La gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, destacó que en Morena se respeta al pueblo y las bases del partido, afirmando que el movimiento se ha construido con el trabajo y convicciones de millones de personas con ideas progresistas. En este sentido, Nahle subrayó que el partido se reserva “el derecho de admisión” en su estructura, aludiendo a los rumores sobre la posible incorporación de Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ambos recientemente expulsados del PAN.
En Veracruz @PartidoMorenaMx se ha construido con trabajo, esfuerzo y convicciones de millones de hombres y mujeres con ideología progresista para llevar a cabo la transformación.
Cuidamos y respetamos a las bases y al pueblo. Por lo que “NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN”
Estos comentarios surgieron después de que la familia Yunes, tras apoyar la reforma judicial en el Senado de la República, fue expulsada del Partido Acción Nacional (PAN) por contravenir los principios de su partido. En respuesta a estas versiones, Nahle dejó claro que Morena no se aleja de sus ideales de respeto al pueblo y lucha contra la corrupción, valores que han sido fundamentales en su construcción como fuerza política.
La posible adhesión de los Yunes a Morena ha generado controversia. Tras la aprobación de la reforma judicial, tanto Yunes Márquez como su padre manifestaron su apoyo a la iniciativa junto a los senadores de Morena, PT y Partido Verde, lo que provocó su expulsión del PAN. Desde entonces, han circulado rumores sobre su eventual llegada a Morena, una posibilidad que Nahle dejó en duda al recalcar que el partido toma decisiones cuidadosas sobre quién puede unirse a sus filas.
Finalmente, aunque algunos analistas especulan que la familia Yunes podría buscar un lugar en la Cuarta Transformación a través del PT, Rocío Nahle reafirmó que los principios de Morena, basados en el respeto al pueblo y el rechazo a la corrupción, siguen siendo inquebrantables, evitando así cualquier tipo de compromiso con figuras políticas que no compartan plenamente estos valores.
Hace dos semanas, la senadora Lilly Téllez lanzó una dura advertencia contra Gerardo Fernández Noroña, quien fue elegido como el próximo presidente del Senado de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y partidos aliados. En declaraciones a los medios, la legisladora opositora criticó duramente el perfil de Fernández Noroña, calificándolo como inadecuado para presidir la cámara alta.
En su intervención, Téllez señaló que la designación de Fernández Noroña es congruente con los principios de Morena, al que asoció con comportamientos contrarios a la decencia:
“El perfil exactamente que es la encarnación de lo contrario a la decencia va a presidir el Senado. Es un simple pandillero, hablador, mentiroso, grosero, que representa muy bien a Morena. Eso es Morena, Morena es Fernández Noroña, los felicito por la congruencia”, dijo el pasado 28 de agosto.
Además, la senadora panista advirtió que desde su posición en la Cámara de Senadores, vigilará constantemente a Fernández Noroña, asegurando que le hará “la vida de cuadritos”, lo que ha generado controversia en redes sociales.
Respaldo a Fernández Noroña y exigencia de desafuero para Lilly Téllez
Las declaraciones de Lilly Téllez provocaron fuertes reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios de Twitter expresaron su respaldo a Fernández Noroña y pidieron el desafuero de la senadora por su conducta, que algunos consideraron violenta y poco profesional.
Una de las usuarias, @SoniaSenz4, compartió un mensaje en el que calificó a la senadora como “esquizofrénica” y acusó a Téllez de ser una “arribista” sin preparación para ocupar su cargo, pidiendo su salida de la política. En su tuit, expresó:
“Peeeeero, los que la tenemos a ella en la mira, somos MILLONES, así que, bellaca @LillyTellez, pronto pasarás también al basurero de la historia.”
Además, otros usuarios como @HenrySanto62692 han popularizado el hashtag #DesafueroALillyTellez, exigiendo que se le retire el fuero debido a su comportamiento.
