El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su administración solicitará la pena de muerte para quienes cometan asesinatos en Washington, lo que calificó como una “medida de prevención muy fuerte”.
Durante la séptima reunión de su gabinete, Trump afirmó que: “Si alguien mata a alguien en la capital, será pena de muerte”, y aseguró que toda su administración respalda esta postura. Según el mandatario, esta medida busca enfrentar lo que él considera una criminalidad desbordada, pese a que las cifras de delitos en la ciudad se mantienen en niveles históricos bajos.
El pasado 11 de agosto, Trump asumió el control de la seguridad de Washington por 30 días, apoyándose en la ley que permite intervenir en casos de emergencia. Con esta acción, se activaron 800 miembros de la Guardia Nacional y seis estados republicanos enviaron más efectivos, elevando el total a 2 mil elementos. Policías locales y agentes federales del FBI, DEA y ICE también patrullan la capital.
Hasta la fecha, según la fiscal general Pam Bondi, se han arrestado 1,094 personas y confiscado 115 armas ilegales. Sin embargo, activistas y organizaciones denuncian que estas medidas están siendo usadas para detener principalmente a migrantes bajo el pretexto de la seguridad pública.
Esta estrategia forma parte del plan de Trump para mostrar un enfoque de mano dura contra el crimen, aunque ha generado polémica y cuestionamientos sobre su legalidad y eficacia.
Ismael ‘El Mayo’ Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes ante la justicia de Estados Unidos en la corte de Brooklyn, aceptando en su totalidad un acuerdo con las autoridades estadounidenses.
La declaración incluye una cronología de su vida criminal desde 1969 y el reconocimiento de que entre 1980 y 2024 transportó y vendió 1.5 millones de kilos de cocaína en EE. UU., recibiendo millones de dólares y corrompiendo a policías, mandos militares y políticos para operar sin restricciones.
A cambio de su aceptación de culpabilidad, la Fiscalía estadounidense acordó no solicitar la pena de muerte. El acuerdo también excluye su juicio por delitos de homicidio, uso de armas prohibidas y blanqueo de dinero, consolidando su permanencia en prisión sin riesgo de ejecución. La incautación de bienes y activos ordenada por EE. UU. asciende a 15 mil millones de dólares.
Zambada admitió públicamente el daño causado a la sociedad de México y Estados Unidos, asumió responsabilidad y pidió perdón por sus acciones, mientras se mantiene la atención sobre el futuro del Cártel de Sinaloa y las posibles implicaciones en funcionarios de alto nivel en México.
El narcotraficante fue entregado a EE. UU. en 2024 en circunstancias que él calificó de traición por parte de sus antiguos aliados, los herederos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, hecho que desató una guerra interna en el cártel.
La sentencia de Zambada se dictará el 13 de enero de 2026, cerrando un capítulo clave en la historia de uno de los líderes criminales más importantes de México y su relación con la justicia estadounidense.
Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable el próximo lunes 25 de agosto ante la corte federal de Brooklyn, Nueva York, por diversos cargos de narcotráfico. La decisión forma parte de un acuerdo con fiscales estadounidenses que incluye posibles beneficios en la pena y la posibilidad de convertirse en testigo colaborador.
Según los registros judiciales, la audiencia de declaración de culpabilidad se realizará a las 12:00 horas. Los fiscales confirmaron que no buscarán la pena de muerte para Zambada, allanando el camino para su acuerdo con la justicia estadounidense.
El caso marca un capítulo crucial en la lucha contra el narcotráfico, pues la colaboración de ‘El Mayo’ Zambada podría ofrecer información clave sobre operaciones del Cártel de Sinaloa y otros líderes del crimen organizado.
La Fiscalía de Estados Unidos ha compartido nuevas evidencias en el caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Las pruebas incluyen grabaciones de audio del interrogatorio y tortura del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.
