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Etiqueta: Pablo Quintero

  • Groenlandia no está en venta

    Groenlandia no está en venta

    Groenlandia se ha convertido en uno de los escenarios más reveladores del imperialismo contemporáneo. Bajo el hielo que se derrite por una crisis climática provocada por el propio capitalismo fósil, se desarrolla una disputa geopolítica donde Estados Unidos busca asegurar control militar y acceso privilegiado a recursos estratégicos. No es cooperación internacional: es dominación bajo nuevas formas.

    Aunque formalmente pertenece al Reino de Dinamarca y cuenta con autonomía, Groenlandia sigue atrapada en una estructura de subordinación donde las decisiones clave sobre defensa y política exterior se toman fuera del territorio. Ese vacío de soberanía ha sido aprovechado por Washington para instalar una presencia militar permanente, particularmente a través de la base de Pituffik, pieza central del dispositivo de control del Ártico.

    La propuesta de Donald Trump en 2019 de “comprar” Groenlandia no fue una excentricidad, sino la expresión desnuda de una lógica imperial persistente: los territorios y los pueblos son mercancía. La diplomacia rechazó la forma, pero no el fondo. Hoy, el interés estadounidense se expresa de manera más sofisticada, bajo el discurso de la seguridad y la transición energética.

    El deshielo ha abierto el acceso a minerales estratégicos —tierras raras, uranio, hierro— indispensables para la industria tecnológica, militar y energética. Estados Unidos busca asegurarlos para sostener su hegemonía. La llamada “transición verde” se convierte así en una recolonización verde: nuevos negocios construidos sobre un desastre climático que ellos mismos ayudaron a provocar.

    Mientras las potencias convierten el calentamiento global en oportunidad geopolítica, los pueblos inuit enfrentan la destrucción de ecosistemas, la inseguridad alimentaria y la pérdida de formas de vida ancestrales. Sus voces quedan marginadas frente a gobiernos y corporaciones que deciden el futuro del territorio sin su consentimiento. Esta es la esencia del colonialismo: gobernar sin los gobernados.

    El debate sobre la independencia de Groenlandia tampoco garantiza liberación. Sin romper con el modelo extractivista y militar, la independencia puede significar cambiar de tutor: de Dinamarca a las corporaciones y bases estadounidenses. La soberanía formal no equivale a soberanía real.

    Ni siquiera las administraciones demócratas han alterado esta lógica. El multilateralismo retórico convive con la militarización del Ártico y la contención geopolítica frente a Rusia y China. El territorio se convierte en un tablero de guerra fría climática.

    Desde la izquierda, la posición es clara: Groenlandia no debe ser una base militar ni una mina para sostener el privilegio de las potencias. El Ártico debe ser un espacio de desmilitarización, protección ambiental y autodeterminación real. La justicia climática es incompatible con el imperialismo. Groenlandia no está en venta. No es un activo estratégico ni una reserva de recursos. Es un pueblo con derecho a decidir su futuro frente a un sistema que sigue colonizando, ahora bajo el hielo que se derrite.

  • Irán en llamas: cuando el hartazgo popular choca con la represión del régimen

    Irán en llamas: cuando el hartazgo popular choca con la represión del régimen

    En Irán, la protesta ya no es solo una consigna política: es un grito de supervivencia. Desde finales de 2025, las calles se han llenado de personas comunes —jóvenes sin futuro, mujeres cansadas de la opresión cotidiana, trabajadores asfixiados por la inflación— que han decidido perder el miedo porque la vida, tal como la conocen, ya no alcanza. El precio de los alimentos sube, el salario no rinde y el Estado parece cada vez más lejano a las necesidades reales de su pueblo.

    Lo que comenzó como un reclamo económico pronto se convirtió en algo más profundo: una exigencia de dignidad. Las protestas revelan un malestar estructural, acumulado durante años, donde el autoritarismo político y religioso se combina con un modelo económico incapaz de garantizar bienestar. Frente a este descontento legítimo, la respuesta del régimen ha sido la fuerza: balas, detenciones masivas, persecución y silencio impuesto. Cada manifestante reprimido es también una familia rota, una madre que espera, un barrio que aprende a vivir con miedo.

