Desde este 16 de octubre, tribunales y juzgados del Primer Circuito en la Ciudad de México han declarado días inhábiles debido a un paro de actividades relacionado con la inconformidad de los trabajadores respecto a la reforma judicial. La medida, que se extenderá hasta el 18 de octubre, afecta a 63 tribunales y juzgados federales, incluyendo órganos en materias de trabajo, civil y extinción de dominio.
Los empleados, quienes demandan que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) defina su postura sobre la suspensión de actividades, se manifestarán frente a la sede del CJF. A su vez, exigen que el organismo garantice el cumplimiento de 17 puntos incluidos en su pliego petitorio. Fernando Migues, uno de los líderes del movimiento, señaló que el CJF ha ignorado suspensiones judiciales y no ha atendido las demandas clave del gremio.
En el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, las puertas permanecen cerradas y una circular oficial confirma la suspensión de actividades. No obstante, los tribunales de guardia seguirán atendiendo asuntos urgentes de manera electrónica.
Este paro también se ha extendido a los juzgados del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, donde se declaró día inhábil a partir del 14 de octubre, afectando términos judiciales mientras dure la suspensión.
En la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), presentó un detallado informe sobre los avances del proceso electoral que definirá a los nuevos juzgadores del Poder Judicial en 2025. El sábado 12 de octubre, el Senado de la República celebró un evento clave en este proceso: la insaculación mediante tómbola, que seleccionó de manera aleatoria los cargos que serán renovados el próximo 1 de junio de 2025.
Rosa Icela Rodríguez destacó que la tómbola se realizó de forma completamente imparcial, asegurando el respeto a los derechos humanos de los aspirantes, y se aplicó una perspectiva de género para excluir ocho plazas que involucraban a juzgadoras en condiciones de maternidad. “Garantizamos la transparencia y el respeto a los derechos de las y los juzgadores”, afirmó la funcionaria, subrayando la importancia de este mecanismo para elegir 464 magistraturas y 386 juzgados federales.
➡️El sábado 12 de octubre el @senadomexicano determinó la elección de 850 cargos judiciales el 1 junio de 2025: ▪️464 Magistraturas ▪️386 Juzgados… pic.twitter.com/cKpR7rplVA
Rodríguez también detalló los siguientes pasos para la elección de los cargos judiciales, resaltando la importancia de una correcta aplicación de la reforma al Poder Judicial. Para el 16 de octubre de 2024, el Senado emitirá la convocatoria que permitirá la formación de los Comités de Evaluación, los cuales se instalarán el 31 de octubre. Posteriormente, el 4 de noviembre se publicará la convocatoria para quienes deseen participar en el proceso extraordinario de elecciones, con las inscripciones abiertas a partir del 24 de noviembre.
Una etapa crucial llegará en diciembre, cuando los Comités de Evaluación verifiquen la documentación de los aspirantes. La titular de la SEGOB señaló que para antes del 15 de diciembre deberán estar aprobadas las reformas a las Leyes Secundarias, responsabilidad que recae en el Congreso Federal. Esto asegurará la correcta implementación del proceso, cuya fase final se llevará a cabo en 2025.
2025: Año Decisivo para la Justicia en México
El 2025 marcará un año decisivo para el sistema judicial del país. El 31 de enero, los Comités de Evaluación seleccionarán a los finalistas, mientras que el 5 de febrero se llevará a cabo una nueva insaculación para reducir las listas de aspirantes, obteniendo tres candidaturas para cada cargo de Ministro, Magistrado Electoral y Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, y dos candidaturas para Juez de Distrito y Magistrado de Circuito. El 12 de febrero, estas listas se enviarán al Instituto Nacional Electoral (INE), que supervisará el proceso.
Las campañas electorales tendrán lugar del 30 de marzo al 28 de mayo, y el 1 de junio se llevarán a cabo las elecciones que definirán a los nuevos juzgadores. Finalmente, el 1 de septiembre de 2025, los elegidos tomarán protesta de sus cargos en el Senado de la República.
Este proceso, que incluye un complejo sistema de selección, garantiza la independencia del Poder Judicial y la transparencia en la elección de sus miembros, elementos esenciales para fortalecer el estado de derecho en México.
