La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el calendario y los temas de los “Diálogos Nacionales para la Reformas del Poder Judicial”, que fue enviada en febrero pasado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, el diputado federal de la Cuarta Transformación, Hamlet Almaguer, quien es miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, compartió las fechas y los temas que se abordarán en los diálogos en relación al Poder Judicial.
Dichos foros darán inicio el jueves 27 de junio a las 17:00 horas en las instalaciones de la Cámara de Diputados, con el tema “¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?”, y concluirán el ocho de agosto en el estado de Sinaloa, con el tema “Impartición, procuración de justicia y seguridad pública”.
Hoy sesionamos en la Comisión de Puntos Constitucionales, ya hay temas y fechas para los foros de Reforma Judicial.
— 🇲🇽 Hamlet Almaguer (@hamlet_almaguer) June 22, 2024
Además, de que el segundo foro se realizará en Jalisco y se abordará el tema de la integración del Poder Judicial, es decir la elección de los ministros, magistrados y jueces, la idoneidad de los postulantes y la duración de los cargos.
Cabe recordar que, los foros se realizarán en diversos estados de República y en los que se tiene previsto invitar a los diálogos a los integrantes del Poder Judicial, como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como asociaciones, barras de abogados y las personas interesadas en participar.
Asimismo, se espera que el dictamen definitivo que será nutrido con los diálogos, en los que se informará los alcances de la reforma al Poder Judicial de la 4T, sea aprobado a finales del mes de agosto.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) vuelve a estar en el ojo del huracán tras gastar más de 112 millones de pesos en seguros. Según una investigación del destacado periodista Ricardo Sevilla, el contrato con la empresa SURA SA de CV, firmado en diciembre de 2023, ha levantado polémica por sus elevados montos y aparentes irregularidades.
En diciembre de 2023, el Poder Judicial de la Federación contrató a la empresa SURA SA de CV. para que le prestara un servicio plurianual de seguros.
— Ricardo Sevilla Gutiérrez (@sevillacritico) June 21, 2024
El acuerdo, rubricado por varios altos funcionarios del PJF, incluía seguros institucionales de bienes patrimoniales y la facilitación de seguros voluntarios para casa-habitación de servidores públicos, pensionados y jubilados. El contrato fue firmado el 20 de diciembre a las cinco de la tarde en la Dirección General de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura Federal, ubicada en Jardines en la Montaña, Tlalpan.
El contrato se firmó el 20 de diciembre a las cinco de la tarde, en la Dirección General de Recursos Materiales del Consejo de la Judicatura Federal, en la Carretera Picacho Ajusco No. 170, Piso 7, Ala "A", Col. Jardines en la Montaña, en la alcaldía Tlalpan, aquí en la CDMX. pic.twitter.com/BgwWp86p1T
— Ricardo Sevilla Gutiérrez (@sevillacritico) June 21, 2024
A lo largo de 2023, diversas instituciones del Poder Judicial, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizaron pagos significativamente menores a los vistos en 2024. Por ejemplo, en 2023, el TEPJF pagó 12,902 pesos por una póliza múltiple, mientras que la SCJN desembolsó 23,752 pesos por un servicio similar. El Consejo de la Judicatura Federal pagó 118,823 pesos por una póliza múltiple integral.
Y ese mismo 2023, el Consejo de la Judicatura Federal pagó 118 mil 823 pesos por una póliza múltiple integral a SURA SA de CV.
No obstante, para el ejercicio 2024 y 2025, las cosas cambiaron. Y cambiaron radicalmente.
— Ricardo Sevilla Gutiérrez (@sevillacritico) June 21, 2024
Sin embargo, en 2024 y 2025, estos costos se dispararon. La SCJN pasó de pagar 23,752 pesos a 8,528,924 pesos anuales, totalizando 17,081,600 pesos por los dos años. El TEPJF aumentó su pago a 9,149,997 pesos anuales. El Consejo de la Judicatura Federal fue aún más lejos, desembolsando 43,229,789 pesos por año, sumando un total de 86,578,401 pesos en dos años.
