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Sucursales de la cadena Paradise, de las cuales el expresidente panista Vicente Fox es socio, fueron clausuradas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), debido a que los productos de cannabis que comercializa incumplen regulación sanitaria y ponen en alto riesgo la salud.
Se realizaron diversas verificaciones a los establecimientos de Paradise, por lo que la Cofepris señaló que dicha medida se estableció para evitar que se comercialicen productos prohibidos con etiquetado y comercialización engañosa y/o que incumplen la regulación sanitaria.
Se decomisaron mil 811 piezas de productos que contienen CBD, semillas de cáñamo, así como extractos de cannabis o conocida como marihuana, y otras sustancias, de las cuales no se tiene evidencia de seguridad, calidad u origen de fabricación.
Basados en el artículo 234 de la Ley General de Salud, la Cofepris cataloga como estupefaciente a la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, así como su resina, preparados y semillas; por su parte, el artículo 245 señala que los canabinoides sintéticos se clasifican como substancias psicotrópicas.
Por otra parte, el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios señala que los suplementos alimenticios no deben contener en sus ingredientes las plantas que no se permiten para infusiones o tés; entre ellas, la cannabis sativa, índica y americana.
Asimismo, establece que en la etiqueta y en la información con la que se comercialicen suplementos alimenticios no se deberá presentar información en la que se ostenten indicaciones preventivas, rehabilitatorias o terapéuticas, además de que no se deberán utilizar estupefacientes o sustancias psicotrópicas en la elaboración de productos de perfumería y belleza.
Por lo anterior, se tomaron 165 muestras de etiquetas de diferentes productos por presentar diversas irregularidades en la información, entre ellas, algunas que ostentan un código atribuido a Cofepris aparentando ser un registro sanitario.
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Según un reportaje publicado por la Revista Polemón, la senadora panista y aspirante a la candidatura presidencial del Frente Conservador, Xóchitl Gálvez lleva ocultando sus empresas y riqueza multimillonaria desde el 2001 en sus declaraciones patrimoniales.
En la investigación de Jorge Covarrubias, se reveló que a pesar de que Gálvez ha reconocido públicamente ser dueña de High Tech Services y Operación de Mantenimiento de Edificios Inteligentes (OMEI), con las cuales ha obtenido contratos por más de 64 millones de pesos en los últimos 18 años, no existe ningún registro de las empresas en sus declaraciones patrimoniales más recientes, ni tampoco de sus referencias bancarias, inversiones, adeudos, participación en empresas, sociedades o asociaciones.
Covarrubias señala que esto marcaría un conflicto de interés por ser la empresa de su familia, pues en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas dice que “habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.
En esta misma Ley, también se establece que las “que las faltas administrativas graves se sancionan con suspensión o destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica y hasta la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos”, dice el reportaje.
El medio realizó una exhaustiva investigación sobre las declaraciones patrimoniales de Xóchitl Gálvez registradas en el portal de la Secretaría de la Función Pública, sin embargo, encontró irregularidades.
La panista solo presentó su declaración en el 2002 y 2003. La primera fue de los bienes que acumuló un año antes (2001), donde reportó un ingresó anual neto de un millón 555 mil pesos por su cargo público, 400 mil por su actividad comercial y 180 mil en otras actividades.
En el 2003, reportó casi lo mismo, sin embargo, “hubo un notable descenso en sus ingresos” menciona el reportaje, el cual se debía a su actividad comercial y servicios profesionales.
De los años posteriores no hay registros, hasta el 2015 “la panista se vio forzada a presentar otra vez su declaración patrimonial, pero una vez obtenido el triunfo se olvidó del tema”, puntualizó Covarrubias en su texto. En ese año reconoció la existencia de OMEI, la empresa familiar con la que obtuvo contratos por 4 millones 485 mil pesos, según información del medio.
Tras las revelaciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus licitaciones, la panista “ha tratado de deslindarse de los presuntos actos de corrupción que se le acusan, pero sus explicaciones no son del todo convincentes” concluyó Jorge en su investigación.
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En la conferencia matutina del día de hoy, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, contestó una pregunta sobre la Gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván (Maru Campos), con respecto a una presunta asesoría del exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade y del expresidente de la Cámara de Senadores de México, Ernesto Cordero, para un endeudamiento de la entidad.
El Presidente de México contestó que se trata de un asunto de las finanzas de un gobierno estatal, del cual no cuenta con pruebas o información certera del presunto suceso, no puede opinar mucho o dar una respuesta concreta.
Asimismo indicó que se les recomienda a los gobiernos estatales a manejar los presupuesto con honestidad y austeridad, que se cuide el presupuesto ya que es dinero del pueblo, se tenía la idea de que el presupuesto era dinero que pertenecia al gobierno, pero no es así, el dinero pertenece al pueblo y las y los gobernadores son solo los administradores de ese dinero.
AMLO recordó su visión de como se debe manejar el presupesto del erario público para evitar actos de corrupción ya que en múltiples ocasiones se ha acusado a Maru Campos de realizar viajes y compras, ambas de forma lujosa con el dinero del pueblo, por lo tanto, en algún momento la gobernadora deberá dar una explicación.
López Obrador recalcó que no cuenta con pruebas legales de lo que la reportera cuestionó y por ello no opinaria solo por diferencias políticas demostrando que el solo opina teniendo pruebas a la mano, de otra manera se trataría de solo conjeturas.
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El periodista Keegan Hamilton ha reportado este lunes que el juez Brian Cogan ha concedido la solicitud de la defensa de Genaro García Luna para que la sentencia del criminal sea aplazada hasta el 1 de marzo del 2024.
Esto a petición de César de Castro, abogado del ex colaborador de Felipe Calderón, ahora podrá reunir nueva evidencia y presentarla para pedir la anulación del caso y pedir la realización de un nuevo juicio para su cliente, acusado de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y de estepar coludido con grupos criminales de México cuando fue secretario de seguridad.
Conforme a esta nueva medida, las mociones previas al juicio de sentencia tendrán que ser presentadas previo al 12 de diciembre de 2023. Asimismo, la respuesta de los fiscales federales tiene que presentarse el 19 de enero de 2024, la contrarréplica de la defensa el 2 de febrero y la sentencia final para el primero de marzo de 2024.
Cabe mencionar que Genaro García Luna, apodado como el “Súper Policía” de Felipe Calderón, fue encontrado culpable en febrero de cinco cargos, tres relacionados con narcotráfico por transportar, importar y distribuir cocaína, dos por formar parte de una empresa criminal (conspiración) y uno por declaraciones falsas.
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El periodista, Juan Becerra Acosta compartió en redes sociales un fragmentó de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la cual el organismo obliga a los aspirantes del Frente Conservador, Xóchitl Gálvez y Santiago Creer a separarse de sus cargos para poder contender a la candidatura.
“Además, las personas servidoras pública deberán abstenerse de participar en ellos en cualquier medida que pudiera implicar una vulneración a la equidad de la contienda en los términos de la línea jurisprudencial definida por el Tribunal Electoral y los lineamientos que emita el Consejo General del INE”, se lee en el documento.
Morena exige que los aspirantes pidan licencia
Senadores de Morena y sus aliados insistieron en que Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y los demás legisladores que participan en el proceso interno para elegir al candidato del frente opositor deben pedir licencia, para no usar los recursos públicos con fines electorales.
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