La explosión que dejó 24 personas fallecidas y un bebé en gestación continúa bajo investigación; los imputados enfrentarán el proceso en libertad mientras avanzan las indagatorias.
A casi tres meses de la explosión e incendio en una sucursal de Waldo’s en Hermosillo, que cobró la vida de 24 personas y un bebé en estado de gestación, un juez de control vinculó a proceso a cinco ex servidores públicos estatales y municipales por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en noviembre pasado.
De acuerdo con información obtenida de fuentes cercanas al caso, siete ex funcionarios fueron imputados, pero únicamente cinco fueron vinculados. Carlos Jesús Arias, ex director interno de la Comisión Estatal de Protección Civil de Sonora, quedó fuera del proceso debido a la prescripción de los delitos, mientras que Martín Manuel Martínez, ex director de Inspección y Vigilancia Municipal, no fue vinculado al acreditarse que no ocupaba el cargo durante el periodo señalado por la Fiscalía.
Durante la audiencia, que se prolongó por varias horas, el juez habría señalado dudas sobre la delimitación de responsabilidades entre autoridades estatales y municipales, así como inconsistencias en el aforo permitido, la cantidad real de personas dentro del establecimiento y el giro comercial de la tienda, que contaba con al menos 68 sucursales en Sonora.
Hasta la noche del lunes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no había emitido información oficial sobre el desarrollo de la audiencia. Sin embargo, se confirmó que los cinco ex funcionarios vinculados enfrentarán su proceso en libertad, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles omisiones en inspecciones, autorizaciones y supervisiones previas al siniestro.
De forma paralela, trascendió que ninguna persona relacionada con el caso se encuentra en prisión. De manera extraoficial, se indicó que el gerente de la tienda acudió al juzgado con un amparo, lo que le permitió evitar la prisión preventiva.
El proceso judicial aún no concluye, ya que al menos 12 personas más, entre servidores públicos, empleados del establecimiento y un inspector de la CFE, deberán comparecer en próximas audiencias, mientras las autoridades definen responsabilidades en una de las tragedias comerciales más graves registradas en Sonora.