El periodista asegura que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, y sus subalternos estaban al tanto de estos exorbitantes gastos. El contrato plurianual, al cual tuvo acceso Sevilla, está firmado por María del Carmen Andonegui Lara, Rafael Montes Morales y Miguel Ángel Hernández Ojeda, altos representantes del Consejo de la Judicatura Federal y la SCJN.
También está firmado por Rafael Montes Morales, representante de la Dirección General de recursos humanos de la @SCJN y por Miguel Ángel Hernández Ojeda, representante de la dirección General de Servicios Generales del @CJF_Mxpic.twitter.com/CwlvNJGWBl
— Ricardo Sevilla Gutiérrez (@sevillacritico) June 21, 2024
Este escándalo financiero pone en entredicho la gestión de recursos del Poder Judicial, destacando la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos y la urgencia de la Reforma Judicial.
El juez Adrián Fernando Novelo, a cargo del Juzgado Primero de Distrito de Mérida, ha decidido suspender las obras del Tramo 5 del Tren Maya, afectando significativamente el progreso de este importante proyecto de la Cuarta Transformación. Esta medida se basa en supuestas preocupaciones ambientales en las zonas de Playa del Carmen y Tulum en el estado de Quintana Roo.
El Universal informó el miércoles 19 de junio de 2024 sobre la postura del juez en Yucatán, quien ha cuestionado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por supuestamente “no seguir al pie de la letra los lineamientos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”. Sin embargo, esta acción judicial parece ignorar los esfuerzos que ya se están haciendo para cumplir con dichas normativas y minimizar el impacto ambiental.
Es importante recordar que la normativa de Semarnat fue emitida en 2022 y desde entonces, los responsables del Tramo 5 han estado trabajando arduamente para alinearse con estas regulaciones. Las observaciones realizadas por la Procuraduría Federal al Medio Ambiente (Profepa) han sido tomadas en serio y se están implementando medidas correctivas.
La decisión del juez Novelo y la intervención del Poder Judicial representan un obstáculo significativo para un proyecto vital para el desarrollo económico y social del Sureste mexicano. El Tren Maya está diseñado para mejorar la infraestructura, conectar comunidades, fomentar el turismo y generar empleo. La suspensión de las obras no solo retrasa estos beneficios, sino que también afecta negativamente a miles de trabajadores y sus familias.
Cabe mencionar que el Tren Maya tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Las acciones judiciales que impiden el avance del proyecto parecen desproporcionadas y no consideran el equilibrio que hay entre el desarrollo económico y la conservación del entorno natural.
No es sorpresa que ante la Reforma al Poder Judicial, jueces y magistrados tomen este tipo de decisiones con el fin de “afectar” los proyector de la 4T, pero que en realidad afectan al pubelo mexicano, el cual no dejará pasar estos atropellos al momento de votar los las nuevas autoridades encargadas de la impartición de justicia.
Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero, hace berrinche por el contundente mensaje que envió el pueblo mexicano para que se reforme al Poder Judicial y limpiarlo de la corrupción, tras la encuesta levantada por Morena el pasado fin de semana.
En su columna de opinión “Coordenadas”, el periodista se queja sobre que el movimiento de la Cuarta Transformación haya consultado la “opinión del pueblo”, para definir el rumbo de la reforma constitucional al Poder Judicial, razón por la cual sugirió que Morena consulte sobre el pago de impuestos.
Enrique Quintana. Foto: enriquequintana.com
Si la ‘opinión del pueblo’ es la que va a decidir lo que se hace o no se hace en este y en el próximo gobierno, sugiero que Morena organice una encuesta en la que le pregunte a la gente si quiere seguir pagando impuestos o si prefiere no hacerlo.
