La justicia no sólo debe parecer justa; debe serlo en cada rincón de México. Hoy, el país enfrenta una oportunidad histórica para transformar su sistema judicial y acercarlo a la gente. La reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador, aprobada recientemente por la Cámara de Diputados, propone un cambio profundo: La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a partir de 2025. Esta medida, aunque polémica, tiene el potencial de democratizar un sistema tradicionalmente opaco y distante, devolviendo al pueblo el poder sobre quienes imparten justicia.
La propuesta va más allá de elegir a los jueces. Plantea la reducción del número de ministros de la Suprema Corte, la creación de un Tribunal de Disciplina y un nuevo Órgano de Administración Judicial. Estos cambios buscan que el Poder Judicial sea más eficiente, menos burocrático y, sobre todo, más transparente. Se trata de que cada decisión, cada sentencia y cada juicio además de apegarse a la ley, sean también entendibles y visibles para todos los mexicanos.
En muchos países, como Bolivia y algunos estados de Estados Unidos, ya se eligen jueces mediante voto popular. Aunque estas experiencias no están exentas de desafíos, han demostrado que la elección directa de autoridades judiciales puede fortalecer la rendición de cuentas y hacer que los jueces respondan directamente ante la ciudadanía. Si el pueblo elige a sus gobernantes, ¿Por qué no también a sus jueces?
Uno de los argumentos más comunes contra la reforma es que la elección popular podría poner en riesgo la independencia judicial. Sin embargo, este temor no reconoce que la verdadera independencia no radica en el aislamiento, sino en la legitimidad y la confianza pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que los componentes esenciales de una justicia independiente incluyen estabilidad en el cargo y protección contra presiones externas, no la exclusión del escrutinio ciudadano.
La reforma garantiza que quienes aspiren a ser jueces y magistrados cumplan con altos estándares académicos y profesionales. Además, los jueces no estarán indefinidamente en sus puestos, sino que tendrán periodos limitados con posibilidad de reelección, lo que asegura un sistema judicial renovado y dinámico, comprometido con la justicia y la legalidad.
Actualmente, el Poder Judicial es visto como un bastión inalcanzable y, a menudo, desconectado de la realidad de la gente. Las decisiones judiciales son frecuentemente opacas y difíciles de entender para la mayoría de los ciudadanos. Con esta reforma, se pretende que jueces y magistrados no sólo sean elegidos por su conocimiento técnico, sino también por su capacidad de representar los valores y expectativas de la sociedad. No se trata de politizar la justicia, sino de democratizarla.
La creación de un Tribunal de Disciplina y un Órgano de Administración Judicial busca, además, poner orden en casa. Estas instituciones permitirán una mayor supervisión y control interno, asegurando que el sistema judicial funcione de manera correcta y se sancionen las malas prácticas. Se trata de hacer un Poder Judicial más eficiente y justo, que no únicamente imparta justicia, sino que también sea justo en su funcionamiento.
Es natural que un cambio de esta magnitud enfrente resistencias. Trabajadores del Poder Judicial y algunos sectores empresariales han expresado sus preocupaciones, advirtiendo sobre posibles impactos negativos. Sin embargo, muchas de estas críticas se basan en el miedo al cambio y en la desinformación. La realidad es que una justicia más transparente y accesible puede fortalecer la inversión y la confianza en México, creando un entorno más seguro y predecible para todos.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha dejado claro que no cederán a presiones externas, como las advertencias sobre el impacto en la relación comercial con Estados Unidos. La reforma responde a un mandato popular: Hacer que el sistema judicial sea más cercano, más humano y verdaderamente al servicio del pueblo.
La reforma al Poder Judicial es una oportunidad única para redefinir el sistema de justicia en México. Es un paso hacia un país donde la justicia no sea privilegio de unos pocos, sino un derecho accesible para todos. Es una apuesta por un México donde la soberanía popular se extiende también a quienes tienen en sus manos la tarea más sagrada: Impartir justicia.
Al final del día, esta reforma no sólo cambiará la forma en que se eligen los jueces; cambiará la manera en que todos los mexicanos nos relacionamos con la justicia. Y eso, sin duda, es un avance hacia un mejor futuro para nuestro país.
- La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales, Subdirectora Ejecutiva en la Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ex Secretaria de la Mujer Oaxaqueña. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
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