El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha decidido suspender el proceso electoral extraordinario para 2025, que incluye la selección de jueces y magistrados. Esta decisión se toma en cumplimiento de una suspensión definitiva emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, la cual permanecerá vigente hasta que se modifique o revoque.
Adviritieron que si el proceso de selección avanza sin acatar esta suspensión, los aspirantes que se inscribieron en el PJF podrían quedar excluidos de la revisión y selección. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed) fue la responsable de promover esta medida cautelar, argumentando que la reforma judicial en curso es inatacable.
Los integrantes del comité, Wilfrido Castañón León, Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, María Emilia Molina de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo, expidieron un acuerdo instruyendo a los comités de los otros poderes suspender cualquier actividad relacionada con el proceso electoral en un plazo de 48 horas tras la notificación.
Dicho acuerdo subraya que no se puede ignorar una sentencia dictada por la sala superior del Tribunal Electoral el 18 de noviembre de 2024, advistiendo que si el comité no cumple con la suspensión, se informará al Ministerio Público Federal para iniciar investigaciones contra los involucrados. Cada miembro del comité podría enfrentar una multa significativa si no acatan esta orden.
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó hoy a los integrantes del Comité de Evaluación encargado de supervisar el proceso de selección para el Poder Judicial local. Molina destacó la necesidad urgente de reformar el sistema judicial, que actualmente enfrenta una crisis de confianza, con solo el 39% de la población confiando en jueces y magistrados, según datos del INEGI.
Brugada Molina enfatizó que el objetivo es construir un Poder Judicial accesible, efectivo y democrático, donde los ciudadanos tengan un papel activo en la elección de sus jueces. Este proceso será parte de una reforma más amplia que busca democratizar la selección de jueces y magistrados, permitiendo que sean elegidos directamente por la población. Se prevé que se elijan 95 juezas y jueces, así como 33 magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
📹 #Vídeo | Clara Brugada señala que es urgente subsanar la confianza y legitimidad del Poder Judicial, por ello es necesario que las y los nuevos jueces rindan cuenta al pueblo, como el poder Legislativo y Ejecutivo hacen. pic.twitter.com/f1OLRes34S
El Comité de Evaluación estará compuesto por cinco expertos en derecho, seleccionados por su trayectoria profesional y académica. Entre ellos se encuentran figuras destacadas como Mariana Moranchel Pocaterra, Zoraida García Castillo y Jorge Sánchez Cordero.
📹 #Vídeo | La Jefa de gobierno detalló que la selección del comité se hizo a partir del desempeño de 5 juristas destacados y anuncia a:
🔴Mariana Moranchel Pocaterra 🔴Zoraida García Castillo 🔴Patricia Daniela Lucio Espino 🔴Jorge Sánchez Cordero 🔴Juan Romero Tenorio pic.twitter.com/qQjNawPLFq
Este comité será responsable de calificar a los candidatos que se inscribirán entre el 7 y el 31 de enero. El proceso culminará con elecciones programadas para el 1 de junio, marcando un hito en la historia del país al permitir a los ciudadanos participar en la elección de sus autoridades judiciales.
La Jefa de Gobierno aseguró que este proceso será transparente y profesional, con un enfoque en garantizar que todos tengan acceso a una justicia imparcial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha afirmado que el Poder Judicial de la Federación debe reintegrar a la Tesorería de la Federación todos los recursos de los fideicomisos que le fueron asignados, un total que supera los 21 mil millones de pesos.
Durante la conferencia matutina celebrada este martes, Sheinbaum destacó que esta obligación está respaldada por la Constitución, que establece claramente que dichos fondos deben ser restituidos. La mandataria subrayó que la responsabilidad de llevar a cabo esta restitución recae en el Consejo de la Judicatura Federal y en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Tienen que restituirlos, todavía no se integran a la Tesorería, pero tienen que, eso dice la Constitución”, enfatizó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema.Hasta el 30 de junio de 2023, el Poder Judicial contaba con 14 fideicomisos que en conjunto sumaban 21 mil 538.7 millones de pesos.
