En García, Nuevo León, autoridades federales aseguraron un presunto laboratorio clandestino en el que se encontraron sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.
A través de una denuncia ciudadana, se reportó un predio que era utilizado para la elaboración de sustancias ilegales y el almacenamiento de precursores químicos.
Fue entonces que elementos de investigación acudieron a corroborar la información.
Las autoridades llevaron a cabo vigilancias fijas y móviles, y después de las labores de investigación, identificaron el inmueble, recabaron datos y las prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden de cateo.
Fue entonces que se llevó a cabo el operativo coordinado, tal como lo marca la Estrategia Nacional de Seguridad.
En esta operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), implementando un dispositivo de seguridad y ejecutaron el mandamiento judicial en la calle Humberto Lobo de la colonia Complejo Industrial Mitras.
En el laboratorio clandestino se encontraron sustancias como ácido sulfúrico y sosa cáustica en diversos contenedores y tambos de fierro.
El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial, mientras que lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación del caso.
El mes pasado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró la planta de la empresa metalúrgica Zinc Nacional, S.A., ubicada en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León.
Zinc Nacional está obligada a retirar el material contaminante que mantiene en su “patio de chatarra“, como parte de las medidas que les fueron impuestas por la Profepa.
Tras una inspección realizada por la Profepa, se detectaron diversas irregularidades ambientales y se identificó la presencia de óxido de zinc sobre el suelo natural sin protección.
Mariana Boy Tamborrell, titular de esa dependencia federal, informó que continuará con el proceso de clausura de la planta hasta que se verifique que la empresa ha cumplido con los compromisos establecidos, entre los que destacan: “Controlar la dispersión del óxido de zincen el “patio de chatarra”, donde únicamente se podrán realizar actividades de control, limpieza y retiro del producto, almacenar el óxido de zinc en un sitio adecuado que cumpla con las condiciones de seguridad y manejo necesarias, como un lugar seco y sin exposición a factores que puedan generar riesgos, presentar un Programa de Muestreo para caracterizar el sitio donde se encuentra el óxido de zinc sobre el suelo natural sin protección, evaluar la necesidad de considerar los patios de almacenamiento de material y las emisiones de vapor de agua de los hornos y lavadores como puntos de generación de contaminación y su registro en la Licencia Ambiental Única (LAU) y exhibir la Licencia Ambiental Única que incluya los equipos clausurados el 17 de enero de 2025, tal como lo establece la normativa”, dice un comunicado oficial de la Profepa.
Desde la Profepa estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que el sector industrial cumpla con sus obligaciones ambientales y de que sus actividades no generen daños al ambiente. Vamos a ser muy exhaustivos en nuestras inspecciones para tener elementos suficientes y garantizar el acceso a la justicia ambiental en nuestro país”, declaró la procuradora Boy Tamborrell.
Por su parte, la directora de la Agencia de la Calidad del Aire de Nuevo León, Armandina Valdez Cavazos, detalló que la empresa Nacional Zinc también se comprometió a invertir 525 millones de pesos en acciones a corto, mediano y largo plazo, para reducir los efectos contaminantes de sus actividades.
La disputa entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y el Congreso local sigue escalando, dejando en el aire la aprobación del Paquete Fiscal 2025. Mientras el mandatario insiste en que el presupuesto debe ser avalado sin más dilaciones, los legisladores han mostrado “disposición”, pero sin fijar fecha para las discusiones, afectando únicamente al pueblo neoleones.
Durante un evento en Escobedo, donde inauguró una nueva ruta de transporte público, García Sepúlveda descartó cualquier intento adicional de diálogo con los diputados para convencerlos de aprobar el presupuesto, aún cuando esa es su obligación como servidor público. “La verdad es que ya está todo presentado y ya está todo explicado, ya lo que sigue es votación, Pleno y sale el Paquete”, afirmó, confirmando su negación buscar más alternativas para no afectar a su población.
El gobernador aseguró que cada peso está justificado y que, de ser aprobado, los recursos serán aplicados conforme a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado, como ha solicitado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de su coordinador, Heriberto Treviño. “En el Paquete va a quedar muy claro qué montos, a qué entes, a qué órganos, a qué alcaldías. Entonces, lo que salga publicado se va a cumplir todo”, sostuvo.
