Mineros y sindicatos iniciaron un paro contra la medida del presidente Rodrigo Paz, mientras el gobierno defiende el ajuste como inevitable ante la crisis económica.
Una multitudinaria marcha de mineros colapsó este lunes el centro de La Paz, en el arranque de un paro obrero nacional convocado para rechazar la eliminación del subsidio a la gasolina y el diésel decretada por el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Las protestas se replicaron en varias ciudades del país, con bloqueos carreteros en seis de las nueve regiones de Bolivia.
Ante la movilización, la policía cercó los accesos a la plaza central donde se ubica el Palacio de Gobierno, para impedir el ingreso de manifestantes. En El Alto, juntas vecinales bloquearon avenidas clave, mientras que en Cochabamba, sindicatos afines al expresidente Evo Morales protagonizaron una marcha masiva y cortaron rutas estratégicas del oriente.
Dirigentes sindicales advirtieron que las movilizaciones continuarán hasta revertir la medida. “Estamos en las calles y esta lucha seguirá hasta derogar el decreto”, afirmó el líder minero Andrés Paye, quien acusó al gobierno de “favorecer a los empresarios y castigar a los pobres”. No obstante, el impacto del paro fue parcial en su primera jornada.
El Ejecutivo logró acuerdos con la mayoría de los sindicatos del transporte, lo que permitió mantener el servicio en La Paz y desactivar bloqueos mayores. En Santa Cruz, la ciudad más poblada, el transporte urbano fue limitado. “No hay paro, trabajamos al servicio del pueblo”, declaró el dirigente Lucio Gómez tras dialogar con autoridades.
Rodrigo Paz, quien asumió el poder el 8 de noviembre, puso fin a un subsidio vigente por más de 20 años, que mantenía el litro de combustible en 0.53 dólares. El gobierno argumenta que el costo anual de 3 mil millones de dólares en importaciones agotó las reservas y profundizó la peor crisis económica en cuatro décadas, tras el declive de los hidrocarburos.
El mandatario defendió la decisión al asegurar que “la medida no tiene marcha atrás”, aunque anunció un aumento salarial de 20%, la continuidad y alza de bonos sociales, y facilidades arancelarias para transportistas. Las medidas han sido respaldadas por el sector empresarial y por el gobierno de Estados Unidos, mientras continúan las tensiones sociales.