Este monto se desglosa en: seis fideicomisos de la Suprema Corte con un total de 6 mil 241.9 millones de pesos, otros seis del Consejo de la Judicatura Federal con un saldo de 15 mil 280.9 millones, y dos fideicomisos del Tribunal Electoral con un monto total de 15.9 millones.Es notable que desde 2013 hasta 2023, el patrimonio total de estos fideicomisos ha crecido en 12 mil 814 millones de pesos, lo que representa un aumento real del 50.6%.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), parece negada a aceptar la realidad el México actual, y es que pese a que el pueblo ha sido claro en su deseo de elegir vía voto popular a las y los juzgadores, ha hecho un llamado urgente a suspender el mencionado proceso, señalando “severas inconsistencias y riesgos” que amenazan la confianza en el sistema democrático de la República.
De acuerdo con la asociación conservadora, estas elecciones, lejos de democratizar al Poder Judicial, vulneran los derechos humanos y ponen en peligro la imparcialidad del sistema judicial. Asimismo, criticaron el diseño y la implementación del proceso, destacando problemas logísticos y estructurales que comprometen la transparencia y confiabilidad de la votación, aún cuando las autoridades del Gobierno de México han explicado su viabilidad.
La Jufed también trata de aprovechar algunas quejas en el Instituto Nacional Electoral (INE) ha realizado sobre presuntas dificultades derivadas del recorte presupuestal, lo que ha obligado a reducir el número de casillas y operar con menos de la mitad del personal necesario para garantizar un proceso seguro y transparente. Además, alertó sobre la ausencia de una revisión exhaustiva del padrón electoral y la disminución de recursos materiales, factores que, según la asociación, afectan directamente la inviolabilidad del voto.
En un comunicado, la Jufed advirtió: “Estas irregularidades demuestran la inviabilidad de la misma, su inoperancia y desvelan que no hay un apoyo de los ciudadanos para el desmantelamiento de la justicia federal, dado el desinterés y abstencionismo que funcionarios y expertos alertan.”
En un irónico intento por defender sus privilegios, la Jufed acusó que las elecciones judiciales podrían tener prácticas propias de la derecha que impulsa, como acarreo, compra de votos y disparidad en los porcentajes de votación para los diversos cargos en disputa. También rechazaron la supuesta complejidad del modelo de votación.
Como la cereza del pastel, la organización de jueces conservadores, trató de recurrir a los inconstitucionales recursos legales con los que intentaron ir en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo mexicano, calificando esto como un “incumplimiento flagrante del orden jurídico”. En su posicionamiento, afirmaron: “Todo mexicano y mexicana debe saber que esta elección no es más que un instrumento para desmantelar el sistema de contrapesos que garantiza nuestra democracia anulando al Poder Judicial como instancia independiente.”
Sheinbaum asegura que no están en riesgo las elecciones judiciales
Este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que no existen riesgos para la realización de la histórica elección judicial programada para el próximo 1 de junio de 2025, en la que por primera vez el pueblo mexicano elegirá a ministras, ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación.
En respuesta a las críticas sobre posibles complicaciones logísticas y presupuestales, Sheinbaum fue contundente: “No hay un riesgo para la elección judicial, ni por la reducción del presupuesto ni por el poco tiempo para preparar el proceso. Esta semana me reuniré con el Instituto Nacional Electoral (INE), que ya aprobó el presupuesto y tiene propuestas concretas sobre cómo se organizarán las boletas y el desarrollo de la elección.”
La mandataria destacó los avances realizados por el INE, subrayando que el organismo ha trabajado en medidas clave para garantizar el éxito de este ejercicio democrático. Entre los puntos mencionados, resaltó que ya se han definido propuestas para las boletas electorales y el esquema organizativo que asegurará la participación ciudadana.
Sheinbaum también señaló la relevancia de este momento para la democracia mexicana: “Vamos a elegir, entre todas y todos, a las personas que estarán a cargo del Poder Judicial. Es un paso histórico y confío plenamente en la capacidad de organización del INE para llevarlo a cabo sin contratiempos.”