“Yo voto por el #DesafueroALillyTellez”, señaló uno de los usuarios en apoyo a esta demanda ciudadana.
Los conflictos internos en el PRI se recrudecen, y ni entre priístas parecen tolerarse. En un contundente comunicado, varios ex presidentes nacionales del partido han exigido la destitución inmediata de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazara la legalidad de las reformas estatutarias que permitieron su reelección.
Entre los firmantes del documento se encuentran figuras clave del priismo como Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa Reza, Manlio Fabio Beltrones y Aurelio Nuño. Los ex mandatarios partidistas han dejado claro que, con la resolución del INE, Alejandro Moreno “ya no es presidente nacional” y debe abandonar el cargo de manera inmediata.
El fin del intento de secuestrar al PRI
En su pronunciamiento, los ex presidentes afirmaron que la decisión del INE representa un freno a los intentos de Moreno por “secuestrar al PRI” y perpetuarse en el poder. Según indican, con la anulación de la reelección, se debe convocar a una dirigencia provisional, la cual deberá ser elegida por el Consejo Político Nacional. Asimismo, recalcaron que dicho consejo deberá estar integrado únicamente por miembros que hayan sido registrados antes del 7 de julio, fecha en la que se celebró una Asamblea Nacional que consideran “ilegal”.
Reincorporación de excluidos y restitución de derechos
Los priístas que firmaron el comunicado, entre los que también se encuentran Fernando Galindo, Fernando Zendejas, Natividad González, Fernando Lerdo de Tejada, José Encarnación Alfaro y José Reyes Baeza, exigen que todos los miembros del partido que fueron excluidos de los Consejos Políticos Nacionales o Estatales sean reincorporados de inmediato. Además, subrayaron la importancia de restituir los derechos de aquellos que fueron expulsados “ilegalmente” por Alejandro Moreno.
El INE frena las reformas estatutarias del PRI
Este jueves, el Consejo General del INE decidió no ratificar la constitucionalidad de las reformas estatutarias del PRI que permitieron la reelección de Moreno Cárdenas. La principal razón fue que dichas reformas se aprobaron antes de que concluyera el proceso electoral federal, lo que las invalida. Según el fallo del INE, la “imposibilidad” de validar dichas modificaciones será un asunto que ahora deberá resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En este sentido, los ex presidentes del PRI aseguraron que el fallo del INE es contundente, ya que al declarar la nulidad de las reformas, no fue necesario ni siquiera entrar en el análisis de su contenido. “Al haberse efectuado en un periodo prohibido, no tienen validez alguna”, afirmaron.
Alejandro Moreno y el PRI en crisis
La postura de los ex presidentes del PRI no es un simple llamado a la reflexión. En sus declaraciones, enfatizaron que “el derecho del partido a auto-organizarse no puede ser utilizado por Alejandro Moreno como un mecanismo para violar la ley ni para instaurar una autocracia en el interior del PRI”. Este golpe, sumado a la decisión del INE, pone a Alejandro Moreno en una situación crítica dentro del partido.
El futuro de Moreno Cárdenas al frente del PRI ahora depende del Tribunal Electoral, pero los ánimos dentro del partido parecen cada vez más tensos. La fractura interna, evidenciada por las fuertes declaraciones de los ex presidentes, muestra que el PRI atraviesa una crisis que podría marcar el rumbo de su futuro político.
La reelección de Alejandro “Alito” Moreno como dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sufrido un duro revés. Este jueves, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó las reformas a los estatutos del partido que permitían la permanencia de Moreno al frente de la dirigencia por otros cuatro años, e incluso abrirle la posibilidad de mantenerse en el cargo hasta 2032. La votación fue aprobada por mayoría de siete votos a favor y cuatro en contra.
El INE determinó que las reformas realizadas por el PRI durante su Asamblea Nacional del 7 de julio violaron el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, que prohíbe a los partidos modificar sus documentos básicos durante un proceso electoral. En este caso, el proceso electoral no había finalizado formalmente, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aún no había calificado la elección presidencial, un acto que marca el cierre de los comicios.