En recientes horas, De las Heras hizo público su más reciente estudio respecto a la opinión popular sobre la ya promulgada Reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual sigue su avance en el Congreso de la Unión para la elección de las y los primeros impartidores de justicia el año entrante.
En cuanto a la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF), el 15 por ciento menciona que “todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos”, mientras que el 41 por ciento considera que “la mayoría son corruptos”, sumando 56 puntos en este mismo sentido.
En cuanto a las elecciones de jueces y magistrados, el 69 por ciento esta de acuerdo con que sean electos mediante el voto popular, tal y como lo maneja la Reforma, mientras que el 23 por ciento declara que es el Consejo de la Judicatura Federal el que debería designarlos. Tan solo el 8 por ciento mencionó “no saber” cual de los dos métodos sería el mejor.
El 62 por ciento también dijo que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberían ser elector por el pueblo a través del sufragio; en este caso el 32 por ciento respondió que deberían ser electos por el Senado de la República.
Finalmente el 67 por ciento de los mexicanos mencionan que con la Reforma al Poder Judicial mejorará la impartición de justicia en el país, mientras que el 14 por ciento dice que “se quedará igual”. Tan solo el 10 por ciento mencionó que la aplicación de justicia “empeorará”.
Ante la inminente realidad de la elección popular de jueces y magistrados en México, muchos de los funcionarios del Poder Judicial, que hasta hace unas horas mantenían un paro laboral indefinido, han decidido levantar la huelga y volver a sus funciones. La presión de ver al pueblo tomar el control sobre sus cargos parece haber impulsado este cambio de postura.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito anunció que tras una votación interna, 684 trabajadores votaron a favor de retomar sus actividades, mientras que 572 deseaban mantener la huelga. Sin embargo, la amenaza de perder su influencia ante las urnas parece haber sido más fuerte que sus demandas laborales. A partir del 16 de octubre de 2024, los jueces y magistrados volverán a trabajar, aunque seguirán buscando formas de protestar de manera menos drástica.
¿Regreso por convicción o por miedo a perder el poder?
El regreso al trabajo no parece ser un acto de solidaridad con el pueblo ni de auténtica voluntad de diálogo. El verdadero motivo parece ser el miedo a la reforma que permitirá que por primera vez en la historia de México, jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo, en lugar de perpetuar un sistema elitista donde sus puestos estaban fuera del alcance de los ciudadanos.
Durante años, el Poder Judicial ha gozado de una autonomía que, en muchos casos, ha generado descontento en la sociedad. Pero ahora, con la reforma en marcha y la elección popular a la vuelta de la esquina, los jueces ven tambalear sus privilegios y el control que tradicionalmente ejercían sobre sus cargos.
En un comunicado, la Asociación aseguró que los trabajadores del Poder Judicial seguirán protestando por sus “derechos”, pero es evidente que lo que realmente está en juego es su poder. Al levantarse el paro, lo que queda claro es que temen la pérdida de influencia que la elección popular traerá consigo.
Una reforma que no tiene marcha atrás
El pasado 10 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro durante su conferencia matutina que la reforma del Poder Judicial es una decisión inamovible. “Ya hay una reforma constitucional, y no habrá retroceso. El pueblo de México elegirá a jueces, magistrados y ministros, porque así lo ha decidido”, subrayó la mandataria.
Las palabras de Sheinbaum enviaron un mensaje contundente a los jueces en huelga: no habrá marcha atrás en la democratización del sistema judicial. El poder que durante años estuvo en manos de unos pocos, ahora será puesto en manos del pueblo, y esa es la realidad que los jueces deben aceptar, les guste o no.
División interna en el Poder Judicial
Aunque la mayoría de los jueces votaron por regresar a trabajar, más de 500 de ellos insistieron en mantener el paro, lo que revela una clara división dentro del Poder Judicial. Este desacuerdo interno refleja el miedo generalizado a lo que podría representar la elección popular: la pérdida de un sistema que les ha favorecido durante décadas.
