En el marco de la lucha contra el lavado de dinero en México, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, lanzó duras críticas hacia el Poder Judicial, señalando que los jueces federales se han convertido en un obstáculo persistente que frena los esfuerzos del Gobierno Federal en esta materia. Durante la inauguración de un curso de capacitación rumbo a la revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el funcionario federal denunció que, desde una jurisprudencia emitida en 2018, se ha distorsionado el uso del juicio de amparo, transformándolo en una herramienta para obstaculizar las acciones de inteligencia financiera.
De acuerdo con Gómez, esta situación ha tenido consecuencias económicas y jurídicas de gran calado: miles de millones de pesos congelados por posibles vínculos con actividades ilícitas han sido liberados por decisión de jueces, incluso antes de resolverse los juicios de amparo. Además, tanto personas físicas como empresas han sido protegidas por estas resoluciones, pese a estar presuntamente vinculadas con operaciones provenientes de corrupción y narcotráfico. En su intervención, también expuso que centenares de personas procesadas por lavado de dinero y delitos asociados han sido absueltas por resoluciones judiciales.
El titular de la UIF subrayó que esta problemática no es nueva, pues ha sido un desafío para gobiernos anteriores y persiste bajo la administración actual, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la virtual sucesora, Claudia Sheinbaum. Afirmó que la lucha contra el lavado de dinero implica enfrentar adversarios tanto dentro como fuera del aparato estatal.
Gómez también enfatizó que, además de la corrupción y el descontrol dentro del Poder Judicial, el país enfrenta una crisis estructural derivada de la actividad del narcotráfico, impulsada por la fuerte demanda de drogas en Estados Unidos. A ello se suma un legado de pobreza y rezago social que, según apuntó, fue exacerbado por políticas neoliberales previas, y que representa una carga que la actual mayoría política busca combatir.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado nuevos lineamientos para asegurar la participación ciudadana en los cómputos del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
Durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE destacó que los 300 Consejos Distritales serán los encargados de llevar a cabo el conteo de votos, reafirmando que la ciudadanía seguirá siendo la protagonista en este proceso.
Los cómputos distritales comenzarán el 1 de junio, coincidiendo con la Jornada Electoral. Asimismo, se contará con la presencia de observadores electorales acreditados en todas las etapas del proceso, garantizando así transparencia y confianza en los resultados.
Los consejeros del INE subrayaron la importancia de que, durante más de 30 años, los Consejos Distritales han tomado decisiones colegiadas sobre la validez de los sufragios, lo que refuerza la integridad del proceso electoral.
Con esta iniciativa, el INE busca fortalecer la democracia y la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial.
Este jueves se reanudó la audiencia inicial contra cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, quienes enfrentan acusaciones por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, determinará si se vincula a proceso a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas del gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia; y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP. Se les señala por un daño patrimonial al estado superior a 3 mil 400 millones de pesos.
Asimismo, la jueza decidirá si los imputados permanecerán en prisión preventiva justificada, medida que les fue impuesta el pasado fin de semana durante la audiencia de imputación. En caso de que sean vinculados a proceso, se otorgará el plazo para la investigación complementaria, etapa en la que las partes recabarán más pruebas y profundizarán en los elementos de la carpeta de investigación.
Aureoles y más exfuncionarios, prófugos de la justicia
Mientras sus excolaboradores enfrentan la justicia, Silvano Aureoles Conejo continúa prófugo, al igual que dos exsecretarios de Seguridad Pública de Michoacán y Guillermo Loaiza Gómez, ex titular del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, quien fue designado notario público por el propio Aureoles poco antes de concluir su mandato. Según las autoridades, Loaiza Gómez viajó a Argentina, aunque aún no ha sido localizado.
Aureoles y sus exfuncionarios son señalados de una operación irregular relacionada con el arrendamiento y posterior compra de inmuebles para la instalación de siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, los inmuebles fueron arrendados por períodos mínimos de 56 meses a Inmobiliaria Dip, empresa creada en 2015 y beneficiada mediante adjudicación directa, lo que ya evidenciaba irregularidades en la gestión de los recursos públicos.
