Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que funcionarias del gobierno federal sostendrán una reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La cita, que será encabezada por la presidenta de la Corte, Norma Piña, tiene como finalidad discutir dos temas cruciales: las cifras de los fideicomisos del Poder Judicial y la continuidad del proceso de selección de candidatos para las elecciones populares programadas para el 1 de junio.
Sheinbaum detalló que a este encuentro asistirán la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy. La mandataria enfatizó que es fundamental conocer “cuántos recursos tienen [los fideicomisos] y cuándo se van a entregar”, además de asegurar que el proceso electoral no se vea interrumpido.
La presidenta subrayó la importancia de permitir que todos los aspirantes tengan la oportunidad de participar en el proceso electoral. “Nos interesa que quiten el freno en su Comité de Selección de Candidatos para la elección al Poder Judicial y resolver el pendiente de los fideicomisos”, concluyó Sheinbaum.
Con este encuentro se busca consolidar la última fase de la Reforma Judicial para desahogar los amparos improcedentes que protegen los fideicomisos que aportarán fondos para la elección judicial que se dará este año.
Las mexicanas y los mexicanos, están conscientes de los graves riesgos para la salud que representa el uso de vapeadores. Esto se refleja en la mayoría de las encuestas realizadas en las últimas semanas, tras la discusión legislativa en torno a la prohibición de estos dispositivos que engañosamente prometen beneficios para quienes tienen el hábito de fumar.
El 71 por ciento de la población mexicana aprueba por lo tanto las reformas realizadas por el Senado de la República, con respecto a la prohibición del uso y comercialización de vapeadores en México. La cifra es el resultado de una encuesta levantada por QM Estudios de Opinión, en alianza conHeraldo Media Group.
Entre el 17 y el 19 de diciembre pasados, se realizaron 800 entrevistas. Para conocer la opinión de la gente se les preguntó: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en la prohibición del uso, comercialización y distribución de cigarrillos electrónicos, vapeadores y sistemas o dispositivos análogos?”. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes:
71 por ciento “de acuerdo”.
21 por ciento “desacuerdo”.
4 por ciento se declaró “ni de acuerdo ni en desacuerdo”.
4 por ciento “no sabe o no contestó”.
La lucha contra los vapeadores tiene ya varios años, ya en abril del 2023 el entonces Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que los vapeadores y cigarrillos electrónicos tienen efectos adversos para la salud de los mexicanos y que un 24 por ciento de los niños y jóvenes 10 a 19 años los inhalan.
Afirmó que 1.7 millones de personas consumen cigarrillos electrónicos en México y que el 45 por ciento de los adolescentes del país conocen estos productos.
Tan solo en noviembre pasado, el Poder Judicial decidió ponerse del lado opuesto al Bienestar y la salud del Pueblo de México: la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición de la importación de cigarros electrónicos y derivados, impuesta en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, promulgada en 2022.
El proyecto fue aprobado por mayoría para amparar a la empresa Philip Morris México, que de acuerdo con la SCJN la norma “limita de manera innecesaria y desproporcionada la liberta de comercio”. De esta forma se le permitirá a la tabacalera importar vapeadores.
Pero como siempre, desde que la 4T llegó a México, el pueblo tiene la última palabra y su postura es contundente contra los vapeadores y todo aquello que atente contra la salud de las y los mexicanos, de todas las edades, pero sobre todo de las niñas, los niños y adolescentes, quienes enfrentan un grave peligro ante la exposición a la comercialización libre de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerrará el 2024 con una carga significativa de trabajo acumulado, ya que al menos mil 697 asuntos permanecerán sin resolución, a los que se sumarán los casos que se presenten durante el actual periodo de receso. Este escenario plantea un reto mayúsculo para los ministros, quienes deberán afrontar una transición histórica a partir del próximo año.
Entre los casos pendientes destacan más de 30 impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), además de controversias relacionadas con la Ley Minera, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la enmienda de 2020 que eliminó un centenar de fideicomisos.
El pleno reanudará sus sesiones ordinarias el 7 de enero, pero el tiempo para abordar esta carga será limitado: la actual integración de la Corte cesará funciones el 31 de agosto, momento en el que entrarán en vigor las reformas que establecen la elección de ministros mediante voto popular, una medida promulgada el pasado 15 de septiembre.
Acumulación de trabajo sin resolver
Según datos del tribunal, los asuntos más numerosos incluyen 491 amparos directos en revisión, 274 controversias constitucionales, 269 amparos en revisión y 241 acciones de inconstitucionalidad. También figuran 85 contradicciones de criterios, 61 incidentes de inejecución de sentencia y 58 solicitudes de atracción, además de siete consultas específicas relacionadas con la reforma judicial en curso.
