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Para no hacer largo el cuento, esta semana pasada se aprobó en comisiones, con carácter de urgente, diversas reformas al reglamento interno del Congreso de Nuevo León, con énfasis en el voto electrónico.

Ante esto, hay quienes tienen la versión de que estas reformas tienen por objetivo permitir que algunos diputados anden en asuntos electorales (que incian en el mes de octubre en Nuevo León) pero acorde a la exposición de motivos, los argumentos son otros.

Sin embargo, hay varias objeciones para sospechar que los motivos expuestos en la propuesta no convencen. Entre los cuales se destaca:

En primero lugar, no se entiende por qué esta reforma tiene caracter de urgente, no se explica en ninguna parte ni preocupa hacerlo. A menos que lo sea porque el proceso electoral está por arrancar.

Segundo, no existe una relación directa ni indirecta, al menos de una manera lógica, entre permitir el voto electrónico y mejorar la tarea legislativa. A menos que sea una excusa perfecta para realizar otras actividades que no sean legislativas.

Este último punto lleva al tercero, ya que durante la pandemia, momento que se implementó el voto electrónico, el trabajo legislativo fue igual de lento (quizá hasta más) y de igual calidad. Por tanto, la experiencia dicta que ese no es el camino para ponerse al día con el resago.

Cuarto punto, es una medida antipopular. Según se advierte en el proyecto aprobado en comisiones, el voto electrónico es una vía para fortalecer los derechos político-electorales, lo cual permitiría la libre expresión a pesar de no estar presente. Sin embargo, con solo votar se obvia el sentido de la justificación de la decisión, ya que la labor legislativa es más que levantar la mano.

Además, de hacerse una consulta ciudadana, no parece muy convincente permitir a los diputados dar la oportunidad de presentarse cuando necesario, pues equivale a estar de acuerdo a aumentar sus prestaciones

Como quinto punto, y derivado de esto último, la reforma que se plantea pretende hacer de una excepción, una regla. Su pretexto es la modernización, pero en ninguna parte del mundo, al menos del conocimiento de quien suscribe, existe algo medianamente parecido a un Congreso digital.

Por si fuera poco, y en sexto lugar, es un planteamiento demagógico. Permitir que en comisiones valga el voto electrónico no garantiza de ninguna manera que se arreglen todos los males. Al contrario, lo más seguro es que ocasionen más problemas, puesto que el voto fantasma estaría a flor de piel.

Seguramente hay más objeciones que realizar. Por lo pronto, hay más argumentos para entender que el fondo de todo esto tiene por objetivo asuntos electorales, que mejorar la labor legislativa. Pero bien, habrá que ver cuando este asunto se discuta en el pleno.

Hace unos días, desde el Congreso de Nuevo León se planteó la posibilidad de reformar al poder judicial de Nuevo León, debido a un choque político-jurídico de un asunto.

Resulta que el Tribunal Superior de Justicia suspendió y revocó una decisión del Tribunal Electoral de Nuevo León, lo cual, acorde a diversos análisis jurídicos normativos, está fuera de su competencia, por ser un tema de materia electoral.

Por tanto, ante tal cuestión, acorde a diversos diputados del Congreso de Nuevo León, el Poder Judicial del estado está secuestrado por el Partido Acción Nacional (PAN) ya que el presidente sigue siendo Arturo Salinas.

Ciertamente, se necesita de una reforma estructural de todo el poder judicial, no solo del federal, sino general. Además, dicha reforma debe ser de fondo, no de forma.

Acorde a lo planteado desde el Congreso de Nuevo León, nuevamente, solo preocupa el proceso de selección de jueces. Como si la preparación para la administración de justicia fuese algo dado por la naturaleza.

Peor aún, los motivos para reformar al poder judicial no responden a ciertas inquietudes relevantes, como el funcionamiento de la tutela judicial o la constitucionalidad de los procesos jurídicos, sino que devienen de visiones subjetivas que no proyectan pilares sólidos.

Por ejemplo, el tema de la racionalidad de las decisiones judiciales ha sido un tema constante y relevante para la teoría jurídica desde la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, los políticos ignoran ese tipo de situación.

Para ellos, lo que importa es crear mecanismos que politicen la justicia. Por tanto, el tema de cómo mejorar el poder judicial, de fondo, queda de lado, cuando debería ser lo más importante.

Debe existir justicia para todos, no solo para los políticos, que es lo que realmente se busca cuando se dice que se quiere reformar al poder judicial.

Y no resulta muy difícil darse cuenta de esto. Hace unas semanas, Arturo Salinas fue nuevamente nombrado, por unanimidad, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, pero nadie dijo nada. Esto aun cuando la primera vez hubo mucho ruido tras su nombramiento.

Ahora, se intenta vender el cuento de que el poder judicial en Nuevo León está secuestrado y está en contra de cierto partido político, que no hay justicia o que se atenta a la justicia, etc., etc.

Por todo, si realmente se deseara reformar al poder judicial, en general, no habría por qué tratar aspectos de forma, lo cual seguramente en unos años se vuelva a cambiar. Se necesitan, por lo mismo, aspectos de fondo; una reforma que permita renovar el poder judicial.