Durante su conferencia de prensa de este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró una vez más que su administración no persigue ni a periodistas ni a nadie en general, por lo que mencionó que el comunicador Carlos Lorer de Mola no debería tener preocupación alguna.
Cabe mencionar que desde hace algunas semanas, el presentador de Latinus acusó que la Unidad de Inteligencia Financiera comenzó una serie de investigaciones contra él, su esposa, Berenice Yaber y Víctor Trujillo, conocido como el payaso “Brozo”.
AMLO mencionó que si su gobierno cometiera esas prácticas, serían incongruentes e indignos, además de que se traicionaría a ellos mismos, pues recordó que varios dirigentes de la 4T fueron espiados en el pasado.
En el mismo sentido mencionó que el día miércoles 3 de julio se presentará en Palacio Nacional Pablo Gómez, para explicar que no hay investigación contra ninguno de los personajes de Latinus.
“Imagínense, nosotros que fuimos espiados, perseguidos, que padecimos de guerras sucias. ¿Vamos a hacer eso, lo mismo? Seríamos unos incongruentes, indignos, estiramos traicionando a nosotros mismos y eso nunca, jamás, claro no es que se les esté investigando, nada de eso”.
Este viernes, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que hubo un fraude en la compra del sistema de espionaje Pegasus, y que fue usado por los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para espiar periodistas, fue comprado a sobreprecio.
Desde Palacio Nacional, Gómez Álvarez reiteró que la unidad a su cargo nunca ha tenido reparo en entregar información sobre este caso, en el cual para no variar, se cometieron varios fraudes al erario público.
“¿Qué es el que lo que le corresponde a la UIF? Dar los elementos para documentar que el equipo que se compró estaba sobrevaluado, hubo un fraude. Se compró por más de lo que valía lo que se compró”.
Puntualizó
Sobre el tema, agregó que no le corresponde a la UIF explicar como es que se empleó el sistema de espionaje, siendo esto responsabilidad de otras autoridades, además de que ya hay una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República.
Durante su espurio sexenio, Calderón pagó con dinero del pueblo 8 mil MDP al cambio actual para contratar “Pegasus”, revela ContraLínea
De acuerdo con un reportaje e investigación de Contralínea y que fue publicado en su portal de noticias, en el gobierno de Felipe Calderón pagó con dinero del pueblo, cerca de 8 mil millones de pesos para contratar a “Pegasus”.
“Pegasus” es un sistema de espionaje masivo, el cual, fue traído a México, durante el sexenio del entonces Presidente de México, del PAN, Felpe Calderón.
Cabe destacar que el costo inicial que en aquellos años de 2006-2012, fue con un costo inicial de 5 mil 628 millones de pesos, los cuales, actualmente representan 8 mil millones de pesos con el tipo de cambio actual.
Con este dinero se instaló la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con lo que revelan los contratos firmados entre la dependencia federal de seguridad y la empresa privada SecurityTracking Devices, la cual, Contralínea revela en su investigación.
La mañana de este viernes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, se presentó en la conferencia matutina del Presidente López Obrador, en donde informó que desde mediados de la década de 1950 hasta el 2028 existió algo llamado el “Estado corrupto”, es decir es decir, “la construcción e incorporación de los sistemas de corrupción a la gobernanza del país”, además, dijo que la finalidad de la Unidad de Inteligencia Financiera es la “prevención y el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es así como la ley denomina al ‘lavado de dinero’”.
El funcionario también detalló que además del juicio penal que García Luna vive en Nueva York, mantiene otro en Miami, Florida y que “es promovido por el Gobierno de México en el que “reclama […] 634 mdd que fueron pagados por distintas entidades públicas y que fueron transferidos a través de paraísos fiscales al estado de Florida y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y en otros activos”
La demanda civil del Gobierno de México en contra de García Luna busca la recuperación de 634 mdd, además, detalló que se tienen aseguradas 19 propiedad de García Luna y sus cómplices. También dijo que el juicio se encuentra “en la etapa de ‘conciliación’ […] para entrar a la deposición de los elementos probatorios de cada una de las partes”.
