaum destacó que este cambio es fundamental para evitar la devolución de recursos cuando una empresa incumple con sus compromisos contractuales.
En relación con los casos de grandes empresas que no pagan a subcontratistas, la presidenta indicó que es necesario analizar cada situación para identificar las causas y soluciones. “Hay que ver cuál es el caso de por qué no [se cumple]. Primero, si en efecto no se ha pagado y, si no se ha pagado, pues cuál es la razón”, explicó.
Sheinbaum también hizo énfasis en la necesidad de fomentar la participación de empresas más pequeñas en proyectos de obra pública, dependiendo de la magnitud del trabajo. Sin embargo, insistió en que es crucial asegurarse de que estas compañías cumplan con los términos contractuales establecidos.
Por último, adelantó que Raquel Buenrostro será la encargada de presentar formalmente las reformas en los próximos días, con la finalidad de implementar cuanto antes los ajustes necesarios para mejorar la eficiencia en la administración de los contratos públicos.
Durante la conferencia matutina, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y representante de Buen Gobierno, destacó que México tiene una ventaja clave en la industria de semiconductores gracias a su comunidad de ingenieros especializados en carreras STEM, así como a sus instituciones públicas y centros de investigación. Este potencial, dijo, posiciona al país como un actor competitivo en el desarrollo de esta tecnología estratégica.
#MañaneraDelPueblo | Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y @BuenGobierno_mx, aseguró que una de las ventajas comparativas de México en la industria de semiconductores, además de sus Instituciones Públicas y Centros de investigación, es el número de ingenieros que… pic.twitter.com/HPmVau0tax
Buenrostro Sánchez subrayó que el crecimiento del sector no solo depende del talento científico, sino también de un marco legal que lo respalde. En este sentido, informó que el gobierno ha impulsado modificaciones en la Ley de la Propiedad Industrial para fomentar la generación y protección de patentes tecnológicas en México. Actualmente, explicó, muchas empresas nacionales producen semiconductores de alta calidad con reconocimiento internacional, pero no registran sus patentes dentro del país, lo que limita el aprovechamiento de su innovación a nivel nacional.
#MañaneraDelPueblo | Raquel Buenrostro Sánchez informó que el impulso de la industria de semiconductores en el país viene acompañado de modificaciones en la Ley de la Propiedad industrial”, aunque tengamos científicos muy buenos y aunque tengamos industrias ya aquí en México que… pic.twitter.com/87MkPLN8D7
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores, ‘Kutsari’, una iniciativa que busca consolidar la colaboración entre científicos, desarrolladores tecnológicos e instituciones públicas. Según Sheinbaum, este centro será clave para generar nuevos diseños de semiconductores con un enfoque en la protección de propiedad intelectual, agilizando el proceso de patentes y fortaleciendo el ecosistema tecnológico mexicano.
Con estas acciones, México busca consolidarse como un actor relevante en la industria de los semiconductores, un sector fundamental para el desarrollo de tecnologías avanzadas y la independencia digital del país.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó sobre la reestructuración del sistema de acceso a la información y la protección de datos personales en México, tras la asunción de responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Como parte de estos cambios, la función de garantizar el acceso a la información pública quedará a cargo del nuevo órgano desconcentrado “Transparencia para el Pueblo”, mientras que la protección de datos personales será responsabilidad directa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
#MañaneraDelPueblo | La titular de la la Secretaría de @BuenGobierno_mx), Raquel Buenrostro, detalló las propuestas en leyes secundarias para el acceso a la información y protección de datos personales
A nivel constitucional, se mantiene el derecho de acceso a la información pública, la publicación de obligaciones de transparencia y los mecanismos de defensa ante el incumplimiento de dichas obligaciones. Sin embargo, se transforma el modelo de operación, pasando del INAI a 18 autoridades en materia de transparencia, así como de 32 organismos locales homólogos a un esquema en el que cada Poder por entidad federativa tendrá su propia autoridad en la materia.