Las reformas, impulsadas por Moreno, eliminaban los candados que limitaban su reelección y le permitían aspirar a continuar como líder priista hasta 2028, con posibilidad de extender su mandato hasta 2032. Esta medida generó críticas dentro y fuera del partido, donde varios exdirigentes expresaron su descontento, alegando que la maniobra era un intento de perpetuarse en el poder.
Alito Moreno desafía al INE
Tras la resolución, Moreno reaccionó de inmediato en redes sociales, rechazando el fallo del INE y asegurando que las modificaciones a los estatutos fueron legítimas. “Estoy enterado de la resolución del INE sobre las modificaciones aprobadas legítimamente por nuestra Asamblea Nacional. Si bien respetamos la decisión, no la compartimos”, declaró el dirigente priista.
Estoy enterado de la resolución del INE sobre las modificaciones aprobadas legítimamente por nuestra Asamblea Nacional.
Si bien respetamos la decisión, no la compartimos, pues existen criterios aprobados por la Sala Superior que legitiman nuestras decisiones internas. Conforme…
Moreno también anunció que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde espera que se revoque la decisión del INE. Según él, existen precedentes que avalan la legalidad de las decisiones internas del partido y confía en que el Tribunal resolverá a su favor.
Una elección interna polémica
La reelección de Alito Moreno como dirigente del PRI, que tuvo lugar el pasado 11 de agosto, fue una situación inédita en los 95 años de historia del partido. Con 440 votos a favor, la fórmula de Moreno y la exdiputada Carolina Viggiano se impuso ante sus opositores Lorena Piñón y Cuauhtémoc Betanzos, quienes obtuvieron solo ocho votos.
Aunque Moreno afirmó que el proceso fue “abierto, transparente, incluyente y competitivo”, las reformas que le permitieron postularse para otro periodo y extender su mandato han generado descontento dentro del partido. Exdirigentes priistas han impugnado el proceso, alegando que la modificación estatutaria ensució la contienda y que no reflejaba la voluntad de todos los sectores del partido.
El futuro del PRI en manos del TEPJF
Aunque el INE ha invalidado las reformas que facilitaban la reelección de Alito Moreno, la decisión final sobre su continuidad en la dirigencia recaerá en el TEPJF. Este fallo será clave para definir no solo el futuro de Moreno, sino también el rumbo que tomará el PRI en los próximos años, en un contexto político en el que el partido busca recuperar relevancia en la escena nacional.
Moreno, quien ha sido una figura polémica desde su llegada al liderazgo priista, sigue enfrentando cuestionamientos internos. El desenlace de este conflicto interno podría marcar un punto de inflexión en la política interna del PRI y en su papel en las elecciones futuras.
El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su coordinadora en la Cámara de Diputados, Noemí Luna Ayala, ha anunciado que utilizará todos los recursos jurídicos disponibles para bloquear la reforma judicial recientemente aprobada, una medida que parece más enfocada en proteger los intereses de los grupos privilegiados que en defender la democracia o los derechos del pueblo.
En un comunicado emitido por la diputada, el PAN afirmó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es necesario, con el objetivo de invalidar el dictamen de la reforma judicial, aprobado por una mayoría en el Congreso. Esta reforma, apoyada por el oficialismo, busca corregir un sistema judicial que durante décadas ha favorecido a las élites y que, con el respaldo de partidos como el PAN, ha perpetuado la impunidad y las desigualdades sociales.
En @AccionNacional seguiremos defendiendo la República, la democracia y las libertades.
Lejos de representar una defensa de la democracia, como lo pretende el discurso del PAN, esta ofensiva legal parece alinearse con los intereses de los sectores que se resisten a los cambios estructurales que necesita el país. No es la primera vez que el PAN intenta frenar las reformas progresistas que buscan democratizar el acceso a la justicia y fortalecer el Estado de Derecho.