Sin embargo, aunque los legisladores han declarado estar abiertos a discutir el Paquete Fiscal, la realidad es que hasta ahora no han establecido una fecha para las negociaciones. Mientras tanto, la pugna política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sigue poniendo en riesgo la conclusión de obras en marcha y el arranque de nuevos proyectos en el estado, siendo el pueblo, el más afectado de esta lucha de poder.
Esta nueva confrontación deja en evidencia la falta de acuerdos entre ambas partes, una constante en la gestión de Samuel García y la actual Legislatura, hecho que probablemente, como en el pasado, tenga que ser resuelto por autoridades federales, como Gobernación.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que gracias a una operación conjunta se logró la detención de 27 personas generadoras de violencia en un predio del municipio de Iturbide, en el estado norteño de Nuevo León.
Los trabajos de investigación de campo e inteligencia fueron realizados en coordinación como lo marca la Estrategia Nacional de Seguridad, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de efectivos de la Fuerza Civil de Nuevo León.
Entre las 27 personas detenidas se encontraban siete menores de edad y tres mujeres, en posesión de armas de fuego de grueso calibre, así como equipo balístico y táctico, en Nuevo León.
Tras labores de inteligencia, los elementos de seguridad realizaron un operativo conjunto en las inmediaciones del Ejido La Purísima, en el municipio de Iturbide, lugar donde se coordinaron diferentes acciones junto con uniformados de la Fuerza Civil del estado para identificar a un grupo de personas generadoras de violencia en la zona.
Resultado de esta coordinación, fueron detenidas 27 personas, entre ellas siete menores de edad y tres mujeres, a los que les fueron asegurados 14 armas largas, un fusil Barrett, una ametralladora, dos pistolas, 49 cargadores, 778 cartuchos útiles de alto calibre, 10 chalecos tácticos, nueve fornituras y un vehículo”, detalló la SSPC en un comunicado.
Bajo el debido proceso, las personas detenidas fueron informadas de sus derechos de ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.
Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad ratifican su compromiso para establecer una coordinación permanente con entidades federativas y generar estrategias para alejar a los jóvenes de la violencia”, finaliza el comunicado oficial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó a las autoridades de Nuevo León a dejar de lado las diferencias políticas para lograr una coordinación efectiva que beneficie al pueblo de esa entidad. Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó la importancia de trabajar unidos, independientemente de las afiliaciones partidistas.
“La coordinación debe ir más allá del asunto político de uno u otro partido”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre la situación de seguridad en Nuevo León. Destacó que la falta de colaboración entre la fiscalía estatal y el gobierno del estado ha limitado los resultados en la lucha contra la inseguridad.
La presidenta detalló que Nuevo León enfrenta un problema significativo de coordinación debido al conflicto político entre la fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Esto, afirmó, ha reducido la eficacia de las estrategias para atender la violencia y la criminalidad en la región.
“Más allá de una evaluación, digamos el trabajo de cada una de las autoridades, ha tenido en los últimos años un problema que es la coordinación. El conflicto político de la fiscalía con el propio gobierno de Nuevo León y su secretaría (de Seguridad Pública), evita que haya resultados o disminuye la posibilidad de tener resultados”, enfatizó.
Sheinbaum reiteró que la estrategia de seguridad de su administración se basa en cuatro ejes clave, entre ellos, la coordinación entre niveles de gobierno y dependencias. “Evidentemente, por encima de los problemas políticos, deberían tener claro el bienestar del pueblo de Nuevo León”, señaló.
Además, hizo un llamado a la fiscalía estatal para reforzar la comunicación y colaboración con el gobierno de Nuevo León, particularmente en investigaciones sobre crímenes graves como el feminicidio, con el objetivo de combatir la impunidad y proteger a las mujeres en el estado.
Este 6 de enero, el pueblo del estado de Nuevo León, amaneció con una desagradable sorpresa del Día de los Reyes y cortesía del gobernador, Samuel García, y es que desde hoy comenzarán una serie de aumentos graduales a las tarifas del transporte público, que duraran entre 20 y 65 meses.