Algunos de estos casos llevan años sin resolución. Un ejemplo es la controversia planteada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contra la reducción de salarios y otras medidas de austeridad implementadas por el actual gobierno. Su análisis en el pleno estaba programado para el pasado 3 de diciembre, pero se pospuso a petición de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, lo que generó un desacuerdo público con su colega Lenia Batres Guadarrama.
Baja eficiencia en la resolución de asuntos
En su segundo informe anual, la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, reveló que entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 el máximo tribunal recibió 116 mil 778 asuntos para revisión. De este total, apenas 3 mil 853 cumplieron con los requisitos para ser turnados a los ministros y trabajados en proyectos de sentencia. Esto significa que alrededor del 97% de los casos fueron desechados por improcedentes, una cifra que pone de manifiesto la sobrecarga y la necesidad de optimizar los procesos internos.
Reforma judicial y su impacto en 2025
El 2025 marcará un punto de inflexión para la SCJN con la entrada en funciones de los nuevos ministros electos por voto popular, un cambio sin precedentes que modificará tanto la dinámica interna como la relación entre el Poder Judicial y otros sectores de la sociedad.
El volumen de trabajo acumulado, las reformas en curso y las tensiones internas reflejan la magnitud de los desafíos que enfrenta la Corte en un periodo de transición histórica.
En el marco del proceso de selección de candidatos para la elección judicial, el juez Segundo de Distrito en Colima, Francisco Javier García Contreras, ha impuesto nuevas sanciones económicas a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando incumplimiento de resoluciones judiciales. Sin embargo, sus acciones son excesivas y con posibles repercusiones negativas en el desarrollo de la elección judicial, es decir, se oponen al proceso de democratización del Poder Judicial.
El juez justificó las multas señalando la necesidad de preservar el estado de derecho: “Se debe evitar que se pierda el Estado de derecho, lo cual es un mandato constitucional supremo creado por el pueblo desde la formación del Estado, para vivir libres de arbitrariedades fincadas en la voluntad de algunos cuantos”. No obstante, el contexto y los efectos de estas sanciones hacen evidente un impacto significativo en la operatividad del órgano electoral.
La multa impuesta, de 54,285 pesos a cada uno de los once consejeros del INE, suma un total de 162,855 pesos por persona tras las tres sanciones acumuladas. García Contreras fundamentó su decisión en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, que estipula sanciones por el incumplimiento de suspensiones provisionales dictadas por los tribunales. Según el acuerdo emitido, se acusa a los consejeros de no acatar una suspensión provisional relacionada con el expediente 937/2024, emitida inicialmente el 24 de septiembre de 2024 y modificada el 3 de octubre del mismo año.
El juez subrayó que el desacato del INE no es un hecho aislado. En el acuerdo emitido, destacó que “se evidencia nuevamente el incumplimiento a la suspensión provisional concedida en auto del veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, modificada mediante resolución emitida en sesión de tres de octubre de dos mil veinticuatro, en el recurso de queja 937/2024, por el Tribunal Colegiado de este Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima”.
Además de las sanciones económicas, el juez recordó que presentó una denuncia penal contra los consejeros ante la Fiscalía General de la República a principios de diciembre. Según el magistrado, el proceder del INE constituye un delito contemplado en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo:“A fin de que se realicen las investigaciones pertinentes en relación con el delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, al ser su proceder, el de desobedecer la suspensión provisional concedida por este juzgador”.
La mañana de este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum, criticó el informe de labores presentado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, señalando que fue una defensa del “viejo régimen”.
De manera firme y contundente, la mandataria destacó la importancia de la reforma al Poder Judicial, señalando que garantizará una mayor autonomía al permitir que los juzgadores sean elegidos por el pueblo.
“A diferencia de lo que dicen nuestros detractores, adversarios políticos y la propia ministra presidenta de la Corte, esto (la reforma judicial) va a representar más autonomía. Ahora va a haber autonomía del Poder Judicial; van a ser elegidos por el pueblo”, subrayó.
La mandataria criticó las declaraciones de Piña Hernández, quien en su informe aseguró que el Poder Judicial fue “atacado, amenazado y desprestigiado” por su independencia ante decisiones importantes para el Ejecutivo. Sheinbaum respondió que no ha habido amenazas desde el Ejecutivo, ni de parte de su gobierno ni del expresidente Andrés Manuel López Obrador:
“Es falso que haya habido amenazas. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial también es un servidor público y requiere transparencia. No se puede defender al INAI por la transparencia y, al mismo tiempo, mantener oscuras las decisiones en el Poder Judicial”, explicó.