#ConferenciaPresidente | Todos los sistemas de corrupción se amarraron a uno solo. El lugar de la #UIF en esa nueva política para México, es la prevención y combate a las operaciones, lavado de dinero y delitos predicados, comentó @PabloGomez1968. pic.twitter.com/Jv2iVw8YBD
Gómez Álvarez mencionó que las autoridades de Florida juzgarán que “habiéndose realizado actividades ilícitas en México, el dinero salió al extranjero y, a través de una triangulación, se entregó una parte de ese dinero a […] García Luna o a quién había gestionado los contratos”.
En el mismo sentido, mostró que se realizaron 30 contratos con el Grupo Winberg, “que fue el que operó con García Luna”, por 288,600 mdp, además, detalló que Jonathan Alexis Weinberg Pinto, sujeto a extradición en España y Mauricio Samuel López Weinberg López, tienen participación en las empresas del Grupo Weinberg.
Hasta el día de hoy el Gobierno recuperó cerca de 2 millones de dólares “a través de una resolución judicial” tomada por el juez que lleva el juicio en Florida contra Genaro García, además, explicó que Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, se negó a comparecer ante la corte de Florida.
En lo que va de la administración del Presidente López Obrador, se han presentado 540 denuncias antes el Ministerio Público y ha presentado denuncias en forma reactiva […] en 205 casos. En el último año, en 2023, hubo 96 denuncias productivas […] y 70 por petición de la Fiscalía General de la República, mencionó Pablo Gómez y detalló que en ese conjunto de denuncias están consideradas 3,115 personas y 2,087 empresas, de las cuales 115 son físicas y 53, morales.
Finalmente el titular de Inteligencia Financiera mencionó que la lista de cuentas bancarias en Barbados ligadas a García Luna, se consolidarán en algunas semanas, por lo que una vez hecha la valoración y que el juez tome alguna decisión, no habrá problemas en darlas a conocer.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), formalizaron su alianza estratégica al firmar un Convenio de Colaboración.
Dicho convenio espara el intercambio de información y documentación, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
La colaboración entre ambas instituciones tendrá un impacto significativo en la mejora de la fiscalización del gasto público.
Además, de la prevención del desvío de recursos, inclusive en la intervención oportuna para evitar su posible blanqueo mediante operaciones irregulares.
El acuerdo fue suscrito por el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, y el titular de la ASF Auditor, David Rogelio Colmenares Páramo.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por su honestidad y calidad moral, mismos que lo han mantenido hasta la fecha libres de cualquier escándalo relacionado a algún delito y tal es su confianza en ello, que ahora ha instruido a Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a que entregue información sobre su administración y también concerniente a sus familiares.
“Yo pienso que hay que entregar todo, eso y lo que tiene que ver con el sexenio del presidente Peña y lo que tiene que ver con nuestro gobierno. No ocultar nada, entregarlo todo”.
Sentenció
La indicación de AMLO fue clara y pidió que se libere todo lo que la oficina de la UIF ha realizado durante estos 5 años de gobierno además de la devolución de los bienes en Florida que le han entregado a México y que fueron parte del saqueo de Genaro García Luna a la nación, luego de que Felipe Calderón lo encumbró en la secretaría de seguridad.
Además Pablo Gómez se presentará en la mañanera para informar “no solo para los de afuera, no solo denuncias de empresarios, traficantes de influencias que no son empresarios, sino también de todo el Gobierno, incluido el gobierno nuestro, y el Presidente y sus familiares y todo lo que haya, y ministros de la Corte, todo lo que se tenga, expresidentes, hallazgos importantes”.
Finalmente sobre el tema, Andrés Manuel mencionó que la información de los exmandatarios neoliberales, que cabe mencionar, viven en Europa, no será para presentar denuncias, ya que en años pasados se realizó la consulta popular para decidir si se enjuiciaba a los expresidentes, y en la cual la población decidió no proceder.
La titular de la Secretaría de Gobernación, María Luisa Alcalde se reunió con Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) para tratar asuntos relacionados con el combate de operaciones de procedencia ilicita.
Fue a través de sus redes sociales que, Alcalde compartió una fotografía junto a Gómez.
“Recibimos a @PabloGomez1968, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con quien mantendremos la coordinación para garantizar la detección oportuna y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, escribió.
Recibimos a @PabloGomez1968, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con quien mantendremos la coordinación para garantizar la detección oportuna y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. pic.twitter.com/kOARKN6qgM
¿Qué es el delito de operaciones de procedencia ilícita?