A pesar de su retorno a las actividades, la lucha de los jueces no es por mejores condiciones laborales ni por la defensa de los derechos de los trabajadores, sino por mantener el poder y el control sobre sus posiciones. Ahora, temen lo que vendrá: una ciudadanía que decidirá quiénes serán sus jueces y magistrados, acabando con décadas de privilegios.
El levantamiento del paro por parte de los jueces es una maniobra desesperada para frenar el impacto de la reforma judicial que les quitará el poder que han tenido durante tanto tiempo. Saben que la elección popular es inminente y que el pueblo será quien decida sobre sus futuros, algo que han intentado evitar a toda costa.
La pregunta ahora es: ¿seguirá el Poder Judicial resistiendo el cambio o finalmente aceptarán que el pueblo ha recuperado el poder que les fue arrebatado durante tanto tiempo?
A través de redes sociales, los legisladores declararon que este sábado no acudirán a la sesión en donde se insacularán los puestos de las personas juzgadoradoras del Poder Judicial, que se elegirán en 2025.
En el comunicado se puede leer que al hacer la insaculación “se está pasando por alto las suspensiones dictadas por diversos jueces federales y rompiendo equilbrio de poderes”.
Las senadoras y senadores del PAN no seremos cómplices de un atropello a nuestra Constitución y a la justicia. Nuestro compromiso es firme: defender un sistema de justicia imparcial y libre de manipulación política. pic.twitter.com/2JDISX2qIT
Así mismo aseguran que este proceso electoral ha iniciado sin el marco jurídico “No podemos validar un proceso electoral que ya inició sin el marco jurídico que le dé certeza” y no cuenta con “transparencia, imparcialidad y equidad que brinde certeza a las y los participantes”.
Finalizaron el comunicado mencionando que “Las y los senadores de Acción Nacional reiteramos nuestro compromiso con un mejor sistema de justicia libre de la influencia y manipulación política”.
Como avance de la reforma judicial este sábado 12 de octubre se llevará a cabo en el Senado de la República una tómbola para determinar las palzas de los magistrados de circuito y jueces de distrito que se elegirán en las elecciones de junio 2025.
A través de redes sociales la magistrada de Circuito María Emilia Molinacriticó con una fundamentación incorrecta, las reformas realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en favor de las elecciones del Poder Judicial, a lo que Zaldívar respondió para validar las reformas.
En su cuenta de X la magistrada reposteó una publicación en donde se hablan de las iniciativas presentas por la presidenta en donde se menciona que “El 105 fracción II penúltimo párrafo de la Constitución prohibe que se reformen leyes por lo menos 90 días antes del comienzo electoral“, Molina mencionó que se debe respetar y acatar la Constitución.
“Quienes en el discurso atacan porque la constitución debe respetarse y atacarse sin reflexión, desconociendo las facultades que LA PROPIA CONSTITUCIÓN otorga al PJF para ser contrapeso en un sistema democrático; hoy presentan iniciativas en absoluta y franca violación a una disposición constitucional”, escribió.
Quienes en el discurso atacan porque la constitución debe respetarse y acatarse sin reflexión, desconociendo las facultades que LA PROPIA CONSTITUCIÓN otorga al PJF para ser contrapeso en un sistema democrático; hoy presentan iniciativas en absoluta y franca violación a una… https://t.co/VtZFpxm2rb
Así mismo enfatizó que esto traería problemas con las reglas electorales, ya que estas son válidos para partidos político, no para jueces y magistrados.
En respuesta el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, pidió a la magistrada que leyera “los transitorios de la Constitución”, en donde se menciona y contradice el argumento de la magistrada diciendo que “Las entidades federativas tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente”.
Este enfrentamiento se da después de que, esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum enviara al Senado algunas iniciativas para ayudar a que la reforma constitucional al Poder Judicial pueda continuar.
En una controvertida sesión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó con ocho votos en contra y tres a favor el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, que pretendía declarar “notoriamente improcedente” la consulta sobre la Reforma al Poder Judicial. Este fallo ha generado indignación entre sectores del gobierno, que acusan a los ministros de intentar interferir de manera ilegal en un proceso legislativo ya culminado, lo que algunos califican como un posible golpe de Estado.