En redes sociales algunos ya lamentan el golpe económico significativo para las y los usuarios que ahora deberán pagar 15 pesos con 10 centavos por el pasaje. Este incremento, que continuará escalando mes a mes, fue oficializado en una edición especial del Periódico Oficial del Estado (POE) publicada durante la noche del domingo, permitiendo a los transportistas aplicar las nuevas tarifas.
El pasado viernes, la Junta de Gobierno del transporte, integrada por autoridades estatales, alcaldes, empresarios y representantes de la sociedad, aprobó este aumento, que afecta principalmente a la clase trabajadora en pleno inicio de año. Además del transporte público, se actualizó el banderazo de los taxis, pasando de 8.78 pesos a 35 pesos para unidades con gas tradicional y a 38.50 pesos para vehículos de energías limpias y servicios de aplicaciones.
En el caso de las rutas operadas por el estado, como la Ruta Troncal, Directa, Alimentadora y Remanente, el aumento mensual será de 10 centavos durante 20 meses, lo que llevará el costo del pasaje a 17 pesos en agosto de 2026. Por su parte, el Metro también sufrirá incrementos mensuales de 10 centavos por un periodo de 65 meses, alcanzando los 15 pesos en mayo de 2030, mientras que el Transmetro se mantiene en 15 pesos sin ajustes previstos.
El incremento fue aprobado con una votación de 16 votos a favor y 5 en contra, destacando el apoyo de figuras como Hernán Villarreal, titular de la Secretaría de Movilidad; Abraham Vargas, director de Metrorrey; Carlos Garza, de la Tesorería Estatal; y Javier Navarro, titular de la Secretaría General de Gobierno, entre otros. Sin embargo, la decisión fue rechazada por representantes de la Caintra, la Canaco, el Congreso local, el Consejo Cívico, y los alcaldes de Santa Catarina y Escobedo, Jesús Nava y Andrés Mijes, respectivamente.
El Consejo Estatal Electoral de Nuevo León, recibió el 20 de noviembre pasado, una iniciativa firmada por el empresario Gilberto de Jesús Lozano, en la que propone el levantamiento de una consulta popular para saber si la población local desea independizarse de México.
Aunque al principio causó burlas, la iniciativa avanzó al siguiente nivel, pues el 16 de diciembre el Consejo Estatal Electoral aprobó la controversial idea.
Gilberto Lozano, fundador del movimiento anti 4T, FRENAA, planteó la siguiente pregunta en su iniciativa: “Dada la situación de México y los cambios radicales al pacto federal firmado por Nuevo León ¿estarías de acuerdo que el estado de Nuevo León fuera un país independiente?”.
La consulta se aplicaría el primer domingo de agosto del año 2025, según lo previsto por la aprobación otorgada por el Consejo Estatal Electoral de Nuevo León. Una acción que podría interpretarse como traición a la patria por sus implicaciones políticas, sociales e históricas.
… se aprueba el formato para la obtención de firmas de apoyo de la ciudadanía para presentar la petición de consulta popular, el cual, será electrónico por medio de la aplicación móvil del Instituto Nacional Electoral”, dice el documento aprobado.
Ayer por UNANIMIDAD del Consejo Estatal Electoral de NL fue aprobado al Plebiscito para convertir al estado en la #regiaRepublicaNL El ARCA DE NOE, va viento en popa, las tormentas esperadas son muchas de parte de los comunistas y vividores VIVA LA REGIA REPUBLICA NL CHSM la 4T pic.twitter.com/sxcDuWfx98
Sin embargo, aunque ya tiene la palomita del Consejo Estatal Electoral, la propuesta de Lozano de llevar a cabo la consulta todavía tendría que cumplir ciertos requisitos.
La Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León establece que una consulta popular tiene que ser una petición directa del Poder Ejecutivo Estatal o Municipal, el Congreso del Estado o el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Después de esto el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), autorizará y entregará un formato para que los interesados recaben las firmas necesarias para obtener el 2 por ciento del apoyo del electorado neolonés.
