A partir de la negativa de las bancadas de los partidos de oposición, para impulsar la Reformas Constitucionales pertinentes en favor de la sociedad y la posterior intervención del poder judicial bloqueando de manera mafiosa las desiciones legislativas, el presidente Obrador convocó al pueblo Soberano a impulsar mediante el método democrático a través de la elección del poder legislativo, para tener así la suficiente representación en las cámaras y realizar las Reformas pertinentes en beneficio de la mayoría de la sociedad, mediante el ya mencionando Plan C.
Aún cuando los partidos opositores al gobierno Obradorista y los miembros de la Oligarquía se coludieron para impulsar mediante la inversión de grandes sumas de recursos económicos sin precedentes en la campaña electoral, con el único objetivo de promocionar su “proyecto” opositor al plan C, su estrategia maquiavélica no funcionó, lo que derivó en una tremenda derrota que abono el camino para lograr el objetivo planeado por nuestro presidente.
Aunque los resultados en la elección fueron apabullantes en favor de la alianza morena, PT, verde, los 3 partidos que lograron el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y a solo dos escaños de obtenerla en la cámara de senadores. Los miembros de la oposición, de la mafia del poder, medios de comunicación y sus grupos delincuenciales afines al servicio de la Oligarquía, buscan por todos los medios defender sus intereses mediante el control del poder judicial.
Es un secreto a voces que existe una mafia en el poder judicial que se encuentra controlado desde la misma presidencia por la ministra Norma Piña, con base en juzgadores que ponen al mercado la impartición de la justicia.
Es lógica la resistencia y el apoyo que obtienen los miembros de la “Tremenda Corte” y sus subordinados por parte de los poderes fácticos que apoyaron la candidatura opositora, los mismos que acusaron al presidente y a la candidata Claudia Sheinbaum de estar vinculados al narcotráfico, sin presentar alguna evidencia, los mismos críticos que señalan el riesgo de que se infiltre el crimen organizado, cuando es evidente como el poder económico es el que garantiza la libertad para cualquier delincuente del crimen organizado o de cuello blanco.
Acaso no fue el actual ministro Luis María Aguilar quien guardo por varios meses el expediente del adeudo a la hacienda pública de Grupo Salinas, no fue la jueza Nadia Villanueva Vázquez quien libero al hijo del Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, que ahora se encuentra detenido en Estados Unidos ?
Podernos enumerar infinidad de casos de injusticia donde el dinero y las influencias políticas son las que inciden en una sentencia absolutoria, de culpabilidad o para frenar el proceso legal como en los casos de Javier y César Duarte, Rosario Robles, Abraham Oseguera, Israel Vallarta…
¿Alguien en su sano juicio va a creer el argumento sobre las posibilidades de que se infiltre el crimen organizado en el poder judicial? Cuando las evidencias señalan que al tener el control de la última instancia judicial no es necesario, mientras se tengan recursos económicos suficientes para comprar a jueces, magistrados y ministros.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