En una editorial publicada en el semanario Desde La Fe, la Arquidiócesis Primada de México, expresó sus “12 deseos para construir un México mejor en 2025”. Entre esos deseos, la Arquidiócesis emite su opinión sobre el Poder Judicial, algo que representa una trasgresión a los principios del Estado Laico, fundamento de la separación entre la Iglesia y el Gobierno.
Es irónico que la institución, acusada por miles de personas en el mundo, de cometer distintos abusos, como los sexuales contra menores de edad, sean quienes clamen por justicia.
No es la primera vez que la Arquidiócesis mete su cuchara en temas de estado, a pesar del marco jurídico que la limita en casos como este. Recordemos que en junio de este año se llevará a cabo la Elección Judicial, la primera vez en la historia que el Pueblo de México elegirá a personas juzgadoras: ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces.
Que podamos tener un sistema de justicia imparcial, pronto y expedito, en el que los encargados de administrar la justicia apliquen las leyes con responsabilidad; que los ciudadanos sepamos ser justos, responsables y honestos en nuestro trato cotidiano”, deseó la Arquidiócesis en el tercer punto de su editorial.
La Iglesia también cuestionó la Estrategia de Seguridad Nacional emprendida por el gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y todo su Gabinete liderado en ese tema por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al advertir que las familias viven con miedo y que las calles no son seguras para nadie.
Que México sea un lugar donde prevalezca la paz, que nuestras familias puedan vivir sin miedo; que nuestras calles, hogares y espacios públicos sean sitios seguros para todos; que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad trabajen en estrategias integrales para prevenir la violencia”, dice el punto número uno de la editorial, sugiriendo una orden desde la Iglesia hacia el Estado.
Sobre el tema de las y los migrantes, se hizo referencia a los derechos humanos y aseguró la Arquidiócesis que México no es un país sensible a las necesidades de esta comunidad, por lo que desearon que se lleve a cabo una conversión en ese sentido. Esto a pesar de que el Gobierno de México ha sido reiterativo en que además de cooperar para mejorar las situaciones de vida de las y los migrantes, atenderán las causas de este fenómeno social que atañe a todos los países de la región.
Y los ” buenos deseos” de la institución religiosa no se quedaron ahí, también abordaron los temas de la violencia y las “divisiones sociales”, muchas de las cuales de hecho se originaron desde la Evangelización impuesta por los invasores peninsulares hace ya más de 500 años. Heridas profundas que siguen lastimando la los pueblos originarios, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas LGBTIQ+, todos grupos sociales víctimas de los mensajes de odio emitidos desde el púlpito, hay que recordar eso.
Finalmente llamó la atención el punto 2 de su editorial, en el que hacen mención del Sistema de Salud Pública, sugiriendo que en México los pacientes no reciben un trato digno y advirtiendo que las condiciones de la infraestructura hospitalaria no son las mejores.
Que podamos contar con un sistema de salud accesible, donde toda persona reciba un trato digno y respetuoso; que se otorgue el debido interés al cuidado de la salud mental, que haya una mejora sustantiva en los hospitales, y que sepamos ser solidarios con los enfermos, principalmente aquellos con mayor necesidad”, dice el texto.
Tras 30 años de corrupta carrera, la jueza de Veracruz, Nancy Juárez, se despide de los tribunales. Y se va por la puerta chica, después de quedar en ridículo tras librar una absurda batalla contra la Reforma al Poder Judicial impulsada por el Pueblo de México y hecha realidad por las legisladoras y los legisladores de la 4T, cuyo dictamen finalmente entró en vigor gracias a la publicación realizada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Y es que precisamente, una de las últimas patadas de ahogada de la jueza Nancy Juárez, fue amenazar a la mandataria más amada en la historia. En octubre del 2024, la jueza le dio un “ultimátum” a la Presidenta de México, “otorgándole” 48 horas para bajar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el dictamen por el que entraba en vigor la Reforma Judicial.
Obviamente a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, las amenazas de Nancy le hicieron lo que el viento a Juárez, y ahora es Juárez, la jueza, quien tendrá que poner en su playlist “Las Golondrinas”, para intentar despedirse lo más dignamente posible del puesto que ocupó en detrimento de la justicia.