El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es el que resulta del uso de cualquier tipo de bien que sea obtenido por la comisión de algún delito. Siendo este, el principal ilícito cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado de dinero.
La pena para quien incurra en este delito va de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa.
Uno de los principales obstáculos para la prevención y sanción del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es el ordenamiento jurídico. En los últimos diez años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear 39 mil 55 mil pesos como medida cautelar. De esa cantidad, se han recuperado judicialmente 88 mil 9 mil pesos, la mayoría a través de recursos de apelación, informó el medio La Jornada.
La nota reveló que datos de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, muestran que a mayo de 2023, solo 4,350 millones de pesos de los 39 mil 55 mil millones de pesos que tienen congelados a los usuarios del sistema financiero desde 2014 para evitar y detectar actos relacionados con el financiamiento del terrorismo y operaciones que utilicen recursos de procedencia ilícita (lavado de activos) permanezcan inmovilizados.
Casi nueve de cada diez pesos que la UIF había bloqueado como parte de investigaciones por fraude, defraudación fiscal, delitos contra la salud, delincuencia organizada, actividades ilícitas de hidrocarburos, petróleo o petroquímica, servicio público ilegal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión han sido recuperados en casos legales por las personas investigadas.
En casi una década se han desbloqueado 34 mil 705 millones de pesos, de los cuales 9 mil 303 millones (o 26 por ciento) fueron liberados a través de la garantía de audiencia, 25 mil 119 millones (o 72 por ciento) a través de juicios de amparo, y más 281 mil millones (0 por ciento), lanzados en 2017, 2018 y 2020, no han revelado su método de descongelación.
La investigación reveló que la tesorería de Pablo Gómez asegura haber bloqueado solo 346 millones de pesos hasta mayo de 2023, pero en esos cinco meses personas investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales o apoyo al terrorismo han recuperado 534 mil 623 pesos a través de juicios de amparo.
La UIF está lejos de registrar el monto total bloqueado en 2019, cuando congeló 16 mil 384 millones de pesos, pero solo quedaron bajo protección 706 mil millones de pesos una vez que entró la garantía de audiencia y, más importante, los juicios de amparo, a través de los cuales los usuarios del sistema financiero fueron eliminados de la lista de personas bloqueadas y posteriormente recuperaron el dinero.
No hay datos organizados y concisos sobre quiénes han sido dados de baja de la lista de bloqueados de la UIF.
Sin embargo, entre los casos más destacados de este año están los de Linda Cristina Pereyra Gálvez y Luis Cárdenas Palomino, quienes fueron la mano derecha y esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Ambos recibieron protección a cambio de ser eliminados de la lista del Tesoro y pudieron recuperar los fondos que estaban congelados en el sistema financiero.
Personas vinculadas al caso Genaro García Luna, incluida su esposa Cristina Pereyra, tuvieron acceso a más de la mitad del dinero inicialmente congelado, según datos de la UIF divulgados en marzo.
Este viernes Pablo Gómez, titular de la unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se presentó en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional para informar sobre el juicio que el Gobierno de México presentó ante un tribunal de Miami, Florida, para recuperar alrededor de 600 millones de dólares que Genaro García Luna y sus socios, entre ellos su esposa, desviaron del erario público en los sexenios de Felipe Calderón Inojosa y Enrique Peña Nieto.
El funcionario mencionó que un Tribunal de Florida ya resolvió la demanda del gobierno de México presentada contra el ex secretario de seguridad de Felipe Calderón, por lo que ahora habrá un juicio para que esos 600 millones de dólares regresen a las arcas de México, además de que la decisión de la corte civil es inapelable, en el sentido de que la defensa de García Luna buscaba frenar el proceso.
Pablo Gómez mostró una tabla en donde se leen los nombres de los socios, empresas y cantidades que desviaron cada uno de ellos durante los dos sexenios del pasado, en donde destacan Linda Christina Pereyra Gálvez, Mauricio Samuel Weinberg López, Sylvia Donna Pinto de Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg Pinto y quienes firmaron contratos por 225,212,906 dólares.
Detallaron que los recursos que se desviaron fueron de 223 millones 212 mil 909 dólares durante el sexenio ilegítimo de Felipe Calderón y de 420 millones 753 mil 293 dólares en la administración de Enrique Peña Nieto.