Sobreprecios millonarios en la compra de cuarteles
Los costos de los inmuebles ascendieron a:
Apatzingán: 210 millones 562 mil pesos
Coalcomán: 216 millones 699 mil pesos
Huetamo: 128 millones 277 mil pesos
Jiquilpan: 212 millones 999 mil pesos
Lázaro Cárdenas: 294 millones 616 mil pesos
Uruapan: 268 millones 624 mil pesos
Zitácuaro: 220 millones 659 mil pesos
Sin embargo, peritajes del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales revelaron que en cada operación hubo sobreprecios millonarios, destacando:
Lázaro Cárdenas: 163.4 millones de pesos adicionales
En los últimos tres años, el Poder Judicial de la Federación ha otorgado la libertad a 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada en México, mediante sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas, así como cambios de medidas cautelares, según publicó El Universal. Entre los beneficiados destacan personas procesadas por narcotráfico, delitos contra la salud, tortura y secuestro, entre otros cargos.
El pasado jueves, el Gobierno de México sorprendió con el traslado de 29 capos de alto y medio rango a Estados Unidos, entre los que sobresalen Rafael Caro Quintero (Don Rafa), Vicente Carrillo Fuentes (El Viceroy), Antonio Oseguera Cervantes (Tony Montana) y Miguel Ángel Treviño Morales (El Z-40). Más tarde, infirmes oficiales revelaron que jueces de Poder Judicial tenían planeado liberar a más de una decena de los generadores de violencia.
El Universal destacó que, de enero de 2022 a enero de 2025, diversos juzgadores emitieron resoluciones que permitieron la libertad de presuntos delincuentes de alta peligrosidad, como Inés Coronel Barrera, suegro de Joaquín El Chapo Guzmán, liberado el 5 de abril de 2022, o Javier Adrián Salazar Ortiz (El Barbas), quien fue absuelto el 29 de febrero de 2024. Además, Fernando Sánchez Arellano (El Ingeniero), sobrino de los fundadores del Cártel de los Arellano Félix, recibió libertad provisional el 25 de diciembre de 2023.
Por su parte, Milenio reveló que el Gobierno de México tiene bajo investigación a 16 jueces de distrito, señalados por retardar la extradición de los hermanos Treviño Morales, líderes del Cártel de Los Zetas. En más de siete años, estos jueces difirieron en 36 ocasiones las audiencias de la junta de peritos, incluso retrasando en nueve ocasiones la identificación fisionómica de los imputados.
El pasado viernes 28 de febrero, la Presidenta Sheinbaum arremetió contra la corrupción en el Poder Judicial, calificándola como “aberrante y ofensiva”, luego de la extradición de 29 presos al gobierno de Estados Unidos.
Crisis judicial y controversia en las liberaciones
El registro de libertades incluye a personajes como José Antonio Yepes (El Marro), fundador del Cártel Santa Rosa de Lima, y Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, líder del Cártel del Golfo, entre otros. En muchos casos, las resoluciones se basaron en argumentos que el fiscal general Alejandro Gertz Manero calificó como “ridículos y desproporcionados”, señalando que se utilizaron pretextos como “no son ellos, que son otros”, a pesar de contar con fotografías y datos concluyentes.
Las autoridades mexicanas presentaron en agosto de 2023 una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra los jueces implicados, quienes en más de ocho años no concluyeron la instrucción de extradición de los hermanos Treviño Morales. Finalmente, el 27 de septiembre de 2024 se determinó que ya no había pruebas pendientes, abriendo la puerta a la resolución del proceso.
Harfuch y Gertz exponen corrupción del Poder Judicial
El pasado jueves, durante conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el traslado de 29 detenidos considerados generadores de violencia a Estados Unidos, donde enfrentan cargos por delitos de alto impacto como tráfico de drogas, delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, tráfico de armas y secuestro.
García Harfuch explicó que esta acción se tomó el pasado 27 de febrero luego de que el Gabinete de Seguridad obtuviera información sobre posibles acuerdos entre algunos jueces para favorecer a estos delincuentes, ya sea mediante su liberación o retraso en sus procesos judiciales.