El día de hoy, 30 de diciembre, es mi último día en el que voy a laborar en activo como jueza federal de carrera judicial”, declaró en un video que compartió en redes sociales.
Nancy Juárez aseguró que no deja ningún asunto pendiente, emitió sentencias en todas las audiencias celebradas en las que participó, puntualizó.
Lo más triste del caso de la ex jueza Nancy Juárez es que nadie ni dentro ni fuera del Poder Judicial, apoyó sus sueños frustrados de llevar a la cárcel a la primera mujer Presidenta en la historia de México. Pues la mujer juzgadora de Coatzacoalcos eso pretendía ¡pobre ilusa!
Otro de los momento más patéticos que protagonizó Nancy Juárez, fue cuando concedió una suspensión provisional para evitar que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, publicara en el DOF la declaratoria de Reforma al Poder Judicial.
Luego se dio a conocer un video donde Nancy Juárez agrede verbalmente a López Obrador, durante una de sus últimas visitas a Veracruz. En aquella ocasión, provocó que alguien le aventara una botella al líder más amado de la 4T. Eso le valió críticas y la condena generalizada, no solo de integrantes del movimiento de Transformación, incluso entre la oposición, quienes le dieron la espalda por violenta.
¡¡QUE TODO MÉXICO SEPA!!
¡OTRA RATA MÁS A LA LISTA NEGRA!
NANCY JUÁREZ SALAS, JUEZA 19 DE DISTRITO EN VERACRUZ! ES LA CORRUPTA QUE SE "AMPARA" CONTRA LA REFORMA JUDICIAL!
SOBRE HECHOS CONSUMADOS! YA VOTO EL SENADO Y LOS DIPUTADOS! YA VOTARON LOS ESTADOS!
Más tarde se reveló que la jueza Nancy Juárez, además de traidora a la patria, era perseguida judicialmente por corrupta y por ejercer nepotismo en sus funciones, además de otros abusos contra empleados del Poder Judicial. ¡Toda una fichita!.
En fin, una más que se va directo al basurero de la historia.
La presidenta del Instituto Nacional Electoral de México (INE), Guadalupe Taddei, aseguró ayer que el organismo realizará “un trabajo de excelencia” en la elección del Poder Judicial programada para junio de 2025, pese al recorte presupuestal aprobado.
“El profesionalismo no solamente es poder sacar la elección cuando ya todo está acordado, también es replantear, desde las Juntas Distritales Ejecutivas, alternativas que lleguen a las direcciones ejecutivas y unidades técnicas para que puedan ser tomadas en cuenta y salir adelante con este proceso”, expresó Taddei durante la primera reunión nacional de organización de los comicios judiciales.
En el evento participaron vocales de las 32 Juntas Locales Ejecutivas, responsables de Organización Electoral, Registro Federal de Electores y Capacitación Electoral, con el objetivo de fortalecer la coordinación, análisis y retroalimentación para este complejo proceso electoral.
Taddei destacó que la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE tiene la capacidad de adaptarse e innovar, incluso ante la reducción de recursos solicitados. “A nosotros nos toca la parte del proceso electoral y yo sí soy optimista de que lo vamos a hacer muy bien”, enfatizó, recordando que el cumplimiento del mandato constitucional es una prioridad para el INE.
Asimismo, confió en el compromiso del personal del instituto para enfrentar este reto con serenidad y “prudencia para hacer nuestros trabajos sin estridencias, pero sí con mucha contundencia en el tema operativo y técnico”.
Cabe mencionar que a finales de noviembre, Taddei solicitó un presupuesto superior a los 13 mil millones de pesos para la organización de este proceso electoral. Aunque se trata de una elección histórica, ya que no contempla la participación de partidos ni campañas políticas, la cifra fue calificada como excesiva por diversos sectores, considerando la ausencia de elementos que habitualmente incrementan los costos en procesos similares.
El próximo 1 de junio de 2025, de manera histórica, el pueblo de México votará para elegir 386 jueces, 464 magistraturas y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reducirá su composición de 11 a 9 ministros, para mejorar su funcionamiento.