#MañaneraDelPueblo | La titular de la la Secretaría de @BuenGobierno_mx), Raquel Buenrostro, detalló las propuestas en leyes secundarias para el acceso a la información y protección de datos personales
Entre las propuestas en leyes secundarias destacan los siguientes cambios:
Transparencia para el Pueblo tendrá un solo titular, en lugar de un cuerpo colegiado de siete integrantes.
La autoridad del Ejecutivo Local será la encargada de vigilar que los municipios cumplan con sus obligaciones de transparencia.
La Plataforma Nacional de Transparencia será regulada por ley y administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Las resoluciones locales sobre recursos federales podrán ser impugnadas ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Los Juicios de Amparo en esta materia serán resueltos por jueces especializados.
Uno de los puntos clave de la reestructura es la reducción de costos. Buenrostro señaló que la Secretaría absorberá el 80% de las funciones del INAI con solo el 35% del costo de su estructura.
#MañaneraDelPueblo | Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de @BuenGobierno_mx, informó que el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública tendrá 40 integrantes, además, detalló que se crearán 32 Subsistemas de Transparencia presididos por el Poder Ejecutivo de cada… pic.twitter.com/DXsU9Dxkk6
Además, el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública contará con 40 integrantes y se crearán 32 Subsistemas de Transparencia, que estarán presididos por el Poder Ejecutivo de cada entidad.
En términos legislativos, se abrogará la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se reformarán la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El día de hoy, lunes 27 de enero del 2025, Raquel Buenrostro, titular de la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sostuvo una reunión con el Pleno del oficialmente extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), encabezado por Adrián Alcalá Méndez, su comisionado presidente.
Ambas instituciones coincidieron en la importancia de la coordinación para garantizar que la transferencia de funciones sea ordenada, eficiente y en estricto apego a la ley.
Durante el encuentro, Buenrostro propuso la elaboración de un plan integral de transferencia de funciones que contemple tanto responsables como plazos específicos, y en el que se prioricen los asuntos sustantivos relacionados con los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como aspectos administrativos, jurídicos y tecnológicos.
En entrevista con Joaquín López Dóriga, la comisionada del extinto INAI, Norma Julieta del Río, detalló que la base de datos a transferir contempla 15 mil 400 millones de registros.
La secretaria Buenrostro nos dice: la Plataforma Nacional de Transparencia va a continuar y las obligaciones de transparencia que marca hoy la ley y las leyes secundarias, van a seguir, incluso, dijo, estamos viendo si más”, contó la consejera del Río.
59 millones de pesos al mes cuesta la nómina del INAI, detalló la consejera Norma Julieta del Río, quien además dijo que confiaba en que la transferencia entre instituciones avanzará de la mejor manera. Se instalarán cuatro mesas de trabajo que derivarán finalmente en que al final del mes de marzo la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobiernoasuma las que eran las funciones del INAI y las transforme, siempre anteponiendo el interés del Pueblo de México.
Fue el primer encuentro y yo espero que se sigan dando estas mesas, la vi muy formal a la secretaria Buenrostro.. una mujer de carácter, dura, de servicio, una mesa agradable”, abundó la consejera del INAI.
La secretaria Buenrostro destacó la relevancia de proteger la integridad de los sistemas tecnológicos durante este proceso. En particular, subrayó la necesidad de implementar validadores criptográficos que permitan verificar y garantizar la transferencia segura e íntegra de la Plataforma Nacional de Transparencia, una herramienta fundamental para el acceso a la información y la rendición de cuentas en el país.
El Gobierno de México reafirma su compromiso con la transparencia, la protección de datos personales y la construcción de un Buen Gobierno que promueva la transparencia proactiva y la rendición de cuentas”, dice un comunicado difundido por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de la 4T.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es liderada por Raquel Buenrostro, y su misión es la de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, dando un mayor enfoque a los procesos y controles que aseguran la eficacia, eficiencia, economía y transparencia de la Administración Pública Federal, fundamentales para garantizar la confianza ciudadana y promover un gobierno más ético y responsable que dignifique el servicio público.