Aunque su planteamiento es engañoso, ya que la propia Constitución no permite realizar “consultas populares” en materia fiscal, alegando que la política fiscal es elaborada por especialistas y para después preguntar sobre la decisión de dejar al pueblo elegir a los ministros, magistrados y jueces.
Además, el vicepresidente de El Financiero alentó la narrativa de que Morena plantea conformar un nuevo Poder Judicial a la medida, y que lo empresarios que han dado su voto de confianza a la 4T podrían cambiar de opinión, una acción que ha sido negada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Cabe mencionar que, en su reciente encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pidió confianza a los empresarios y aseguró que a pesar de tener mayoría en el Congreso de la Unión, siempre habrá diálogo con diferentes sectores sociales de México.
El conservador Diego Valadés Ríos, junto a otros académicos son quienes están detrás del documento “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales”, con el que se lanza en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum.
Aunque, el documento de este grupo de expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas fue bateado por la propia rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que las autoridades universitarias precisaron que el contenido del análisis no representa el posicionamiento de toda la comunidad universitaria.
Este grupo está ligado al ex titular del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova y al ex ministro Diego Valadés, quien es un personaje muy cercano a Carlos Salinas de Gortari y a Ernesto Zedillo, los ex presidentes que impulsaron las privatizaciones de las empresas mexicanas.
Diego Valadés Ríos (Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM), es quien está detrás de la postura en contra de las reformas de AMLO y Claudia Sheinbaum.
Valadés, es un personaje cercano a Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Fué Procurador y Ministro. RT👇 pic.twitter.com/1iZqbGlGUL
— David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) June 17, 2024
Valadés Ríos, en 1994 fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por alrededor de tres meses y lo que le significó una pensión dorada, a pesar del periodo tan corto que estuvo en el cargo. El intelectual de derecha recibe una pensión de 286 mil 423 pesos mensuales, de acuerdo a una investigación realizada por Daniel Flores para Reporte Indigo en 2023.
Diego Valadés. Foto tomada de El Economista.
Además. Dego Valadés fue titular de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colorsio, y fue quien viajó junto a Manlio Fabio Beltrones para iniciar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.
Actualmente, el académico forma parte del grupo que tiene controlado el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que tienen una gran influencia en el interior de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Esta mañana el Presidente López Obrador abordó el tema de que la DEA presuntamente mandó un comunicado interno advirtiendo que grupos criminales podrían postular a personas para que se conviertan en jueces, ministros o magistrados, una vez aprobada la Reforma al Poder Judicial, por lo que el tabasqueño le recomendó a la agencia estadounidense que mejor “no metan su cuchara”.
“La opinión de la DEA, se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia porque México es un país independiente. Y con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos?”.
sentenció
El mandatario mexicano fue directo y al grano, mencionando que él nunca se metería en el caso de García Luna para acelerar su sentencia, en sentido de no entrometerse en los asuntos de otras naciones.
“¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros? Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, dando largas y largas, no me corresponde meterme”.
Mencionó
Cabe mencionar que todo podría tratarse de una noticia falsa, ya que el rumor surgió de Salvador García Soto, ex colaborador de Televisión Azteca e infame por su nula capacidad para verificar información, lo que lo lleva a compartir noticias falsas que en cuestión de minutos son desmentidas.
La reciente propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un intenso debate en México. Esta reforma busca transformar radicalmente la manera en que se eligen los jueces, magistrados y ministros, proponiendo su elección mediante voto popular.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 integrantes, con periodos de encargo reducidos de 15 a 12 años y la eliminación de pensiones vitalicias. Además, se pretende eliminar las salas primera y segunda del máximo tribunal, permitiendo únicamente que el Pleno sesione de manera pública. En cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se propone reducir el número de magistrados a 5 con mandatos escalonados de 6 años, y reemplazar el Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial. El aspecto más controvertido de la reforma es la propuesta de elegir a ministros, magistrados y jueces mediante voto directo a partir del primer domingo de junio de 2025, con candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes de la Unión, enfatizando la eficiencia, capacidad y probidad de los postulantes en la procuración e impartición de justicia.