En el marco del proceso de selección de candidatos para la elección judicial, el juez Segundo de Distrito en Colima, Francisco Javier García Contreras, ha impuesto nuevas sanciones económicas a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando incumplimiento de resoluciones judiciales. Sin embargo, sus acciones son excesivas y con posibles repercusiones negativas en el desarrollo de la elección judicial, es decir, se oponen al proceso de democratización del Poder Judicial.
El juez justificó las multas señalando la necesidad de preservar el estado de derecho: “Se debe evitar que se pierda el Estado de derecho, lo cual es un mandato constitucional supremo creado por el pueblo desde la formación del Estado, para vivir libres de arbitrariedades fincadas en la voluntad de algunos cuantos”. No obstante, el contexto y los efectos de estas sanciones hacen evidente un impacto significativo en la operatividad del órgano electoral.
La multa impuesta, de 54,285 pesos a cada uno de los once consejeros del INE, suma un total de 162,855 pesos por persona tras las tres sanciones acumuladas. García Contreras fundamentó su decisión en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, que estipula sanciones por el incumplimiento de suspensiones provisionales dictadas por los tribunales. Según el acuerdo emitido, se acusa a los consejeros de no acatar una suspensión provisional relacionada con el expediente 937/2024, emitida inicialmente el 24 de septiembre de 2024 y modificada el 3 de octubre del mismo año.
El juez subrayó que el desacato del INE no es un hecho aislado. En el acuerdo emitido, destacó que “se evidencia nuevamente el incumplimiento a la suspensión provisional concedida en auto del veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, modificada mediante resolución emitida en sesión de tres de octubre de dos mil veinticuatro, en el recurso de queja 937/2024, por el Tribunal Colegiado de este Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima”.
Además de las sanciones económicas, el juez recordó que presentó una denuncia penal contra los consejeros ante la Fiscalía General de la República a principios de diciembre. Según el magistrado, el proceder del INE constituye un delito contemplado en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo:“A fin de que se realicen las investigaciones pertinentes en relación con el delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, al ser su proceder, el de desobedecer la suspensión provisional concedida por este juzgador”.
La mañana de este lunes, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zadívar, presentó en la mañanera del pueblo los avances del proceso de selección de participantes en la histórica elección judicial, donde el pueblo podrá elegir libremente quienes serán las y los nuevos impartidores de justicia.
En esta fase inicial se analizaron un total de 18,744 expedientes, de los cuales:
11,015 personas cumplieron con los requisitos formales y podrán continuar en el proceso.
7,432 personas fueron descartadas por no cumplir con los requisitos establecidos.
Zaldívar presentó también los resultados del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal, detallando el número de aspirantes según el cargo al que buscan postularse:
Ministro o Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): 228.
Magistrada o Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial: 183.
Magistrada o Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): 42.
Magistrada o Magistrado de las Salas Regionales del TEPJF: 225.
Magistradas y Magistrados de Circuito: 3,380.
Juezas y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación: 6,957.
El funcionario explicó que los siguientes pasos en este proceso son fundamentales para garantizar la selección de los perfiles más adecuados:
A más tardar el 31 de enero de 2025, el Comité de Evaluación determinará la idoneidad de las personas postulantes.
El 4 de febrero de 2025, se realizará una insaculación pública para depurar el listado y ajustarlo al número de personas candidatas que serán postuladas por el Poder Ejecutivo Federal, atendiendo a criterios de especialidad por materia y paridad de género.
Tras la presentación de estos datos, Zaldívar reiteró el compromiso con un proceso transparente, equitativo y orientado a fortalecer el sistema de justicia en México.
El consejero de la presidencia de la República, Arturo Zaldívar, difundió la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos de elegibilidad para la elección de personas juzgadoras de 2025.
De los más de 18 mil perfiles que se registraron como interesados en contener por un puesto como juez, jueza, ministra, ministro, magistrado o magistrada, solamente pasaron a la siguiente etapa 11 mil 14 personas, mientras que 7 mil 433 fueron descartados.
Con este listado se cierra otra etapa rumbo a la Elección Judicial, surgida del proceso de Reforma Judicial impulsado por el Pueblo de México y los legisladores de la 4T. Un gran paso hacia la democratización del Poder Judicial y hacia un verdadero acceso a la justicia.