Zacatecas aprueba la #ReformaJudicial con 12 votos EN CONTRA de la oposición.
“En el Partido Acción Nacional no nos detendremos en el compromiso de defender la República“, declaró Luna Ayala, pero la realidad parece ser que su “defensa” está centrada en los intereses de una minoría, intentando bloquear cualquier cambio que favorezca a la mayoría y reduzca los privilegios de las élites económicas y políticas que durante años han controlado el sistema judicial mexicano.
PAN prioriza los intereses de las élites sobre las necesidades del pueblo
El PAN ha anunciado que llevará a cabo juicios de amparo y otras acciones legales en contra de la reforma judicial, incluso antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que demuestra su urgencia por proteger el status quo. Además, han señalado que, si es necesario, llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una estrategia que se aleja de las necesidades urgentes del pueblo mexicano, como el acceso a una justicia imparcial y efectiva.
En @AccionNacional seguiremos defendiendo la República, la democracia y las libertades.
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador planea la publicación de la reforma en el DOF el próximo 15 de septiembre, el PAN se prepara para movilizar todos los recursos a su disposición con tal de impedir que las reformas entren en vigor, aunque esto signifique ir en contra de la voluntad popular expresada en el Congreso.
División de poderes o división de intereses
Luna Ayala afirmó que la Suprema Corte de Justicia será la “última instancia para garantizar la división de poderes”. Sin embargo, el PAN ha sido señalado en repetidas ocasiones por utilizar al Poder Judicial como un escudo para sus intereses políticos, más que como una herramienta para proteger los derechos de la ciudadanía. La reforma judicial que ahora combaten tiene como objetivo reequilibrar los poderes del Estado y evitar que los jueces actúen como protectores de las élites, una dinámica que ha sido recurrente bajo gobiernos anteriores.
En sesión de la Comisión Permanente Nacional, decidimos impugnar ante la @SCJN el proceso de la destructiva reforma judicial que aprobó ayer el régimen morenista, pero también que inicie el proceso de expulsión de quienes traicionaron al país con su voto: Miguel Ángel Yunes… pic.twitter.com/G2haTpm9up
En un segundo comunicado, Luna Ayala respaldó la decisión de la dirigencia nacional del PAN de expulsar a los legisladores que votaron a favor de la reforma judicial. Esta purga interna es un claro mensaje para aquellos que, dentro del propio PAN, reconocen la necesidad de cambiar y de alinear su política con los intereses del pueblo, en lugar de continuar protegiendo a los privilegiados.
El PAN, un partido que ha estado en el poder en múltiples ocasiones, continúa priorizando los intereses de unos pocos por encima de las necesidades de la mayoría. Con su cruzada jurídica en contra de la reforma judicial, el PAN no solo demuestra su resistencia al cambio, sino también su disposición a obstaculizar los avances democráticos y el fortalecimiento del Estado de Derecho en México.
A pesar de la reciente aprobación de la Reforma al Poder Judicial, la oposición no ha cesado en sus intentos por desacreditar y boicotear la medida. Desde Carlos Salinas Pliego con sus desplantes clasistas, hasta Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, con amenazas vacías de extender el paro del Poder Judicial, los opositores han mostrado su rechazo contundente.
Uno de los episodios más polémicos fue protagonizado por el comunicador Pedro Ferriz de Con, quien lanzó amenazas directas a Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, y a los senadores que aprobaron la reforma. “Han cavado su propia tumba”, afirmó Ferriz de Con en un tono violento, aludiendo a que los senadores y Sheinbaum enfrentarán graves intimidaciones por su respaldo a esta reforma, la cual ha sido calificada como urgente para el sistema judicial del país.
