Trabajadores del DIF denunciaron maltrato psicológico y explotación infantil en casas hogar, así como falta de investigaciones pese a señalamientos formales presentados desde 2025.
Personal del Sistema para el Desarrollo Integral (DIF) Oaxaca ha mantenido denuncias por presuntas irregularidades graves en la atención a menores bajo resguardo institucional. Los señalamientos indicaron maltrato psicológico, uso de niñas y niños en actividades laborales y la ausencia de sanciones, a más de un año de haberse presentado quejas ante distintas autoridades.
De acuerdo con los inconformes, las irregularidades se registran durante la actual administración estatal que encabeza Salomón Jara Cruz, y bajo la presidencia del DIF a cargo de Irma Bolaños Quijano. El personal aseguró que desde enero de 2025 alertaron sobre prácticas internas que vulneran los derechos de menores sin que se iniciaran investigaciones formales.
Las denuncias describieron la existencia de grupos de poder al interior del DIF involucrados en el nepotismo y tráfico de influencias. En casas hogar de la capital, menores fueron obligados a realizar trabajos físicos así como preparar y vender alimentos en espacios públicos y centros comunitarios, utilizando insumos destinados a su propia alimentación.
Lejos de cumplir con su obligación de proteger, el sistema expone a menores a prácticas que rebasan los límites en el abuso institucional donde los castigos y la violencia psicológica se utiliza para someter a los menores.
El mecanismo institucional existe sólo en el papel, pese a que las denuncias llegaron a las instancias encargadas de proteger derechos humanos, la falta de resultados y la continuidad de las autoridades señaladas exhiben una falta de acción que normaliza la impunidad y refuerza la desconfianza pública.
Ruth González, actual senadora y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, ha desplegado una estrategia de posicionamiento que utiliza, sin ningún tapujo, la estructura del estado como una extensión de su patrimonio personal.
Pero déjeme contarle la historia con datos duros.
Empresas sin declarar y recursos estatales para promocionar su imagen, marcan los pasos de Ruth González, quien busca suceder en la gubernatura de San Luis Potosí a su esposo, Ricardo Gallardo, actual gobernador de esa entidad.
En una clara violación al artículo 444 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ruth Miriam González Silva, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, está llevando a cabo realizando actos anticipados de campaña con recursos materiales y físicos que se ha negado a transparentar.
La semana pasada, la actual senadora y presidenta del DIF en San Luis Potosí fue “destapada” por Manuel Velasco, líder del Partido Verde Ecologista, como la potencial candidata a la gubernatura del estado el pasado 12 de febrero.
El “destape” de Ruth González provocó una airada crítica de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde la Mañaneradel Pueblo enfatizó, categóricamente, que no estaba de acuerdo.
Sin embargo, lo cierto es que “La primera dama” potosina ha maniobrado legal y publicitariamente para suceder a su esposo desde abril de 2025, cuando la senadora comenzó a emplear recursos humanos de la Junta Estatal de Caminos para promover su imagen bajo la denominación “RG”, un logo que ha usado como imagen visual para promocionarse en eventos donde, con un gran despliegue mediático, regala juguetes y visita a comunidades desfavorecidas.
De hecho, en diciembre pasado, el gobernador Ricardo Gallardo intentó impulsar una reforma denominada “Ley Esposa”, bajo la cual el político intentaba maniobrar para que los candidatos a la gubernatura de 2027 fuesen mujeres.
No obstante, el objetivo de fondo, de acuerdo con diferentes críticos y actores políticos, era beneficiar a Ruth González Silva.
Repudiada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, la ley se echó abajo; sin embargo, los esfuerzos de Ruth Miriam y de su esposo para continuar en el poder no han parado. Al contrario: continúan, bajo fuertes señalamientos de nepotismo y corrupción.
Ruth Miriam González es licenciada en Comunicación y, de acuerdo con su propia declaración patrimonial, su incursión en la política se debió, tristemente, a su esposo.
Antes, nunca tuvo relación ni con la política ni con el servicio público.
De hecho, hasta septiembre de 2024, Ruth González trabajó en la gerencia de ventas de CREATIVA MOTORS, S.A. DE C.V, una empresa que comercializa autos seminuevos en San Luis Potosí y de la que, por cierto, es dueña. Aunque, hasta ahora, ni haya querido declararlo.