Además, la Presidenta destacó que la reforma judicial busca combatir las prácticas del pasado que favorecían intereses personales o mercantiles en las decisiones de la Corte.
“Lo que sí se ha hecho es hacer públicas algunas decisiones donde se otorgaron amparos a delincuentes de la delincuencia organizada o casos que mantuvieron durante meses sin resolución por intereses personales. En realidad, una parte de los ministros representa el régimen de corrupción y privilegios de antes. Eso es lo que están defendiendo”, sentenció.
Sheinbaum también señaló que, a diferencia de reformas judiciales del pasado, como la de Ernesto Zedillo, su propuesta no busca control sobre la Corte, sino democratizarla:“Si el objetivo hubiera sido controlar la Corte, hubiéramos hecho una reforma como la que hizo Zedillo. Lo que hay son dos proyectos de nación: uno que busca regresar al régimen de corrupción y privilegios, y otro que avanza en la transformación.”
Finalmente, reiteró que la transparencia debe ser una prioridad para las y los jueces, quienes deben actuar conforme a la Constitución y evitar el uso de figuras como el amparo para liberar a delincuentes.
Lenia Batres, mejor conocida como la “Ministra del Pueblo”, destrozó el informe ofrecido por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quien a pesar de haber fracasado en todos los intentos por conservar sus privilegios, insiste en dejar en claro su postura contra la Transformación emprendida por el Pueblo de México.
Piña presentó su último informe anual de labores en sesión solemne conjunta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó – inclusive de manera violenta- cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de los juzgadores federales comenzó hace más de seis años. No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes”, se quejó Norma Piña.
Fue entonces que la Ministra del Pueblo respondió, lo hizo respetando los espacios y protocolos, así que decidió publicar un certero comentario en la red social X, donde todas y todos pueden leerlo y compartirlo.
Informe de Norma Piña de cierre de sesiones de la SCJN: Ninguna información de acciones jurisdiccionales. Mensaje de oposición política. Negación democrática. Últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad”, escribió la ministra Lenia Batres en su cuenta de la red social X.
Y el Pueblo siempre da la razón a quien la tiene, pues a pesar de las infundadas denuncias de “persecución política” emitidas por Piña, la gente reaccionó apoyando la respuesta de Batres.
… frente a decisiones contrarias a los intereses del Gobierno, se nos llamó ‘traidores al pueblo’”, acusó Piña.
Bueno, efectivamente eso es lo que piensa el Pueblo de México de la ministra Norma Piña y sus secuaces. Por eso exigieron, impulsaron y apoyaron la Reforma al Poder Judicial, misma que surtirá sus primeros resultados en junio del 2025 cuando se lleve a cabo la Elección Judicial, que acabará con décadas de personas juzgadoras al servicio del poder económico y de otros intereses ajenos a los prioritarios para las mexicanas y mexicanos.
Informe de Norma Piña de cierre de sesiones de la SCJN:
Ninguna información de acciones jurisdiccionales.
Mensaje de oposición política.
Negación democrática.
Últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad.
En su segundo informe de labores, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, lanzó críticas a la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno de la 4T, recurriendo a alarmas que, lejos de aportar claridad, están plagadas de falsedades.
Durante su mensaje, Piña afirmó que los resultados de la reforma no serán inmediatos y que solo el tiempo determinará si esta cumple con sus objetivos. Estas declaraciones buscan sembrar incertidumbre sobre un proyecto que prioriza el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y la construcción de un sistema judicial más equitativo.
Informe de Norma Piña de cierre de sesiones de la SCJN:
Ninguna información de acciones jurisdiccionales.
Mensaje de oposición política.
Negación democrática.
Últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad.
Críticas a la reforma desde una postura poco fundamentada
“La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos”, declaró Piña, pero sus palabras han sido vistas como un intento por desacreditar los esfuerzos que buscan combatir los privilegios excesivos y fortalecer el acceso a la justicia en México. Piña insistió en que frases como “sí se pudo” solo tendrán sentido cuando los hechos demuestren resultados, dejando de lado el compromiso real y presente que las nuevas medidas representan.
En otro momento, la ministra aseguró que espera que esta reforma no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de derechos humanos y de control constitucional. Sin embargo, dichas afirmaciones ignoran que la reforma está diseñada precisamente para reforzar estos objetivos, con mecanismos que buscan eliminar las desigualdades estructurales y garantizar un Poder Judicial al servicio de la sociedad.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, tendrá que hacer “de tripas corazón” y ella misma aprobar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que tanto defendió.