El titular de la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), Alejandro Gertz Manero, informó que el traslado de las 29 personas a #EstadosUnidos se realizó con base a un requerimiento del gobierno estadounidense fundamentado en la Convención de Palermo, contra la delincuencia… pic.twitter.com/5OzYMyfHwD
Por su parte, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que el traslado de estos criminales se realizó en estricto apego a los convenios bilaterales entre México y Estados Unidos. Ante la posibilidad de que alguno de los extraditados enfrente la pena de muerte, Gertz Manero enfatizó que las sanciones impuestas en territorio estadounidense deben respetar los acuerdos suscritos entre ambos países.
“Tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no contempla esa sanción [la pena de muerte], debe ser respetada”, declaró el Fiscal General.
El abogado César Gutiérrez Priego, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), denunció a través de sus redes sociales una serie de irregularidades en su proceso de registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
— Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) March 1, 2025
En un mensaje publicado pasada la medianoche, Gutiérrez Priego relató que, a pesar de haber cumplido con todos los procedimientos establecidos por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y de haber sido oficialmente incluido en las listas enviadas al Senado y al INE, su nombre no aparece en el sistema de registro del organismo electoral.
El día de hoy me dirigí a la Junta Distrital Ejecutiva #22 del @INEMexico en Naucalpan, Edo. Mex., a realizar mi registro presencial (físico), como candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se me señaló que no me encuentro registrado en el sistema del… pic.twitter.com/9vXMAYZSIQ
— Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) March 1, 2025
El candidato detalló que su nombre figuraba en la lista publicada por el INE y que incluso apareció en la boleta muestra como el número 49. Sin embargo, al intentar realizar su registro físico, le informaron que no estaba en el sistema debido a un “error administrativo”. Lo que más le sorprende es que, de los casi 80 aspirantes a la SCJN, él es el único en esta situación.
A pesar del inconveniente, Gutiérrez Priego aseguró que agotará todos los recursos legales para hacer valer su derecho y evitar que esta situación lo excluya de la contienda. “Si me quieren ganar, que me ganen por las buenas, no con trampas ni cochupos”, declaró, dejando en claro su determinación de continuar en la lucha por una transformación en el Poder Judicial.
Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, arremetió contra la corrupción en el Poder Judicial, calificándola como “aberrante y ofensiva”, luego de la extradición de 29 presos al gobierno de Estados Unidos.
Durante la mañanera del pueblo, Sheinbaum Pardo indicó que tanto el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ofrecerán más detalles sobre el caso en una rueda de prensa este viernes.
“Le corresponde al fiscal y al secretario informarles, lo van a informar en la conferencia de las 11:00 h”, señaló la mandataria.
Asimismo, enfatizó que el Poder Judicial necesita una transformación de fondo, respaldando la propuesta de que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros para erradicar la corrupción en la institución.
“Es una bendición para México lo que vamos a elegir este año, de elegir a los jueces, magistrados y ministros, y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción para el pueblo”, sostuvo Sheinbaum Pardo.
Extradición histórica: entre los presos enviados a EE.UU. están capos del narco
La FGR y la SSPC informaron que la extradición de estos 29 reos se realizó “en el marco de los acuerdos de cooperación internacional”, subrayando que estas personas eran requeridas por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con organizaciones criminales y tráfico de drogas.
Entre los extraditados destacan:
Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara.
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias Z40 y Z42, líderes de Los Zetas.
Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hermano del fundador de la organización.
José Ángel Canobbio, alias El Güerito, vinculado a la distribución de fentanilo para el Cártel de Sinaloa.
El traslado de los presos fue calificado como “un hecho sin precedente”, con los detenidos siendo entregados a autoridades estadounidenses en ciudades como Chicago, Houston, McKinney (Texas), Nueva York, Phoenix, San Antonio, Washington y White Plains (Nueva York).
Este texto marca el inicio de una nueva etapa en las colaboraciones del agradecido autor que vuelve después de una pausa necesaria y previa a que se realizarán las elecciones federales de 2024.