Con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento Interior de esta Secretaría el pasado martes 31 de diciembre, la secretaria Buenrostro anunció el equipo de personas servidoras públicas que la acompañarán en las tareas de esta dependencia en la presente administración.
Titulares:
Alejandro Encinas Nájera, designado por la Presidenta como subsecretario de Buen Gobierno. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con un máster en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); también, asumió el cargo de subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Con 15 años de experiencia en el servicio público, ha demostrado su compromiso y buen desempeño en la mejora gubernamental.
La Subsecretaría de Buen Gobierno se enfocará en reivindicar y profesionalizar la carrera en el servicio público mediante programas de capacitación, mayores controles de confianza y reconocimiento a la integridad. Uno de sus principales objetivos será acompañar a las dependencias del Gobierno de México, en especial a los programas prioritarios, para garantizar la mejora continua, el uso eficiente de los recursos y prevenir irregularidades. Asimismo, trabajará con el sector privado y la sociedad civil para fomentar una cultura de integridad desde un enfoque de responsabilidad compartida.
Guadalupe Araceli García Martínez, designada por la Presidenta como subsecretaria Anticorrupción. Es licenciada en Derecho, maestra en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria y doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales. Cuenta con una trayectoria de más de 32 años en el servicio público, entre los cargos que destacan: directora general de Legislación y Consulta Fiscal y Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), directora general de Asuntos Jurídicos de la SHCP, directora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), administradora general Jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía.
En materia de anticorrupción destaca su desempeño como titular de la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores y Subtesorera de Vigilancia de Recursos y Valores en la Tesorería de la Federación (Tesofe) y presidenta de la Comisión de Vigilancia del ISSSTE. Además, como catedrática, en 2021, impartió la asignatura “Procedimiento de Responsabilidades Administrativas” en la maestría en Justicia Administrativa en la Universidad Autónoma del Noreste.
La Subsecretaría Anticorrupción coordinará la planeación, ejecución y evaluación de los actos de fiscalización que practique la Secretaría, así como representarla en dicha materia y acciones promovidas derivadas de la misma, con el Sistema Nacional de Fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación y los entes fiscalizadores de las entidades federativas, así como enfocar la función de los Órganos Internos de Control en áreas de mayor impacto.
Carlos Patterson Olivas, designado por la Presidenta como titular del Órgano Interno de Control. Es licenciado en Administración de Empresas y maestro en Innovación, cuenta con diplomados en transparencia, planeación estratégica, rediseño de procesos y derecho tributario. Con una carrera de 23 años como servidor público en la Administración Pública Federal, ocupando diversos cargos en la Secretaría de la Función Pública, con experiencia en supervisión de áreas de auditoría, control y evaluación de Órganos Internos de Control, participó en publicaciones de mejores prácticas de control interno y administración de riesgos. Fue subgerente, gerente y delegado de Auditoría en la industria petrolera; coordinador de Control y Evaluación en el sector hacienda; asimismo estuvo al frente de una entidad paraestatal del sector economía.
Omar Sánchez Villegas, titular de la Unidad de Combate a la Impunidad. Es doctor en Derecho, con más de 20 años de experiencia en el sector público, ha ocupado cargos directivos en materia contenciosa, consultiva, fiscal, administración de recursos, responsabilidad administrativa, seguridad, comercio exterior y aduanas.
Othón Francisco Valverde Yáñez, titular de la Unidad Técnica de Apoyo. Es ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Durango, con estudios de Maestría en Economía en El Colegio de México y maestro en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Fue subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía de México y durante más de 20 años se desempeñó en diversos cargos en Petróleos Mexicanos (Pemex) en áreas de planeación y evaluación de las empresas de transformación industrial.
Laura Leticia Juárez Jiménez, designada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Derecho Fiscal por la Queen Mary University of London. Ha desempeñado cargos de alto nivel en la Administración Pública Federal con funciones de asesoría jurídica, entre ellos, directora general de Legislación y Consulta en la Secretaría de Economía, administradora central de Normatividad en Impuestos Internos en el Servicio de Administración Tributaria y directora general de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Marco Antonio Hernández Martínez, designado por la subsecretaria de Egresos de la SHCP como titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Con 24 años de experiencia en el sector público ha ocupado diversos cargos en la SHCP, en la entonces Procuraduría General de la República, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como en la Secretaría de Gobernación, atendiendo diversos temas relacionados con la administración de recursos presupuestarios, humanos, materiales y tecnológicos.