Curiosamente, en el mismo periodo, la “primera dama” de San Luis Potosí también dejó de laborar como “comerciante de productos al por menor” en una empresa que llevaba su nombre, Ruth Miriam González Silva, una empresa de su propiedad y que, extrañamente, se dedicaba a un giro que jamás se especificó.
Pero le digo más: mientras Ruth era vendedora y se desempeñaba como “comerciante al por menor”, eso no le impedía ser la titular del DIF en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para luego saltar a la titularidad del DIF estatal y, finalmente, convertirse en flamante senadora.
Acostumbrada al ámbito privado, Ruth dejó a un lado sus obligaciones como servidora pública y ninguna de sus ganancias fueron transparentadas o declaras.
En su última declaración patrimonial, presentada en 2024, la senadora del Partido Verde Ecologista omite declarar si tuvo ingresos extraordinarios por su papel como funcionaria o como vendedora o emprendedora.
Tampoco ha dicho a cuánto asciende su dieta en el Senado y tampoco ha querido declarar si tiene propiedades junto a su esposo, Ricardo Gallardo.
Ruth ha tratado de combinar sus trabajos como emprendedora y vendedora con sus inclinaciones políticas familiares. Pero la verdad es que no le ha ido nada bien. En 2018 compitió por la candidatura de la coalición PAN-PRD en el Senado en sustitución de su esposo Ricardo Gallardo, quien fue acusado de corrupción.
Sin embargo, Ruth perdió y ambos migraron al PVEM, un partido bajo el que han logrado consolidar un pernicioso cacicazgo en San Luis Potosí.
Y tal como intentaron hacer en la contienda hacia el Senado en 2018, Ruth busca sustituir a su esposo en la gubernatura del estado. Y por eso ha desplegado una aparatosa máquina de ayuda social, con la que busca granjearse el favor de los potosinos y diluir los señalamientos de nepotismo que la rodean.
Le pongo un ejemplo: en abril de 2025 una escuadrilla de la Junta Estatal de Caminos fue captada mientras realizaba labores de limpia. Pero, aunque, correspondería a una actividad normal de la dependencia, llamó la atención que los trabajadores portaban un chaleco cuyo logo principal era RG, es decir: las siglas de Ruth González, pero en forma de logo.
Un logo con el que Ruth se ha promocionado en distintos eventos, ya sea regalando juguetes (como ocurrió el pasado 6 de enero, Día Reyes) u organizando bailes para celebrar la Navidad.
Ruth y Gallardo: la ingeniería del nepotismo en San Luis Potosí
Lo cierto es que se trata de toda una ingeniería del nepotismo perfectamente bien aceitada.
Lamentablemente, este intento de suceder a su esposo no es un acto de emancipación femenina, sino la vulgar estrategia de supervivencia de un clan.
El senador insiste en competir por la gubernatura que hoy encabeza su hermano David Monreal y advierte que impugnará cualquier candado interno; su visita a la televisora de Ricardo Salinas Pliego desata cuestionamientos.
El senador Saúl Monreal acudió a TV Azteca, propiedad del evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, para defender su intención de contender por la gubernatura de Zacatecas en 2027, cargo que actualmente ocupa su hermano, David Monreal.
En entrevista, el legislador aseguró que “va contra corriente” y que no renunciará a su aspiración, pese a los llamados internos en Morena para frenar el nepotismo electoral. Sostuvo que, como ciudadano, tiene derecho constitucional a participar y pidió que se le permita “medirse” en encuesta.
Sin embargo, su aparición en la televisora ligada a uno de los personajes más críticos de la Cuarta Transformación encendió alertas. Para muchos militantes, resulta contradictorio que un senador de Morena recurra a ese espacio mediático para presionar públicamente al partido, justo cuando se discuten reglas internas para evitar la sucesión familiar inmediata.
Monreal defendió su trayectoria —exalcalde de Fresnillo y exdiputado local— y rechazó que su aspiración sea producto de influencias. No obstante, el hecho de buscar suceder a su propio hermano alimenta el debate sobre herencias políticas y concentración de poder en Zacatecas.
El senador también advirtió que, si Morena incluye en su convocatoria un candado contra el nepotismo para 2027, acudirá a tribunales, argumentando que la reforma constitucional aplicará plenamente hasta 2030. Con ello, dejó abierta la posibilidad de judicializar el proceso interno.
La Presidenta insiste en que familiares de gobernadores deben esperar seis años para contender y advierte que las candidaturas se definirán por encuesta abierta y con paridad de género.