En mis siguientes colaboraciones para este espacio que se ha convertido en punto de referencia como uno de los medios alternativos más importantes en el espectro de la izquierda, intentaré esbozar tal como lo indica el título de la opinión, “De juicio práctico”, una serie de circunstancias que nos fueron colocando en el estado de cosas actual en lo relacionado a una marcada inercia de desconocimiento social normativo, ya no tan siquiera en la cultura cívica básica, sino en conceptos que nos fueron recetados por la predominante clase política conservadora que usurpó por años el ejercicio del poder público y se dedicó a cooptar la participación política de miles de ciudadanos.
Y es que durante décadas el extremo formalismo y el hipócrita sistema político que se ostentaba como garante del Estado de Derecho no era más que contubernio y cochupo, bien definido por Andrés Manuel López Obrador, como una simulación o un “Estado de chueco”.
La verdad sea dicha, muchos de los que hoy protestan y se extralimitan en denominar principios de dictadura la elección próxima de los impartidores de justicia no es más que la punta del iceberg de una trama más oscura y que poco a poco irá develando sus más siniestros aspectos cuando quienes estén de titulares de los órganos jurisdiccionales respondan al escrutinio de un público elector que los pondrá en la palestra y podrá verificar que sus decisiones se mantengan alejadas del ámbito y presión fáctica que hoy todavía ejercen los que pueden comprar y mercadear con las determinaciones judiciales.
Por ello, a raíz de que en adelante el acceso e impartición de justicia serán tareas de individuos con respaldo electoral, se espera que el nuevo modelo aterrice como nunca antes se hizo en este país, una auténtica representación en los órganos más importantes del Estado Mexicano.
Hace algunas horas, la diputada federal María Teresa Ealy denunció en sus redes sociales que el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, trata ilegalmente de reelegirse en el cargo, pese a que el reglamento del Poder Judicial no lo permite.
Durante su contundente crítica, la legisladora federal mencionó que Guerra Álvarez ya maniobra una de las acciones más ruines que haya visto el Poder Judicial de la capital: “La intentona de Rafael Guerra Álvarez por aferrarse al cargo y reelegirse como presidente (…) Qué descaro, parece que no se ha dado abasto durante todo este tiempo con lo que ha afectado la justicia de nuestra ciudad”.
🚨 #Alerta | 📹 #Vídeo | La diputada María Teresa Ealy (@MaTeresaEalyMx) denuncia que Rafael Guerra Álvarez trata ilegalmente de reelegirse como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
Ealy agregó que este intento de reelección es una afrenta directa a la justicia, al pueblo de la CDMX y a los trabajadores del Poder Judicial, a quienes ha afectado con la eliminación de juzgados y la saturación de tribunales. “Ha sometido a las y los trabajadores a condiciones indignas, inhumanas. Les ha aumentado desmesuradamente las cargas de trabajo, les ha negado sus pagos y prestaciones y los ha abandonado a su suerte”.
En el mismo sentido, la diputada y feminista mencionó que Rafael Guerra ha podrido el sistema judicial de la capital, ya que las mujeres que buscan justicia se han enfrentado a tribunales donde son blanco, una vez más, de violencia de género y revictimización.
María Teresa Ealy
“Cuántas mujeres han tocado las puertas del Tribunal Superior de Justicia buscando protección y, por el contrario, se han encontrado con indiferencia y negligencia”, mencionó María Teresa Ealy, lamentando la gran cantidad de sentencias que favorecen a los violentadores en vez de garantizar seguridad para las víctimas.
Finalmente, como legisladora federal, Ealy alzó la voz para exigir a los integrantes del Poder Judicial y a las y los consejeros que no sigan siendo cómplices de las ilegalidades que Guerra Álvarez ha cometido desde que asumió el cargo en 2019.
Rafael Guerra Álvarez
“Estaré presentando, junto con diversas víctimas, colectivas, abogados, abogadas y organizaciones civiles, una propuesta de ley, así como nuestro total rechazo para la reelección de Rafael Guerra Álvarez”.