Serán liberados por el momento 7 mil 177 millones de pesos, que integraban 6 fideicomisos cuyo proceso de extinción ya fue aprobado por la SCJN. Estos recursos serán destinados a financiar la Elección Judicial de junio de 2025, también para pagar las liquidaciones de las personas juzgadoras que dejen sus cargos.
La humillación para Norma Piña fue acordada en el Pleno de la SCJN, quienes decidieron que sea ella la que atienda lo dispuesto en el décimo transitorio de la Reforma al Poder Judicial promulgada el 15 de septiembre pasado. De esta manera se verá obligada a darle trámite a la extinción de parte de los privilegios que ha disfrutado.
Aunque la extinción no afectó los pagos vitalicios que reciben los ministros en retiro, sí elimina las pensiones complementarias para mandos medios, superiores y personal operativo; los gastos médicos extraordinarios; los fondos provenientes de remanentes presupuestales de los años 90; así como el Fondo Jurica, que permanece inactivo.
El proceso tendrá que ser a todo vapor, pues el plazo para extinguir los fideicomisos vence el 15 de diciembre. Irónicamente, Piña tendrá que apresurarse debido a que sus aliados, jueces federales, otorgaron suspensiones que retrasaron el trámite judicial.
Aunque en el año 2023 las juezas y los jueces frenaron el primer intento de Reforma Judicial, con amparos que echaron para abajo las modificaciones a las leyes secundarias, ahora el panorama es distinto pues se trata de una Reforma Constitucional que nadie puede echar para atrás.
La mañana de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum, fuel a su estilo firme, bateó a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que en días próximos ofrecerá su segundo y último informe al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la cual será renovada el año entrante gracias a la Reforma al Poder Judicial impulsada por el pueblo mexicano.
En su lugar la mandataria mexicana informó que enviará a un representante. Al ser cuestionada sobre su ausencia, Sheinbaum respondió: “No voy a ir, vamos a enviar a una persona”.
Este anuncio que no extraña, se debe a la distancia que hay entre la titular del Ejecutivo federal, que desde que asumió el poder, ha enfrentado y cuestionado la corrupción y malas prácticas que Norma Piña promueve dentro del que debería ser el máximo tribunal impartido de justicia para el pueblo.
Sumado a esto, en octubre, Sheinbaum rechazó una orden judicial que buscaba eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, uno de los débiles golpes políticos que Piña intentó asestar en contra de la voluntad de millones de mexicanos y que finalmente no dio resultados.
Sumado a esto, grupos de personas juzgadoras inconformes con la Reforma al Poder Judicial, hicieron varios intentos por tirar la ya promulgada reforma judicial, generando duros intercambios en las mañaneras del pueblo, donde Sheinbaum Pardo dejó ver los intentos de sabotaje a la democracia lanzados desde el PJ.
La ministra Norma Piña presentó su renuncia a finales de octubre de este año y permanecerá en el cargo hasta el 31 de agosto de 2025, mientras que su último informe se desarrolla en el ocaso de su estancia en la Suprema Corte y con un amplio rechazo popular.
Finalmente revocaron la suspensión concedida por el ministro Javier Laynez Potisek, quien el año pasado impidió que los recursos millonarios de los Fideicomisos del Poder Judicial se entregaran al Pueblo de México.
Fue en diciembre del año 2023 cuando ante la propuesta del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, los ministros conservadores se opusieron a la extinción de los fideicomisos.
En ese entonces se planteó que los más de 15 mil millones de pesos que integran los Fideicomisos, se destinaran a las ayudas para los damnificados por el huracán Otis, que devastó Acapulco, Guerrero. Sin embargo esto no fue posible debido a la mezquindad de los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dirigida por la ministra Norma Piña.
Felizmente ahora con cuatro votos a favor y uno en contra -del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena-, la primera sala de la SCJN aprobó el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien puso sobre la mesa la iniciativa que AMLO realizó en el 2023.
Es procedente y fundado el recurso de reclamación. Se revoca el acuerdo recurrido. Se niega la suspensión solicitada”, se puede leer en la resolución del proyecto aprobado.
De esta manera se extinguen los fideicomisos, y sus recursos serán entregados a la Tesorería de la Federación, para que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos sean destinados a los programas que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo.
El Poder Judicial de la Federación se queda pues sin 13 fideicomisos millonarios. El Pueblo de México gana una victoria más contra la injusticia, el clasismo y en favor del bienestar.