    El gobierno iraní insiste en reducir esta crisis a una conspiración externa. Acusa a Estados Unidos de fomentar la violencia y de utilizar el descontento social como una herramienta para debilitar al país. Y aunque es innegable que Washington ha intervenido históricamente en la región —respaldando sanciones, presiones diplomáticas y discursos de “liberación” que suelen esconder intereses geopolíticos—, esa narrativa no borra una verdad incómoda: nadie necesita ser manipulado desde fuera para protestar cuando el hambre, la represión y la falta de libertades ya son parte de la vida diaria.

    Desde una mirada crítica y de izquierda, el conflicto revela una doble injusticia. Por un lado, un régimen que ha cerrado los canales democráticos y responde al pueblo con violencia en lugar de justicia social. Por otro, una potencia como Estados Unidos que, lejos de actuar por solidaridad genuina, instrumentaliza el sufrimiento ajeno para reforzar su influencia regional, sin asumir nunca las consecuencias humanas de sus “intervenciones”.

    Entre estos dos polos de poder queda la gente. Personas que no piden sanciones, ni guerras, ni discursos grandilocuentes, sino trabajo, derechos y la posibilidad de decidir su propio destino. La tragedia iraní no puede leerse solo como un problema de seguridad o diplomacia: es una crisis social profunda, donde el pueblo paga el precio de un sistema autoritario y de un orden internacional que prioriza la confrontación sobre la vida.

    Irán arde no porque su gente quiera el caos, sino porque durante demasiado tiempo se le negó la justicia. Y mientras las grandes potencias discuten estrategias, son los cuerpos en las calles, las voces silenciadas y el dolor cotidiano los que cuentan la historia real de esta revuelta popular.

  • Soberanía bajo ataque

    Soberanía bajo ataque

    La intervención militar realizada por Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero representa uno de los episodios más delicados de la política internacional reciente. Se trató de una acción armada directa en territorio soberano, ejecutada sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que reavivó el debate sobre la legalidad del uso de la fuerza y la fragilidad del orden internacional contemporáneo.

    Desde el punto de vista jurídico, la operación contraviene el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe expresamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados. Este principio constituye uno de los pilares del sistema internacional posterior a 1945 y su vulneración no solo afecta al país intervenido, sino que debilita el marco normativo destinado a contener el ejercicio arbitrario del poder militar. La ausencia de una amenaza inmediata y verificable refuerza la percepción de una acción unilateral al margen del derecho internacional.

    El precedente que se establece resulta particularmente preocupante. La normalización de intervenciones militares sin aval multilateral erosiona el sistema basado en normas y fortalece una lógica de poder en la que la fuerza sustituye al derecho. En este contexto, los Estados con menor capacidad militar quedan expuestos a decisiones externas que redefinen su destino político sin mecanismos efectivos de protección internacional.

    A esta dimensión jurídica se suma una dimensión humanitaria ineludible. El uso de bombardeos y operaciones militares en zonas urbanas implica riesgos elevados para la población civil. La experiencia en conflictos recientes demuestra que incluso las denominadas operaciones de precisión generan daños colaterales: pérdida de vidas civiles, destrucción de infraestructura crítica e interrupción de servicios básicos. En Venezuela, estos efectos se superponen a una crisis económica y social prolongada, profundizando la vulnerabilidad de amplios sectores de la población.

    Más allá de los análisis estratégicos, el impacto humano es central. Las explosiones alteran la vida cotidiana, generan miedo e incertidumbre y dejan secuelas sociales difíciles de revertir. La guerra no se vive en abstracto, sino en barrios, hogares y comunidades concretas.

    Las implicaciones regionales también son significativas. Para América Latina, una región históricamente marcada por intervenciones externas, lo ocurrido reactiva preocupaciones sobre la vigencia real de la soberanía y la no intervención. En suma, el episodio del 3 de enero no es un hecho aislado, sino una señal de alerta sobre el debilitamiento del multilateralismo y de las normas que limitan el uso de la fuerza, con costos profundamente humanos.

  • El imperio no descansa

    El imperio no descansa

    Estados Unidos no ha dejado de atacar a América Latina. Lo ha hecho durante décadas y lo sigue haciendo hoy, con nuevos disfraces pero con la misma lógica colonial: someter, saquear y disciplinar a los pueblos que se atreven a desafiar su hegemonía. No se trata de errores diplomáticos ni de excesos coyunturales, sino de una política estructural de dominación imperial que concibe a la región como su patio trasero.