“No se quedó en el tiempo en que García Luna fue secretario de seguridad con Felipe Claderón, siguieron operando con el nuevo gobierno (EPN)”, mencionó Gómez respecto a García Luna y a su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez.
Corrupción, insignia de los gobiernos neoliberales
El titular de la UIF explicó a la audiencia de las mañaneras y a prensa que durante los gobiernos neoliberales la corrupción fue uno de los principales instrumentos de gobierno del país y destacó que la administración que encabeza el Presidente López Obrador es la primera que trabaja para desmantelar la corrupción.
Sobre la red de García Luna, el funcionario mencionó que tomaban el dinero, le daban vuelta a través de Barbados, siendo éste su paraíso fiscal de tránsito para finalmente llegar a Florida, por lo que no es de extrañar que lo robado, se haya invertido en aquel estado de la nación americana.
Finalmente puntualizó que la demanda del Gobierno de México es un precedente, ya que es la primera vez que se hace un juicio contra una trama de corrupción y es la primera vez que una administración se empeña en combatir la corrupción como un sistema.
Este lunes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, se presentó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador para informar sobre el caso de Sonia Vargas Terrero, ex colaboradora de Genaro García Luna y que ahora fue contratada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dirige Norma Lucía Piña Hernández.
Pablo Gómez agregó que los contratos firmados por la funcionaria fueron acuerdos con las mismas empresas que fueron ligadas con Genaro García Luna. Aseguró que Sonia Vargas Terreno realizó operación que consisten en 71 millones 600 mil dólares.
“Ningún contrato cubrió con los señalamientos legales, en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional”.
Sentenció
En el mismo tenor explicó que las autoridades mexicanas, hicieron contrataciones por servicios de 2012 a 2018 en las que están involucrados funcionarios como Eugenio Ímaz Gispert, exdirector del Cisen; EduardoGuerreroDurán, comisionado de Prevención y Readaptación Social, así como EnriqueSalinasRomero, director General de la Política y Estadística Criminal.
Igualmente detalló que todas las erogaciones que se hicieron a un mismo conglomerado de empresas manejadas por un par de personas para sistemas de rastreo, sistemas de inteligencia y telefonía celular. Estas operaciones, dijo, se llevaron a cabo durante el sexenio de FelipeCalderón y el de Enrique Peña Nieto.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo”, dijo sobre estas acciones que habrían llevado a desviar más de 700 millones de dólares, los cuales el gobierno de México espera recuperar gracias a un juicio civil en Florida, EstadosUnidos.
Finalmente mencionó que las personas mencionadas en este informe son investigadas por la Fiscalía General de la República, la cual se encuentra buscando más evidencias para que se determine si estos funcionarios cometieron algún acto de corrupción.
Una vez más el Partido Acción Nacional ha sido relacionado con posibles ilícitos y acciones cuestionables, ya que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló este jueves desde el que fue el búnker de García Luna, que el partido de ultraderecha transfirió un millón 160 mil pesos a una empresa ligada al ex mano derecha de Calderón.
Fue el 8 de abril de 2015, cuando el partido de donde emanó Felipe Calderón transfirió vía SPEI, la cantidad de 1.1 millones de pesos a la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management.“No estoy diciendo que hay un delito, pero existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, pero existe una relación financiera con la empresa madre de la trama corrupta”.
“No estoy diciendo que hay un delito, pero existe una relación económica, no sabemos de qué naturaleza, pero existe una relación financiera con la empresa madre de la trama corrupta”.
Pablo Gómez
¿Quién controla las empresas relacionadas?
El titular de la UIF aseguró que estas empresas son controladas por una sola familia que obtuvo ingresos de más de 726 millones 77 mil 353 pesos del erario público mexicano; mientras que Glac Security Consulting Technology Risck Management SC se benefició con 363 millones 866 mil 666 dólares en México, siendo la esposa de García Luna la dueña de ésta última.
#ConferenciaPresidente | @PabloGomez1968 explicó que Durante los años de 2006 a 20012 dos entidades del gobierno federal suscribieron diez contratos por un monto total de 316 millones 675 mil dólares, ninguno de esos contratos fue sometido a licitación pública pic.twitter.com/kbkSzc7XSe