🚨 #Alerta | 📹 #Vídeo | “Han cavado su propia tumba, los veremos desfilar frente a nosotros y van a caer al hoyo (…) Claudia, no sabes en la que te vas a meter”: Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) lanza abierta amenaza contra la Presidenta electa y las y los legisladores de la… pic.twitter.com/t5Muk2Nd5h
Con una línea misógina, Ferriz de Con remató sus declaraciones con un comentario hacia Sheinbaum: “No sabes en la que te vas a meter a partir del primero de octubre, realmente no me gustaría estar en tus zapatos, de tacón”. Estas palabras se suman a un tono de agresión que ha sido recurrente entre sectores de la oposición en contra de figuras femeninas del gobierno y del movimiento progresista.
A pesar del descontento opositor, la reforma ha alcanzado el respaldo necesario de 17 congresos estatales, lo que permitirá su promulgación y entrada en vigor. Con este paso, el gobierno de López Obrador busca reformar un sistema judicial que, según sus defensores, beneficiará al pueblo mexicano con una justicia más transparente y accesible.
La promulgación de la reforma representa un cambio crucial en la manera en que se elige y supervisa a jueces y magistrados, lo que fortalecerá la independencia del poder judicial y erradicará la corrupción en el sistema.
La Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) ha decidido expulsar a los políticos Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel Yunes Márquez (senador y senador suplente), y la diputada Natividad Díaz, luego de que votaran a favor de la polémica Reforma al Poder Judicial. Esta decisión se tomó debido a lo que el partido considera una traición a los principios del PAN.
En un comunicado emitido por la dirigencia nacional del partido, se señala que los tres funcionarios apoyaron una reforma que, según el PAN, tiene “vicios de procedimiento” y que violenta las suspensiones de amparo emitidas por dos juzgados federales. Dichas suspensiones impedían la discusión y votación de la reforma en cuestión. Además, el partido criticó los cambios irregulares de sede y la falta de discusión en el Congreso, atribuidos a las recientes protestas y paros de los trabajadores del Poder Judicial.
AMLO niega pactos con Yunes
Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó categóricamente haber pactado con los senadores Miguel Ángel Yunes Linares y Miguel Ángel Yunes Márquez para asegurar su voto a favor de la reforma judicial.
“Se piensa que hubo una negociación, pero ese es un problema que tienen los conservadores, creen que somos iguales que ellos”, declaró el mandatario.
El mandatario mexicano destacó la importancia de la aprobación de la reforma, que permite la elección popular de jueces, magistrados y ministros. “A mí me agrada que se haya aprobado la reforma con cualquier voto”, expresó, señalando que lo importante es avanzar hacia la erradicación de la corrupción e impunidad en el sistema judicial.
Ante las especulaciones de que el voto de Yunes Márquez fue producto de una negociación, López Obrador fue enfático: “No se negoció nada con Yunes Linares ni con Yunes Márquez. Eso es lo que piensan los conservadores y sus voceros porque creen que somos iguales a ellos”, sentenció. El presidente subrayó que no hubo conversaciones entre él y los Yunes sobre este tema, calificando la decisión del senador como “una decisión política” personal.
El Poder Judicial de México se encuentra en una crisis sin precedentes, ya que jueces, magistrados y trabajadores han decidido prolongar un paro de labores indefinido, mientras continúan recibiendo sueldos que superan los 100 mil pesos mensuales. Esta medida fue tomada en respuesta a la reforma aprobada por el Senado de la República, la cual busca modificar el sistema judicial, desatando el descontento de los funcionarios.
En una declaración emitida hoy, Patricia Aguayo, vocera de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, confirmó que la suspensión de actividades sigue en pie y podría extenderse hasta el 1 de octubre. Aguayo dejó claro que se mantendrán las medidas de presión, entre ellas, el paro de labores en todos los edificios judiciales del país y un plantón frente a la Cámara de Diputados.
📹 #Vídeo | Patricia Aguayo, vocera de Norma Piña, confirmó que sigue el paro de actividades en todos los edificios del Poder Judicial y dejó abierta la posibilidad de extender la suspención de actividades hasta el 1 de octubre.