    Venezuela es el laboratorio más cruel de este intervencionismo. Bajo el falso discurso de la “defensa de la democracia”, Washington ha impuesto sanciones económicas que constituyen auténticos castigos colectivos. Bloqueos financieros, confiscación de activos, asfixia comercial y sabotaje diplomático han sido utilizados como armas de guerra no declarada. El objetivo es claro: quebrar a un pueblo por hambre y desesperación para imponer un gobierno dócil a los intereses del capital transnacional. Quien crea que esto tiene que ver con derechos humanos ignora —o encubre— la violencia estructural del imperialismo.

    La historia se repite: Chile, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Bolivia. Cambian los nombres, pero no el método. Cuando un país decide nacionalizar sus recursos, redistribuir la riqueza o construir un proyecto soberano, Estados Unidos responde con golpes blandos, desestabilización, financiamiento de oposiciones funcionales y campañas mediáticas de criminalización. El capitalismo imperial no tolera desviaciones.

    Con Donald Trump, esta política se vuelve aún más brutal y descarada. Su proyecto no oculta el desprecio por América Latina: amenazas militares, chantajes migratorios, guerras arancelarias y una narrativa abiertamente racista que convierte a nuestros pueblos en enemigos internos. Trump no es una anomalía: es la expresión honesta de un sistema que ya no necesita fingir.

    En este contexto, México no puede permanecer en la ambigüedad. Por historia, por dignidad y por responsabilidad regional, el país debe rechazar cualquier intento de subordinación a la agenda estadounidense. La Doctrina Estrada no es una reliquia diplomática: es una posición política vigente frente al imperialismo. México debe alzar la voz, defender la autodeterminación de Venezuela y de todos los pueblos agredidos, y apostar por la integración latinoamericana como alternativa al sometimiento.

    Callar frente al imperialismo es complicidad. Alinear la política exterior al poder del norte es renunciar a la soberanía. Hoy, la disyuntiva es clara: o América Latina se organiza desde abajo, con proyectos socialistas y populares, o seguirá siendo rehén del capital y de la violencia imperial. México debe decidir si quiere ser muro de contención del imperio o parte activa de la resistencia continental.

  • Administrar no es gobernar

    Administrar no es gobernar

    No fue una sorpresa, pero sí fue una herida. La segunda vuelta presidencial en Chile no se perdió por una ola conservadora repentina, sino por algo más silencioso y más doloroso: la desconexión entre la izquierda gobernante y la gente que alguna vez confió en ella. La derrota de Jeannette Jara no cayó del cielo; se fue construyendo, día a día, en la distancia entre el discurso y la vida cotidiana.

    Durante la campaña, se habló mucho de estabilidad y muy poco de urgencias. Mientras el país real seguía contando pesos, esperando horas en el sistema de salud o lidiando con la precariedad, la izquierda eligió la prudencia como lenguaje. Pero la prudencia sin convicción no tranquiliza; enfría. Y en política, el frío se traduce en abstención.

    La tibieza no fue un accidente, fue una decisión. Se evitó confrontar, se suavizaron las promesas y se apostó a que el miedo a la derecha bastaría para movilizar. No bastó. Mucha gente no se fue con la derecha: simplemente dejó de ir a votar. No porque no le importara, sino porque dejó de sentirse parte del proyecto.

    Gabriel Boric acompañó, sí, pero desde la distancia. Su apoyo fue institucional, correcto, casi administrativo. Faltó calle, faltó cuerpo, faltó ese gesto político que recuerda por qué se llegó al gobierno: para cambiar las cosas, no sólo para gestionarlas mejor.

    Jeannette Jara no perdió sola. Perdió una izquierda que confundió responsabilidad con renuncia y diálogo con silencio. En ese vacío, la derecha avanzó sin necesidad de convencer demasiado.

    Chile no giró bruscamente a la derecha. Lo que ocurrió fue más grave: la izquierda dejó de ofrecer una promesa clara de futuro. Y cuando un proyecto político deja de emocionar, deja de existir como opción real de poder.La lección es incómoda pero necesaria: la izquierda no pierde cuando incomoda, pierde cuando se vuelve irreconocible para su propia gente.