El fiscal Joseph Nocella envió una carta a los abogados de Caro Quintero, donde detalla las evidencias bajo la Regla 16 del Procedimiento Penal Federal. Este documento incluye grabaciones que vinculan a Caro Quintero con actividades criminales y fotografías de asesinatos ocurridos en 1981 y 1985.
La fiscal Saritha Komatireddy confirmó que el gobierno de Estados Unidos aún evalúa si solicitará la pena de muerte. La próxima audiencia está programada para el 18 de septiembre de 2025, donde se decidirá el futuro del caso.
El juez Frederick Block programó esta cita para determinar si se avanzará a juicio o se considerará un acuerdo. La fiscalía también afirmó que la pena de muerte “sigue sobre la mesa”.
Caro Quintero enfrenta múltiples cargos, incluyendo dirigir una empresa criminal y conspiración para asesinato. Este narcotraficante es conocido por ser uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.
Recientemente, fue extraditado a Estados Unidos junto a otros 29 líderes de cárteles mexicanos. La fiscal Komatireddy destacó que existen registros de su participación en el tráfico de marihuana, cocaína y fentanilo. Las grabaciones de la tortura a Camarena se presentarán como “pruebas sensibles” en el juicio.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha firmado una nueva legislación que endurece drásticamente las penas contra inmigrantes indocumentados, estableciendo la pena de muerte para aquellos declarados culpables de asesinato premeditado, violación de menores y tráfico de drogas.
Esta medida, contemplada en los proyectos de ley HB 3C y SB 4-C, obliga a los tribunales a dictar la pena capital en estos casos, eliminando la posibilidad de que jueces o jurados consideren circunstancias individuales o atenuantes. Además, la ley convierte en delito estatal la presencia de extranjeros sin documentos en Florida, imponiendo penas de cárcel a quienes ingresen o permanezcan sin autorización en el estado.
Castigos más severos para inmigrantes irregulares y pandillas transnacionales
El nuevo paquete legislativo amplía las sanciones penales contra personas que hayan ingresado ilegalmente al país, estableciendo que cualquier extranjero indocumentado mayor de 18 años que resida en Florida sin estatus legal podrá enfrentar hasta nueve meses de prisión. En caso de reincidencia, la condena aumentará a un año y un día.
Asimismo, aquellos que hayan sido deportados y regresen sin autorización enfrentarán penas mínimas de cinco años de cárcel. La ley también permite aplicar la pena capital a inmigrantes asociados con pandillas o grupos criminales, reforzando la lucha contra organizaciones delictivas transnacionales.
Críticas y preocupaciones sobre el impacto de la medida
Maria DeLiberato, directora ejecutiva de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP), expresó su preocupación por la eliminación del derecho a un juicio con jurado en los casos donde se imponga la pena capital. Según su organización, esta reforma vulnera derechos fundamentales y representa un retroceso de 50 años en la jurisprudencia de la Corte Suprema de EE.UU.
En un comunicado, FADP denunció que la legislación no resuelve las causas de la inmigración irregular, sino que simplemente criminaliza aún más a quienes llegan al país en busca de mejores oportunidades. Además, señalaron que el proyecto no aborda temas esenciales como políticas fronterizas, regulaciones de visados o medidas humanitarias.
Una estrategia alineada con las políticas de Donald Trump
La implementación de estas medidas ocurre en un contexto donde la administración de Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos por endurecer la política migratoria. Recientemente, el expresidente firmó una orden ejecutiva para restablecer la pena de muerte en casos de delitos graves cometidos por inmigrantes ilegales, argumentando que esta sanción es fundamental para la seguridad pública.
Sin embargo, a diferencia de la legislación de Florida, la orden de Trump deja un margen de maniobra a los jueces para evaluar cada caso. En cambio, la normativa impulsada por DeSantis impone automáticamente la pena de muerte, eliminando cualquier posibilidad de reconsideración.
Para garantizar la ejecución de estas disposiciones, el estado de Florida asignará 250 millones de dólares a las agencias de seguridad locales y 48,2 millones de dólares al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, que tendrá un papel en la implementación de la ley.