Cabe mencionar que, en noviembre de 2024, María Teresa Ealy acusó a Guerra Álvarez de encubrir a violadores y potenciales feminicidas. Durante una sesión de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, Ealy afirmó que el magistrado ha mostrado “total desinterés por las víctimas” y solicitó su comparecencia para rendir cuentas sobre su actuación en el TSJCDMX.
Sumado a esto, colectivos feministas han exigido la destitución de Guerra Álvarez, acusándolo de emitir fallos judiciales que denigran a las mujeres y de no actuar conforme a derecho en casos de violencia de género. Señalan que su gestión ha perpetuado una visión machista en los procesos judiciales, afectando la integridad del sistema de justicia y revictimizando a quienes buscan amparo en las instituciones.
Este viernes 21 de febrero, en las instalaciones de Talleres Gráficos de México, se dio inicio a la producción de más de 602 millones de boletas electorales para la elección judicial del periodo 2024-2025.
En el acto estuvieron presentes autoridades de alto nivel, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala; y la directora general de Talleres Gráficos de México, Maribel Aguilera Cháirez.
📹 #Vídeo | En un paso histórico hacia la democratización de la justicia, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del #INE anunció el inicio de la impresión de las boletas con las que el pueblo elegirá a sus jueces, magistrados y ministros.
Durante la ceremonia, se imprimió la primera boleta, y las funcionarias presentes verificaron detalladamente tanto el contenido como el diseño, asegurándose de que cumplieran con los estándares requeridos para el día electoral del próximo 1 de junio de 2025.
La secretaria de Gobernación resaltó la importancia de este momento para la democracia nacional, señalando que la impresión de tan numerosos ejemplares representa un paso fundamental para garantizar que cada ciudadano pueda elegir a sus representantes en el sistema judicial.
“El día de hoy inicia un proceso de suma trascendencia para la vida democrática de nuestro país y en particular, para el sistema de justicia. Con el inicio de la impresión de las más de seiscientas millones de boletas se avanza en una de las etapas más trascendentes de la organización electoral para ejercer su voto el próximo primero de junio. Se está revolucionando con un modelo de boleta que por nuestro diseño constitucional es único y tendrá todos los elementos para que la ciudadanía pueda elegir de la mejor manera a los aspirantes de su preferencia”, subrayó
Por otro lado, Guadalupe Taddei Zavala destacó que este avance reafirma el compromiso del INE y de las autoridades para que, mediante un proceso riguroso, se preserve el derecho electoral de todos los mexicanos.
El inicio de este proceso en Talleres Gráficos de México simboliza el compromiso con la transparencia y la precisión que demandan las próximas elecciones judiciales.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, destacó la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como un paso clave hacia la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. En su conferencia matutina, la mandataria expresó que el fallo confirma que “en materia electoral no hay suspensiones”, lo que, en su opinión, despeja el camino para la histórica votación del 1 de junio de 2025.
Sheinbaum consideró que el pronunciamiento de la Corte fue “muy interesante”, pues devuelve a los jueces de amparo la facultad de otorgar suspensiones, pero deja claro que estas no aplican en asuntos electorales. Además, celebró que el fallo reconozca que las sanciones impuestas previamente a algunos servidores públicos no proceden.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein dijo que la resolución de la @SCJN del 13 de febrero "fue muy interesante" porque "regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones", además,… pic.twitter.com/QkgZgtNKtE
La resolución de la SCJN surge tras la solicitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que buscaba que al menos cuatro de los diez ministros se excusaran de votar un proyecto relacionado con la elección de 2025. Sin embargo, la Corte determinó que la petición era improcedente, permitiendo así que todos los ministros participaran en la discusión.
🚨#ÚLTIMAHORA | La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que les guste o no, LA REFORMA AL PODER JUDICIAL VA. La reforma YA PASÓ. Incluso la Corte reconoció que fue un tema ELECTORAL.
En sus declaraciones, Sheinbaum insistió en la trascendencia del proceso electoral que se avecina, asegurando que “por primera vez en México y quizá en el mundo, vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros”. Subrayó también que el Tribunal de Disciplina será clave en este cambio y llamó a la ciudadanía a participar activamente en las elecciones de junio.