  • Latinoamérica Verde: El Futuro se Decide Hoy

    Latinoamérica Verde: El Futuro se Decide Hoy

    En la última década, los gobiernos progresistas de América Latina han impulsado agendas ambientales que buscan algo más que cumplir compromisos internacionales: pretenden proteger la vida y la dignidad de millones de personas que ya sienten los efectos del cambio climático. La región entiende que la justicia social y la justicia ambiental están entrelazadas; no se puede hablar de bienestar sin un planeta sano.

    Un continente que quiere sanar

    Entre los avances más visibles está la apuesta por una transición energética más limpia, con mayor uso de energías renovables que reduzcan la dependencia de combustibles fósiles y generen empleos verdes. También se han fortalecido políticas de protección de bosques, ríos y ecosistemas, un punto crítico en un continente donde la deforestación avanza rápido.

    Otro eje común es la búsqueda de un desarrollo centrado en las personas, que integra medio ambiente con movilidad sostenible, salud, vivienda y educación. Además, la cooperación regional y los mecanismos financieros internacionales han permitido que los países no enfrenten solos los desafíos climáticos.

    Obstáculos reales

    Pese al impulso político, la región enfrenta retos profundos. América Latina es una de las zonas más vulnerables del planeta: sequías prolongadas, inundaciones más violentas y temperaturas extremas afectan a millones.

    A esto se suman desafíos estructurales:

    • Descarbonización insuficiente, que debería multiplicarse varias veces para cumplir las metas de 2030.
    • Dependencia del uso del suelo, donde agricultura, ganadería y extractivismo chocan con la conservación.
    • Presupuesto limitado, especialmente en países con alta desigualdad.
    • Instituciones frágiles, donde los avances pueden perderse con cada cambio de gobierno o por presiones económicas.

    Son problemas complejos, que requieren continuidad, diálogo social y políticas estables.

    Lo que está en juego hacia 2030

    Para cumplir sus compromisos, la región deberá fortalecer instituciones, asegurar financiamiento climático, impulsar la transición energética y construir modelos productivos que generen bienestar sin destruir los ecosistemas.

    La clave será proteger a quienes más sufren los efectos de la crisis ambiental: comunidades indígenas, zonas rurales y barrios populares que viven entre inundaciones, calor extremo y falta de infraestructura.

    La pregunta es urgente y profundamente humana: ¿Qué futuro queremos dejar?

    Hacia 2030, Latinoamérica aún puede convertirse en un ejemplo global de cómo avanzar hacia el desarrollo sin renunciar a la vida.

  • Blindar a México en la era digital

    Blindar a México en la era digital

    Por qué México necesita una Agencia Nacional de Ciberseguridad: una urgencia que nos toca a todos.

    Hoy vivimos conectados. Desde pagar la luz o pedir un acta de nacimiento, hasta consultar nuestro saldo bancario o simplemente enviar un mensaje. Todo pasa por una red, por un servidor, por un sistema digital. Y aunque esa comodidad nos ha hecho la vida más fácil, también nos ha vuelto vulnerables. En México, esa vulnerabilidad ya no es un riesgo lejano: es una realidad diaria.

    En los últimos años hemos visto cómo distintas dependencias del gobierno han sufrido ataques que han dejado plataformas fuera de servicio, han filtrado información privada y han detenido procesos esenciales. Lo mismo les ha ocurrido a empresas, bancos, hospitales y millones de ciudadanos. Cada vez que pasa, nos queda la sensación de que estamos solos, sin un escudo claro que nos proteja.

    Por eso es tan importante hablar de la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad. No se trata de un proyecto técnico o de algo reservado para especialistas; se trata de una institución que puede hacer más seguro el día a día de todos. Una agencia así permitiría que el gobierno deje de trabajar de forma aislada y cuente con una sola entidad que detecte amenazas a tiempo, coordine respuestas y establezca reglas claras para proteger nuestros datos y los sistemas que usamos.

    Imagina que la energía, el agua, el transporte, las telecomunicaciones o los servicios de salud fueran atacados al mismo tiempo. No es ciencia ficción: es un riesgo real en un mundo donde los hackers no conocen fronteras. Una agencia especializada podría cuidar esas infraestructuras como si fueran el corazón digital del país —porque lo son— y anticiparse a cualquier intento de sabotaje.

    También ayudaría a formar a servidores públicos capaces de afrontar estos retos, promoviendo una cultura de prevención que hoy todavía nos falta. México tiene talento, pero necesita una institución que articule ese conocimiento, lo fortalezca y lo convierta en una red de protección nacional.