La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que Morena deberá decidir si compite en coalición con partidos aliados que impulsen candidaturas de familiares directos para suceder a gobernadores en 2027, al reiterar su postura firme contra el nepotismo electoral.
Luego de que Manuel Velasco destapara a Ruth González como aspirante en San Luis Potosí, Sheinbaum subrayó que no está de acuerdo con que haya sucesión inmediata entre familiares y recordó que, aunque la prohibición constitucional aplicará plenamente en 2030, Morena estableció en sus estatutos impedir estas prácticas desde 2027.
“No es correcto que un familiar suceda de manera directa, deben esperar seis años”, sostuvo la mandataria, quien aclaró que, aunque está de licencia partidista, esa ha sido siempre su posición dentro del movimiento.
En paralelo, el coordinador morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, negó cualquier “rebelión” interna por las aspiraciones de familiares en Zacatecas y San Luis Potosí, y llamó a cerrar filas en la 4T. Confió en que su hermano Saúl “recapacitará” y respete los acuerdos contra el nepotismo.
Candidaturas por encuesta y con paridad garantizada
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum también recordó que Morena definirá sus candidaturas a gubernaturas en 2027 mediante encuestas abiertas a la población, no solo a militantes. Señaló que ese fue el método por el cual ella obtuvo la candidatura presidencial, en un proceso donde participaron figuras como Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña y el propio Velasco.
“Quien quiera competir tiene que ganar la encuesta”, afirmó, al recalcar que además se deberá garantizar la paridad de género, con mitad de candidaturas para mujeres y mitad para hombres en las 17 entidades que renovarán gubernatura.
El mensaje es claro: sin imposiciones familiares y con reglas internas definidas por encuesta, Morena enfrentará el proceso electoral de 2027, mientras la dirigencia deberá valorar si mantiene alianzas con partidos que impulsen perfiles cuestionados por posible nepotismo.
Las reglas internas de Morena, impulsadas por Claudia Sheinbaum, impiden que familiares del gobernador en turno compitan en la elección inmediata; el senador analiza esperar hasta 2033.
El senador de Morena, Saúl Monreal, admitió que su aspiración a la gubernatura de Zacatecas en 2027 enfrenta un muro interno: la normativa antinepotismo del partido le impide contender al ser hermano del actual mandatario estatal, David Monreal. “Espero que Dios me ilumine para tomar la mejor decisión. Jurídicamente me asiste la razón, pero políticamente a lo mejor no”, declaró.
Desde 2025, Morena aprobó lineamientos que prohíben postular a hermanos, padres, hijos o pareja del titular del Ejecutivo saliente en el proceso inmediato. En Zacatecas, la medida impacta de lleno al legislador. Además, la reforma promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum busca extender esta restricción a todos los partidos hasta 2030.
Monreal sostuvo que su aspiración no es un capricho ni un desafío a la dirigencia nacional. Sin embargo, ha cuestionado que se le descarte por su apellido, especialmente si encabezara preferencias en encuestas. Aun así, reconoció que no tomará una decisión que signifique un “suicidio político”.
Sheinbaum ha sido enfática: la prioridad es evitar la concentración de poder en grupos familiares y fortalecer la institucionalidad de la 4T. En el caso de Saúl Monreal, sugirió esperar un sexenio y buscar la gubernatura hasta 2033, cuando ya no aplique la restricción interna.
De cara a 2027, el senador evaluará el impacto real de los lineamientos, el respaldo ciudadano en Zacatecas y la opinión de su equipo —incluido el diputado Ricardo Monreal— antes de definir su ruta.
Movimiento Ciudadano perfila a Colosio en NL sin alianza con PRI-PAN, mientras el Verde impulsa a Ruth González en SLP en medio del debate por nepotismo y paridad.
En la antesala de las elecciones 2027, los liderazgos nacionales comienzan a mover sus piezas. El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, expresó su respaldo al senador Luis Donaldo Colosio Riojas para competir por la gubernatura de Nuevo León, aunque aclaró que la definición se dará mediante encuestas internas.
Máynez celebró la gira de trabajo de Colosio por municipios como Guadalupe y Cadereyta, destacando que “está en los ánimos de la gente” y bien posicionado en mediciones. Incluso señaló que el senador “tiene mano” tanto en Nuevo León como en Sonora, su estado natal. No obstante, fue tajante al descartar cualquier alianza con PRI y PAN para los comicios estatales, reafirmando que MC competirá en solitario para mantener uno de sus principales bastiones, actualmente gobernado por Samuel García.
