Las temerarias declaraciones del PAN se radicalizan en la búsqueda de público, votos y afiliados. Ahora anuncia de nuevo abrir las puertas a ciudadanos para candidaturas, ante la carencia de cuadros. Ya lo hizo en Veracruz en 2025 y no le fue bien. Esos ciudadanos sin partido optaron por afiliarse a otros; como se trataba de personas sin convicción partidista, desertaban del PAN una vez electos, ya que buscaban mayor cercanía con el poder y se fueron a Morena.
Ante esta deserción, el PAN manejó las causas de forma distorsionada, asegurando que habían renunciado al partido por cuestiones de seguridad.
El mayor descalabro del PAN tiene lugar en Aguascalientes, donde se demostró un fraude millonario encabezado por la gobernadora de ese partido, Teresa Jiménez, con la complicidad del empresario Eugenio Javier Maíz Domene, propietario de Next Energy, nuevo huésped del Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes.
El empresario es investigado por presunto fraude relacionado con el contrato de eficiencia energética firmado en 2019 entre el Municipio de Aguascalientes y Next Energy, cuando presidía el municipio Teresa Jiménez.
Maíz intentó sobornar a elementos de la policía estatal, según los reportes, durante su traslado al centro penitenciario. El caso se remonta a marzo de 2019, cuando el Ayuntamiento de Aguascalientes otorgó a Next Energy un contrato para el desarrollo de infraestructura fotovoltaica con valor de siete mil 800 millones de pesos, a pagarse en 30 años.
En agosto de 2024, el Congreso del Estado, de mayoría panista, aprobó un dictamen para modificar y reestructurar el Proyecto de Eficiencia Energética del Municipio de Aguascalientes, ampliando el contrato por 11 años más y comprometiendo recursos por más de cinco mil 200 millones de pesos entre el Ayuntamiento y el Poder Ejecutivo estatal.
El contrato no solo era desventajoso, sino abiertamente dañino para las finanzas públicas, al comprometer participaciones federales por décadas. A pesar de ello, ni durante la gestión municipal de Teresa Jiménez ni posteriormente desde el gobierno estatal se impulsó una revisión de fondo ni se transparentaron responsabilidades.
El caso ya trascendió el ámbito local. A petición expresa de la senadora Nora Ruvalcaba, la fiscal Ernestina Godoy tomará en cuenta este asunto debido a su magnitud y a las posibles responsabilidades que rebasan a Aguascalientes.
Por otra parte, en ese mismo estado se informó que el exsecretario del Trabajo de Calderón, Javier Lozano, cobraba un salario mensual de 57 mil 755 pesos del gobierno del estado durante la administración de Teresa Jiménez, sin que exista constancia pública de funciones desempeñadas. A ello se suma que percibía, de manera simultánea, cerca de 100 mil pesos mensuales en la Cámara de Diputados. No se trata de versiones ni especulaciones, sino de pagos efectivos realizados con recursos públicos.
La crisis del PAN en Aguascalientes ya no es únicamente política; es ética e institucional.
El PAN tiene serios antecedentes con el delito en general y con el crimen organizado en particular, sin contar la subasta que hacen los panistas de la soberanía nacional, su discurso agresivo y sus antecedentes en las corruptelas. Ahora intentan competir entre iguales cuando, en realidad, es el más frágil de los partidos de oposición.
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