Durante su gobierno, ya se aprobó una reforma judicial en marzo de 2021, que introdujo cambios importantes en la estructura y las reglas procesales del Poder Judicial. Sin embargo, la nueva iniciativa pretende ir más allá, democratizando completamente la selección de jueces y magistrados a nivel federal y estatal. Esta medida, aunque polémica, busca combatir la corrupción y acercar la justicia al pueblo.
Uno de los principales argumentos a favor de esta reforma es la percepción de corrupción en el Poder Judicial. Muchos ciudadanos sienten que el sistema actual favorece a las élites políticas y económicas, dejando de lado los intereses del pueblo. La elección democrática de los jueces puede aumentar la legitimidad del sistema judicial y garantizar que los jueces sean verdaderos servidores públicos.
Además, la democratización del Poder Judicial puede mejorar el acceso a la justicia. La propuesta de AMLO promete una justicia más transparente y equitativa, eliminando barreras que actualmente impiden a muchas personas obtener una resolución justa y expedita de sus casos. Al estar sujetos al escrutinio público, los jueces tendrán un incentivo mayor para actuar con imparcialidad y eficiencia.
La rendición de cuentas es otro aspecto crucial de esta reforma. Al ser elegidos por el pueblo, los jueces deberán responder directamente ante los ciudadanos, lo que podría reducir significativamente la influencia de intereses privados en sus decisiones. Esto fortalece la independencia judicial y asegura que las decisiones judiciales reflejen los valores y necesidades de la sociedad.
Los críticos de la reforma argumentan que la elección de jueces mediante voto popular podría comprometer su imparcialidad. Sin embargo, es importante considerar que el sistema actual también tiene sus limitaciones y no garantiza una imparcialidad absoluta. La reforma propone salvaguardias y requisitos estrictos para los candidatos, asegurando que sean profesionales capacitados y éticos.
La comparación con otros países que han implementado sistemas similares, como Bolivia, ha generado preocupación. No obstante, el contexto mexicano es diferente, y las salvaguardias propuestas pueden mitigar los riesgos observados en otros lugares. Además, la implementación gradual y cuidadosa de la reforma puede permitir ajustes y mejoras en el proceso.
Las encuestas recientes encargadas por Morena muestran un amplio apoyo popular a la reforma. Según los resultados, la mayoría de los mexicanos está a favor de elegir a los jueces mediante voto popular. Este apoyo refleja el deseo del pueblo por una justicia más accesible y menos corrupta, alineándose con los objetivos de la propuesta de AMLO.
Es fundamental reconocer la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones. La reforma al Poder Judicial no solo fortalece la democracia, sino que también empodera a los ciudadanos, dándoles una voz directa en la selección de sus jueces. Esto puede aumentar la confianza en el sistema judicial y fomentar una cultura de justicia y legalidad.
La reforma propuesta por AMLO ofrece una oportunidad única para transformar el sistema judicial en México. Aunque existen desafíos y críticas legítimas, los beneficios potenciales en términos de acceso a la justicia, transparencia y rendición de cuentas son significativos. Esta reforma puede ser un paso crucial hacia una justicia verdaderamente democrática, donde los jueces sean verdaderos servidores del pueblo.
La justicia debe estar al servicio del pueblo, y esta reforma nos acerca a ese ideal. La participación y el escrutinio público son esenciales para construir un sistema judicial más justo, imparcial y accesible para todos.
