Comerciantes afectados acusan uso excesivo de la fuerza durante el retiro de más de 60 puestos; Morena exige diálogo y respeto a acuerdos previos.
La tensión por el operativo en San Cosme escaló al terreno legal. Comerciantes en vía pública presentaron 12 denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por el delito de lesiones, tras la intervención realizada el pasado 13 de febrero por autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc en el cruce de Ribera de San Cosme e Insurgentes, donde fueron retirados al menos 60 puestos semifijos.
En conferencia de prensa, el legislador de Morena, Paulo García, informó que las denuncias fueron interpuestas contra quien resulte responsable y reprochó que la alcaldía no acudiera a una mesa de diálogo convocada con funcionarios del Gobierno capitalino y representantes del comercio informal.
Desde la sede de Morena, el diputado exhibió un oficio de la pasada administración de la alcaldía, en el que se establecía un acuerdo de reubicación para los vendedores en Ribera de San Cosme, como parte de la liberación del túnel de Génova en la Glorieta de Insurgentes. “Si hubiera una auténtica visión de reordenamiento, se habrían usado los canales institucionales”, sostuvo, al señalar que el operativo buscó generar confrontación mediática.
Por su parte, la legisladora Diana Sánchez Barrios negó rompimiento con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, pero acusó un clima de violencia contra familias trabajadoras. Aunque aclaró que no dirige la asociación Pro Diana A.C., indicó que se brinda acompañamiento jurídico a los afectados.
De acuerdo con los denunciantes, el operativo impactó a 60 familias y más de 180 personas, sin que hasta el momento se haya cuantificado el monto total de los daños a mercancía. El caso abre un nuevo frente político y legal en torno al reordenamiento del comercio en vía pública en la CDMX.