La ministra Yasmín Esquivel defendió la posición de que no se puede suspender la elección de jueces, magistrados y ministros, a pesar de la admisión de las consultas a trámite en contra de la reforma. A su juicio, esta acción representa una grave intromisión en la división de poderes, ya que la SCJN está obstaculizando una decisión soberana del Poder Legislativo.
🔴 #ÚltimaHora⚡| 📹 #Vídeo | Con 8 votos en contra y 3 a favor, la SCJN rechaza el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, la cuál buscaba declarar "notoriamente improcedente" la consulta a trámite de la Reforma al Poder Judicial. pic.twitter.com/xjK1I7nM2a
Este fallo representa un punto crítico en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que sostiene que la reforma fue aprobada de acuerdo con los principios constitucionales y que cualquier intento de frenar su implementación es un ataque directo a la soberanía popular y la estabilidad democrática del país.
Claudia Sheinbaum defiende la reforma judicial y critica a la Corte
Hace apenas unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su apoyo a la reforma al Poder Judicial de la Federación, defendiendo el proceso democrático que la originó. En su discurso, Sheinbaum subrayó que la elección de jueces, magistrados y ministros será una realidad el próximo año, tal como establece la Constitución.
En medio de la controversia sobre la constitucionalidad de la reforma, la presidenta sostuvo que la decisión de la SCJN de admitir la consulta no tiene sustento, y recalcó que la soberanía nacional debe prevalecer, ya que es el pueblo quien debe elegir a sus representantes judiciales. Esta postura se alinea con las ideas planteadas desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien promovió la reforma para “recuperar la esencia social de la Constitución”.
Sheinbaum también recordó los artículos 39 y 139 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enfatizando que el proceso de reforma se realizó conforme a lo establecido en la Carta Magna, y afirmó que en ninguna parte de la Constitución se otorga a la Corte el poder de revertir decisiones ya declaradas constitucionales. Este argumento refuerza su defensa de la elección judicial planeada para el 1 de junio de 2025, la cual, aseguró, se llevará a cabo como está previsto.
La mandataria dejó claro que no cederá ante lo que considera provocaciones de la Corte, asegurando que la coalición de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo tiene la mayoría calificada para respaldar las reformas, y que el proceso judicial será legítimo y constitucional.
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra las suspensiones emitidas por juzgados de distrito que ordenan detener las elecciones de jueces y magistrados del Poder Judicial, derivadas de la reforma constitucional.
La impugnación quedó registrada en el expediente SUP-AG-209/2024 y fue asignada al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien se encargará de elaborar un proyecto de resolución para presentarlo ante el Pleno del Tribunal Electoral. Esta impugnación se basa en el artículo 103 de la Constitución y la Ley de Amparo, que establece que ‘No se pueden emitir juicios de amparo sobre actos de índole electoral‘.
Hasta ahora, el INE ha recibido nueve suspensiones contra los comicios, que, de no acatarse, podrían acarrear sanciones como multas, destituciones o inhabilitaciones. Asimismo, en días recientes, se otorgó una suspensión provisional que ordenó al INE no llevar a cabo el proceso electoral.
Ante esta situación, el diputado federal de Morena, Ricardo Monreal,exhortó a los consejeros a no acatar las suspensiones provisionales, argumentando que son ilegales.
El representante de Morena califica como “inadmisible” que los partidos políticos quieran incidir en las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el proceso de elección de los cargos relacionados con la reforma constitucional al Poder Judicial
“Resulta inadmisible que el PAN pretenda influir en el INE en el proceso de elección de ministras, magistradas y juezas del Poder Judicial, porque es necesario recordar que, conforme al mandato constitucional, este órgano electoral tiene la exclusividad y responsabilidad de organizar, supervisar y conducir dicho proceso”.
Señala que cualquier acción de los partidos políticos es una “presión indebida” al Instituto, ya que este debe actuar de forma autónoma. Además, exhorta a los partidos políticos a “respetar la normatividad constitucional vigente”.
“Cualquier declaración o acción de las representaciones partidistas que pretenda intervenir en este proceso es, a todas luces, una presión indebida hacia el órgano electoral, que tiene el mandato constitucional de actuar de manera autónoma e independiente”