Es aquí donde anda Gilberto Lozano. Ahora el empresario, si es que quiere continuar con esto, deberá convencer a cientos de miles de personas, habitantes del Estado de Nuevo León. Y la verdad seamos honestos, en sus últimas “manifestaciones” no le ha ido nada bien. Sin embargo, no hay que subestimar este intento de traición a la Federación y a la Patria.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, vuelve a estar en el centro de la polémica tras revelarse información sobre una nueva propiedad vinculada a su nombre. Documentos del Registro Público de la Propiedad de Tamaulipas señalan que en diciembre de 2023 la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles, relacionada con García, adquirió un terreno de 700 hectáreas entre los ejidos Mederos y El Peñón, en la zona de Burgos, Tamaulipas.
La operación habría sido formalizada mediante la escritura pública número 7613 del libro 257, aunque hasta el momento no ha sido registrada oficialmente. Esta propiedad se une a otra polémica surgida en mayo pasado, cuando se dio a conocer que el gobernador recibió un terreno de 17.6 hectáreas en San Pedro, Nuevo León, valuado en 700 millones de pesos.
Un rancho de lujo en construcción
Según imágenes compartidas por el medio Reforma, el terreno en Tamaulipas ya cuenta con avances significativos en la construcción de un rancho que incluye dos viviendas, una sala de trofeos con animales exóticos de caza, una alberca y un helipuerto. Además, se reporta la construcción de otras dos estructuras en el predio, que habría pertenecido previamente a la familia Garza Treviño antes de pasar por un fideicomiso administrado por Banca Afirme.
Residentes cercanos al lugar afirman haber visto a Samuel García en la propiedad acompañado por personal de Fuerza Civil. También aseguran que a los trabajadores se les retiran los celulares para evitar filtraciones de imágenes de la obra, aumentando las suspicacias en torno al caso.
Negativa y burlas en redes sociales
Ante las acusaciones, García utilizó su cuenta de X para negar categóricamente ser el dueño del rancho, calificando la información como falsa. En su mensaje, incluso se burló de la situación:
Esta nota debería de ser para el 28 de diciembre, día de los inocentes… La nota es falsa, de verdad me sorprende la capacidad de El Norte para publicar textos de ficción.
“Esta nota debería de ser para el 28 de diciembre, día de los inocentes… La nota es falsa, de verdad me sorprende la capacidad para publicar textos de ficción. P.D: Por cierto, ese día cumplo años. Espero su regalo”.
Sin embargo, esta declaración no convenció a muchos usuarios en redes sociales, quienes le recordaron que documentos de compraventa señalan a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, como representante legal de Saga Tierras y Bienes Inmuebles.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha tomado cartas en el caso de discriminación ocurrido en Monterrey, Nuevo León, donde una joven ciega identificada como Sari denunció haber sido inicialmente rechazada en el hotel Sa por acudir con su perro guía. Este incidente no solo refleja una grave violación a los derechos de las personas con discapacidad, sino que también ha generado indignación y un renovado llamado a garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
El caso ocurrió cuando Sari intentaba ingresar al hotel para asistir a una posada navideña organizada por su lugar de trabajo. El personal del establecimiento le negó el acceso bajo el argumento de que las mascotas no estaban permitidas, ignorando que los perros guía están protegidos por ley. Tras media hora de discusión y la amenaza de llamar a la policía, finalmente se le permitió ingresar, aunque con condiciones que Sari calificó de humillantes.
Profeco investiga los hechos
Ante la repercusión que el caso tuvo en redes sociales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) acudió al hotel Sa para investigar lo sucedido y verificar posibles violaciones a la Ley General de Protección al Consumidor. Aunque hasta el momento no se han anunciado sanciones administrativas, Profeco confirmó que Sari pudo ingresar finalmente junto a su perro guía para participar en el evento.
El organismo también destacó que los establecimientos están obligados a garantizar el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad y sus animales de asistencia, conforme a la ley. La presencia de Profeco en este caso no solo refuerza la importancia del cumplimiento de la normativa, sino que también envía un mensaje claro sobre la necesidad de prevenir actos discriminatorios en el futuro.
