El modelo E30 habría provocado cientos de muertes; la medida se toma tras una demanda colectiva de afectados.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) instruyó a hospitales y almacenes de distribución en todo el país a inmovilizar y segregar los ventiladores Philips modelo E30, además de exigir al proveedor su retiro inmediato de las instalaciones médicas.
La decisión se tomó luego de que 43 personas interpusieron una demanda colectiva contra Philips México Comercial S.A. de C.V. por la distribución y omisión en el retiro de más de tres mil 500 ventiladores y dispositivos respiratorios defectuosos, muchos de los cuales continuaban en uso en hospitales públicos y privados.
Los equipos E30 llegaron a México en 2020, con registro sanitario de emergencia durante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, en 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advirtió sobre fallas graves en ese modelo y otros, por lo que ordenó suspender su uso. Mientras varios países acataron la recomendación, en México los ventiladores continuaron operando.
Según reportes internacionales, las fallas se encuentran en la espuma de aislamiento acústico y en los sistemas de calibración, lo que podría causar la liberación de partículas tóxicas, errores en los parámetros de oxigenación e incluso apagones inesperados de los equipos, lo que habría ocasionado cientos de muertes.
En su comunicado, la Cofepris también incluyó en la lista de retiro los modelos BiPAP V30, BiP A30/A40 y Bi-Level PAP, igualmente descalificados por la FDA, aunque no se ha confirmado su presencia en el país.
Esta es la primera respuesta oficial del gobierno mexicano a las denuncias sobre los más de 5 mil ventiladores E30 que Philips donó o vendió durante la emergencia sanitaria. El conflicto entre la empresa neerlandesa y su distribuidora, Healthcare Systems México, derivó incluso en tribunales tras el incumplimiento del acuerdo para retirar los equipos.
Pese a ello, Philips ha intentado demandar al gobierno mexicano para reclamar el pago de 50 millones de euros más de mil 81 millones de pesos, argumentando afectaciones por la orden de retiro.
Con esta acción, Cofepris busca prevenir nuevos riesgos sanitarios y exigir a la empresa el cumplimiento de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de pacientes y personal médico en todo el país.
Con Información de Ángeles Cruz para La Jornada
