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No era muy difícil entender que el proceso para la designación de gobernador interino en Nuevo León, fue muy mal ejecutado. Al menos para alguien atento al contenido del sistema normativo constitucional de la entidad y el federal.

Sin embargo, parece patente que no lo fue así para los diputados de la actual legislatura del Congreso de Nuevo León; cosa que tampoco vio con malos ojos el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León (TSJENL) y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León (CJNL).

Así las cosas, con este acto resulta válido cuestionar ¿en qué manos estamos? Porque ¿cómo es posible que el máximo responsable del poder judicial en Nuevo León, así como los miembros del Congreso que votaron a su favor, desconocían que el acto que estaban por realizar, y que terminaron por concretar, era inconstitucional?

Acaso ¿no conocen la constitución? Porque, de ser así, entonces se expondría que no se sabe, a ciencia cierta, qué fue lo que aprobaron los diputados de Nuevo León el año pasado; casualmente, el mismo mes de octubre, y que anunciaron con bombo y platillo: la «nueva» (que no es nueva) Constitución de Nuevo León.

Pues bien, dejando eso de lado, resulta que el séptimo juzgado de distrito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, en el incidente de suspensión 2268/2023, determinó que se transgredieron los artículos 62; 118, fracción V; y 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León (CPENL).

Por tanto, se detalla que el presidente del TSJENL y el CJNL estaba impedido para ocupar el cargo de gobernador interino, ya que tomó protesta cuando aún ostentaba dichos cargos en el poder judicial.

Pero el problema no acaba ahí, ya que esta determinación es el resultado de un incidente de suspensión, es decir, de un juicio pequeño antes de llevar a cabo la audiencia constitucional (el juicio de amparo). Por tanto, las cosas aún pueden cambiar.

Aquí el punto es que el estado de derecho está en constante incertidumbre. Sin embargo, el lado bueno de estos casos es la posibilidad de analizar con mayor profundidad la situación jurídica y política que se vive en la entidad.

Por lo mismo, el fortalecimiento del pensamiento crítico es vital para consolidar el estado de derecho y la democracia. Por el contrario, valerse del argumento de autoridad puede llevar a consolidar este tipo de situaciones indebidas.

De ahí que la reciente preocupación sobre las decisiones judiciales, como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no deben tomarse a la ligera, ya que el poder judicial también forma parte del contexto político, no es un organismo que esté fuera de la jugada o que sea irrelevante.

Por lo pronto, habrá que esperar cuál será la resolución final de este asunto. Nuevo León pasa por una situación inédita que no beneficia a la gran mayoría, aunque algunos no lo noten.

Para no hacer largo el cuento, esta semana pasada se aprobó en comisiones, con carácter de urgente, diversas reformas al reglamento interno del Congreso de Nuevo León, con énfasis en el voto electrónico.

Ante esto, hay quienes tienen la versión de que estas reformas tienen por objetivo permitir que algunos diputados anden en asuntos electorales (que incian en el mes de octubre en Nuevo León) pero acorde a la exposición de motivos, los argumentos son otros.

Sin embargo, hay varias objeciones para sospechar que los motivos expuestos en la propuesta no convencen. Entre los cuales se destaca:

En primero lugar, no se entiende por qué esta reforma tiene caracter de urgente, no se explica en ninguna parte ni preocupa hacerlo. A menos que lo sea porque el proceso electoral está por arrancar.

Segundo, no existe una relación directa ni indirecta, al menos de una manera lógica, entre permitir el voto electrónico y mejorar la tarea legislativa. A menos que sea una excusa perfecta para realizar otras actividades que no sean legislativas.

Este último punto lleva al tercero, ya que durante la pandemia, momento que se implementó el voto electrónico, el trabajo legislativo fue igual de lento (quizá hasta más) y de igual calidad. Por tanto, la experiencia dicta que ese no es el camino para ponerse al día con el resago.

Cuarto punto, es una medida antipopular. Según se advierte en el proyecto aprobado en comisiones, el voto electrónico es una vía para fortalecer los derechos político-electorales, lo cual permitiría la libre expresión a pesar de no estar presente. Sin embargo, con solo votar se obvia el sentido de la justificación de la decisión, ya que la labor legislativa es más que levantar la mano.

Además, de hacerse una consulta ciudadana, no parece muy convincente permitir a los diputados dar la oportunidad de presentarse cuando necesario, pues equivale a estar de acuerdo a aumentar sus prestaciones

Como quinto punto, y derivado de esto último, la reforma que se plantea pretende hacer de una excepción, una regla. Su pretexto es la modernización, pero en ninguna parte del mundo, al menos del conocimiento de quien suscribe, existe algo medianamente parecido a un Congreso digital.

Por si fuera poco, y en sexto lugar, es un planteamiento demagógico. Permitir que en comisiones valga el voto electrónico no garantiza de ninguna manera que se arreglen todos los males. Al contrario, lo más seguro es que ocasionen más problemas, puesto que el voto fantasma estaría a flor de piel.

Seguramente hay más objeciones que realizar. Por lo pronto, hay más argumentos para entender que el fondo de todo esto tiene por objetivo asuntos electorales, que mejorar la labor legislativa. Pero bien, habrá que ver cuando este asunto se discuta en el pleno.