El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su coordinadora en la Cámara de Diputados, Noemí Luna Ayala, ha anunciado que utilizará todos los recursos jurídicos disponibles para bloquear la reforma judicial recientemente aprobada, una medida que parece más enfocada en proteger los intereses de los grupos privilegiados que en defender la democracia o los derechos del pueblo.
En un comunicado emitido por la diputada, el PAN afirmó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es necesario, con el objetivo de invalidar el dictamen de la reforma judicial, aprobado por una mayoría en el Congreso. Esta reforma, apoyada por el oficialismo, busca corregir un sistema judicial que durante décadas ha favorecido a las élites y que, con el respaldo de partidos como el PAN, ha perpetuado la impunidad y las desigualdades sociales.
Bloqueo a la voluntad popular
Lejos de representar una defensa de la democracia, como lo pretende el discurso del PAN, esta ofensiva legal parece alinearse con los intereses de los sectores que se resisten a los cambios estructurales que necesita el país. No es la primera vez que el PAN intenta frenar las reformas progresistas que buscan democratizar el acceso a la justicia y fortalecer el Estado de Derecho.
“En el Partido Acción Nacional no nos detendremos en el compromiso de defender la República“, declaró Luna Ayala, pero la realidad parece ser que su “defensa” está centrada en los intereses de una minoría, intentando bloquear cualquier cambio que favorezca a la mayoría y reduzca los privilegios de las élites económicas y políticas que durante años han controlado el sistema judicial mexicano.
PAN prioriza los intereses de las élites sobre las necesidades del pueblo
El PAN ha anunciado que llevará a cabo juicios de amparo y otras acciones legales en contra de la reforma judicial, incluso antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que demuestra su urgencia por proteger el status quo. Además, han señalado que, si es necesario, llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una estrategia que se aleja de las necesidades urgentes del pueblo mexicano, como el acceso a una justicia imparcial y efectiva.
Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador planea la publicación de la reforma en el DOF el próximo 15 de septiembre, el PAN se prepara para movilizar todos los recursos a su disposición con tal de impedir que las reformas entren en vigor, aunque esto signifique ir en contra de la voluntad popular expresada en el Congreso.
División de poderes o división de intereses
Luna Ayala afirmó que la Suprema Corte de Justicia será la “última instancia para garantizar la división de poderes”. Sin embargo, el PAN ha sido señalado en repetidas ocasiones por utilizar al Poder Judicial como un escudo para sus intereses políticos, más que como una herramienta para proteger los derechos de la ciudadanía. La reforma judicial que ahora combaten tiene como objetivo reequilibrar los poderes del Estado y evitar que los jueces actúen como protectores de las élites, una dinámica que ha sido recurrente bajo gobiernos anteriores.
Amenazas internas y el futuro del PAN
En un segundo comunicado, Luna Ayala respaldó la decisión de la dirigencia nacional del PAN de expulsar a los legisladores que votaron a favor de la reforma judicial. Esta purga interna es un claro mensaje para aquellos que, dentro del propio PAN, reconocen la necesidad de cambiar y de alinear su política con los intereses del pueblo, en lugar de continuar protegiendo a los privilegiados.
El PAN, un partido que ha estado en el poder en múltiples ocasiones, continúa priorizando los intereses de unos pocos por encima de las necesidades de la mayoría. Con su cruzada jurídica en contra de la reforma judicial, el PAN no solo demuestra su resistencia al cambio, sino también su disposición a obstaculizar los avances democráticos y el fortalecimiento del Estado de Derecho en México.
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