El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico y ligado a El Chapo, salió de prisión tras recibir un indulto de Donald Trump. La liberación desató indignación y reabre un caso marcado por sobornos, cárteles y poder político.
La liberación del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández desató una ola de críticas en Estados Unidos y Centroamérica, luego de que el presidente Donald Trump le otorgara un perdón total que lo sacó de una prisión federal en Pensilvania. El mandatario, condenado por narcotráfico y señalado por haber trabajado de la mano con Joaquín “El Chapo” Guzmán, abandonó la cárcel el 1 de diciembre, de acuerdo con la actualización más reciente del Buró Federal de Prisiones.
Hernández había sido extraditado en abril de 2022 y, dos años después, un tribunal federal de Manhattan lo sentenció a 45 años de prisión, cinco de libertad vigilada y una multa millonaria por integrar una red criminal que permitió el tráfico de cientos de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense. Los fiscales lo describieron como un político que utilizó el poder del Estado para fortalecer a organizaciones criminales y blindar sus operaciones con apoyo de fuerzas policiales y militares.
La decisión de Trump abrió un nuevo capítulo en el caso, el presidente estadounidense justificó el perdón con acusaciones de supuestas irregularidades durante el gobierno de Joe Biden y aseguró que Hernández fue víctima de una “trampa”. Paralelamente, medios estadounidenses revelaron que el exmandatario hondureño envió una carta donde elogió a Trump y destacó la cooperación bilateral durante su gobierno, documento que habría sido reforzado por una intensa labor de cabildeo encabezada por el estratega político Roger Stone.
La trayectoria de Hernández estuvo marcada por presuntas alianzas con capos de alto perfil, los testimonios recuperados por autoridades estadounidenses indican que el hondureño recibió un millón de dólares del propio El Chapo Guzmán para financiar su campaña presidencial en 2013, a cambio de protección para el Cártel de Sinaloa dentro del territorio hondureño. Su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, así como exalcaldes, congresistas y operadores criminales, participaron en la red que permitió a los cárteles mover droga por rutas estratégicas como Puerto Cortés.
Investigaciones del Departamento de Estado agregan que Hernández formó parte de una estructura violenta que utilizó instituciones públicas para garantizar el paso de cocaína y alertar a narcotraficantes sobre operativos. Excongresistas como Fredy Renán Nájera Montoya, aliado de varios cárteles en Honduras, aseguraron haber fungido como enlace directo con Guzmán Loera, quien financió campañas políticas de múltiples figuras hondureñas para asegurar el control regional del tráfico de drogas.
Con el perdón presidencial ya ejecutado, persisten dudas sobre el paradero del exmandatario y los procesos legales que podrían continuar fuera de prisión. Lo único claro es que la decisión de Trump reabrió el debate sobre la intervención de altos funcionarios hondureños en redes internacionales del narcotráfico.