En paralelo, el senador Manuel Velasco, líder del PVEM, “destapó” a la legisladora Ruth González como posible candidata a la gubernatura de San Luis Potosí. Aseguró que encabeza las encuestas internas del partido, aunque la propia senadora ha reiterado que, por ahora, su prioridad es el trabajo legislativo.
La eventual postulación de González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, ha reavivado el debate sobre nepotismo y paridad de género. Velasco defendió su derecho a competir, recordando que la reforma constitucional en materia antinepotismo aplicará hasta 2030, por lo que en 2027 no habría impedimento legal. Además, subrayó que, en cargos de elección popular, “es el pueblo quien decide”.
Con nueve de las 17 gubernaturas obligadas a postular mujeres en 2027 y con reformas locales como la llamada “Ley Ruth” en SLP, el tablero electoral comienza a definirse. MC y PVEM ya mueven sus cartas rumbo a una contienda que promete alta tensión política.
El senador afirmó que acudiría ante la autoridad electoral si su partido le impide participar en la encuesta para la gubernatura, al considerar que sus derechos constitucionales serían vulnerados.
El senador de Morena por Zacatecas, Saúl Monreal Ávila, advirtió que podría denunciar a su propio partido ante la autoridad electoral si la dirigencia nacional le impide competir en el proceso de encuestas rumbo a la gubernatura de Zacatecas, bajo el argumento de nepotismo.
Durante una entrevista en Radio Fórmula con Juan Becerra, el legislador sostuvo que ningún estatuto partidista puede estar por encima de la Constitución, y subrayó que su derecho a participar sigue vigente, aun cuando su hermano, David Monreal, es actualmente gobernador del estado.
“No se me puede excluir a priori solo por un apellido”, afirmó el senador, quien insistió en que ser Monreal no puede ser motivo automático de descalificación, y recalcó que cuenta con 27 años de trayectoria política, que incluye cargos como presidente municipal, diputado local y dirigente partidista.
Monreal reconoció que los estatutos de Morena prohíben el nepotismo, pero defendió que dicha figura aplica cuando un cargo se hereda sin méritos. “Yo no he recibido ningún nombramiento por ser familiar del gobernador”, sostuvo, al tiempo que reiteró que debe permitírsele competir y que sea la ciudadanía quien decida.
Cuestionado directamente sobre si denunciaría a Morena en caso de ser excluido, el senador respondió que esperará la emisión de la convocatoria, pero dejó claro que acudiría a las instancias correspondientes si considera que se violan sus derechos político-electorales.
Aunque afirmó que no busca confrontarse con la presidenta Claudia Sheinbaum ni con la dirigencia nacional, advirtió que un proceso excluyente podría poner en riesgo la unidad y el triunfo de Morena en Zacatecas, por lo que llamó a que la selección de la candidatura se realice con transparencia, pulcritud y sin decisiones anticipadas.
Finalmente, Monreal aseguró que no contempla, por ahora, buscar otra fuerza política, pero reiteró que no aceptará ser eliminado del proceso antes de competir.
El gobierno panista de Querétaro presume orden y progreso, pero arrastra una larga lista de decisiones que han beneficiado a unos cuantos mientras socializa los costos entre la ciudadanía.
Si Querétaro se administrara como una empresa privada, Mauricio Kuri sería el ejemplo perfecto del directivo que convierte el poder público en una plataforma de negocios.
Desde la compra irregular de tierras ejidales hasta megaproyectos financiados con deuda pública, la gestión del gobernador panista ha estado marcada por conflictos de interés, privatización encubierta y decisiones opacas.
Uno de los casos más señalados es el del Ejido Bolaños, donde Kuri fue acusado de apropiarse de 18 parcelas, equivalentes a 187 hectáreas, presuntamente aprovechándose del desconocimiento legal de campesinos. Las operaciones fueron avaladas por la Notaría 27, propiedad de su cuñado Humberto Palacios Alcocer, lo que abrió cuestionamientos por nepotismo y tráfico de influencias.
En materia hídrica, el discurso oficial de que “el agua no se privatiza” contrasta con la Ley de Aguas y el proyecto El Batán, que abre la puerta a concesiones privadas. El plan implica un costo estimado de 11 mil millones de pesos, pagaderos durante 30 años, mientras la ciudadanía enfrenta recibos más caros y menor abastecimiento.