Un trato indigno a pesar de la ley
Sari relató que, al intentar dialogar con el personal del hotel, estos se negaron a escucharla, dirigiéndose exclusivamente a su acompañante. Incluso, se le sugirió que dejara a su perro en resguardo mientras alguien más la acompañaba al evento, una propuesta que calificó como ofensiva.
“Nos dejaron entrar diciendo que ‘por esta vez’ nos permitirían el acceso, como si estuvieran haciéndome un favor”, escribió en una publicación que rápidamente se viralizó. Este trato, contrario a las disposiciones de la Ley General de Protección al Consumidor y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ha generado una ola de críticas hacia el hotel por parte de usuarios en redes sociales.
Leyes claras, pero poca sensibilización
El artículo 58 de la Ley General de Protección al Consumidor establece que los proveedores de bienes y servicios no pueden condicionar el acceso de personas con discapacidad ni negarles el uso de sus animales de asistencia. Además, les obliga a proporcionar las facilidades necesarias para garantizar la igualdad en el consumo de bienes y servicios.
A pesar de estas leyes, casos como el de Sari evidencian la falta de sensibilización y capacitación del personal en muchos establecimientos. “No basta con tener leyes; es necesario que las empresas las conozcan, las respeten y capaciten a sus empleados para garantizar su cumplimiento”, señaló un activista que respaldó a Sari.
Un llamado a la acción: Sari exige disculpas y medidas concretas
Sari, además de compartir su experiencia, ha exigido al hotel una disculpa pública y medidas de capacitación para su personal. “Hoy fui yo, pero esto no debe pasarle a nadie más. Sa, capacita a tu personal”, enfatizó en su denuncia.
La indignación generada por el caso subraya la necesidad de una mayor vigilancia por parte de las autoridades y acciones contundentes para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados en cualquier espacio público o privado.
Este caso, aunque lamentable, refuerza la importancia de contar con organismos como Profeco que actúan para proteger a los consumidores ante situaciones de discriminación.
Con pancartas y un profundo dolor, familiares de Scarlett, una menor de 8 años fallecida en un accidente automovilístico el pasado 10 de noviembre, se manifestaron en las escalinatas de Palacio de Gobierno para exigir justicia. A pesar de sus esfuerzos por ser atendidos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, no se encontraba en la ciudad debido a su asistencia a una reunión de seguridad en Acapulco.
Protesta contra la medida de arraigo domiciliario
El conductor responsable del accidente, identificado como Saúl Alejandro N., manejaba bajo los efectos del alcohol, cocaína y marihuana cuando embistió el vehículo donde viajaba Scarlett y su madre, Aurora Moronatti. Sin embargo, la decisión del juez Mario Jorge Melo Cardozo de otorgarle arraigo domiciliario mientras enfrenta su proceso penal ha generado indignación entre los familiares de la víctima.
Aleksandra Moronatti, tía de Scarlett, expresó su frustración en redes sociales, señalando: “No es justo que él pase Navidad con su familia cuando destrozó la nuestra. ¿Dónde están las autoridades? ¿Cuánto les dieron?”
Aurora Moronatti, aún convaleciente tras el accidente en Guadalupe, también estuvo presente en la manifestación. Visiblemente afectada, declaró: “¿Cómo mi hija perdió la vida y él sí va a pasar la Navidad en su casa? Necesitamos ayuda para que esto no quede impune.”
La insuficiencia de las penas
Diana Cuéllar, otra tía de Scarlett, criticó la baja pena que podría enfrentar el presunto responsable: “La pena máxima de 10 o 12 años es una vergüenza. Esto no es un accidente vial; manejar alcoholizado y drogado convierte un vehículo en un arma mortal.”
El pasado lunes, los inconformes también bloquearon momentáneamente la avenida Rodrigo Gómez frente al Palacio de Justicia, en rechazo a la modificación de las medidas cautelares otorgadas a Saúl Alejandro N.
La familia de Scarlett clama por justicia, cuestionando el actuar de las instituciones y la decisión judicial que, según ellos, no corresponde con la gravedad del caso.