    Al final, crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad es un acto de responsabilidad y visión. Es reconocer que nuestra vida, nuestra información y nuestros servicios esenciales merecen estar protegidos. Es entender que la seguridad hoy no solo se defiende en las calles, sino también en las pantallas.

    México está listo para dar ese paso. Y mientras más tardemos, más caro puede salirnos no hacerlo.

  • Nuclear para Enfriar la IA: ¿Solución o Riesgo?

    Nuclear para Enfriar la IA: ¿Solución o Riesgo?

    El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y las supercomputadoras ha abierto una conversación urgente: ¿de dónde sacaremos la energía necesaria para que estos sistemas sigan funcionando sin dañar aún más al planeta? Cada año, la tecnología se vuelve más poderosa, pero también más demandante. Y en ese escenario, la energía de fisión nuclear ha vuelto a aparecer como una posible respuesta. No es una idea sencilla ni cómoda, pero sí una que vale la pena analizar con calma.

    Por un lado, la energía nuclear tiene una ventaja clara: prácticamente no emite dióxido de carbono mientras está en operación. Esto significa que un centro de supercómputo podría trabajar día y noche sin contribuir al calentamiento global, algo muy difícil de lograr con combustibles fósiles. También ocupa menos espacio que enormes campos solares o eólicos, lo que reduce el impacto en el territorio. Para quienes buscan una fuente constante, estable y limpia, la nuclear parece una candidata fuerte.

    Pero la otra cara también importa. La generación de residuos radiactivos sigue siendo uno de los mayores desafíos. Aunque la cantidad no es tan grande como a veces se imagina, sí requiere un cuidado extremo y lugares de almacenamiento seguros durante muchos años. Es un compromiso a largo plazo que pesa en cualquier evaluación ambiental. Además, aunque los accidentes nucleares son poco frecuentes, su efecto puede ser devastador, como lo dejaron claro Chernóbil y Fukushima. Es imposible hablar del tema sin recordar esas imágenes.

    Otro punto es el uso de agua. Las plantas nucleares tradicionales necesitan grandes volúmenes para enfriarse, lo que puede afectar a ríos, mares y comunidades cercanas. Esta preocupación ha impulsado el desarrollo de los llamados microreactores modulares, más pequeños y eficientes, que requieren menos agua y prometen mayor seguridad.

    Al final, la energía nuclear no es una heroína ni una villana. Es una herramienta poderosa que puede ayudar a sostener la revolución digital sin empeorar la crisis climática, pero solo si se usa con responsabilidad. La discusión real no es si debemos aceptarla o rechazarla por completo, sino cómo integrarla de manera segura, transparente y sostenible. En un mundo donde la IA y el supercómputo seguirán creciendo, la pregunta ya no es técnica: es humana, ética y colectiva. ¿Qué tipo de futuro queremos construir y qué riesgos estamos dispuestos a asumir para llegar ahí?

  • Energía para el Futuro

    Energía para el Futuro

    La transición energética mexicana demanda soluciones que combinen rigor técnico, viabilidad económica y profundo compromiso ambiental. En este contexto, el hidrógeno verde y la fisión nuclear se posicionan como dos pilares estratégicos cuya integración puede redefinir la estructura energética del país, siempre desde una perspectiva humana, social y científica.

    El hidrógeno verde, generado mediante electrólisis alimentada por fuentes renovables, representa una alternativa real para descarbonizar sectores industriales que hoy dependen de combustibles fósiles. Su importancia no radica solo en su potencial energético, sino también en su capacidad para impulsar desarrollo regional, generar nuevas vocaciones productivas y fortalecer la seguridad energética. México, con su abundancia solar y eólica, posee condiciones excepcionales para producir hidrógeno a gran escala y de manera competitiva.

    No obstante, el valor del hidrógeno verde va más allá de lo tecnológico. Su implementación puede convertirse en un motor de bienestar social: creación de empleos especializados, fortalecimiento de cadenas de valor locales, innovación en infraestructura y oportunidades para comunidades que históricamente han quedado rezagadas de los grandes proyectos energéticos.