La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
En 1893, una vez fuera de prisión tras participar en una tumultuosa y sangrienta manifestación en contra de Porfirio Díaz, Ricardo Flores Magón comenzó su labor periodística en el periódico de oposición El Demócrata, y su primer objetivo fueron los jueces: “Nada repugna más que el juez desvergonzado que vende la justicia y trafica con ella. De la recta aplicación de la ley en México, dependerá que no prosperen en nuestro suelo las doctrinas disolventes…Urge que haya defensores y no cómplices, que haya togados y no fantoches, que no se ultraje a la justicia haciendo la apología de los delitos; no se tuerza lamentablemente a la ley para hacer resaltar la inocencia del bandido” agregaba la pluma valiente y viril de Flores Magón.
Lamentablemente 131 años después que el precursor de la Revolución mexicana denunciara en sus publicaciones las arbitrariedades e inmoralidades cometidas por los jueces de aquel entonces, el Poder Judicial se mantiene como un bastión donde operan las fuerzas conservadoras que buscan desvirtuar el cambio político iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde que la ministra Norma Piña Hernández presidiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero del 2023, ha usurpado las facultades del Poder Legislativo para que los ministros trafiquen con la justicia y tuerzan la ley para resaltar la apología de los delitos, es decir, lleven a cabo atropellos como la exoneración de ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el descongelamiento de las cuentas de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, el perdón a Emilio Lozoya por Agronitrogenados, la liberación de Juan Collado, Rosario Robles, de secuestradores y huachicoleros. También no hay que olvidar la escandalosa cena organizada por la ministra presidenta de la SCJN con magistrados electorales para acercarlos con Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A través de una investigación periodística hecha por Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones especiales de Milenio, esta reveló el acuerdo entre Piña Hernández y Reyes Rodríguez Mondragón, entonces presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para mantenerlo en su puesto hasta la conclusión del proceso electoral.
La Cuarta Transformación (4T) se ha propuesto reformar la naturaleza del país heredado del régimen neoliberal, es decir, usar los instrumentos disponibles del ejecutivo para deshacer, debilitar enclaves dentro del propio aparato gubernamental, que se han convertido en faros de defensa de los intereses de los poderes fácticos. Sin embargo, esto fue inviable al no contar con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.
Gracias a la movilización de las masas en los actos masivos y en las urnas electorales, la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) obtuvo la mayoría calificada en el Congreso y así aprobar las 20 iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente López Obrador el 5 de febrero. Desde San Lázaro, el diputado Hamlet García Almaguer explicó que, de acuerdo con la cuarta fracción del artículo 54 de la Constitución, existen dos candados que limitan la sobrerreprentación de algún partido político, contrario a como lo opinan los opositores al presidente “La mayoría calificada está garantizada conforme a los criterios que actualmente se aplican y que se han aplicado en los últimos procesos electorales. Sólo que ahora que no les gustan las reglas, quieren cambiarlas” explicó el diputado.
Encuestadora
Por elección del pueblo de México
Por la Cámara de Senadores
No sabe. No contestó
De las Heras
68%
25%
7%
Enkoll
75%
21%
4%
Comisión de encuestas de Morena
75%
18%
7%
Por otro lado, Mario Delgado, presidente de Morena, hizo entrega de los resultados de las encuestas nacionales sobre la reforma al Poder Judicial a la Dra. Claudia Sheinabum Pardo, virtual presidenta electa, para que fueran presentados en su conferencia de prensa el lunes pasado y así conocer la opinión de la ciudadanía sobre la reforma en materia judicial. Para ello, las empresas contratadas por el partido guinda fueron Enkoll y De las Heras, de un ejercicio de sondeo más aplicado por la encuestadora de Morena. Entre el 65% y el 75% de los mexicanos piensa que los ministros de la SCJN deben de ser elegidos por el voto popular. Una de las preguntas formuladas por estas encuestadoras a los ciudadanos fue la siguiente ¿Cómo cree usted que deberían ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Y los resultados son contundentes
Como es sabido, uno de los objetivos de esta reforma, es la elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces. Para el 2025 se llevará a cabo una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo, podrán participar en las elecciones en igualdad de condiciones.