La seguridad tampoco ha dado resultados. El gobierno estatal destinó casi 4 mil millones de pesos a la empresa Seguritech, sin que ello se refleje en una reducción de la violencia. Las balaceras y homicidios persisten, mientras el propio gobernador reconoció no saber si el gasto fue “mucho o poco”.
El episodio más grave se registró el 5 de marzo de 2022, durante los hechos de violencia en el Estadio Corregidora. La respuesta del gobierno estatal se enfocó en el control de daños mediáticos, minimizando las fallas en los protocolos de seguridad y la actuación de la seguridad privada, al reducir lo ocurrido a la conducta de “unos inadaptados”, sin asumir responsabilidades institucionales.
Sin embargo, no se trata de un hecho aislado. El Estadio Corregidora volvió a ser escenario del descontento ciudadano hace apenas tres semanas, cuando durante el medio tiempo del partido entre Gallos Blancos y Tijuana se escuchó con fuerza el grito de “¡Fuera Kuri!” desde las gradas.
La manifestación no fue espontánea: el reclamo fue organizado previamente y se repitió en distintos momentos del encuentro, evidenciando que la inconformidad social ya se expresa incluso en espacios que el gobierno presume como símbolos de normalidad y orden.
Mientras tanto, el gobernador Mauricio Kuri ha lamentado que la ley contra el nepotismo electoral entre en vigor hasta 2030. Para muchos, el problema no es que llegue tarde, sino que llega justo cuando deja de ser un obstáculo.
El alcalde de Ciudad Juárez exhibió al menos ocho casos de familiares de liderazgos panistas con cargos públicos, mientras el PAN acusa persecución política y violencia de género.
El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, denunció un presunto caso de nepotismo y tráfico de influencias en el gobierno de Chihuahua, al señalar que ocho familiares de la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, y de la diputada local Edna Xóchitl Contreras Herrera, ocupan cargos en distintas dependencias estatales, con salarios de hasta 48 mil 600 pesos mensuales.
Durante su conferencia de prensa, el edil presentó una nueva sección denominada “Tráfico Influenciómetro”, con la que —aseguró— se busca exhibir prácticas de corrupción y favoritismo entre funcionarios y representantes del PAN, bajo los mismos criterios que, dijo, utiliza la dirigencia panista para criticar a Morena.
De acuerdo con la información difundida, entre los familiares señalados se encuentran padres, hermanos, tíos, hijos, sobrinos y el esposo de ambas panistas, quienes laboran en áreas como Recaudación de Rentas, Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, el Congreso del Estado y el Poder Judicial, con sueldos que van desde los 12 mil hasta casi 60 mil pesos mensuales.
Pérez Cuéllar afirmó que las denuncias surgen de información proporcionada por ciudadanos, y advirtió que algunos registros oficiales habrían sido eliminados, particularmente en el Congreso local, por lo que la documentación ya está siendo resguardada.
En respuesta, Daniela Álvarez Hernández rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de persecución política y violencia política en razón de género, anunciando que presentará denuncias ante la Fiscalía General del Estado y el Instituto Estatal Electoral, además de brindar acompañamiento jurídico a mujeres que, aseguró, han sido víctimas de acoso en el gobierno municipal.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona una controversial decisión en San Luis Potosí. ¿La nueva ley para una gobernadora en 2027 viola la Constitución?
En la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó la reciente aprobación de una ley en San Luis Potosí, la cual permitirá que el estado tenga su primera gobernadora en 2027. Sin embargo, Sheinbaum expresó sus dudas sobre la naturaleza constitucional de esta decisión y reafirmó su postura en contra del nepotismo.
Durante su intervención, Sheinbaum destacó la importancia de que el Congreso local verifique si la nueva ley se ajusta a la Constitución. Recordó que, desde 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) impulsó una medida para que los partidos políticos elijan a la mitad de sus candidatos a gubernaturas entre mujeres. Para Sheinbaum, estas acciones son esenciales para corregir desigualdades históricas y fomentar la participación femenina en la política.
La presidenta también subrayó un avance importante en el Congreso federal, que aprobó una normativa para 2030, la cual impide que familiares directos, hasta el cuarto grado de parentesco, ocupen el mismo puesto de elección popular. Sheinbaum considera inapropiado que se permita a un familiar ser candidato sin importar el partido.
Finalmente, recordó que cada partido político tiene su propia visión. Por ahora, la decisión política para 2027 quedará en manos de cada organización, aunque la ley se aplicará a todos en 2030. Este debate realza la necesidad de equidad y de asegurar una política libre de influencias familiares.