    En paralelo, la fisión nuclear se mantiene como una de las fuentes más estables y densas de energía libre de carbono. En un país donde la demanda eléctrica seguirá creciendo durante las próximas décadas, ampliar la capacidad nuclear es una decisión técnica con importantes implicaciones humanas: garantizar energía constante para hospitales, escuelas, sistemas de agua potable, transporte eléctrico y la industria nacional. La experiencia de Laguna Verde, sumada al avance global en reactores modulares pequeños (SMR), abre la puerta a soluciones más seguras, eficientes y adaptables al territorio mexicano.

    La complementariedad entre la fisión nuclear y el hidrógeno verde permite imaginar un sistema energético más robusto. La energía nuclear puede operar como base firme, proporcionando electricidad estable para producir hidrógeno incluso cuando las fuentes renovables sean intermitentes. Este enfoque híbrido fortalece la resiliencia energética del país y acelera su camino hacia la reducción profunda de emisiones.

    Sin embargo, la adopción de estas tecnologías requiere una visión integral: inversión sostenida en investigación, formación de talento científico, regulación moderna y diálogo social informado. La dimensión humana es fundamental: sin participación ciudadana, transparencia técnica y beneficios comunitarios tangibles, la transición nunca podrá ser plena.

    Apostar por el hidrógeno verde y la energía nuclear no significa solo innovar, sino construir un país más seguro, más limpio y más justo. La transformación energética de México no se define únicamente por kilowatts o reactores, sino por la oportunidad de colocar a las personas y al ambiente en el centro del desarrollo nacional.

  • Que el río vuelva a respirar

    Que el río vuelva a respirar

    Durante más de un siglo, la Ciudad de México ha vivido de espaldas a su naturaleza. Debajo del Viaducto Miguel Alemán corre, invisible, el Río de la Piedad, uno de los antiguos cauces que dieron forma al valle. Hoy, el río está entubado, reducido a un drenaje profundo, pero sigue ahí, vivo bajo el concreto. Pensar en desentubarlo no es una idea romántica: es una posibilidad real de transformación ambiental, urbana y social.

    Recuperar el Río de la Piedad a cielo abierto sería un acto de restauración ecológica y de resiliencia urbana. La ciudad podría reconvertir un canal contaminado en un corredor verde y fluvial, capaz de limpiar el aire, infiltrar agua al subsuelo y disminuir las temperaturas en una zona históricamente saturada de tráfico y contaminación. La vegetación ribereña permitiría capturar partículas suspendidas, absorber CO₂ y crear microclimas más frescos, mejorando la calidad ambiental de toda la franja central de la metrópoli.

    Además, el río restaurado ayudaría a recargar el acuífero del Valle de México, actualmente sobreexplotado, y a mitigar inundaciones durante la temporada de lluvias, al permitir la filtración natural del agua. Convertir un drenaje cerrado en un cauce vivo sería una forma de reestablecer el ciclo hidrológico que la ciudad rompió hace décadas.

    Pero los beneficios no serían solo ecológicos. También serían urbanos y sociales. Un río desentubado puede transformarse en un espacio público continuo, con parques lineales, ciclovías y áreas de convivencia. Donde hoy domina el ruido de los motores, podría haber vida, comunidad y paisaje. Experiencias internacionales, como la del Cheonggyecheon en Seúl o el Manzanares en Madrid, muestran que recuperar los ríos urbanos no solo mejora el ambiente: también revitaliza la economía local, reduce la inseguridad y fortalece la identidad colectiva.

    Por supuesto, un proyecto así exige planeación técnica, inversión y voluntad política. Requeriría separar aguas negras y pluviales, instalar plantas de tratamiento y rediseñar la infraestructura del Viaducto. Sin embargo, el costo de mantener el sistema actual —obsoleto, contaminante y caro de operar— también es alto. En cambio, restaurar el Río de la Piedad sería una inversión en sustentabilidad, salud y futuro.

    Desentubar el río sería devolverle el pulso natural a la ciudad. Permitiría reconectar a las personas con el agua, con la historia del valle y con la idea de una urbe que puede convivir armónicamente con su entorno. No se trata de volver al pasado, sino de imaginar un futuro más verde y humano, donde el progreso no se mida solo en concreto, sino en bienestar ambiental.

    El Río de la Piedad aún existe, aunque la ciudad lo haya enterrado. Devolverlo a la superficie sería más que una obra hidráulica: sería un gesto de esperanza. Porque si dejamos que el río vuelva a respirar, tal vez la Ciudad de México también pueda hacerlo.