Aunque los trabajadores del Poder Judicial argumentan que su lucha es por la defensa de la justicia y la independencia del poder, resulta difícil ignorar el hecho de que, a pesar del paro, continúan cobrando salarios excesivos. Jueces y magistrados, con sueldos superiores a los 100 mil pesos mensuales, mantienen una postura de “resistencia” mientras el país enfrenta una creciente crisis económica y miles de ciudadanos carecen de acceso a una impartición de justicia eficiente.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), encabezada por Juana Fuentes Velázquez, ha asegurado que no solo continuarán con las medidas de protesta, sino que incluso recurrirán a organismos internacionales para frenar la reforma. Sin embargo, el trasfondo de esta postura parece más orientado a proteger privilegios que a defender el estado de derecho, lo que ha generado una creciente indignación entre la ciudadanía.
Impacto del paro en la impartición de justicia
La suspensión de actividades no solo afecta los procesos judiciales, sino que pone en riesgo el acceso a la justicia de millones de personas en todo el país. Mientras que los jueces y magistrados siguen recibiendo sus altos sueldos, miles de juicios, amparos y audiencias quedan en el limbo, afectando a personas que dependen de un sistema judicial que, irónicamente, parece estar más preocupado por defender sus ingresos que por cumplir con sus responsabilidades.
A pesar de la creciente presión social, los trabajadores del Poder Judicial no han dado señales de retroceder en su paro. Para muchos, este paro es visto como una medida para defender un sistema que otorga beneficios desproporcionados a sus funcionarios, alejándose de la verdadera misión del Poder Judicial: impartir justicia de manera eficiente y equitativa.
La Alcaldía de Miguel Hidalgo se encuentra en el centro de un escándalo tras la destitución de César Garrido, director de Gobierno y Asuntos Jurídicos, quien fue señalado por proteger intereses del Cártel Inmobiliario. Su inacción en el caso del desarrollo de Francisco Murguía 86, en la Colonia Escandón, provocó daños a los vecinos colindantes, quienes sufren filtraciones y afectaciones estructurales en sus viviendas.
El Tribunal de Justicia Administrativa ordenó la destitución e inhabilitación del funcionario por un año, tras determinar que no implementó acciones preventivas para proteger a los vecinos del proyecto inmobiliario. Esta decisión es vista como una respuesta a la creciente presión por acabar con la corrupción en las gestiones inmobiliarias de la capital.
Corrupción y abuso de funciones
El caso de Francisco Murguía 86 ha generado una polémica que involucra a la administración del alcalde panista Mauricio Tabe. La obra de cinco niveles, que continúa su curso a pesar de las irregularidades, ha causado graves filtraciones de agua y daños estructurales a los inmuebles vecinos, específicamente en Francisco Murguía 88. Aunque las autoridades locales estaban al tanto de los problemas, no se tomaron medidas para detener la obra, lo que ahora ha culminado en la destitución de Garrido.
En 2022, la Contraloría General de la CDMX había sancionado a Garrido por autorizar la remoción de sellos de suspensión en el proyecto de Francisco Murguía 88, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canceló la sanción poco después. Sin embargo, los vecinos afectados continuaron su lucha y finalmente lograron que el Tribunal Administrativo fallara en su favor.
Fallo del Tribunal y afectaciones a vecinos
El Tribunal determinó que Garrido incurrió en “abuso de funciones” al no actuar para prevenir las afectaciones que el desarrollo inmobiliario estaba causando a las viviendas colindantes. Las filtraciones de agua subterránea, que Protección Civil había advertido, representan un riesgo potencial de deslizamientos, un problema que sigue sin solución mientras la obra se encuentra casi terminada y ya habitada.