Las y los ministros de la SCJN, Magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas; el Poder Legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada cámara (Diputados y Senadores) por mayoría calificada; y el Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de 6 votos. Los 1,633 magistrados de Circuito y Jueces de Distrito deberán ser elegidos en cada uno de los 32 circuitos judiciales en elecciones ordinarias a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo (2 por cada Poder de la Unión). El organismo que organizará la elección es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituirá al Instituto Nacional Electoral (INE), en caso de aprobarse la reforma constitucional en materia electoral. Durante el proceso electoral y los resultados de la elección, el Senado de la República verificará que las candidaturas cumplan con los requisitos de ley, como contar con la licenciatura en Derecho y experiencia en la materia.
No obstante, las voces opositoras han reaccionado a la iniciativa presidencial, como el ministro Luis María Aguilar Morales, “Si no hay Suprema Corte independiente que se haga respetar la Constitución y los derechos humanos, esto está acabado, entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable” afirmó el ministro en entrevista para la revista Abogacía. Más aún, la Academia Mexicana de Ciencias Penales (AMCP) manifestó su rechazo absoluto al proyecto que pretende remover de su cargo a las y los jueces del país para sustituirles por otros provenientes de una elección popular. Miguel Ontiveros Alonso, presidente de la AMCP, afirmó que resulta inaceptable la pretensión de “instrumentalizar a los poderes judiciales de la República, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que ha sido valladar contra los actos de poder y las normas que violan los derechos humanos”.
La movilización popular en los actos masivos y el triunfo en las urnas electorales el pasado 2 de junio, fueron suficientes sólidos para otorgarle legitimación democrática y legal al Plan C para aprobar la reforma más importante en materia judicial. No pretende entrar a una etapa de autoritarismo, como menciona el ministro al servicio de los intereses de Ricardo Salina Pliego. Se busca que el voto popular corte los tentáculos de los poderes fácticos en este bastión que ha resaltado la apología de los delitos al defender los intereses de las elites, de las trasnacionales y del crimen organizado. Por lo cual, se logrará el ideal de Ricardo Flores Magón de que existan defensores y togados que cumplan con la recta administración de la ley en México.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que las encuestas presentadas por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) muestren que la mayoría de la población está de acuerdo con la elección de jueces y magistrados a través del voto, una propuesta incluida en la reforma al Poder Judicial impulsada por su gobierno.
“Es lo que opina la gente, son los sentimientos del pueblo, primero porque es evidente que se necesita una reforma (…) mucho influyentismo, corrupción, nepotismo y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada”, declaró desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.
El mandatario destacó que la ciudadanía está a favor de una democracia participativa y desea ser tomada en cuenta. “A la gente le importa mucho participar, ser tomada en cuenta si se les pide que participen en una consulta, porque es un pueblo participativo, que no quiere ser excluido (…) quiere la democracia participativa”, añadió.
López Obrador mostró tranquilidad al resaltar los resultados de las encuestas que indican que la población desea que los jueces y magistrados sean electos por voto popular. Además, hizo un llamado a las cúpulas conservadoras a adaptarse y respetar la democracia. “No extraña que la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, de magistrados, de ministros, la mayoría quiere eso”, enfatizó.
El presidente subrayó la importancia de una reforma al Poder Judicial, recordando que en el pasado la gente desconocía quiénes eran los magistrados o jueces en activo. “Antes, cuántos se enteraban de lo que pasaba en el Poder Judicial, era un poder clandestino, nadie sabía nada”, afirmó, destacando que ahora se tiene más información gracias a su gestión y a algunos medios de comunicación.
López Obrador también enfatizó la necesidad de informar sobre el papel del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República en el proceso legal, aclarando que ya no es el Ejecutivo quien autoriza las órdenes de aprehensión, sino el Poder Judicial. “Es importantísimo porque es el poder que tiene la última palabra”, concluyó.