En la Subsecretaría de Buen Gobierno:
Marco Antonio Flores García, titular de la Unidad de Políticas para el Servicio Público. Es doctor en Administración Pública. Con más de 30 años de experiencia en la APF, ha demostrado gran capacidad para diseñar y poner en práctica políticas que aseguran la eficacia y la eficiencia, así como la mejora continua en el manejo de la programación y presupuestación de los recursos públicos, en especial de los recursos humanos.
Rosa María Gutiérrez Rodríguez, coordinadora general de Buen Gobierno. Es licenciada en Derecho por la UNAM, con máster en Hacienda Pública y especialidad en Administración Financiera por el Instituto de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia de Madrid, España. Cuenta con más de 35 años en la Administración Pública Federal. Ha desempeñado cargos en la Secretaría de Economía, en el Servicio de Administración Tributaria, en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Auditoría Superior de la Federación y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
María Guadalupe Arciniega García, titular de la Unidad de Contrataciones Públicas. Es egresada de la Universidad La Salle, con estudios de Maestría en Derecho por la UNAM. Abogada especialista en derecho administrativo, contrataciones públicas, seguridad social y fideicomisos públicos, cuenta con experiencia de más de 25 años en la Administración Pública Federal, donde ha ocupado diversos cargos en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Se desempeñó como titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas en la SHCP, de diciembre de 2018 a febrero de 2022.
Irais Barreto Canales, titular de la Unidad de Participación Social y Responsabilidad Compartida. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. De 2018 a 2024, ocupó diversos cargos entre los que destacan: jefa de la Unidad de Inteligencia Económica Global en la Secretaría de Economía, administradora central de Programas Operativos con Entidades Federativas y administradora central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento en el SAT, directora general de Planeación en la Oficialía Mayor de la SHCP y directora general de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Alejandro García Ravizé Guízar, titular de la Unidad de Innovación de la Gestión Pública. Ingeniero en Mecatrónica con especialidad en Gestión de Proyectos, con experiencia en las áreas de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Economía y del SAT. Ha liderado iniciativas para modernizar y simplificar procesos en el sector público con una visión sistémica.
En la Subsecretaría Anticorrupción:
Perla Amorene Anaya Díaz, coordinadora general de Órganos Internos de Control. Es licenciada en Contaduría por la UNAM y maestra en Anticorrupción por la Universidad Panamericana, con trayectoria de más 29 años en la APF y en el sector privado en áreas de fiscalización y combate a la corrupción, en Órganos Internos de Control de Banobras, SAT, Secretaría de Economía, Petróleos Mexicanos, Pemex Petroquímica y en la firma Deloitte.
Leticia Toxtli Miranda, titular de la Unidad de Vigilancia 1. Es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública Federal, en áreas de fiscalización en órganos internos de control en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Bienestar. Fue comisaria pública Suplente del Sector Educación y Cultura, y titular del Órgano Especializado en Fiscalización en la Secretaría de la Función Pública.
Alejandro Galicia Avilés, titular de la Unidad de Vigilancia 2. Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, con una trayectoria de más de 37 años en el sector público, principalmente en áreas de combate a la corrupción en los Órganos Internos de Control en Pemex, Conagua, Banobras, y en las secretarías de Economía y de la Función Pública.
Pilar Hernández Trinidad, titular de la Unidad de Vigilancia 3. Es licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestrante en Políticas Públicas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el servicio público, en las materias de fiscalización, auditorías de desempeño, control interno y evaluación. Ocupó diversos cargos en la Auditoría Superior de la Federación, en la Secretaría de la Función Pública se desempeñó como directora general de Control Gubernamental y titular del Órgano Especializado en Control Interno.