Los vecinos afectados, que demandaron justicia ante el Tribunal, siguen enfrentando las consecuencias de la negligencia. A pesar de que la sentencia ya fue emitida, las fisuras en paredes y pisos continúan creciendo, y algunos de ellos han visto truncados sus proyectos de vida debido a los daños que presenta su patrimonio.
Consecuencias para la administración
La destitución de César Garrido pone en evidencia la creciente problemática del Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México, donde los intereses económicos de los desarrolladores prevalecen sobre el bienestar de los ciudadanos. Este fallo judicial refuerza la necesidad de que la administración de Miguel Hidalgo tome medidas más estrictas para evitar futuros abusos en el manejo de proyectos inmobiliarios.
Para los vecinos de Francisco Murguía 88, el fallo representa una pequeña victoria en su lucha por que se reconozcan y resarzan los daños que han sufrido. No obstante, sigue pendiente la responsabilidad de quienes deben hacerse cargo de las reparaciones, mientras los efectos de la negligencia persisten y el edificio irregular continúa ocupándose sin contar con autorización.
La Reforma al Poder Judicial, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha desatado un intenso debate político en México. Esta iniciativa busca transformar el sistema judicial del país, pero ha sido fuertemente criticada por diversos sectores, incluyendo al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Grupo Elektra. Salinas Pliego ha manifestado su descontento en un contexto donde sus empresas enfrentan deudas millonarias con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las cuales actualmente están siendo revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Desde que el Senado aprobó la reforma, TV Azteca ha transmitido reportajes y entrevistas críticas hacia la propuesta de AMLO. Estas transmisiones han generado especulaciones sobre si la cobertura mediática está influenciada por los problemas fiscales que enfrenta Salinas Pliego. Las redes sociales no han sido ajenas a este debate, donde usuarios han señalado que la postura de la televisora podría estar motivada por los intereses personales del magnate.
TV Aztecaha dado gran espacio a voces opositoras a la reforma, lo que ha levantado sospechas sobre los verdaderos motivos detrás de esta línea editorial. La televisora podría estar utilizando su influencia mediática para desacreditar la reforma judicial y presionar indirectamente a las autoridades, en un momento clave en que la SCJN revisa las deudas fiscales de sus empresas.
Salinas Pliego, conocido por su estilo clasista y ofensivo, ha utilizado sus redes sociales para expresar su descontento. En X (antes Twitter), el empresario lanzó comentarios indirectos criticando la división social que, según él, está fomentando la reforma. Aunque no hizo una referencia explícita al tema fiscal, sus publicaciones fueron interpretadas como un intento de defenderse ante las crecientes especulaciones sobre sus problemas con el SAT.
Jajaja ustedes sueñan que pueden repartirse mi fortuna… pero están muy equivocados, tienen 6 años diciendo lo mismo y aquí sigo y aquí seguiré.
No entiendo el gusto de la gente por emocionarse pensando en que ya… ahora si, van a poder acabar con los ricos, si somos los que les… https://t.co/GjieTBUSmF
Un usuario de redes, Luis López, sugirió que el verdadero temor de Salinas Pliego podría estar relacionado con la revisión fiscal en curso por parte de la SCJN. La deuda millonaria que enfrenta Grupo Elektra ha generado suspicacias sobre si el empresario está tratando de influir en la opinión pública para presionar al poder judicial.
En respuesta a estas insinuaciones, Salinas Pliego desafió, de manera despectiva, abiertamente a sus críticos. En una publicación afirmó: “Ustedes sueñan que pueden repartirse mi fortuna, pero están muy equivocados”. El cínico empresario resaltó que lleva seis años enfrentando acusaciones similares y, pese a ello, continúa siendo uno de los más poderosos del país. Además, destacó que los empresarios como él son los principales generadores de empleo, subrayando su importancia en la economía nacional.
La reacción de Salinas Pliego ante estas acusaciones refuerza su postura pública de rechazo a la reforma judicial, al tiempo que enfrenta un proceso fiscal que podría tener consecuencias millonarias para su imperio empresarial.
