La detención de María Vanessa “N” refuerza las investigaciones contra la red financiera que operó durante y después del sexenio de Felipe Calderón.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a María Vanessa “N”, exasesora del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, como parte del entramado financiero ligado al exfuncionario hoy preso en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la detenida habría fungido como apoderada legal de la empresa Nunvav Inc., utilizada presuntamente para fondear recursos de origen ilícito, desviar fondos públicos y operar esquemas fraudulentos a través del sistema financiero mexicano. Las investigaciones apuntan a que los beneficiarios finales de estas operaciones incluían a García Luna y miembros de su familia.
La FGR informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicaron a María Vanessa “N” en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, integrado por la SSPC, la Defensa, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Tras su detención, le fueron leídos sus derechos constitucionales y fue trasladada para su certificación médica.
Posteriormente, la exasesora fue puesta a disposición de una autoridad judicial en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde el Ministerio Público Federal solicitará la audiencia inicial para formular la imputación correspondiente.
Las indagatorias señalan que Nunvav Inc. forma parte de una red de empresas vinculadas a contratos irregulares con dependencias federales, entre ellas el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Tesorería de la Federación, tanto durante la gestión de García Luna como después de su salida del cargo.
La captura de María Vanessa “N” se suma a los procesos en curso que buscan desmantelar la estructura financiera que operó desde el poder público y que hoy mantiene a García Luna sentenciado en EUA, marcando un nuevo avance en el combate a la corrupción y la impunidad del pasado reciente.
