Un video difundido en redes sociales revela el preocupante esquema de extorsión dirigido por Claudia Hernández Casas, ex candidata a diputada local por el Partido Encuentro Social (PES) en las elecciones de 2021. En el material, se expone el caso de Jorge A., un joven oaxaqueño actualmente preso en Jalisco, quien fue víctima de las tácticas manipuladoras y criminales de Hernández Casas, quien además tiene denuncias en Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco por hechos similares.
El video advierte que Claudia Hernández utiliza relaciones sentimentales para manipular, extorsionar y falsificar denuncias, como la que enfrenta Jorge A. por abuso sexual en contra de sus hijas menores, un delito que, según las pruebas presentadas, no tiene sustento. Las evaluaciones médicas no coinciden con las acusaciones, lo que refuerza las sospechas de que el caso ha sido fabricado por la mujer para obtener beneficios económicos.
Pero Jorge A. no es la única víctima. Igualmente se señala que Hernández Casas intentó extorsionar al ex futbolista Omar Bravo, demandándole manutención por una hija que supuestamente sería suya, sin lograr más que recibir una casa como “compensación”. Asimismo, se denunció que presentó una falsa acusación contra un trabajador de la escuela de sus hijas en Ciudad de México, pidiendo dos millones de pesos para evitar que el caso fuera divulgado.
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es que Hernández Casas no sólo ataca a sus parejas o ex parejas, sino también a sus familiares. En el caso de Jorge A., ella ha amenazado a sus parientes, exigiendo propiedades, vehículos y dinero en efectivo bajo la amenaza de contar con el respaldo del crimen organizado y altos funcionarios políticos, llegando incluso a proferir amenazas de muerte.
Los denunciantes instan a las autoridades judiciales a actuar con imparcialidad y a revisar las pruebas a fondo, pues todo apunta a un patrón de abuso, manipulación y extorsión sistemática por parte de Claudia Hernández Casas, quien ha demostrado operar bajo esquemas delictivos en diversos estados. La gravedad de las acusaciones y las amenazas contra quienes se oponen a ella subrayan la urgencia de una intervención legal contundente para frenar sus actividades y evitar que más personas caigan víctimas de sus tácticas.
El llamado de quienes han sido afectados es claro: se debe hacer justicia y asegurar que la mujer enfrente las consecuencias de sus acciones, protegiendo a las posibles víctimas futuras y desmantelando sus nexos con el crimen organizado.
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